Enfoque Internacional

El ambiente festivo por la Fiesta de la Primavera se respira en toda China, cuyos rincones se llenan de actividades festivas tradicionales, pirotecnias y drones, para dar la bienvenida al Año del Caballo. La Fiesta de la Primavera, también conocida como Año Nuevo lunar chino, cae este año el 17 de febrero. En la cultura china, el caballo representa vigor, fuerza y resiliencia. El 2026 es el año del Caballo de Fuego, un año cargado de simbolismos por esa combinación de “doble fuego”, que se interpreta como un momento ideal para tomar decisiones audaces y avanzar, aunque conlleva también el riesgo de la impulsividad y la inquietud. Por la corresponsal de RFI en China Con entusiasmo, se comienza un nuevo año, en el que las principales preocupaciones de la población china repiten respecto a años anteriores. Asegurar sus medios de vida es lo que más inquieta a la gente. Las reclamaciones están vinculadas con el incremento de la pensión básica de vejez y la mejora del sistema de asistencia social; pero también con la vivienda, que se posiciona como el problema número uno, sobre todo para los más jóvenes, que piden más oferta de vivienda asequible y que se reduzcan los tipos de interés hipotecarios. Además, la estabilidad laboral es una de las cuestiones que más afecta a jóvenes y adultos, quienes ven sus puestos de trabajo amenazados por la aceleración de la tecnología y la inteligencia artificial. Chen, una maestra del sur de China, pide al nuevo año empleo estable. “Mi única preocupación es la estabilidad de mi futuro laboral. En cuanto a mis esperanzas para el Año del Caballo, deseo salud en mi familia, y que la vida y el trabajo de todos sigan mejorando”, cuenta a RFI. Al Gobierno chino le preocupa la baja natalidad y a las parejas jóvenes les asustan los gastos que implica la crianza de los hijos. Por eso, piden ampliar la protección de derechos laborales a personas en edad fértil, así como incrementar los subsidios que reduzcan la carga de la maternidad.  A pesar de las preocupaciones, la celebración de la fiesta más importante para el pueblo chino hace que se contagie el espíritu alegre. Rosalyn, propietaria de un centro de acogida de perros en Pekín, se manifiesta feliz. “Ahora no tengo preocupaciones. La verdad es que estoy muy satisfecha con la vida ideal que he creado. En el nuevo año, les deseo a mis familiares y amigos paz y salud, que pueda cuidarlos. Y que mi trabajo como madre de acogida de perritos pueda seguir mejorando”, asegura. Aunque no todos los jóvenes viven con ilusión esta fiesta. Es más, en las redes crece la queja por la presión social que llama al derroche – y que muchos critican como conservadora-. Y también, se dispara la inquietud por el mundo violento en que vivimos, como nos cuenta Li, un maestrando de la facultad de políticas de la pujante provincia de Jiangsu.  “En el nuevo año, me preocupa que las fuerzas de extrema derecha sigan aumentando en todo el mundo, y espero que haya paz mundial y prosperidad económica”. En este nuevo año del caballo de fuego, la sociedad china galopa con ímpetu hacia su modernización, con grandes desafíos demográficos y económicos dentro de casa, y con enormes turbulencias y amenazas en el exterior.   

En Francia, la justicia abrió varias investigaciones sobre la contaminación de lotes de leche infantil con una toxina peligrosa para la salud de los bebés. Grandes marcas como Nestlé, Lactalis y Danone retiraron preventivamente lotes de leche en decenas de países, Latinoamérica incluido. Y en Francia, varias familias de bebés enfermos pusieron una demanda judicial para exigir responsabilidades. El escándalo de la leche industrial contaminada inició en noviembre cuando el gigante Nestlé detectó la presencia de una toxina a raíz de controles rutinarios en una de sus plantas de producción en Países Bajos. Se trata de la cereulida, una toxina que puede causar diarreas y vómitos en los bebés. La toxina que puede resistir al calor fue detectada en un aceite rico en ácido araquidónico, un componente común en las fórmulas infantiles y producido por la empresa china Cabio Biotech, proveedor de varios gigantes de la agroindustria. Nestlé retiró entonces del mercado varios lotes en más de 50 países incluyendo 7 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. El escándalo sanitario llegó a los tribunales en Francia, donde la fiscalía de París abrió 5 investigaciones. Se investiga en particular la muerte de 4 bebés, posiblemente ligadas al consumo de leche infantil contaminada. Un grupo de 8 familias francesas puso una demanda por negligencia. “En las 8 familias que acompañamos, ha habido distintos casos: algunos niños solo se enfermaron, otros fueron hospitalizados a veces hasta 3 semanas en cuidados intensivos. Ha sido duro para las familias. Hoy en día, la mayoría de estos bebés ya están bien, afortunadamente. Pero varios de ellos consumieron leche de los lotes señalados”, apunta Camille Dorioz responsable de campañas de la ONG Foodwatch que acompaña jurídicamente a las familias demandantes. Según los demandantes, las empresas productoras de fórmulas para bebés tardaron en tomar medidas precautorias. "Nestlé detectó la toxina a finales de noviembre. Hubo un primer llamado para retirar lotes el 12 de diciembre, luego en enero. Otras empresas retiraron productos a finales de enero y en febrero. Este ritmo se nos hizo muy lento. Queremos que la investigación identifique si las empresas retiraron los productos lo más rápido posible", pide Camille Dorioz. La alerta alimentaria se extendió a finales de enero con el retiro de lotes de leche de la marca Lactalis. A su vez, el gigante Danone retiró de la venta leche infantil en 18 países, incluyendo 5 países latinoamericanos. "Están surgiendo cada vez más casos en el mundo entero. A mediados de enero se reportaron casos ligados al consumo de leche infantil en Brasil. Hubo casos en Luxemburgo, 5 en Bélgica, 5 hospitalizaciones que podrían están vinculadas en España y cerca de 40 casos investigados en Reino Unido", observa Foodwatch. Por su parte, las autoridades chinas exigieron a todos los fabricantes de leche infantil llevar a cabo pruebas de detección de la toxina cereulida.

Por presión de Estados Unidos, Israel reabrió hace dos semanas el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto. Al inicio supuso una esperanza para los 18.500 enfermos y heridos que están registrados en la lista de la OMS para evacuación médica urgente, y que tienen prioridad de salida. Pero, de los 500 pacientes que se proyectaban para estas fechas, apenas un centenar ha podido marcharse por Rafah.  Buses y ambulancias evacúan por Rafah a palestinos que necesitan ayuda médica urgente fuera de Gaza. Israel llevaba dos años bloqueando este cruce con Egipto, que acepta recibir 50 pacientes al día.  Sin embargo, este alivio está llegando a pocos: la Organización Mundial de la Salud coordina las salidas, pero dependen de controles y cierres imprevistos de Israel, que no tienen explicación oficial. “¿Cuándo será su turno?” Iyad Al-Balbisi, de 21 años, sufre un fallo crónico en el riñón. Su hermano Mazen explica que, desde febrero de 2024, cuenta con aprobación para un trasplante en el extranjero. “Han pasado dos años y todavía estamos esperando que Iyad pueda salir de Gaza… La apertura de Rafah nos da esperanza… Pero con tantos pacientes que necesitan ser evacuados y tan pocos a los que se les permite viajar, ¿cuándo será su turno?”, lamenta. Como los dos millones de gazatíes, Iyad ha padecido múltiples desplazamientos y la destrucción israelí del sistema de salud. Hoy espera 12 horas para dos horas de diálisis. Una triste mejora, porque la mitad de los 1.200 pacientes renales que había antes de la invasión han muerto por ataques o falta de tratamiento. Mazen alerta además de que, pese a la supuesta tregua de Donald Trump, sigue sin haber insumos básicos como paracetamol o calcio: “La ayuda se supone que debía mejorar a los hospitales, pero están de nuevo en la casilla de salida. En Gaza estamos enfrentando una muerte silenciosa”, denuncia. Un mecanismo “poco efectivo y extremadamente difícil” Con más de 18.500 enfermos y heridos en espera, el doctor Mohammed Abu Salmiya teme por sus vidas. Sobre todo por 450 casos que tilda de “extremadamente críticos” y 4.500 con cáncer.  El también director del hospital Al-Shifa ruega acelerar las evacuaciones, que se topan con más problemas: Israel impide que sean en Jerusalén o Cisjordania ocupadas; y, a medio plazo, los hospitales egipcios no podrán sostener tantos tratamientos. Asimismo, las salidas por Kerem Shalom, el otro cruce médico, dependen de que terceros países asuman los costes para que Israel las autorice por esa vía. “El mecanismo adoptado por la ocupación es poco efectivo y extremadamente difícil. Si continúa así, tomará años que los heridos y enfermos puedan salir de Gaza. Y tendremos muchas víctimas cuyas vidas podrían haber sido salvadas”, subraya. Es el dolor de Fatima. Su hijo Ahmed murió a los 18 años, en agosto de 2025, cuando el bloqueo israelí expandía el hambre en Gaza. Como celíaco, se vio privado de productos sin gluten y de un tratamiento. Fatima intentó que lo incluyeran en la lista de evacuación, pero la respuesta nunca llegó: “¿De qué nos sirve hoy que hayan abierto Rafah cuando es demasiado tarde? Siento mucho dolor porque perdí a mi hijo y nadie nos brindó ayuda”, dice.  El Ministerio de Salud gazatí estima que, desde octubre 2023, 1.268 pacientes han muerto esperando esa ayuda. Por eso, la ONU urge “rehabilitar las instalaciones sanitarias” y una entrada masiva de suministros médicos para no depender de las salidas.

Este jueves es el día internacional de las Manos Rojas, la iniciativa mundial de lucha contra el reclutamiento de menores en los conflictos armados. En Colombia, se ha disparado en la última década, y hoy más de 1.200 niños han sido incorporados a las filas de grupos armados, muchos de ellos atraídos mediante redes sociales. RFI entrevistó a dos líderes sociales colombianos, bajo condición de anonimato, acerca de este fenómeno en sus territorios. Con contenidos que mezclan música popular, emojis de ninjas e imágenes de motos, cultivos de coca y fiestas, decenas de cuentas de TikTok invitan a los jóvenes a sumarse a los rangos de grupos armados en Colombia, prometiendo gozar de mejor vida para cubrirse de dinero y gloria. Bajo anonimato, dos líderes sociales del departamento del Cauca, en la costa pacífica colombiana, luchan a diario para que niños no abandonen el colegio y su comunidad. Es una zona muy golpeada por el conflicto e “históricamente está habitada por comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas”. “El COVID 19 fue un hito”, asegura una líder de la comunidad indígena nasa. “Los niños empiezan a tener más acceso a las redes sociales. Tiktok es una red muy usual y se empieza a ver en él convocatorias. Ofrecen de dinero, ostentar elementos de alto valor y hasta cirugía plástica o ortodoncia a las niñas”. Los menores reclutados pueden tener 10 años, “en lugares donde el Gobierno no llega, donde no responde a estas necesidades básicas de las comunidades”. Crisis Group apunta que la firma de los acuerdos de paz en 2016 redujo a 100 el número de menores reclutados. Ahora serían 12 veces más según las cifras de UNICEF. “Se ha intensificado mucho más la presencia de diferentes actores armados, especialmente la disidencia de las Farc en nuestros territorios”, explica otro líder, que también prefiere no dar su identidad. “El menor armado es un combatiente más. Es utilizado también como escudos de protección, para que la Fuerza Pública no los pueda atacar teniendo menores en primera línea”. Los jóvenes, además, atraen a otros. “Pueden estar en los barrios y desde allí utilizados como campaneros, como portadores también de mensajes o informantes”. Violencia sexual Las niñas son atraídas con promesas de “procedimientos estéticos, arreglo de las cejas y del cabello y procedimientos de ortodoncia”, porque las niñas soldado son víctimas de violencia sexual. Se estima que entre 2019 y 2024 más de 1200 niños y niñas han sido utilizados para la guerra en Colombia, pero las cifras son sin duda más elevadas. “Detrás de este reclutamiento hay muchas más situaciones desplazamientos, amenazas, intimidación a las familias, lo cual permite que no tengamos conocimiento”, explica la lideresa del Norte del Cauca. “El actor armado no solamente se lleva a los niños, también tiene acciones sociales en el territorio: pavimenta las calles, ayuda a los enfermos y cosas por el estilo. Eso lo normaliza”, explica el líder residente de la zona pacífico. Ambos líderes sociales aseguran que más que el diálogo con los grupos armados, la clave son los programas de capacitación y la prevención pedagógica para no trivializar el reclutamiento.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en España un plan que permitirá regularizar a unas 500.000 personas. En Madrid, nuestro corresponsal Juan Cascón recogió testimonios de varios migrantes latinoamericanos que se muestran esperanzados ante una medida que podría cambiar su situación administrativa y laboral. Han pasado más de 20 años desde la última gran regularización en España. En aquel entonces, en 2005, fue el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; ahora es el de Pedro Sánchez el que abre la puerta a que personas como César, de 23 años, obtengan sus papeles. "Con esta noticia siento un poco más de esperanza, de que se me puedan facilitar las cosas". César se fue de Perú hace algo más de tres años. Desde que llegó a España ha ido encadenando trabajos temporales en cocina y en almacén. Para él, la nueva regularización es una oportunidad para encontrar un empleo algo más estable y compaginarlo con estudiar una carrera, así que no quiere perder el tiempo. "Desde que llegué a España he ido buscándome la vida. Busco información, pregunto. La inquietud siempre estuvo ahí. No me quedo quieto. Estoy sacando cita con mi abogado y voy a hacer todos los trámites que me van a pedir", dice César. Melanie también es peruana, tiene 25 años y trabaja como limpiadora en una casa. Ella también está intentando regularizar su situación. Inició los trámites en junio, una vez cumplidos los dos años de permanencia en España, como lo exige el actual Reglamento de Extranjería. Tras siete meses sin apenas avances, ahora ve una vía más flexible para conseguir los papeles, con menos papeleo, aunque sabe que, de alguna manera, sería volver a empezar. Una regularización "mucho mejor"  "Yo veo esta nueva regularización mucho mejor porque no te piden nuevos documentos, solamente que no tengas antecedentes penales, además de la documentación que siempre te piden. Y como tampoco piden contrato ni estudios, pues viene mejor, la verdad. Aunque, claro, toca pagar más dinero al abogado", dice. La medida ha sido duramente criticada por la derecha española, a pesar de que cuando estuvo en el poder, a principios de los años 2000, el gobierno del expresidente José María Aznar regularizó a más de 500.000 personas. Para Juan, nativo de Guinea Ecuatorial que reside en España desde hace cuatro años, esto va más allá del color político. "Hay gente que dice que no está a favor. Ya tendrán sus razones. No sé por qué no están a favor, quizás no los beneficia ni los afecta. Diría que esta medida sí es algo político, pero es algo humano también, porque si es para ayudar a unas personas que están necesitadas, pues es algo humano", concluye. Está previsto que el periodo de solicitudes se abra entre los meses de abril y junio. Durante el proceso se suspenderán las órdenes de expulsión y se concederá un permiso de residencia provisional para poder trabajar y tener acceso a la asistencia sanitaria. El Ejecutivo cifra en medio millón los migrantes que podrán acogerse a esta regularización. Sin embargo, algunos informes elevan la cifra a cerca de 800.000, la mayoría procedentes de países de América Latina como Colombia, Honduras y Perú.

Nueva York siempre ha presumido de ser la ciudad que nunca duerme, pero últimamente pide silencio a gritos. Por eso cada vez hay más espacios donde lo más valiosos es la falta de ruido. Se las conoce como cafeterías silenciosas y se han convertido en auténticos refugios urbanos para reconectar con uno mismo. En el café Biblioteque, ubicado en pleno barrio del Soho, Silvia Haeminens busca precisamente eso: un buen ambiente de trabajo en el que pueda concentrarse “Siento que hay buena vibra, me encanta la música, está muy bien… Aprecio el silencio, sobre todo tengo que acabar un trabajo”, explica.    La pandemia disparó el teletrabajo y con apartamentos cada vez más pequeños, muchos neoyorquinos han buscado despachos improvisados fuera de casa. Es el caso de Marian Redford, sentada a pocos metros de Silvia, disfruta de una infusión mientras se pone al día con sus emails. “Sí, he venido buscando un lugar donde me sienta cómoda, que sea silencioso para que pueda trabajar, y no hay muchos lugares en esta ciudad como este, así que cuando encuentro un lugar como este trato de seguir viniendo”, cuenta Marian bajando la voz casi sin darse cuenta. Aquí no hay lugar para gritos, ni para el estruendo de los autos que se escucha fuera. En la calle el sonido te recuerda que Nueva York es una de las ciudades más ruidosas de Estados Unidos. Y cada vez más personas entienden que el bullicio acaba pasando factura, la OMS (Organización Mundial de la Salud) lleva años alertando de su impacto en el estrés y el sueño. Y los expertos subrayan que el silencio ayuda a recuperar la concentración. De ahí que el silencio se esté convirtiendo en un pequeño lujo cotidiano que los neoyorquinos buscan constantemente. En el Silentcafe de Chinatown la calma y tranquilidad es casi una norma. Sus paredes completamente blancas evitan cualquier tipo de distracción, el olor a incienso llena la sala y unos enormes altavoces se encargan de que la música esté siempre al volumen justo. Para el propietario AJ Jacono, el hilo musical era fundamental cuando abrió su negocio. “Si la música estuviera muy alta, la gente no lo disfrutaría, sería difícil escucharse, concentrarse. Cuando abrí el negocio buscaba un lugar donde la gente pudiera hablar sin preocuparse de que nada les moleste”, dice Jacono. Ahora en Nueva York el ruido ya no está de moda, se busca un respiro que ayude a bajar revoluciones.

Las redadas de ICE continúan en Minneapolis y mantienen a las comunidades migrantes en un estado de miedo constante, con escuelas y comercios afectados y familias que han alterado por completo su vida cotidiana. Informe de la enviada especial de RFI a esa ciudad de Minnesota, en Estados Unidos, Natalia Olivares. En Minneapolis las detenciones no han parado. También continúan las intimidaciones en las escuelas, por ejemplo, en el barrio de Columbia, al sur de la ciudad. El trauma y la preocupación de los migrantes siguen muy presentes. "El miedo ha aumentado. No podemos salir. Mis hijos llevan cuatro semanas sin ir a estudiar. Tenemos dificultades económicas", dijo a RFI una madre de familia colombiana. El testimonio es de una mujer que vive con su familia en Minneapolis. Está en un proceso legal de regularización y, sin embargo, su familia ha sido víctima de las redadas, como muchas otras en la ciudad, lo que ha dejado escuelas y negocios casi vacíos o cerrados. "Es tanto el miedo que no podemos salir a trabajar. No podemos comprar comida. Realmente la presencia de los agentes de ICE ha afectado nuestra rutina diaria. Ya no nos levantamos para que nuestros hijos vayan a la escuela a aprender, porque no es seguro ni siquiera sacarlos hasta una parada de autobús", dice esta mujer que, pese a estar en un proceso legal de regularización, ha sufrido junto a su familia las consecuencias de las redadas. En Minneapolis hay numerosas escuelas y negocios casi vacíos o cerrados. Ante esta situación, los psicólogos ofrecen apoyo social, como Kayla Husby, psicóloga infantil. "Esta situación con los agentes de ICE afecta todo"  "Ahora mi trabajo consiste más bien en verificar cuáles de mis clientes tienen los números de abogados y de grupos de seguridad comunitaria. También les pregunto si tienen comida y lo necesario para los niños. Estoy desempeñándome más como una trabajadora social. Esta situación tiene efectos muy grandes, sobre todo en las comunidades inmigrantes, pero también en toda la comunidad. Yo sé que en mi barrio hay muchos agentes de ICE: los vemos en las tiendas y en las calles. Yo misma experimento miedo cuando los veo. Los efectos del miedo y del trauma lo afectan todo", subraya. Este martes, agentes de ICE detuvieron a militantes en el marco de las masivas manifestaciones y protestas ciudadanas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que dotará de cámaras corporales a los agentes de inmigración desplegados en Minneapolis.

Desde el lunes, Roma cobra a los turistas dos euros por cabeza el acceso a la célebre Fontana de Trevi. Con esta medida, la alcaldía espera recaudar fondos y filtrar el exceso de visitantes. Las opiniones en la plaza están divididas, comprobó RFI. Desde Roma Lanzar una moneda a la Fontana de Trevi desde su célebre escalinata ya no es gratis. Desde febrero, cuesta dos euros por persona. Este es el precio impuesto por Roma para entrar en el recinto que rodea la fuente. Una medida que la alcaldía dice servirá para controlar a las masas de turistas, pero que muchos como la española Izar y sus amigas ven como una mera tasa recaudatoria. “Por ver una fuente… Está mal, pero lo pagamos. Una fuente pública, que se puso ahí públicamente para que la gente cogiese agua, es un poco incongruente, ¿no? La alcaldía espera obtener seis millones de euros anuales, frente a los casi dos que recaudaba extrayendo monedas de la fuente. A André, un turista rumano que acaba de ver la fuente y ha pagado, le parece bien. “Creo que es bueno que te hagan pagar dos euros. Se usará el dinero para los servicios locales”, opina. Los romanos no pagan, y lo cierto es que la fuente se puede ver sin problema desde la plaza, a una distancia de 15-20 metros. La argentina Aldana no se cree que el pago sirva para controlar el flujo de turistas y se pregunta cuánto tardarán las autoridades en impedir la visión a quien no pague. "Eso me parece que es una razón medio absurda que quieren dar y también te hace pensar hasta dónde van a llegar, que después te van a poner un algo que te separe para que no la puedas ver si no pagas". En su primer día de pago, 5.000 visitantes abonaron los 2 euros para apreciar esta joya de la Ciudad Eterna.

Medios franceses identificaron un contrato firmado entre una filial de la compañía tecnológica francesa Capgemini y el Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE. Revelaron que le suministra un servicio de rastreo de personas con el objetivo de ayudarlos en su programa de deportación de migrantes. Bastó con hallar un sencillo contrato en los registros públicos de licitaciones en Estados Unidos. El Observatorio de las Multinacionales, un medio enfocado en la rendición de cuentas de las grandes compañías, encontró que en diciembre de 2025 una filial de la francesa Capgemini - ubicada en territorio estadounidense - había empezado a cobrar por el rastreo informático de migrantes. El periodista detrás de esta investigación, publicada el 21 de enero de 2026, es Olivier Petitjean. El contrato que revisó menciona un servicio llamado "skip tracing". "Consiste en localizar a los que consideran sospechosos. El término se usaba con los detectives de antaño que debían encontrar a personas desaparecidas. Hoy en día, ICE tiene acceso a muchas informaciones públicas, datos de seguridad social, informaciones de empresas, etc.”, explica Petijean. “También datos de propiedad o en relación con agencias inmobiliarias que les proporcionan información. Es realmente una gran cantidad de información muy importante sobre la vida privada de las personas, que les permite localizarlas, saber dónde pueden encontrarlas. Por ejemplo: a qué escuela van sus hijos. Los que le dicen a ICE a donde ir a buscarlos son empresas como Capgemini”, subraya. Leer tambiénLas empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump ICE ha pagado 4.8 millones de dólares pero el contrato prevé primas para Capgemini con cada nueva redada. "El contrato puede ascender a 365 millones de dólares. Se le pagará según el rendimiento, por así decirlo. Es el lado cínico del asunto. Cuantas más personas deporten, más serán remunerados. Por ahora, han recibido un primer pago, según las datos públicos disponibles, de 4,8 millones de dólares. Pero potencialmente, si la política de deportación toma la magnitud que desea la administración Trump, podría ascender a sumas mucho más importantes”, destaca. Tras las revelaciones los primeros en indignarse fueron los propios empleados de la empresa francesa. Capgemini aseguró este miércoles 28 de enero que el contrato "no está, a la fecha, siendo ejecutado". "Antes de publicar nuestro artículo, les solicitamos una reacción. Nunca nos respondieron. Tras el escándalo que dieron explicaciones que convencen a medias, diciendo que se trata de una filial muy particular porque está sujeta a obligaciones relacionadas con la seguridad nacional estadounidense. Por lo tanto, dicen no tener control sobre ese contrato, ni haber tenido conocimiento previo de ese contrato. Cuando una empresa con sede en Francia, como Capgemini, y una de sus filiales, incluso en el extranjero, tiene actividades que pueden ocasionar graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de las prácticas de ICE, la responsabilidad de la empresa puede ser cuestionada en el derecho francés", advierte.

Los restos del último rehén que faltaba por recuperar en Gaza ya reposan en Israel. Por primera vez desde 2014, no hay secuestrados en la Franja palestina: ni los cuatro previos al letal ataque de Hamás ni los 251 de ese octubre de 2023. El canje de prisioneros es el único punto del plan de Trump que se ha completado. En una Gaza desesperada por ayuda y aún bajo ataques de Israel, esto supone una esperanza, mientras en la esfera pública israelí se habla de "sanación" y "de mirar al futuro". Desde Tel Aviv Para los israelíes, era la cuenta atrás más deseada… En el día 844, se apagó el reloj que en Tel Aviv medía con grandes números rojos el secuestro en Gaza de 251 nacionales y extranjeros. El punto y final lo escribió el policía Ran Gvili: el último en ser recuperado, y que murió al enfrentar a Hamás y la Yihad Islámica. Una mezcla de felicidad, alivio y tristeza Eitan Teiger, integrante del Foro de Familiares de Secuestrados, hoy se siente reflejado en el cierre que también hace esta icónica Plaza de los Rehenes. "Es la primera vez desde 2014 que no hay ningún rehén cautivo en Gaza. Es una mezcla de felicidad e incluso de alegría, pero también de mucho dolor y tristeza por aquellos que no logramos traer con vida a sus hogares", dice. Esos mismos sentimientos se observan entre las decenas de israelíes que se acercan a vivir y a grabar este momento. A Miriam le toca de más cerca: residente del kibutz Nir Oz, cuenta cómo "perdió muchos amigos" durante la masacre. Reivindica su memoria, al ver cómo las fotos y los simbólicos lazos amarillos desaparecen del paisaje: "No necesito un reloj o fotos para pensar en los rehenes o lo que pasó… Esta mañana me quité mi placa y mi pin y se sintió extraño, como si me hubiera quitado un peso de encima. Es raro, pero a la vez un gran alivio", cuenta. "Alivio, cierre, sanación" son las palabras que citan los medios; las que, en entrevista, familiares de rehenes y víctimas sentenciaban que solo las sentirían al "recuperarlos a todos"; y las que hoy se discuten en la Plaza, epicentro de las manifestaciones. Críticas al Gobierno de Netanyahu No sorprende oír, por eso, el reclamo de que más rehenes habrían vuelto con vida, si el Gobierno de Netanyahu no hubiera boicoteado las negociaciones. "Esperamos demasiado por esto y hay sensaciones encontradas porque podríamos haber tenido un mejor final", afirma Maya, a lo que Dawa agrega: "Espero que nuestros líderes escuchen el dolor de los ciudadanos de ambos lados (del muro), entiendan el precio enorme y horrible de la guerra y hagan lo necesario para evitar otra". Para muchos israelíes, el cierre solo llegará cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios rindan cuentas por sus fallas, en una investigación independiente que no dependa, como ahora, del Gobierno. Gaza está a 60 kilómetros de esta plaza, pero solo la nombra una minoría o se invoca con un rencor que persiste y un ánimo de venganza. Allí el sufrimiento sigue siendo extremo y sigue sumando días, además de muertes y violaciones de Israel al acuerdo: desde restringir comida y ayuda contra el frío hasta negar las evacuaciones médicas.

En Chile, el veganismo, esta alimentación que excluye todo producto de origen animal, gana terreno poco a poco. De hecho, la capital Santiago se ubica como le segunda ciudad de latino américa con mayor cantidad de restaurantes y tiendas veganas, justo detrás de São Paulo, pero delante de Buenos Aires y Ciudad de México. ¿Y si el veganismo fuera más que una moda? Por Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Santiago En una comuna del centro de la capital chilena, se encuentra la tienda “Estación Natural”, dónde se venden todo tipo de productos en base a plantas: tofú, galletas, leches y quesos vegetales. Ismael Morales es uno de los fundadores del lugar que tiene 5 años. Hoy, el 80 % de sus clientes, “son más bien gente joven. Rango etario, entre 20 y 32 años”, explica a RFI. Josefina, de 20 años, acaba de comprar tofú y seitán. Hace seis años que ya no come carne, tampoco pescado. “La verdad es que no me gustaba la idea de comer animales. Soy la única dentro de todos mis círculos que es vegetariana”, cuenta. A la tienda entran Diego y Lorena, vegetarianos de 38 y 36 años. “A medida que avanzan ciertas generaciones, hay también más apertura, creo yo. Y también hay más concientización en general”, asegura Diego. “La gente ya no se cierra tanto, ya no es algo raro. Se habla más. Dentro de acá de la ciudad, como que ya se instauró. Mucho vegetarianismo, veganismo. Hay mucha información”, afirma Lorena. En otro local, TierraLibre, una panadería y restaurante, recibe a RFI Carolina Henriquez, chef y fundadora del lugar, dónde hay almuerzos por 4 euros. “La idea del veganismo es incluir cada vez a más personas y que no se vuelva solamente un nicho de élite”, dice, aunque reconoce que todavía no todo el mundo se lo puede permitir. “Latinoamérica está siempre resolviendo el día a día. Y cuando resolvió todas sus necesidades básicas, recién se empieza a preocupar del ambiente, de los animales, de la sociedad en sí”, opina. En Santiago, la oferta vegana aumentó estos últimos años, pero se concentra en algunos barrios donde el poder adquisitivo de la gente es más elevado. A pesar de eso, a Jimena, una clienta no vegana, le gusta la torta que se está comiendo, y el precio, que juzga “abordable”.   Mauricio Serrano, director para latino américa de la campaña Veganuary que promueve una alimentación en base a plantas, considera que “hay mucha gente que señala que es más costoso comer en base a planta. Y la verdad que cuestan un poco más ciertos productos, pero son productos que tú no necesitas comer todos los días”, matiza. También indica que hoy más personas se identifican con la alimentación en base a plantas, sea por razones de salud o de gusto, más que con el veganismo, asociado a la causa animal. De hecho, en Chile, un estudio indica que un 42 % de la gente estaría dispuesta a probar una alimentación en base a plantas durante un mes.

Tras el movimiento de protesta y su violenta represión, los iraníes cuentan poco a poco lo que han visto, y analizan las razones de este descontento popular. RFI recogió testimonios en Teherán. Fátima, como quiere que la llamemos, recorre las calles de Teherán en su taxi amarillo desde las 6 de la mañana desde hace más de 20 años. Con este trabajo ha educado a sus dos hijos desde que se separó. “No puedo proveer suficiente” “Los precios han subido tres veces este año, y esto hace que la gente se pregunte qué está pasando en el país para que tengamos estos precios imposibles”, dice la mujer. A pesar de su esfuerzo, su vida cada vez es más difícil. Tuvo que cambiarse a un sector donde las rentas son más económicas. La inflación no para de subir en Irán y a ella no le alcanza para llegar a fin de mes. “Yo estoy sola. Apoyo a mi padre y mi madre, pero hay momentos en que tengo vergüenza con ellos. No puedo proveer suficiente”, lamenta Fátima. Cuenta que todos los que se suben a su taxi están agotados por la economía. De allí explica que una multitud haya salido a protestar en todos los rincones de Teherán, como ella fue testigo. Incluido en la zona de Kahrizak, cerca al aeropuerto donde ella vive. “Como si fueran ovejas” Fue en ese sector donde el sábado 10 de enero vio a miles de personas: “Lo vi con mis propios ojos. Había un camión muy grande. Ahí estaban los cuerpos de los muertos, era como si fueran ovejas. Asi… cogían las bolsas de las puntas y las tiraban al piso”, recuerda. Las autoridades de la República Islámica acusan a terroristas apoyados por Estados Unidos e Israel de estar detrás de las protestas. Y aseguran también que fueron responsables de la muerte de los civiles. Quienes fueron testigos aseguran que las fuerzas del Estado disparaban directamente a los que estaban en las calles. También reconocen que la población, especialmente los más jóvenes, estaban extremadamente bravos y más listos a responder a la represión que en protestas pasadas… Cientos de integrantes de los cuerpos de seguridad murieron durante esos días. “Resistir al imperialismo de Estados Unidos” En su casa en Teherán, el economista Saed Laylaz asegura que la inflación ha empobrecido a la clase media y ha engrosado el sector que vive en la pobreza: “Cómo puede imaginar que el precio del pan ha incrementado todos los meses un 8% en promedio… ¡cada mes!”, exclama. El hace parte del grupo que luchó en la Revolución y sigue creyendo en ella. “Sin una gran masa de gente, la República islámica de Irán nunca podrá resistir al imperialismo de Estados Unidos”, estima. Lo que se ve en las calles son dos países que viven realidades paralelas. Un sector, que sería el 20%, que apoya al Estado y relaciona los problemas económicos a la presión extranjera. Y otro que se desmarcó de la República Islámica y sus líderes, a quienes ve cómo corruptos y acusa de la muerte de sus jóvenes.

Desde abril de 2023 Sudán se ha visto sumergido en una guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según la ONU se trata  de "la peor crisis humanitaria del mundo”, en la que la infancia es gravemente vulnerada. La ONG Save The Children alertó que casi la mitad de los 17 millones de niños en edad de escolaridad se encuentran fuera del sistema educativo. Desde hace unos 500 días, más de 8 millones de niños no van a la escuela en Sudán por la guerra que desde abril de 2023 enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, informó la ONG Save The Children.    Los establecimientos han sido cerrados y dañados o sirven de refugio "para los cerca de siete millones de desplazados”. ¿Pero qué pasa con estos millones de niños sin escolarizar que equivalen casi a la población entera de un país como Suiza? El director de país de Save The Children en Sudán, Mohamed Abdiladif, señaló que mientras los niños no van a la escuela, están expuestos a un gran riesgo, incluyendo la muerte. “Están jugando y la mayoría de las zonas donde vive la población han sido atacadas, por lo tanto, hay muchos artefactos explosivos sin detonar. Los niños juegan con esos restos de la guerra y hemos visto a muchos que han perdido extremidades, piernas, ojos y otras partes del cuerpo”, indicó Abdiladif, agregando que muchos menores están siendo reclutados para luchar por las diferentes partes beligerantes. “La mayoría de ellos han visto cómo matan o desaparecen a miembros de su familia, están surgiendo muchos problemas de salud mental”, agregó Abdiladif, alertando sobre el aumento de matrimonio precoz y violaciones. “También están aumentando todo tipo de abusos y negligencias, incluido el trabajo infantil. Todo ello se debe a que los niños no disponen de los espacios seguros y las comunidades seguras que solían tener”. Darfur Norte, en el oeste del país, es el estado más afectado: solo el 3% de las más de 1.100 escuelas sigue en funcionamiento, indica la ong que también alerta sobre la falta de ayuda humanitaria. “Todo el sector económico de Sudán se ha derrumbado y, por lo tanto, el país depende en gran medida de la ayuda internacional. Una de nuestras preocupaciones es que, en estos momentos, la educación no es una prioridad, especialmente después de que Estados Unidos suspendiera su ayuda exterior, hemos visto que otros donantes también están haciendo lo mismo”, lamentó. Las FAR tomaron en octubre la ciudad de El Fasher, la última de las cinco capitales regionales que aún escapaban a su control, mientras los sudaneses siguen viviendo ataques aéreos, bombardeos, tiroteos y asaltos. Se estima que más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda en todo el país.

Si en el primer gobierno de Donald Trump la posverdad se convirtió en la norma, su segundo mandato es la era de la poslegalidad. Envueltas en las manipulaciones de la mentira emotiva, la ráfaga de decisiones del presidente de Estados Unidos desmantela los contrapoderes del armazón constitucional. Análisis. ►►Para escuchar las entrevistas, hacer click en el icono play►► Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2016 luego de que los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueran sustraídos y utilizados para influir en el voto republicano de EEUU, en lo que se conoce como el escándalo de Cambridge Analytica. Esos cuatro años del Gobierno Trump fueron ejemplo paradigmático de la posverdad: se borran los hechos, hay confusión intencional y se desvanece la realidad. En su segundo mandato, las manipulaciones de la verdad emotiva envuelven una ráfaga de decisiones presidenciales que eclipsan a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, en una suerte de poslegalidad.      Ráfaga de decretos y memorandos presidenciales El magnate republicano regresó en 2025 a la Casa Blanca cargado de una avalancha de ordenes ejecutivas. En el primer día de su mandato, firmó 26 decretos que condenan a los inmigrantes, el clima, la salud pública, la ayuda humanitaria internacional, absuelven a sus copartidarios que asaltaron el Capitolio en 2021, rebautizan el Golfo de México y dan carta blanca a una entidad llamada DODGE para disolver los servicios públicos. Un récord y un anticipo de lo que sería su presidencia. Hasta principios de julio firmó otras 140, más de las que firmó el presidente Joe Biden durante cuatro años de gobierno, y solo 100 menos que su par Barack Obama durante sus ocho años en la Casa Blanca. “Donald Trump está haciendo uso exacerbado de los poderes que tiene como presidente de Estados Unidos con todos estos instrumentos que, debo señalar, son legales: órdenes ejecutivas, memorándum presidencial y que efectivamente ponen a la maquinaria del Ejecutivo a moverse a una velocidad no vista anteriormente. ¿Qué ocurre aquí? La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo a través del Congreso no le siguen el paso", advierte Víctor Hugo Guerra, jurista y profesor de las universidades Internacional de la Florida y de las Naciones Unidas para la Paz.   "¿Cuán legítimas son estas actuaciones del presidente Trump?” Dictar órdenes ejecutivas está dentro de las prerrogativas del presidente según el artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que Trump no está desafiando ni eludiendo la Carta Magna. “Puede que efectivamente las actuaciones presidenciales estén en el marco legal, que sean absolutamente formales, con basamento normativo, y constitucional. La siguiente pregunta es sí son legítimas”, subraya Guerra. Se trata de temas diferentes, precisa el jurista: “La legalidad se conecta con la gobernabilidad, la legitimidad se conecta con la gobernanza. ¿Cuán legítimas son estas actuaciones del presidente Trump?”, se pregunta.   El derrumbre del modelo fundacional de la democracia   Los críticos del presidente afirman que Trump está destruyendo todo el sistema de controles y contrapesos en el que los tres poderes de Estados (ejecutivo, Congreso y poder judicial) tienen iguales atribuciones. Argumentan que el Congreso ha dejado de ejercer su función de supervisión y que el mandatario republicano está usando a la justicia para hacer aprobar su agenda y transformar el poder presidencial en Estados Unidos.   La pregunta es cómo ha sido posible que en apenas un año el ejecutivo haya logrado eclipsar a los otros dos poderes y poner a tambalear el sistema fundacional de la democracia estadounidense. “En el caso del Poder Legislativo, el presidente Trump no ha tenido ningún inconveniente”, dice Nazih Richani, politólogo de la Universidad Kean de Nueva Jersey. “Su agenda conservadora de extrema derecha sigue su marcha sin problema alguno por el hecho de tener la mayoría no solamente republicana sino también afín a su movimiento político MAGA (Make America Great Again), que es un movimiento bien formado ideológicamente y con fundaciones intelectuales”. La justicia al servicio del poder presidencial Pero si el Congreso no interviene, la única opción para quienes impugnan las órdenes presidenciales es acudir a los tribunales. De ahí los movimientos que, desde su primer mandato, hizo el presidente Trump en el ajedrez de poder judicial para poner las fichas a su favor, explica Richani. “Primero cambió la estructura de la Corte Suprema. Trump nombró  en su primer mandato nuevos jueces y acumuló una mayoría de seis conservadores más afines con la ideología del MAGA contra tres jueces liberales”. La remodelación de la Corte Suprema inclinó la balanza de las votaciones a favor del mandatario en el más alto tribunal de Estados Unidos. En el año de su regreso al poder, luego de que en 2024 un veredicto de un tribunal de Manhattan declarara a Trump culpable de 34 delitos transformándolo en el primer ex presidente convertido en un delincuente convicto, la Corte Suprema de Justicia emitió tres sentencias claves para el presidente republicano: Otorgó amplia inmunidad penal a presidentes y ex presidentes por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Desestimó el fallo que establecía que los intentos de Trump por anular las elecciones de 2020 lo inhabilitaban para volver a presentarse al cargo. Limitó la capacidad de los jueces de distrito para obstaculizar la agenda del presidente. Desde su regreso a la Casa Blanca, la composición de la Corte Suprema y de la Cortes de Apelaciones ha permitido que se dé luz verde, en la mayoría de los casos, a la agenda del presidente durante el periodo 2025-2026. “De 24 decisiones, los jueces de la Corte votaron 88% a favor del presidente. En las Cortes de Apelaciones tuvo 51% a su favor. Lo más llamativo es que de los jueces que Trump nombróo en las Cortes de Apelaciones durante su primer mandato, no ahora, un 92% votó a su favor”, explica Richani. La traba judicial para Trump se presenta en las cortes distritales donde el presidente estadounidense solo ha recibido un 25% de votos favorables este año. Estos jueces federales de distrito se enfrentan ahora a una embestida de parte de la administración que les cuestiona su legitimidad y desestima su autoridad.   El presidente de EE.UU. ha calificado a los jueces de "corruptos", "monstruos", "trastornados", "lunáticos", "que odian a EE.UU." y de "izquierdistas radicales". A diferencia de la Corte Suprema donde Trump cuenta con una sólida mayoría conservadora, los tribunales inferiores -en la mira del mandatario- no tienen una composición favorable a la agenda del presidente Trump. “Pero están trabajando para lograr una mayoría también ahí” afirma Richani. “Claramente, el presidente Trump desde su primer periodo está tratando de tener jueces que voten a favor de su agenda y de fortalecer el poder ejecutivo del Gobierno. Eso genera un balance peligroso para el futuro de la democracia republicana”, concluye el politólogo.

Para cumplir su promesa de llevar a cabo la expulsión de inmigrantes más grande de la historia, Donald Trump ha reforzado, desde su retorno a la Casa Blanca, el presupuesto y la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. A finales de diciembre, más de 68 mil adultos estaban detenidos por el brazo armado de la política antinmigrante de Trump. Pero las muy controvertidas prácticas de sus agentes han desatado la protesta social y la denuncia de defensores de derechos humanos y personalidades demócratas.   Arrestos masivos en parques públicos y en presencia de niños, detenciones brutales en retenes improvisados, redadas policiales en barrios sin delincuencia donde viven trabajadores sin papeles. Una mujer acribillada dentro de su auto por un agente. Según el New York Times, los policías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, han disparado en Estados Unidos nueve veces en lo que va el año contra personas a bordo de sus vehículos. En rueda de prensa con motivo de su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump volvió a calificar de "patriotas" a los agentes de ICE o "la migra" como dicen los latinoamericanos asentados en Estados Unidos.  No obstante, defensores de derechos humanos, parte de la población y algunas personalidades demócratas denuncian como anticonstitucionales los métodos del brazo armado de la política antinmigrante impulsada el presidente republicano . "No hay un consenso a nivel judicial si las acciones de ICE son legales o anticonstitucionales ", precisa Sebastian Sclofsky*,   investigador en violencia estatal, con un foco en violencia policial en Las Américas, pero subraya que "existe un reporte importante de varias violaciones a derechos civiles de la población en general por parte de la fuerza policial y migratoria,  condenadas tanto por expertos constitucionalistas como por las diferentes Cortes de Estados Unidos" Existe igualmente, dice el experto, un cuestionamiento de las autoridades judiciales locales o estatales sobre las formas en el accionar de los agentes de ICE,  principalmente la cobertura de sus rostros, el uso de vehículos no identificados y la utilización de armas militares. "Esos mecanismos no son necesariamente ilegales, pero son prácticas que se consideran ilegítimas", puntualiza.. El especialista en violencia policial explica que las acciones de ICE ocurren en un contexto en el que la violencia policial en Estados Unidos es muy alta. "El número de personas que la policía mata en Estados Unidos es muchísimo más alto que Europa y que todos los países desarrollados. No tenemos números oficiales, pero la policía de Estados Unidos mata entre 1500 y 2000 personas al año. No son números oficiales, porque oficialmente hay una política de no contarlos". Tenuendo en cuenta esta premisa, afirma: "Pero yo sí creo que hay una radicalización hacia abajo y ICE responde como una agencia que tiene interés en mantenerse. Históricamente las acciones de ICE siempre fueron violentas y traumáticas, pero nunca a este nivel". El Congreso triplica el presupuesto de ICE Con el regreso de Trump al poder, ICE se convirtió en la fuerza federal más grande del país al ver triplicado su presupuesto gracias a una ley presupuestaria aprobada por el Congreso el 1 de julio de 2025 que destina 170 000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración. Una campaña de reclutamiento masivo lanzada el año pasado busca contratar a 10 000 nuevos agentes.  "ICE recluta a estadounidenses patriotas y valientes para expulsar a los delincuentes extranjeros, asesinos, violadores, terroristas y pedófilos que se encuentran en situación irregular en nuestras calles», indica su página web. Quienes se alisten pueden recibir hasta 50 000 dólares en bonificaciones e, incluso, el reembolso de sus préstamos estudiantiles o la mejora de sus prestaciones de jubilación. "No es solo que están contratando a demasiado oficiales, pero están contratando personas que no están calificadas, ni tienen el entrenamiento necesario para implementar la ley", estima Juan Carlos Gómez*, jurista y experto en Inmigración y Derechos Humanos. Y agrega: "Yo entiendo que las personas están buscando trabajo, pero estos son trabajos con cierto tipo de responsabilidad, porque te están no solamente poniendo un arma, sino la libertad, el futuro de otras personas en las manos de esa persona. Ese es el peligro". La enorme ganancia de las compañías de prisiones privadas  La ley incluye una partida sin precedentes de $45 mil millones para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes tanto para adultos como para menores. Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE que contrata a corporaciones para construir y administrar las instalaciones de detención y transportar a las personas indocumentadas detenidas.  CoreCivic y GEO Group, las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos. "Las compañías de cárceles privadas como CoreCivic y GEO Group ven que tienen una oportunidad de hacer grandes fortunas y están construyendo centros de detención en lugares lejanos, donde la persona no tiene acceso a su abogado ni a sus familiares. La idea es tratar de destruirle el espíritu a la persona hasta que se dé por vencida", afirma Gómez.  El año 2025 fue el más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 31 personas murieron detenidas en centros para migrantes, la peor cifra desde 2004. El mensaje detrás de la espectacularidad de la fuerza Creado en 2003, por la Ley de Seguridad nacional en respuesta a los atentados terroristas de 2001, ICE tiene la facultad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular. Pero no puede arrestar a ciudadanos estadounidenses, excepto bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, si la persona agrede a uno de sus agentes. A pesar de ello, según la organización periodística ProPublica, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se registraron más de 170 detenciones de ciudadanos estadounidenses contra su voluntad, algunos de ellos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Sclofsky explica que, además de los novedosos arrestarse a ciudadanos americanos, "no estamos hablando de operaciones policiales contra criminales de alta gama u organizaciones criminales, sino que estamos hablando de operaciones contra individuos indocumentados. Aquí surgen cuestionamientos sobre cuáles son las intenciones detrás de un despliegue tan espectacular de fuerza". Para el especialista en violencia de Estado, el hecho de que las acciones de ICE más mediáticas y espectaculares se lleven a cabo en ciudades dominadas por los demócratas "es un mensaje del presidente Trump y del Partido Republicano de que las ciudades que son lideradas por demócratas tienden a ser ciudades con alto nivel de criminalidad, con alto nivel de desorden y de caos y, por lo tanto, requieren intervención de las autoridades federales para poner el orden de vuelta. Es una demostración de fuerza en los bastiones demócratas. Hay un mensaje político y hay también un probar de las aguas a ver cómo reacciona la población en general ".  Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 15 de enero, el 59 % de republicanos está a favor de una política que priorice las detenciones por parte de los agentes de inmigración, incluso si hay personas heridas, mientras que 39 % considera que los agentes deben centrar su atención en reducir los daños a las personas, aunque eso signifique menos detenciones. Las autoridades políticas avivan el fuego El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2 000 detenciones en Minnesota desde que empezó en diciembre la operación que ICE califica como " la mayor jamás realizada en el país". 3 000 agentes han sido desplegados en el estado demócrata, blanco preferido de la ofensiva antiinmigración del presidente Trump. Un fraude en guarderías para niños ha sido utilizado como excusa. Parte de la campaña de Trump en Minnesota se ha dirigido contra la numerosa comunidad somalí del estado, estimada entre 80.000 y 100.000 personas, a quienes el presidente calificó de "basura" y les exhortó a que “vuelvan al lugar de donde vinieron".  El mandatario republicano ha descrito a Renee Nicoel Good, ciudadana de Mineápolis abatida el 7 de enero por un agente del ICE durante una redada de inmigrantes, como una "mujer violenta y radical".  Sclofsky subraya que Donald Trump envía mensajes, a veces explosivos, a veces confusos, que son interpretados por las distintas autoridades federales y los distintos ministros de su gobierno "como si se tratara de una competencia de quién puede traer la medida más radical para estar más cerca de la base más extrema del Partido Republicano, pero también para congraciarse con el presidente Trump quien, a menudo, va y viene en sus medidas”. Ejemplo de esta retórica de agresividad exacerbada han sido las declaraciones del gobierno federal luego de que un agente de ICE abatiera a tiros a la ciudadana Renee Nicoel Good, en Mineápolis. "Tal y como ocurre en este tipo de hechos, las autoridades políticas justificaron la acción del agente bajo el supuesto de una amenaza contra su vida e intentaron desacreditar a la víctima en los medios de comunicación". La diferencia, apunta el experto, es que “generalmente, las autoridades políticas tienden a calmar el fuego. Y en esta ocasión, hemos visito las mismas justificaciones de siempre, pero con una intención de avivar el fuego. El mensaje que uno puede interpretar es: si usted se opone o no obedece a las autoridades, la consecuencia puede ser esta". El estado demócrata de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul han interpuesto una demandan al gobierno federal para poner fin a la ola de medidas coercitivas adoptadas por la policía de inmigración y aduanas (ICE) tras la muerte de Renee Nicoel Good .

Mientras se espera la segunda fase del plan de paz en Gaza, impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump, la situación humanitaria en el enclave sigue siendo catastrófica, alertan las ONG´s.  Hay escasez de comida, enfermedades y muertes ligadas a ataques y al invierno, además de la preocupación por la posible partida de 37 organizaciones humanitarias. En octubre pasado inició la tregua en Gaza, pero una verdadera paz aún se ve lejana y las necesidades de la población de alimentos, vivienda digna o atención médica no dan espera, confirman diferentes organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam. Esta semana Unicef informó que, desde el inicio de la tregua, al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja y el New York Times publicó que también en este periodo Israel ha demolido más de 2.500 edificios en el enclave, complicando aún más el acceso a una vivienda digna para la población, pues muchos se encuentran bajo tiendas de campaña. Las muertes en Gaza continúan y a ello se suman los fallecimientos por hipotermia o enfermedades ligadas a un invierno bajo condiciones catastróficas, cuenta Claire Nicolet, Coordinadora de urgencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. “Todos los días, sigue habiendo muertos en Gaza, ya sea porque la gente se acerca a la zona controlada por el ejército israelí o por los ataques que siguen produciéndose en zonas que normalmente deberían ser seguras. Lamentablemente, siguen produciéndose ataques a ese nivel”, agregó Nicolet. El invierno y las malas condiciones de vivienda también han generado fallecimientos. “Hemos tenido casos de hipotermia entre los niños y también hemos tenido esos famosos edificios que se derrumban sobre la gente. Así que digamos que, aún hoy, seguimos viendo muertes relacionadas con toda esta situación que vemos en Gaza. Por desgracia, todos los días seguimos oyendo bombardeos, demoliciones de edificios y aún no hemos llegado a algo que se pueda llamar realmente paz”, señaló. El trabajo de las ONG’s no es suficiente para cubrir las necesidades del enclave, cuenta la trabajadora humanitaria y esto podría agravarse con la decisión de Israel de prohibir el acceso a 37 ONG. El Estado hebreo argumenta que es una respuesta por no comunicar los nombres de sus empleados, pero las organizaciones temen por la seguridad de sus miembros. Por su parte, la comunidad internacional se muestra preocupada por una escalada de la crisis humanitaria que ya es catastrófica, pues explican que sería muy difícil crear rápidamente una alternativa que pueda cubrir el trabajo que ya se está haciendo y que es precario. “Hoy en día, como Médicos Sin Fronteras, contamos con más de 20 centros de salud a los que prestamos apoyo y 5 hospitales. En la actualidad, no hay nadie capaz de sustituirnos con un volumen de trabajo tan grande. Contamos con más de 1.000 empleados nacionales, por lo que el volumen de actividad es enorme. También somos el segundo distribuidor de agua en la Franja de Gaza. Si hoy tuviéramos que dejar de trabajar, no habría ninguna solución alternativa”, aseguró. Además de la presencia física, están las especialidades que aporta cada organización. “En el caso de MSF, somos especialistas en determinadas patologías o enfermedades, como por ejemplo las quemaduras. No habría ninguna solución alternativa, porque no habría ninguna organización que pueda venir de repente a sustituir el volumen de actividad que estamos realizando como Médicos Sin Fronteras”, agregó Nicolet. Varios países entre los que se encuentran los de la Unión Europea, que enviaron una declaración conjunta, insisten a Israel en dar marcha atrás en su decisión de sacar a estas 37 organizaciones, pero de momento la presión no parece dar resultados.  

Mientras siguen en Irán la represión de las manifestaciones y el corte de internet, pudimos contactar con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Respondió a nuestras preguntas a pesar de una conexión de mala calidad. RFI: ¿Qué se sabe de lo que pasa en Irán? Catalina Gómez Ángel: Sabemos muy poco lo que pasa dentro del país, pero sí sabemos lo que pasa en Teherán. Desde el jueves hubo grandes demostraciones que se unían a esas protestas que ya habían empezado el 28 de diciembre por motivos económicos, que habían pasado a pedir la caída del régimen, y este jueves respondían al llamado que les había hecho de cierta manera algún sector de la población desde el extranjero, uno de los líderes de la oposición, Reza Pahlavi. Fue una convocatoria muy grande, en unas demostraciones muy diferentes a las que habíamos visto ya en muchas que han pasado en Irán en el pasado. Había gente en todos los barrios y poco a poco fue empezando la represión que se esperaba y también la respuesta agresiva de muchos jóvenes en la calle, cansados de tantos años. Lo que no sabemos cuántos muertos, pero se hablan de miles solamente en Teherán y en el gran Teherán. Lo que hemos visto en las calles, en cierta manera fueron batallas muy duras, con enfrentamientos, los chicos respondiendo con piedras, los otros disparando con todo tipo de armas, tanto antimotines como reales. Mucha gente habla de muertos en la calle, especialmente el viernes. Todo el mundo conoce a alguien que ha muerto, que está herido, detenido. Realmente el temor es muy grande. Desde el sábado y el domingo la intensidad de las demostraciones ha reducido como consecuencia de ese miedo. El sistema nos habla al interior de presencia de terroristas, de presencia de infiltrados, y así se lo cuentan a la población local. RFI: Estas manifestaciones, que empezaron protestando contra la situación económica, han derivado a otras demandas sociales. ¿Esto puede ser el comienzo del fin del régimen? Catalina Gómez Ángel: Es muy difícil decirlo. El régimen, el sistema de la República Islámica, a pesar de todas estas protestas y movilizaciones, todavía se ve muy fuerte. Todavía tiene estos grandes sectores de defensa, no solamente la policía, la Guardia Revolucionaria, ese gran sistema de misiles y un sector de la sociedad que, si bien cada vez es menos, sigue siendo grande. Se considera que es entre 15 y un 20% de la sociedad, como lo veíamos ayer, con más de 1 millón por lo menos en las calles de Teherán. Era una de las demostraciones oficiales más grandes de las que hemos visto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí ha pasado es que este descontento se ha expandido en muchas regiones del país, donde antes la gente no se atrevía a salir. Decir que es el fin es extremadamente complicado. El sistema se está agarrando a muchos factores para sobrevivir. Todavía tiene la fuerza y tiene las armas, que es realmente lo que los hace importantes. Leer tambiénIrán: Las condenas internacionales llueven mientras Trump alienta a los iraníes a seguir protestando RFI: Sobre la factibilidad de la intervención de Estados Unidos, ¿cómo la evoca la gente al interior de Irán?  ¿Se ve con buenos ojos, se pide? Catalina Gómez Ángel: Muchos están en un grado en este momento que no saben lo que va a pasar. Trump va a responder a esa promesa de atacar al país, que sería realmente lo que muchos piensan que es la segunda etapa, cómo reaccionará la gente que estaba en la calle… Y otros también temen incluso la posibilidad de una guerra y un enfrentamiento civil, porque realmente la rabia entre los dos sectores es bastante grande. Así que la incertidumbre es muy grande. La ciudad está relativamente calmada durante el día, pero cuando llega la noche todo el mundo se esconde porque el que no sale tiene miedo de lo que pueda pasar. Entrevista hecha por Paula Estañol

Más de una semana después de la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, la vida parece volver a la normalidad tanto en Venezuela como en la frontera con Colombia. Del lado colombiano, cualquier nuevo cambio, sin embargo, podría tener efectos económicos inmediatos. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra, habló con los comerciantes. Abdul y su esposa Ana son venezolanos y tienen un negocio de pastelería saludable en Cúcuta. En 2017 migraron a esta ciudad con mucha dificultad. En medio de los cortes de carretera —las llamadas "guarimbas"—, los despojaron de todas sus pertenencias. "Yo exploté a llorar", recuerda con amargura Abdul. "Aquí comenzamos con unos pequeños ahorros que mi esposa había traído. Eso era lo único que teníamos. Pero aquí en Cúcuta tuve una muy buena oportunidad de inscribirme en la Cámara de Comercio. Uno tiene la posibilidad de participar en talleres y cursos. Son capacitaciones sin costo alguno, sin pagar absolutamente nada. Siempre nos decían que lo que hiciéramos debía ser legal. Y bueno, sí, empezamos en este tema de la formalidad". En el departamento de Norte de Santander, el 21 % de los empleos los ocupan venezolanos, pero el porcentaje es mayor si se incluye la economía informal. Sergio Castillo Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, estima que es importante mantener abiertos los cruces de frontera durante una crisis política como la actual. "Nosotros defendemos una frontera abierta"  "Algunos madrugan, su jornada laboral se va finalizando por las tres actividades comerciales más comunes que tenemos en la región, es decir, comercio al por mayor y al por menor en supermercados; incluye también la venta de confecciones, calzado y demás. Las personas también se dirigen hacia escenarios como la peluquería y la gastronomía. Nosotros defendemos siempre una frontera abierta. En el peor de los escenarios, si ocurriera, efectivamente podría suscitarse de nuevo un proceso de desestabilización. A hoy, con el cierre que se tiene estimado, estaríamos llegando entre los 1.200 y los 1.300 millones de dólares en materia de intercambio comercial, lo cual incluye tanto exportaciones como importaciones. Además, si hablamos de cifras a nivel nacional, por ejemplo, en materia de exportación, Venezuela está representando el 24,7 % de ese socio comercial natural que se vuelve receptor del producto colombiano. Sobre todo, está pasando por Cúcuta y por Norte de Santander", puntualiza. Cúcuta es un nodo comercial con zona franca. A diario transitan entre Colombia y Venezuela 15.000 vehículos con mercancías. El puente Simón Bolívar lo cruzan miles de venezolanos, incluso para venir a mercar, como Heidi. "Aquí vengo a comprar el papel higiénico, el jabón, ese tipo de cosas. Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. O sea, estamos a la espera de ver qué pasa", nos dice Heidi. 

La operación militar en Venezuela ordenada por Trump "viola el derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos", dijo a RFI Arturo Valenzuela, responsable de la diplomacia para las Américas del gobierno de Obama y asesor de política, paz y seguridad para América latina de los gobiernos de Clinton. Entrevista de Angélica Pérez.  En una declaración conjunta, cinco países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay) y España, manifiestan "preocupación" tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Alertan ante cualquier intento de control gubernamental o apropiación de recursos naturales. Un retorno de la hegemonía por la fuerza en América Latina que analizó para RFI, Arturo Valenzuela, ex responsable de la región durante las presidencias de los demócratas Bill Clinton y Barack Obama. RFI: La declaración conjunta asegura que la intervención estadounidense viola principios del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía territorial. ¿Qué piensa usted? Arturo Valenzuela: Estoy completamente de acuerdo con la declaración que sacaron estos países. Efectivamente, lo que hizo Estados Unidos viola los fundamentos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se creó con Naciones Unidas y otras instituciones. El vocero del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que efectivamente esto podría tener implicaciones terribles para la región, independientemente de la situación de Venezuela, porque se está violando completamente el derecho internacional, incluyendo la Carta Fundamental de Naciones Unidas. Pero además del derecho internacional, el presidente Trump violó también los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, que no permiten que el Presidente declare una guerra, sino que el Congreso tiene que hacerlo. Y está muy claro de que muchos sectores del Congreso, incluyendo algunos sectores del Partido Republicano, están rechazando lo que está tratando de hacer Trump en este momento, siendo que lo que también está en juego aquí es el sistema político norteamericano. Leer tambiénOperación militar de EEUU en Venezuela: ¿ha violado Donald Trump la Constitución estadounidense? RFI: ¿Es en definitiva una violación al Estado de Derecho? A.V.: La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, dijo claramente que los Estados miembros, incluyendo Estados Unidos, no pueden controlar otro territorio por la fuerza o violar la independencia política de otra nación. Ella dijo que un mundo pacífico seguro es imposible si el Estado de Derecho no puede efectuarse y lo que ha hecho Trump es efectivamente violar el Estado de derecho internacional y también nacional. RFI: ¿Qué impacto ha tenido en la clase política y en la población de Estados Unidos la intervención militar en Venezuela? A.V.: Este es un precedente terrible. Está afectando enormemente al país. Es el problema que tiene Estados Unidos ahora con su gobernabilidad. Por suerte, ha habido también un rechazo muy fuerte por parte de sectores que incluyen al Partido Republicano. Mucha gente acá está muy preocupada por la obsesión de Trump de tratar de apoderarse del petróleo venezolano y piensan que es algo que va a ayudar solamente a su familia y a sus colegas. Así que yo tengo esperanza de que efectivamente lo que pasó en New Jersey, en Virginia y en otras partes donde ha ganado elecciones el Partido Demócrata. El apoyo político a Trump se está desgastando enormemente en Estados Unidos. Leer tambiénVenezuela: “Tenemos temor de que eso sea un precedente y se use la ley del más fuerte” (ONU) RFI: En cuanto a Colombia, Trump amenazó al presidente Petro, a quien acusa de fabricar cocaína, y dijo que "no durará mucho tiempo". ¿Le parecen posibles intervenciones en ese país y en Cuba? A. V.: Ahora está efectivamente amenazando a Colombia y a otros países latinoamericanos. Esto es un desastre y demuestra una cierta ignorancia y contradicciones del gobierno de Estados Unidos. Cómo es posible que hayan implementado todo esto por  estar preocupados por el tráfico de cocaína a Estados Unidos, y al mismo tiempo, el propio Trump conmutara la pena del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que había sido condenado en cortes estadounidenses a 45 años de cárcel por haber enviado cocaína. Cómo es posible perdonar a uno y al mismo tiempo criticar a otros diciendo que ellos son los que están complicando al mundo. Lo que ha hecho Estados Unidos no tiene sentido y es terriblemente peligroso para el futuro. *Arturo Valenzuela fue encargado durante el gobierno Obama de la diplomacia en las Américas y asesor de los gobiernos de Bill Clinton en política exterior, defensa e inteligencia para América Latina. Es el fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Georgetown de Washington.

La intervención estadounidense para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de Venezuela, además de desatar una crisis en el país, ha puesto en relieve múltiples preguntas como la legalidad de dicha operación y los límites de Estados Unidos en el orden mundial. ¿Puede un país decidir atacar unilateralmente a otro y además extraer a su presidente? Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto en derecho internacional, James Cavallaro, es un acto ilegal por parte de Estados Unidos. “Una amenaza directa al derecho internacional” “Fue una violación abierta, descarada, de la norma más importante de la ONU. Es una amenaza directa al derecho internacional y a la paz en el mundo. Ahora bien, hay excepciones donde sí puede haber una intervención militar: si el Consejo de Seguridad autoriza una intervención, lo que no ha pasado, o para la autodefensa, y tampoco se cumple esa condición. Es una ilegalidad descarada, tiene que ser calificada como tal”, subraya Cavallaro. El también profesor de la Universidad de Yale y Columbia (en Estados Unidos) explica que la intervención de Trump y sus amenazas a otros países viola totalmente las leyes, pero se dan por la concentración de poder y el silencio político de otros Estados. “El problema que tenemos en el mundo hoy en día, y por eso tenemos una crisis, es que el país más poderoso del mundo no acepta, no se limita por las normas del derecho internacional ni tampoco se cumple el señor Trump con las normas del derecho de los Estados Unidos”, indica. “No puede ser secuestrado” “Uno puede pensar lo que quiera sobre el señor Nicolás Maduro, pero por ser jefe del Estado, es una persona internacionalmente protegida, no puede ser agarrado, secuestrado. La única excepción es cuando la Corte Penal Internacional autoriza la detención, aún siendo jefe de Estado. Son los otros países del mundo, tienen que decir esta es una ilegalidad, sino Venezuela no va a ser el último caso de violación de la integridad territorial”, prosigue Cavallaro. Nicolas Maduro y su Gobierno son señalados por varias ONG y la ONU por atentar contra los derechos humanos en Venezuela; sin embargo, para Cavallaro, estas acusaciones les competen solo a los mismos venezolanos o a la justicia internacional. “Crímenes casi tan graves han sido cometidos en en torno a la mitad de los países en el mundo. Hay desaparición forzada en decenas de países. Ni por eso puede un Estado decidir que va a invadir a otro país secuestrar al jefe de Estado”, señala el analista. Si bien el régimen de Maduro ha sido criticado por diversas naciones y acusado de fraude en las elecciones de 2024, la intervención estadounidense preocupa también a otros Gobiernos como Cuba, Colombia o Dinamarca, que han recibido amenazas de Donald Trump.