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Los líderes de la lucha ambientalista antiminería acusados y enjuiciados, dos veces, por un crimen ocurrido en el conflicto armado, fueron absueltos por segunda ocasión. Uno de ellos habló brevemente con GatoEncerrado para reiterar que el caso en su contra fue un “show montado” por la Fiscalía que incluyó persecución, acoso, vigilancia y malos tratos en las cárceles. El cuestionado proceso judicial sucedió, además, en un momento cuando el Gobierno de Nayib Bukele quitó la prohibición de los proyectos de minería metálica en el país y ha mostrado interés en la reactivación de la extracción de oro, a pesar de los estudios científicos que demuestran los graves impactos ambientales y afectaciones a la salud de las personas.
La Ley de Agentes Extranjeros tiene como destinatarios obvios a las organizaciones de sociedad civil que defienden derechos humanos, fomentan la transparencia y no se alinean a los intereses del Gobierno de Nayib Bukele. Busca asfixiar económicamente a estas asociaciones para que no puedan operar, además de ahuyentar a los organismos filantrópicos y cooperación internacional que las financia. En medio de la cruzada del gobierno por callar las voces críticas, hay daños colaterales. Salvadoreños ignorados por el Estado y que eran usuarios de organizaciones de ayuda humanitaria ya están siendo afectados por el cierre de proyectos y programas en el país.Lee la nota aquí: https://gatoencerrado.news/2025/09/17/ley-de-agentes-extranjeros-tambien-esta-afectando-a-salvadorenos-olvidados-por-el-estado/
Mario salió de El Salvador expulsado por la violencia de las pandillas y la escasez de oportunidades. Ha tenido que regresar debido a que el país que lo había recibido considera que las condiciones de inseguridad que provocaron su salida han dejado de existir. Retornó voluntariamente para ahorrarle a su familia el trauma de una deportación convencional. Comprueba a su vuelta que se han intensificado las dificultades económicas y el silencio gubernamental lo decepciona, en un El Salvador donde las oportunidades para la población retornada son menores ahora ante el cierre de instituciones de cooperación internacional como la USAID.
Impulsados por el alto costo de vida y la falta de soluciones por parte del Estado, miles de salvadoreños dejan sus hogares con la intención de emigrar hacia los Estados Unidos cada año. Algunos no logran llegar ni establecerse en ese país norteamericano y se ven forzados a retornar a la misma incertidumbre de la que huyeron. En total, según la OIM, 99,434 personas han sido retornadas entre enero de 2019 y diciembre de 2024. Este periodo abarca los años que Nayib Bukele lleva en el poder, tiempo en el que no ha logrado resolver esta herencia de migraciones y retornos forzados que le dejaron gobiernos anteriores. La mayoría de retornados no logran acceder a ningún programa estatal de apoyo y otros ni siquiera entran en las cifras oficiales.
La nueva ley, que fue aprobada en menos de dos horas sin ningún tipo de estudio ni discusión, contempla un impuesto del 30 % a todas las donaciones internacionales que reciben las organizaciones de sociedad civil y cualquier persona natural. Los representantes de más de 70 organizaciones señalan que ley es un instrumento más de persecución política y censura en contra de ambientalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier persona que pueda ser interpretada por el gobierno como un estorbo.
La captura de la reconocida abogada Ruth Eleonora López ilustra cómo el Gobierno de Nayib Bukele ha emprendido, sin rubor, una ofensiva en contra de intelectuales, activistas, periodistas, líderes comunitarios y hasta líderes religiosos que cuestionan las decisiones del gobernante.
El partido de Nayib Bukele concretó otro retroceso democrático al romper los candados constitucionales que exigían dos legislaturas para hacer reformas a la Constitución y ratificarlas. Ahora, el oficialismo podrá seguir su patrón de moldear la Constitución a conveniencia en tan solo minutos, de forma exprés y sin una debida discusión y consulta ciudadana. En palabras simples, ahora puede reescribir la carta magna para que se adapte a sus intereses. Si así lo quisiera, podrá confeccionar una Constitución que reconozca un partido único oficial, hacer legal la reelección presidencial indefinida y ampliar el periodo de los funcionarios. Ya no hay límites. Esto se suma a que ya controla todas las instituciones del Estado.
Bukele se ofreció como el carcelero de Trump, por una tarifa barata. Analistas consideran que la oferta no tiene asidero legal en Estados Unidos ni en El Salvador, pero que el anuncio rimbombante tenía otro propósito: congraciarse con el líder de la primera potencia mundial para retener su popularidad internacional, mostrar que El Salvador es un buen negocio para el gobierno norteamericano y evitar ser expuesto en los tribunales de Nueva York como el dirigente de un gobierno que ha negociado con pandillas. La visita de Rubio a El Salvador también tenía como misión marcar territorio ante la influencia de China en el país.
El partido de derecha se encuentra lejos de lo que alguna vez fue, y su propia existencia está en peligro debido a las constantes pugnas internas que dividen en bandos a los pocos miembros que se han quedado en un barco que parece hundirse cada vez más.
La Asamblea Legislativa trabaja al ritmo de lo que va ordenando Nayib Bukele desde Casa Presidencial. La reducción del número de comisiones, que se aprobó bajo el argumento de una mayor productividad, no tuvo el efecto prometido y la deficiencia sigue siendo una de las características del nuevo periodo legislativo controlado por Nuevas Ideas.
En este podcast platicamos con Adriana Ramírez, de Reverdes, sobre las consecuencias de la reactivación de la minería para un país como El Salvador y la reacción de las juventudes que se están auto convocando para realizar muestras de rechazo a la minería, como el plantón frente a la Biblioteca Nacional. En esta edición, como todos los viernes, hacemos un repaso periodístico de lo más destacado de la semana.
El valiente y crítico experiodista Mauricio Funes representó una esperanza para los pobres históricamente marginados por las dictaduras militares y gobiernos de derecha que servían a las élites económicas del país. Pero la esperanza duró poco. Los programas sociales que impulsó quedaron opacados muy temprano en su gestión presidencial, ya que sus actos de corrupción hacían un ruido imposible de ignorar. Dos años después de entregar la Presidencia de la República, Funes buscó asilo político en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega. En El Salvador lo estaban investigando por hacer de la "partida secreta de la Presidencia" su chequera personal y por conceder tratos privilegiados a los cabecillas de las pandillas en las cárceles a cambio de una reducción de homicidios. Dos de los seis procesos judiciales en su contra concluyeron en condenas que sumaban 20 años de prisión. Para evitar ser extraditado y cumplir las condenas, el régimen de Ortega le otorgó la ciudadanía nicaragüense. Así, en el exilio y con condenas pendientes, Funes falleció en la impunidad.
El Salvador se sometió al escrutinio internacional durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el régimen de excepción, la medida de seguridad insignia del gobierno, dividió opiniones. Mientras el gobierno defendió como logros la reducción de homicidios y delitos, países como Alemania, Canadá y Reino Unido expresaron su preocupación por los abusos en materia de derechos humanos, la falta del debido proceso y el impacto en sectores vulnerables como mujeres, niñez y defensores de derechos humanos. Con más de 200 recomendaciones sobre la mesa, el Gobierno de Nayib Bukele debe elegir si acatarlas o simplemente tomar
En este episodio analizamos junto a nuestra periodista de la sección política, Eugenia Velázquez, la situación de la raquítica oposición política de El Salvador, que en vez de levantarse, parece que se hunde más. El FMLN insiste en su discurso incoherente de apoyar dictaduras como la de Nicolás Maduro, mientras critica circunstancias similares en las que gobierna Nayib Bukele. Arena sigue con sus pleitos internos que lo ponen en riesgo de desgastarse y perder las últimas migajas de poder que aún conserva en la Asamblea Legislativa. La situación de la única diputada de Vamos será un análisis aparte.
En este episodio hacemos un análisis del presupuesto general de la nación para saber cuáles son las prioridades del bukelismo para este 2025. También hablamos del nuevo disco de Bad Bunny.
El gobierno salvadoreño comenzó este año con una deuda que supera los $32 mil millones. En el último quinquenio, bajo la administración de Nayib Bukele, la deuda creció a un ritmo acelerado, aumentando más de $11 mil millones. El gobierno también adeuda $10,413 millones a los trabajadores que cotizan a las AFP, con lo que ha puesto en riesgo la jubilación de miles de personas que esperan tener un retiro digno. En 2024, la Asamblea Legislativa, dominada por el bukelismo, aprobó $3,500 millones en emisión de títulos valores para recompra de deuda a una tasa más alta y para gastos operativos o emergentes del Estado que no fueron detallados con certeza.
El primer presupuesto del periodo inconstitucional de Nayib Bukele recorta $4 millones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sería el cuarto recorte presupuestario que hace la administración Bukele a este ministerio desde 2019. Según expertos y defensores ambientales, esta disminución deja a la institución con menos capacidad para actuar e intervenir en situaciones que pongan en riesgo los recursos naturales del país y la vida de los salvadoreños. El recorte presupuestario ocurre en un contexto en el que el bukelismo ha reactivado, de forma exprés, la minería metálica.
El Ejército salvadoreño es utilizado por el bukelismo para funciones de seguridad pública que no le corresponden constitucionalmente y bajo las que ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos. Los militares también han sido instrumentalizados para los intereses político partidarios de Nayib Bukele. Por esa razón, según analistas políticos, no es una sorpresa que el Ministerio de la Defensa Nacional sea una prioridad para un mandatario autoritario como Bukele.
El Presupuesto General de la Nación es un documento en el que se puede notar cuáles son las prioridades del gobierno cada año. Para 2025 no hay sorpresas. El bukelismo seguirá apostándole a la publicidad de su imagen y al Ejército, mientras que para Salud y la Educación habrá menos presupuesto.
Las instituciones que deberían auditar y vigilar los fondos públicos utilizados para financiar a partidos políticos, a través de la deuda política, no hacen su trabajo. Al contrario, colaboran con el secretismo del Gobierno de Nayib Bukele y consienten que la información esté oculta a la población. Entre esas instituciones está el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República. La organización Acción Ciudadana señala que esta falta de transparencia y los retrasos en el pago de la deuda política pone en desventaja a los partidos de oposición y provoca que las elecciones no ocurran en condiciones igualitarias.
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