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El número de ingresos de inmigrantes a Estados Unidos cayó masivamente con cifras negativas que alcanzan hasta menos 300.000 personas. Es la primera vez en 50 años que se registra una cifra de esa magnitud, según un estudio de la Brookings Institution publicado la semana pasada.  Cuando era candidato, Donald Trump pregonaba que llevaría a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos". Desde su regreso a la Casa Blanca implementó drásticas, polémicas y violentas medidas con tal de lograrlo y que incluso han provocado muertes. Efectivamente, en 2025 sí bajó el flujo migratorio con cifras récord, según una investigación de Brookings Institution. Stan Veuger es economista en American Enterprise Institute y uno de los autores del informe. “Para el año 2025 lo que estimamos es que el número de inmigrantes netos, entre los que llegaron y salieron del país, es negativo, entre menos 10.000 y menos 300.000 inmigrantes. Es la primera vez que ocurre desde hace 50 años”, resalta Veuger a RFI. La tendencia negativa también podría continuar en 2026, e incluso aumentar. “Para este año hay más incertidumbre, pero lo más probable es que será otro año con inmigración neta negativa, entre menos 900.000 y menos 200.000”, explica el experto. Y estas cifras y proyecciones tienen un impacto en la economía de Estados Unidos. “En los últimos años el crecimiento de la fuerza laboral ha sido del 80% gracias a la inmigración, esta reducción tiene implicaciones macroeconómicas. En el 2025 la tasa de crecimiento del PIB se redujo en un 0,2%, que es importante”, afirma Veuger. Y todos los sectores de la economía se ven afectados, según el estudio, como “la vivienda, la ropa, los electrodomésticos, los servicios de salud porque los inmigrantes consumen como los demás residentes del país”, concluye el economista. El Departamento de seguridad nacional estadounidense tiene datos muy diferentes al de este estudio. Las autoridades reportan que en 2025 el flujo migratorio fue de menos 2 millones y medio de personas, una cifra que Stan Veuger considera “absurda y sin bases en la realidad”. 

El presidente salvadoreño participó en la inauguración de las obras de una cárcel en Costa Rica inspirada en su megaprisión, proyecto con el que la candidata oficialista Laura Fernández, favorita en los sondeos, espera ganar votos para las elecciones del 1° de febrero. Preguntamos a Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica, si la visita de Bukele pudo haber beneficiado a Fernández. Esta semana el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, visitó Costa Rica, donde el próximo 1° de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales. Los opositores dicen que el presidente Rodrigo Chaves orquestó el viaje con fines propagandísticos a favor de Laura Fernández, la candidata del oficialismo, en un contexto en el que la seguridad es el principal tema de campaña. Los presidentes Bukele y Chaves pusieron la primera piedra de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la represión y la tortura en El Salvador. Desde 2023 el tema de la inseguridad sobresale como el principal problema de Costa Rica. En ese año se registró la cifra más alta de homicidios en su historia: 905. Para el año 2025 fueron 873, la tercera más alta desde que se tienen registros. Para responder a esta problemática, el mandatario saliente costarricense ha recurrido al modelo de seguridad de Nayib Bukele, quien dijo, justamente, que “Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida”. Así habló Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), aún en construcción, pero inaugurado en la recta final de las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026. Costa Rica, campaña atípica "Esta campaña electoral en Costa Rica ha sido muy atípica por un fuerte activismo del Poder Ejecutivo. Bukele ha tenido un papel protagónico, como nunca en la historia de la Segunda República en Costa Rica. Esta visita se enmarca dentro de esa dinámica", analiza Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Cuando ocurrió la visita, a principios de la semana, se reveló un presunto plan para asesinar al presidente Chaves en Costa Rica. Sobre el impacto de este anuncio, Alfaro estima que "hubo un despliegue no solo de seguridad sino también mediático. ¿En qué medida se trataba realmente de un plan o fue algo que ya estaba orquestado…? No se sabe. Pero quiero recalcar que este fenómeno en buena medida opacó la visita del presidente Bukele a Costa Rica". La candidata oficialista Laura Fernández ya lideraba las encuestas antes de estos eventos. Preguntamos a este politólogo si la visita de Bukele la impulsará aún más en los sondeos. "Todavía algunas de las encuestas se han hecho en el campo y aún no hay resultados que de alguna forma contemplen o midan el efecto que la visita de Bukele pudiera haber tenido, si fue grande o pequeño, hacia qué lado. Todavía hay un porcentaje de personas que se reportan como indecisas, el 40%. Estas son personas que están decididas a votar, pero que aún no han decidido por quién", concluye. En Costa Rica, para ser electo a la presidencia se necesita obtener más del 40% de los votos; de lo contrario, se pasa a balotaje. La encuestadora CID Gallup proyecta que Laura Fernández ganaría en primera ronda.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum propuso que México sea un intermediario entre Estados Unidos y Cuba, en momentos en que Donald Trump cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, presionándola con hacer un trato “antes de que sea demasiado tarde”. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump también tiene en la mira a Cuba a la que ha presionado en los últimos días con hacer acuerdos, pero sin precisar qué desea negociar con este país donde escasean los alimentos y el combustible, y donde el 89% de la población vive en extrema pobreza. Varias opciones En este contexto, ¿qué podría hacer México por Cuba, si llegara a ser un intermediario? “Cuba y Estados Unidos empezaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas en 2014, pero este avance bilateral se vio definitivamente interrumpido por Donald Trump y ahora que ha vuelto al Gobierno, ha incrementado el bloqueo económico contra Cuba. Entonces, en una relación donde no hay ningún tipo de comunicación entre ambos gobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovecha y propone al Gobierno de México como un vehículo”, explica a RFI Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. “Puede ser que México solamente preste ayuda, que los ponga de acuerdo y que México preste el territorio para que ambas partes puedan conversar en una zona neutral como sería México. Puede ser que México sea un intermediario, que vaya y pregunte a Estados Unidos, que vaya y pregunte a Cuba. O simplemente puede ser que México los llamen a la negociación y que ellos acepten reunirse en cualquier lugar”, subraya. “Somos un país soberano” Mientras Estados Unidos bloqueó el petróleo de Venezuela hacia la isla, México continúa suministrando el combustible por razones humanitarias, pero también, dice el analista, para demostrar su soberanía ante la influencia de Estados Unidos.  Según Domínguez, “puede ser que el Gobierno de los Estados Unidos presione para que México corte todo envío de petróleo a Cuba. Eso no es nuevo, lo ha estado haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, e incluso en septiembre del 94 Estados Unidos torpedeó un acuerdo de cooperación entre CUPET, la empresa cubana de petróleo, y PEMEX”. “Pero lo más importante, me parece a mí, es la actitud que ha tenido el Gobierno mexicano, esta vez en el sentido de señalar que somos un país soberano y que no estamos dependiendo de la autorización o no de Estados Unidos. El Gobierno mexicano tiene la capacidad, la soberanía suficiente como para mandar petróleo a Cuba”, concluye el investigador.

La Unión Europea se dispone a firmar en Paraguay el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, en un contexto de fuerte rechazo en Francia, donde grandes cadenas de supermercados anunciaron un boicot a productos sudamericanos y los ganaderos denuncian una competencia desleal. Dos representantes del sector ganadero argentino refutan esas críticas y explican por qué defienden el acuerdo. En Francia, las grandes cadenas de supermercados han decidido boicotear la venta de productos sudamericanos. Mientras tanto, agricultores y ganaderos franceses siguen en las calles, sobre todo en los Campos Elíseos de París, denunciando una competencia desleal. Según ellos, la carne bovina procedente de Sudamérica no cumple con los mismos estándares sanitarios y ambientales a los que están sujetos los productores europeos. Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, defiende, sin embargo, la producción de carne argentina. "Si hay un país que produce carne de forma natural es Argentina. Yo invito a cualquier ganadero francés a recorrer nuestro país, que es muy extenso, para comprobar que los animales pasan la mayor parte de su vida al aire libre, caminando por los campos, comiendo pasto y tomando agua", sostiene Herrera. Incluso el proceso final de engorde, según él, está lejos de la idea que pueden hacerse en Francia, ya que se realiza en "feedlots, pero que no son estabulados ni confinados. En Argentina están prohibidas las sustancias reguladoras del crecimiento, como hormonas y anabólicos, así que podemos garantizar que es un 100 % sano", precisa. "¿Por qué no atacan la presión impositiva doméstica?"  Por eso, para él, los argumentos de los ganaderos franceses "no son una buena excusa para estar en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur" y sugiere otras razones, de carácter interno, que considera más legítimas. "Yo lo que entiendo es que los agricultores y los productores franceses sienten que tienen mucha presión impositiva por parte de su gobierno. Están en su derecho de que no les guste esa presión, pero no por eso tienen que atacar a la carne argentina. Insisto: no es cierto lo que están manifestando". Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, señala que, a pesar de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, aún falta camino por recorrer. "Todavía falta materializar este acuerdo. Esto es recién una primera firma de un acuerdo que sí llevó mucho tiempo concretar. Pero ahora hay que hacerlo realidad país por país. Cada una de las producciones locales está o con una cuota o con alguna salvaguarda de precios. De esta manera se puede garantizar a los países de Europa que esto no es una apertura al Mercosur sin ningún tipo de control. Hay toneladas con cuotas, hay precios, hay salvaguardas que, si se cumplen, los pueden dejar tranquilos. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuánto vamos a aportar? Eso ya va a depender de cómo esté preparado cada uno de los países del Mercosur para hacerlo", subraya. Este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será histórico: representará la integración de más de 700 millones de personas, el 35 % del comercio global y más del 30 % del PIB mundial, lo que lo convertiría en el bloque comercial más importante del mundo.

El número de familiares de presos políticos venezolanos no deja de aumentar en las puertas de las diferentes cárceles donde están arrestados. La angustia por la incertidumbre ha incrementado desde que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciase la liberación de "un número importante de personas venezolanas y extranjeras". “La situación real es que hay un nivel de expectativa muy grande, de esperanza muy grande en los familiares. Son cientos de víctimas que están afuera de los centros de reclusión para esperar a su ser querido”, explica a RFI Andreina Baduel, hermana del recluso venezolano Josnars Baduel y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. “Nos mueve el amor” Van varios días que los familiares esperan en la entrada de las cárceles. “Estos cuatro días de presencia constante de los familiares en los centros de reclusión por supuesto que ha generado un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental en ellos. Sin embargo, nos mueve el amor, nos mueve la fe, nos sostiene Dios. Y estamos convencidos de que esta es la única manera de presionar para que nos entreguen a nuestros presos políticos”, prosigue Baduel. El Gobierno de Delcy Rodríguez anunció que ya hubo 116 excarcelados desde la captura de Maduro, aunque la cifra no fue validada por fuentes independientes. Una cantidad muy alejada de las expectativas para los familiares de los presos políticos. “Por supuesto que genera muchísima angustia porque fue un anuncio que ya tiene cinco días de haberse suscitado y que hasta la fecha las excarcelaciones no superan un 5% del grueso de los presos políticos, que son más de 1.000”, comenta la hermana de Josnars Baduel. Dudas sobre las intenciones del Gobierno El número limitado de excarcelados hasta ahora ha generado dudas sobre las intenciones del Gobierno entre los familiares. La falta de información sigue generando mucha ansiedad. “Dudas tenemos profundamente de quienes todavía están en el poder, porque si algo los ha caracterizado es que mienten, es que persiguen, es que criminalizan. No hemos dejado de decir que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, que sigue habiendo detenciones arbitrarias, que sigue habiendo persecución, y que sobre todo este anuncio de excarcelaciones no se ha materializado con transparencia ni con celeridad. Si de verdad están excarcelando a todos los presos políticos como ellos lo han dicho, porque ellos no han publicado las listas de excarcelaciones…”, denuncia Baduel. “Y esa es una de las cosas que hemos estado pidiendo desde el Comité, que este proceso se maneje con transparencia y que se publiquen constantemente las actualizaciones de las listas de los excarcelados”, concluye. Mientras Venezuela intenta volver a la normalidad, centenares de familiares de presos políticos siguen aferrándose a la fe, exigiendo la libertad plena para poder abrazar a sus seres queridos en medio de un clima marcado por el desasosiego.  

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay celebran la aprobación en el Consejo de la Unión Europea del Acuerdo Mercosur-UE, el cual crea la mayor zona de libre comercio del mundo eliminando aranceles a más del 90% del comercio bilateral. "Es un gran paso porque traerá progreso para las dos regiones y por lo que representa en el contexto internacional actual", dijo a RFI Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay y ex negociador del acuerdo. El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen firmará en Paraguay el acuerdo comercial que vinculará al bloque con los cuatro países del Mercosur. Tras un cuarto de siglo de complicadas negociaciones, marcadas por diferencias políticas y comerciales que amenazaban con hacerlo naufragar, el Acuerdo de Mercosur-UE recibió la luz verde de Bruselas. Radio Francia Internacional entrevistó a Nicolás Albertoni, excanciller de Uruguay que estuvo al frente de la fase de conclusión del Acuerdo en diciembre de 2024. RFI: ¿Cuál es la dimensión de este acuerdo entre los dos bloques de lado y lado del Atlántico y que estuvo a punto de no ver la luz? Estamos hablando del acuerdo más grande del mundo que abarca 700 millones de personas. No hay otro acuerdo de esta magnitud en el mundo. Hay que destacar al mismo tiempo su "regionalidad". Porque si bien Europa ha negociado acuerdos importantes con otros países, todavía no lo había hecho con una región como es el Mercosur, la cual abarca aproximadamente el 80% en todos los datos del PIB o del comercio de la región. Al hablar del 90% de apertura, esto significa que se abren más mercados. También es verdad que Mercosur tiene menos experiencia negociadora y es solo un bloque de cuatro países mientras que del otro lado estamos hablando de 27 socios que tienen una apertura más transversal entre ellos. Sí se va a tener que generar una lógica de mayor competencia, que es una experiencia a la que no se había enfrentado en esta magnitud. En el corto plazo va a haber más apertura de alimentos hacia Europa y más apertura de una industria europea hacia Mercosur.  Creo que en el mediano plazo va a ser positivo. Y habrá que enfrentarse a la competencia, que no es negativa por sí misma, en todos los rubros de las economías de ambas partes”. Además, va a tener un impacto absolutamente transversal que es difícil medir solamente en términos comerciales. Este acuerdo incluye cooperación, inversiones, también valores políticos que unían a las dos regiones. RFI: Numerosos agricultores europeos, especialmente los de Francia y Polonia, son reacios a esta firma e intentaron impedirla. Para convencerlos, los gobiernos de la Unión Europea respaldaron establecer cláusulas de salvaguarda en favor de ellos que permitirán al bloque reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado que pueda causar justamente el aumento de importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. ¿Cuáles eran los principales temores en el Mercosur? Sobre los hechos ocurrido sen las últimas semanas, creo que el temor más grande era que no avanzara el acuerdo. Y es cierto que todas estas salvaguardas no eran el escenario ideal, pero en estos casos hay que ver el bien mayor y el bien mayor es tener un acuerdo. Y, en estos tiempos que vive el mundo, más allá de las razones netamente comerciales, esta es una inmensa señal geoeconómica. Porque también podría ser a la inversa. Es decir que, si esto no avanzaba, sería una señal geopolítica muy negativa. Por eso yo creo que pasada la firma, que era el hito técnico importante para concretarse, la política europea tiene que dar ahora una señal al mundo diciendo: "Señores, estamos para negociar, para avanzar y para acercarnos a una región complementaria y emergente como es América Latina".

La intervención estadounidense en Venezuela ha vuelto a poner el foco en la violencia que golpea la frontera colombo-venezolana, en la que operan grupos armados y crimen organizado. En el lado colombiano, la región fronteriza del Catatumbo, los enfrentamientos entre guerrillas están desplazando hacia Cúcuta miles de personas. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Marine de la Moissonière fueron a su encuentro. María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas en la ciudad de Cúcuta. No tiene cómo darle tetero. Su familia huyó sin pertenencias de su vereda cerca del municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander: el corazón del Catatumbo. Los niños están atemorizados. Han visto actuar a los grupos armados que utilizan uniformes militares. “Ella mira a alguien uniformado y le da miedo. Los niños de 14 y de 8 años también han visto muertos allá. El día que nos fuimos también había”, dice María a RFI. 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas dos semanas, al menos las que logran extraerse. “El niño de 8 años tenía una fiebre que no se le quitaba. Y ella, con esa tos que no se le quita. Nos tocó salir con mi marido en una moto. No nos querían dejar pasar. Miraron al niño enfermo y los dos grupos que se estaban enfrentando nos dejaron pasar”, recuerda del pasado 25 de diciembre. “Me da cosa decir sus nombres”, responde María a la pregunta: “¿Qué grupos?”. Aquí no hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial en el Catatumbo, y ahora con drones. La guerra empezó hace un año con miles de desplazados. Los civiles se vuelven carne de cañón; los líderes de las comunidades, un blanco. "Que me tienen que matar" Los líderes sociales desplazados se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. En el celular tienen videos en los que aparecen guerrilleros citando nombres de presidentes de asociaciones de Juntas de Acción Comunal, las organizaciones comunitarias locales, acusándolos de ser “instigadores”. “Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las FARC, me expone, me visibiliza. Directamente tengo amenazas. Él está pagando para saber dónde está mi ubicación. Porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, asegura uno de ellos. Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en el Catatumbo, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a la población. No es sencillo, explica Israel Bravo Cortés, obispo de la diócesis de Tibú desde hace cuatro años. “Se activó con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, de la ONU y de la Iglesia, una comisión humanitaria en estos casos de retención de personas, de situaciones muy concretas de firmantes de paz, de dificultades que se han presentado para las comunidades”, explica a RFI. “Los dos grupos dicen que ellos no reclutan menores, pero uno sí ve muchas caras jóvenes, de 14 años”, dice. “Después, también cuando estos jóvenes desean salirse, hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de las filas”. Hace parte de su misión. Presencia militar La ausencia del Estado está en boca de todos. “Cuando uno dice estas cosas, pues todo el mundo piensa que mayor presencia del Estado significa llenar de militares el territorio”, rechaza monseñor Bravo. Educación, salud, infraestructuras y proyectos para la sustitución de cultivos es lo que reclama. “El Catatumbo tiene más o menos 50.000 hectáreas de coca. Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo, pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales; cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, deplora el obispo. Leer tambiénColombia: Cúcuta militarizada y 30.000 militares desplegados Tras la extracción de Maduro, muchos temen que el Estado descuide el Catatumbo, distraído por Estados Unidos y Venezuela. El gobierno anunció 30.000 soldados en la frontera colombo-venezolana, pero desde la región constatan poca presencia militar en las veredas atacadas.

Estados Unidos sigue en estado de shock por la muerte de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años, que fue matada a tiros por un agente de ICE, la policía migratoria, en Mineápolis. Cientos de personas salieron a las calles para pedir que ICE abandone la ciudad y detenga estos procedimientos. Conversamos con Carolina Ortiz, directora asociada de la organización COPAL, quien fue testigo de lo que ocurrió. RFI: Usted presenció lo que pasó. ¿Qué sucedió? Carolina Ortiz: Un poquito antes de las 09 de la mañana empezamos a recibir reportes, llamadas de personas que estaban viendo vehículos no identificados y lo que pensaban que era ICE. Unos 10 minutos después pudieron confirmar que habían llegado vehículos adicionales, confirmado que era ICE. Pudimos llevar a parte el equipo que estuviera allí, apoyando a la comunidad, grabando, documentando, y algunos minutos después es cuando disparan al vehículo. En ese momento yo estoy en la calle también apoyando el equipo y la gente se empieza a frustrar porque lo que ellos están pidiendo es que le den ayuda médica. De hecho había un doctor allí. El gritaba y pedía que lo dejaran arrimarse para poder ayudar a la víctima y no lo dejan. Pasan un poquito más de 15 minutos cuando por fin llegan los paramédicos, pero se llevan el cuerpo hasta la esquina. Ahí le tratan de dar apoyo, pero desafortunadamente en ese momento ya no tenía vida. Leer tambiénDos personas heridas en Portland, EEUU, por tiros de agentes federales RFI: Las autoridades estadounidenses están diciendo que la víctima de 37 años trató de embestir a uno de los agentes del ICE. ¿Qué pudieron ver ustedes, ustedes refutan esa teoría? Carolina Ortiz: No fue lo que pasó. Ahora podemos confirmar que ella vivía en esa calle. Ella estaba tratando de salir porque el carro estaba estacionado allí. No hay nada que ella estuviera haciendo para ser violenta, para provocar algún tipo de violencia, sino que simplemente estaba sacando el auto para poder salir. No es que está obstruyendo el paso. De hecho, también ella saca su mano para que un carro pase, porque hay suficiente espacio para que ellos pasen. Entonces la narrativa de que estaba tratando de bloquear, de que estaba tratando de provocar o de ser violenta, no es lo que vimos. RFI: Cerca de unos 2.000 agentes del ICE se han desplegado en Mineápolis. ¿Cómo ha vivido la ciudad este último tiempo con el ICE desplegado, buscando hacer deportaciones? Carolina Ortiz: Estas últimas semanas han sido muy tristes, llenas de mucho miedo, de mucha ansiedad. Muchas de las familias no están trabajando. Muchas no están mandando a los niños a la escuela e incluso para salir a comprar las necesidades básicas. Estamos apoyando con otras personas para poder llevar esa comida. No es que se están llevando a los criminales como dicen, sino que están atacando a la comunidad simplemente por cómo nos vemos, por cómo hablamos. Han ido incluso a las áreas donde están trabajando en la construcción. Ha habido ocasiones donde van y simplemente los recogen de la calle, como si fuera un secuestro. Incluso han sido ciudadanos que han tenido algún tipo de estatus, pero es como si fuera un secuestro, pasan por la calle y se los llevan. Ya han visto también en los videos como se cubren la cara. Sí, hay mucho miedo, pero al mismo tiempo hay una indignación tan grande que nos mueve a poner el miedo a un lado para poder actuar y poder movernos.

Sobre las protestas contra el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles en Bolivia, Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, estima en  entrevista con RFI que "todo el mundo era consciente de que el país necesitaba levantar la subvención", pero critica que el presidente Paz no haya sometido la medida a referendo. También cuestiona que no se exceptue de la quita de subvención a los vehículos de transporte público, mientras se elimina el impuesto a las grandes fortunas.  ►►Para escuchar la entrevista completa, hacer click en el ícono play►► Varias carreteras fueron bloqueadas este martes en Bolivia en rechazo a un decreto del presidente centroderechista Rodrigo Paz que eliminó en diciembre los subsidios a los combustibles, entre otras medidas. Los manifestantes exigen la anulación del decreto, pues temen un incremento en el costo de vida. Desde su aprobación en diciembre, el precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron algunos productos básicos en los mercados. Y empezaron las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), principal sindicato obrero del país. El lunes, el gobierno de Paz abrió un diálogo con los lideres de los trabajadores quienes terminaron por abandonar la mesa y llamaron a sus seguidores a cortar vías. Cualquier conversación, dicen, debe partir de la anulación del decreto presidencial. El mandatario boliviano dijo en diciembre, al anunciar el decreto en el marco de su declaratoria de emergencia económica, que Bolivia no podía "seguir funcionando con las normas de saqueo de los últimos 20 años". "Me parece innecesario criminalizar 20 años que seguramente han tenido sus luces y sus sombras, como todos los procesos políticos" afirma Hugo Moldiz, exministro de Gobierno durante el tercer mandato del presidente de izquierda Evo Morales. Moldiz, también abogado internacionalista, reconoce, sin embargo, que Bolivia "sí necesitaba levantar la subvención. Creo que todo el mundo está consciente".Pero critica el método del mandatario: "Rodrigo Paz tomó esta decisión sin consultarle a los sectores sociales y, mucho menos, al país. Y la única manera de hacerlo era a través de un referéndum". El segundo  elemento de crítica, en el juicio de Moldiz, es el 'cómo' lo hizo . "La subvención se podía quitar para todos los vehículos particulares, salvo para los del servicio público por el impacto de la medida en la población más pobre y vulnerable". No obstante, explica el ex ministro de gobierno boliviano, bajo un pretendido "principio de igualdad", la subvención  se levantó para todo el mundo  afectando a  todos los sectores de la sociedad boliviana en la que "unos ganan mucho y otros ganan muy poco". Los primeros seguirán viviendo holgadamente, pero los segundos se verán muy afetados con esta supresión, afirma. "Y, contradictoriamente, se le ha retirado el impuesto a las grandes fortunas", subraya.  Un riesgo de regreso del neoliberalismo RFI: Usted ha afirmado que a este decreto subyace la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz sea la continuación de la crisis y de una transición no resuelta en Bolivia o el inicio de una nueva era estatal. ¿Por qué? "Porque no medir en su exacta dimensión la relación de fuerzas, no tener en cuenta lo que se está jugando en el trasfondo del decreto, puede conducir al movimiento sindical, a sus dirigentes, a cometer errores, y esto puede tener efectos estratégicos. Una derrota sería el camino pavimentado para que se reinstale de manera plena el neoliberalismo en Bolivia. Eso lo tienen que entender los sindicatos.Lo tiene que entender sus líderes. Al mismo tiempo, el gobierno  tiene que valorar en su jsuta medida cuál es su nivel de fortaleza política. Tiene muchas contradicciones internas, la contradicción entre el presidente y el vicepresidente ya es una expresión de ellas. También tiene contradicciones al interior de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, y ni qué decir la ausencia de influencia en el movimiento social boliviano, y el movimiento social boliviano es muy fuerte. No creo que en este momento el todo o el nada, ya sea para los movimientos sociales o el todo o nada para el gobierno, sea el escenario aconsejable".

Tras la captura de Maduro el 3 de enero pasado, la frontera entre Venezuela y Colombia sigue en alerta. El gobierno colombiano ha ordenado un despliegue militar de 30.000 uniformados a lo largo de 2.200 kilómetros de frontera común. En el sector de la ciudad de Cúcuta, la 3ª Brigada del ejército patrulla en diferentes puentes de cruce. Es un reportaje de nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra. Un blindado Titán del Ejército colombiano se posiciona frente al puente fronterizo Francisco de Paula Santander de Cúcuta, y de él sale un puñado de uniformados. Luego se dispersan y algunos se posicionan en las esquinas del barrio aledaño, el corregimiento de El Escobal. Patrullan mañana y noche, pero los horarios cambian para crear un efecto sorpresa. Nos invitan como prensa a asistir, pero sin hacer preguntas. Es una operación de comunicación que no explica por qué el sector es señalado como "zona roja". Al caer la noche en el Escobal, los niños juegan despreocupados frente a la parroquia y la estación de policía. La misa acaba de terminar. El sacerdote Edwin Buitrago conversa con una líder de la comunidad que prefiere mantenerse en el anonimato. Le preguntamos si ella considera que el sector sigue siendo "zona roja". "Hace unos cuatro o cinco años, sí, en ese entonces estábamos catalogados como 'zona roja'. Pero hoy esto de 'rojo' no tiene nada. Ese nombre es del pasado. Hoy esto es un barrio tranquilo. Se marcharon varias bandas delincuenciales y ciertas actividades que había acá se acabaron, ya no están aquí en el barrio como estaban antes", sostiene. Si bien no se puede decir que el sector, en su conjunto, esté en calma, el sacerdote Edwin Buitrago confirma que el entorno es distinto. "Somos la frontera más movida de América"  "Esta comunidad ha cambiado mucho. Antes, estaba el procedimiento del contrabando. Si ustedes observan ahí, la mayoría son galpones, garajes grandotes que están abandonados. Hoy se goza de tranquilidad en un 80%. Sí, puedo decir que un 80% goza de tranquilidad. El otro 20%... pues sí, ya es zozobra, temor, miedo. Lo que uno no ve, digámoslo así, lo que uno no ve. Porque somos la frontera 'más movida' de América, según dicen". La líder comunitaria explica que todo había estado tranquilo hasta este martes que militarizaron el puente. Pero la preocupación  persiste.   "Sí, siempre hay la zozobra, el temor por las trochas. Hay muchos pasos ilegales. No es solamente el puente. En el puente está bien porque hay un control. Pero hay muchos pasos ilegales. Ésa es la problemática de acá", concluye. Ambos coinciden en que un cruce abierto conserva su seguridad. Cuando el puente cerró entre 2015 y 2023, prosperaron los pasos ilegales controlados por bandas delincuenciales.

Nicolás Maduro estaba permanentemente custodiado por un grupo de élite perteneciente al popular grupo G2, que integra el Servicio de Inteligencia del Gobierno cubano. 32 de ellos fallecieron durante el ataque con el que Estados Unidos capturó y exfiltró al gobernante venezolano. ¿Pero quiénes son? Para conocer un poco más sobre estos agentes de contrainteligencia cubanos que hacían la labor de guardaespaldas en la seguridad personal de Nicolás Maduro, entrevistamos a Arturo Grandón, analista de Seguridad, Defensa, Inteligencia y Operaciones Especiales, a su vez director del Security College en Estados Unidos. Un “grupo de élite” “El personal que fue dado de baja en esta operación correspondía a una de las unidades de la guardia personal que tenía Nicolás Maduro. Su primer anillo de seguridad lo conformaban netamente el ejército cubano, toda vez que Nicolás Maduro no confiaba en las fuerzas que podían protegerlo del mismo Venezuela, por problemas de traición o algo que pudiese pasarle”, explica. “No pasaban de los 40 años, eso es lo que se tiene como antecedente. Era un grupo de élite preparado para este tipo de eventos y son los que murieron en combate, porque cuando fue el asalto propiamente tal fue muy cruel. O sea, en realidad los informes que tenemos nosotros de inteligencia es que fue muy, muy duro el ataque que se llevó adelante y ellos no reaccionaron como pensaron que iba a ser la reacción de la seguridad de Maduro”, agrega el especialista. “Chávez también tenía personal de seguridad cubano” El grupo G2 está presente en Venezuela desde el año 1999, coincidiendo con el primer año de la presidencia de Hugo Chávez, luego de un acuerdo entre ambos países a cambio de petróleo por una reestructuración de las fuerzas militares venezolanas. “Siempre ha estado apoyado por gente cubana, tanto en la parte táctica como en la parte de inteligencia. Así que, desde el momento en que Chávez está operando en Venezuela, comienza este intercambio entre comillas del apoyo de Cuba hacia Venezuela. Chávez también tenía personal de seguridad cubano, también tenía personal de inteligencia cubano operando no solamente en Venezuela sino en aquellas delegaciones venezolanas en el extranjero”, indica Arturo Grandón. El grupo de Inteligencia cubana, que se encarga de recopilar información sobre amenazas internas y externas para la seguridad de su Estado, opera tanto dentro como fuera de la isla. Fue creado en 1961 y desde entonces tiene presencia en varios países latinoamericanos, especialmente en Nicaragua y Venezuela.

Los habitantes del Catatumbo despidieron el año como lo recibieron: atrapados en el fuego cruzado entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las desmovilizadas FARC. Esta crisis humanitaria, la peor que vive hoy Colombia, afecta a unas 86.000 personas. Líderes campesinos denuncian falta de protección a la población civil, contradicciones del Gobierno y una crisis humanitaria sin respuestas eficaces en una de las regiones más golpeadas de Colombia. Entrevista con Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).  El Catatumbo está localizado en el nororiente de Colombia, principalmente en el departamento de Norte de Santander, y limita al norte y al este con Venezuela. Se caracteriza por su relieve montañoso y selvático, atravesado por el río Catatumbo y sus afluentes, que desembocan en el lago de Maracaibo. Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, es una de las regiones más impactadas por las economías ilícitas. Su historia combina conflicto armado persistente y abandono por parte de las políticas oficiales. La última ola de violencia comenzó a inicios de 2025 con una masacre en el municipio de Tibú. En el último día del año, un hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que dejó cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. En la región se han registrado ataques a hospitales, civiles heridos en medio de los enfrentamientos, más de 78.000 desplazados forzosamente, cerca de 300 casos de violencia sexual y medio centenar de reclutamientos forzados, muchos de ellos de menores de edad. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue uno de los dirigentes sociales que alertaron al Gobierno colombiano y a la ONU sobre el agravamiento de la situación en el último trimestre del año. RFI: Usted advirtió que la situación iba a recrudecer. ¿Ha sido así? Estamos a puertas de cumplir un año desde que se agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Nos vuelve a pasar lo mismo que hace un año: se advirtió, pero el Gobierno y el Estado en su conjunto no tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil. Desde el pasado 25 de diciembre se ha intensificado la contraofensiva del Frente 33 en los municipios de Tibú y El Tarra. Esto ha dejado miles de familias confinadas, un fin de año muy negro, con muchos combatientes muertos de lado y lado, sobre todo jóvenes de nuestra comunidad. También se ha registrado destrucción de bienes civiles, como casas, iglesias y puestos de salud, especialmente en Tibú. RFI: Además de la presencia militar y del Puesto de Mando Unificado anunciado por el Ministerio de Defensa al comenzar el año, ¿qué otras medidas ha tomado el Gobierno? Nos sorprenden mucho esos anuncios porque no coinciden con lo que ocurre en el terreno. El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, pero pareciera que hubiera una operación de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no están cumpliendo su deber constitucional de proteger a la población civil y, segundo, porque no están interviniendo de manera eficaz en la confrontación. En cuanto a las medidas del Gobierno, hubo una declaratoria de conmoción interior con un propósito distinto al represivo. Este Gobierno acudió a esa herramienta con una causa noble. Se trataba de 18 decretos reglamentarios que buscaban recaudar recursos y poner en marcha políticas públicas para superar la crisis. Pero, desafortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la mayoría de esos decretos, lo que impidió que la crisis se atendiera de manera oportuna. Por ejemplo, había un decreto orientado a fortalecer los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, con mayor respaldo financiero a los programas, algo clave para el Catatumbo, donde las economías ilícitas son uno de los principales factores del conflicto. RFI: ¿Era necesario acudir a un decreto de conmoción interior o se podían tomar medidas desde otros organismos del Estado? Claro que se podían tomar otras medidas. Lo que pasa es que los decretos de conmoción interior potenciaban la acción institucional, y esa era la buena intención que luego fue frenada por la Corte Constitucional. Pero también existen deberes constitucionales y otras herramientas que el Ejecutivo puede usar, y nosotros consideramos que lo que se ha hecho sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, no es lógico que el Gobierno haya extendido por decreto, el 23 de diciembre, la zona de ubicación temporal para el Frente 33 y, al mismo tiempo, se haya lanzado una contraofensiva en el territorio. Eso no genera confianza en la paz. Otro ejemplo: hace un mes, el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las extintas FARC, firmó un protocolo de protección a la población civil. Sin embargo, hace apenas cuatro días, el corregimiento de Filo Gringo fue atacado y no hubo una exigencia contundente del Gobierno nacional. Nuestras críticas apuntan a la falta de rigor y seriedad en estos procesos de paz. Si no sirven para lo más importante, que es proteger a la población civil, entonces están fallando en su objetivo central.

Las navidades siempre han sido una época del año desafiante para las organizaciones comunitarias y caritativas. Sin embargo, en Estados Unidos, las complicaciones han sido aún mayores, al no limitarse simplemente a la actividad de ayudar a los más necesitados. 2025 ha sido un año difícil para las organizaciones de caridad en Estados Unidos. Las fechas navideñas, además de ser días de reunión con los seres queridos, son también días para compartir con la gente cercana y con los más necesitados. Common Pantry es un comedor comunitario en Chicago que ofrece alimentos gratis a aquellos que lo necesitan, desde sin techo a jubilados con la pensión baja o familias con pocos recursos. Estas fechas siempre son complicadas, porque la actividad se multiplica y además tratan de hacer que los necesitados sientan que estos días también son suyos, como nos explica Juan Alegría, responsable de instalaciones y recepción. “Especialmente en estos días de fiestas por mes servimos más o menos como a 1.200 unidades de familia que pueden ser de 5 a 6.000 personas. Nosotros tratamos de normalizar lo más posible estas fiestas para que la gente se sienta apoyada y como en familia”, explica Alegría. “Entonces hacemos una distribución de jamones grandes y todas las cosas que normalmente van con esa comida, pero también distribuimos regalos a niños y familias que no pueden afrontar esos gastos.” Sin embargo, la mayor actividad navideña no fue ni de lejos el mayor desafío. En Common Pantry no contaban este año con dos problemas: El cierre temporal del Gobierno, con la pausa del programa de cupones de alimentos SNAP, y especialmente las redadas de ICE, ya que parte de la gente que viene a reclamar su ayuda es de origen extranjero. “Al limitarse esos fondos y al haber cerrado completamente por un tiempo el programa de ayuda de alimentos, se hizo más crítica la situación y eso, junto la amenaza que muchas personas sentían en cuanto a su seguridad personal, con el énfasis que se dio en inmigración y estatus inmigratorio, las personas se sentían bien amenazadas”, enfatiza Alegría. “Tuvimos nosotros que incrementar la seguridad, incluso tener puertas enllavadas para poder ofrecer cierta seguridad a las personas y también entonces que, por lo menos, estuvieran en la parte del patio de atrás por no poder estar en la calle innecesariamente por el temor que sentían. Entonces eso complica más la logística de nuestro local”.

En este 2025, América Latina ha virado a la derecha: Bolivia puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda al elegir a Rodrigo Paz como presidente; Chile votó por José Antonio Kast y Honduras por Nasry Asfura, candidatos que gozaban del beneplácito y el apoyo de Trump. Daniel Noboa fue reelegido en Ecuador y Javier Milei logró una importante victoria en las legislativas argentinas. Analizamos este fenómeno con Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté. Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Nasry Asfura son algunos de los políticos de derechas o de extrema derecha que han llegado al poder en este 2025 en Latinoamérica, una región que ha experimentado un marcado giro a la derecha en las urnas. ¿A qué se debe este cambio de dirección? Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté, sostiene que para explicar este fenómeno hay que evocar el alza de las tendencias populistas a nivel global, teniendo en cuenta, no obstante, las situaciones específicas de cada país. "Por un lado, hay una tendencia global de un giro no solamente hacia la derecha, sino incluso hacia la extrema derecha. Es algo que se observa también en Estados Unidos y en varios países europeos. La atomización de la sociedad y, por lo tanto, la búsqueda de chivos expiatorios, por ejemplo los inmigrantes, las minorías étnicas, los indígenas, etcétera. La acción colectiva se ve sustituida por un voto castigo a favor de la extrema derecha". Bolivia, autodestrucción del MAS y triunfo de la derecha Dicho esto, este profesor de la universidad francesa de Franche-Comté resalta que existen circunstancias propias de cada país, "factores internos", que explican este giro. "En el caso de Bolivia, por ejemplo, la victoria de la derecha se debe en buena medida a la autodestrucción del Movimiento al Socialismo, el MAS. En otros lugares, las fuerzas de derecha o de extrema derecha llegan al poder en un contexto en el que la izquierda estuvo gobernando, pero no estuvo a la altura de las expectativas que había despertado. Ese es el caso de Chile, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric: muchos chilenos consideraban que no estuvo a la altura y que no cumplió con esas promesas". En algunos casos, como el de Asfura en Honduras o el triunfo de Javier Milei en las pasadas legislativas argentinas, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo presente, incluso supeditando su apoyo económico al país a que se cumplieran resultados que le complacían. ¿Cambiará esta postura la política internacional de Latinoamérica? Leer tambiénLos acontecimientos que deberían marcar al mundo en 2026 "Lo que es seguro es que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha van a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos de Trump. El mandatario estadounidense tiene buenas relaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Milei en Argentina, y las tendrá seguramente con el nuevo presidente de Honduras, con Kast, etcétera. En cuanto a la relación con China, es posible que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha sean reticentes a profundizar la dependencia económica que tiene América Latina con ese país. Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto sean capaces de romper esa relación con Pekín, porque la presencia china en América Latina ya es relativamente antigua. China lleva varias décadas construyendo su influencia en la región. Va a ser difícil que países como Honduras, Ecuador o Argentina se distancien a nivel económico de China", concluye.

El símbolo que conmemoraba la histórica presencia china en el país istmeño fue demolido por orden de una autoridad local, lo que levantó críticas de Pekín y una rápida reacción del presidente panameño. El arco que celebraba más de 150 años de presencia china en Panamá se encontraba a un centenar de metros de la entrada del Canal, en un lugar privilegiado frente al puente de las Américas, que conecta el norte y el sur del continente. Sin embargo, no fue su localización —escogida con su construcción en 2004— lo que motivó su demolición. La alcaldesa de Arraiján, municipalidad a la que pertenecía, ordenó la demolición inmediata y sin previo aviso por “motivos de seguridad” y por la “expiración de la concesión del terreno”. La respuesta oficial de Pekín fue inmediata: "China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales competentes en Panamá de un monumento a las contribuciones chinas al Canal de Panamá", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado publicado en X. Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, critica la forma en que se llevó a cabo la demolición de este símbolo, pero considera que su ubicación es problemática, al igual que lo fueron en 2018 los planes chinos de construir una embajada en la entrada del Canal, como cuenta a los micrófonos de RFI. Leer tambiénLa estrategia de China en América Latina incluye apoyo a gobiernos bajo presión de Washington "No se podía permitir la construcción de una instalación en las riberas del Canal de Panamá por parte de China, porque daba la impresión a los barcos, a los tripulantes y a los pasajeros que entraban al Canal de Panamá de que este había sido construido por los chinos. Ese argumento finalmente se impuso y, en su momento, obligó al gobierno del señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá [entre 2014 y 2019], a desistir de las intenciones del gobierno chino de establecer su embajada allí". Amenazas al Tratado de Neutralidad del Canal El gobierno de China sostiene que el monumento es un testimonio de la "tradicional amistad" entre ambos países. Cabe recordar que en Panamá, un país de 4,5 millones de habitantes, al menos 300.000 personas forman parte de la comunidad chino-panameña. Para el profesor Tapia, la demolición del monumento y la reacción oficial de Pekín revelan las crecientes tensiones geopolíticas en torno al Canal, lo que pone en riesgo el Tratado de Neutralidad del Canal, vigente desde 1979. "Ese tratado ha sido objeto hasta el momento de amenazas serias por parte del gobierno de Donald Trump, que ha reivindicado el control del Canal de Panamá con argumentos fatuos, como que el Canal está controlado por los chinos. Eso es una falsedad total. [Estados Unidos] amenaza incluso con usar la fuerza. Eso constituye, evidentemente, una franca violación de lo pactado entre Panamá y Estados Unidos en el Tratado de Neutralidad". Leer tambiénTransición energética en China: ¿Cómo salir del carbón sin abandonar territorios en el camino? En abril, el gobierno panameño concluyó un acuerdo con la administración Trump para el despliegue de tropas estadounidenses en los alrededores del Canal, aunque continúa negándose al establecimiento de bases militares. "Desgraciadamente, esa es otra violación flagrante del Tratado de Neutralidad que consintió Panamá. En el artículo 5.º del tratado se establece taxativamente que solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares — e insisto en la palabra ‘militares’— en la República de Panamá", concluye. La administración Trump también ha promovido la adquisición, por parte de la empresa estadounidense BlackRock, de los puertos situados en las inmediaciones del Canal, actualmente en manos de una compañía de Hong Kong. El acuerdo se encuentra estancado debido a la oposición de Pekín, que busca formar un conglomerado de distintas empresas, según informa The Wall Street Journal. Un nuevo episodio en la competencia geopolítica por el control del Canal.

Tras el accidente del tren interoceánico en Oaxaca que dejó una docena de muertos, surgen cuestionamientos sobre la planificación y seguridad en los grandes proyectos ferroviarios del país. Entrevista al ingeniero civil Juan Carlos Miranda, especialista en el sector ferroviario. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el lunes a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en el estado de Oaxaca, que dejó 13 muertos y varias decenas de lesionados. El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, se descarriló el domingo mientras recorría el Corredor Interoceánico que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México a través del istmo de Tehuantepec, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). El proyecto de un tren interoceánico en México se remonta a comienzos del siglo XX. No obstante, la ruta marítima por el Canal de Panamá resultó más competitiva para el tránsito internacional de mercancías. La iniciativa cobró nuevo impulso bajo López Obrador, quien impulsó dos grandes proyectos ferroviarios: el Tren Maya, en el sureste, y el Corredor Interoceánico, en el istmo de Tehuantepec. Ambos han registrado accidentes graves en sus primeros años de operación. Aunque aún es prematuro establecer las causas del siniestro y se deben esperar los resultados de la investigación en curso, el ingeniero civil Juan Carlos Miranda, especialista en el sector ferroviario, advierte sobre deficiencias técnicas en el proyecto. Interrogantes sobre le trazo geométrico de la vía  "Se habría requerido una rehabilitación intensiva más que una simple reconstrucción, que fue lo que finalmente se llevó a cabo. No se realizaron las rectificaciones necesarias en el trazo para mejorar las condiciones geométricas de la vía. Hubiera sido conveniente modificar algunos segmentos, ya que las pendientes y curvas en la zona montañosa dificultan mantener la velocidad de operación con seguridad", explicó. Juan Carlos Miranda señala que el proyecto consistió en la reconstrucción de una vía ya existente, sin corregir los tramos con fuertes pendientes y curvaturas. Agrega que los desarrollos ferroviarios requieren tiempo para una adecuada planeación, diseño, construcción y puesta en marcha, procesos que suelen verse limitados por los ciclos sexenales de gobierno. "En México, como en muchos países, los proyectos se condicionan a los periodos de gobierno de seis años. Esto obliga a tomar decisiones rápidas, lo que genera riesgos y sobrecostos. Es un problema recurrente, quizá más visible hoy tras tres alternancias políticas", concluyó el especialista.

En Venezuela, al menos un centenar de personas fueron excarceladas tras haber sido detenidas durante las protestas surgidas tras las elecciones presidenciales de 2024. Estos comicios que otorgaron la reelección al presidente Nicolás Maduro, estuvieron marcados por denuncias de fraude y por arrestaciones arbitrarias.   Esta excarcelación, la más significativa en los últimos meses, ocurre en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, especialmente tras la incautación de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos. Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, comparte sus impresiones sobre esta excarcelación.  “Junto con organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y gobiernos del mundo, hemos hecho saber la necesidad de la excarcelación de presos políticos, porque tenemos perfectamente claro —nos ha tocado vivir situaciones de persecución durante más de 18 años, que incluso llevaron a la muerte de mi padre en prisión, bajo custodia del Estado— que, si no hay excarcelaciones y si no se brinda atención médica especializada y oportuna a los presos políticos, lamentablemente podemos enfrentarnos a nuevas muertes bajo custodia del Estado”, dice Andreina. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, se han reportado denuncias sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos. ¿Tiene alguna información sobre estas amenazas? "A raíz de todas estas acciones a nivel geopolítico, los presos políticos están siendo amenazados de que si llega a materializarse una acción de un gobierno extranjero, van a remeter en contra de sus vidas. Pero así como son amenazados los presos políticos, también somos amenazadas las víctimas secundarias, es decir, las familias que contenemos y que denunciamos. Mientras estamos hablando, aquí desde hace más de seis meses, yo tengo un apostamiento policial fuera de mi residencia que restringe mi movilidad, mi accionar, porque no he dejado denunciar el horror al que está siendo sometido mi hermano, sino que además tengo una labor importante en el comité. Una de las maneras de buscar quebrantar esas acciones, el régimen ha ido intensificando la persecución. Mi hermana, Márgaret Baduel, que además también es miembro activo del comité, ha sufrido dos atentados en su vehículo", añade. Andreina Baduel termina haciendo un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Además, advierte que aún hay más de 900 detenidos en condiciones de horror en las diferentes carceles de todo el pais. 

Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales al conservador Nasry "Tito" Asfura, candidato que contó con el respaldo público del expresidente Donald Trump. El resultado, divulgado casi un mes después del escrutinio, llega en un contexto de fuertes denuncias de fraude por parte del opositor Salvador Nasralla, quien rechaza reconocer los resultados y persiste en sus alegatos de irregularidades. La llegada de Nasry Asfura marca el regreso del conservadurismo al poder en el país centroamericano. Kilvett Bertrand, diputado del triunfante Partido Nacional y uno de los legisladores más votados en estos comicios, comenta los resultados y la legitimidad de estas elecciones. “Todas las misiones de observación electoral, empezando por la Unión Europea, que tuvo una misión de observación bastante amplia en el país, dijeron claramente que no hubo fraude electoral, la Organización de Estados Americanos también. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo exactamente lo mismo”, argumenta Bertrand. “Lo único que fue un proceso bastante lento. ¿Por qué? Porque se boicoteó el proceso en varias ocasiones por parte de quien quedó en segundo lugar y por parte del partido Libertad y Refundación. Los dos han dicho que desconocen los resultados, pero aquí la institucionalidad por fortuna se mantuvo fuerte. Ayer dio la declaratoria ya oficial de que Asfura al que nosotros en Honduras lo conocemos como 'Papi a la orden', es el presidente electo”. El Congreso de Honduras quedará dominado por tres fuerzas políticas. ¿El Partido Nacional sin mayoría podrá garantizar la gobernabilidad? “Hay que entender que los dos partidos políticos, nacional y liberal, somos dos partidos políticos conservadores y entendemos bien que el voto masivo de la gente fue en gran parte para sacar a la izquierda. Creo que eso nos da un punto de coincidencia, por muy áspera y reñida que haya sido la elección. Creo que tenemos un punto de coincidencia y es tratar de rescatar y levantar un poco el país de toda la división que había generado el partido gobernante. Creo que tenemos puntos de coincidencia para iniciar. Lo otro que puede ayudar mucho al tema de gobernabilidad es el carácter y el tipo de liderazgo que fue electo, que es Tito Asfura, un hombre muy conciliador, que no confronta, no insulta, no debate, es muy de paz y eso nos puede ayudar mucho a atender lazos porque nosotros al menos no herimos al Partido Liberal, que es el otro partido fuerte en la contienda”. El diputado concluyó señalando que su partido priorizará la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con el objetivo de atraer inversiones, particularmente desde Estados Unidos. Esta medida podría ser exitosa, si se tiene en cuenta el respaldo que recibió  Asfura del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su apoyo a través de redes sociales.

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de haitianos residentes en la República Dominicana regresan a su país. Esto, a pesar de las graves dificultades y la creciente inestabilidad que afecta este país, donde amplias zonas de su territorio están bajo el control de pandillas. En Dajabón, al norte de República Dominicana, el movimiento es incesante: algunos llegan en camiones o buses, mientras que otros cruzan la frontera a pie. Sin embargo, ellos saben que su viaje se producirá en un contexto de extrema inestabilidad, ya que pandillas y grupos armados mantienen bajo su control gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y han extendido su influencia a zonas aledañas. Joseph Cherubin, presidente del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, nos comentó los problemas que tienen sus conciudadanos para regresar a su país durante las festividades. “Hay dos obstáculos, el de la inseguridad en Haití y la frontera, que está cerrada. No hay garantía de ir a ningún lado. Si se va la frontera, no hay autoridad, deberá ir de forma clandestina a Haití. Realmente la situación sigue caótica, se agrava día a día. Los haitianos en Haití han pasado una Navidad triste. No hay estabilidad para hacer para hacer el culto, realmente es una situación de guerra.“ Leer tambiénHaití: en Puerto Príncipe, una Navidad ensombrecida por la inseguridad y la crisis económica Roudy Joseph, portavoz del colectivo de Haitianos en República Dominicana, explica por qué, a pesar de no existir las garantías básicas para su retorno, muchos haitianos deciden arriesgarse y regresar a su país. “Una de las razones que hace que las personas se vayan es el contexto de la persecución migratoria contra la comunidad haitiana. Estamos hablando de operativos que entran incluso en la casa de la gente. O sea, allanamientos ilegales, entonces mantienen en zozobra a la comunidad”, explicó a RFI. “El Gobierno dominicano no ha dicho si va a abrir la frontera para el regreso de tantos trabajadores que están dejando que van a pasar las navidades, pero le hemos dicho siempre al gobierno dominicano que tanto las deportaciones como los retornos al final alimentan las redes de tráfico ilegal de personas que se vuelven más peligrosas. Todos esos movimientos están alimentando esa red que se hacen multimillonarios y en eso participan tanto en militares, agentes de inmigración y otras fuerzas de seguridad de República Dominicana”, añadió Joseph. Así, ni la inseguridad, ni el caos que domina Haití, ni siquiera el temor a no poder regresar a República Dominicana, logran frenar el deseo que tienen miles de haitianos de reencontrarse con sus familiares durante este periodo navideño.

El salmón se ha convertido en el pescado estrella de la Navidad en todo el mundo y su producción global no deja de crecer. Chile es el segundo productor mundial de este pescado, solo por detrás de Noruega. Pero el auge de la industria salmonera tiene un alto coste medioambiental, según denuncian diversas ONG. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en la primera mitad de 2025 la producción de salmón en Chile creció un 9,1 % con respecto al mismo período del año anterior. Se trata de uno de los principales productos no mineros que exporta el país, principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, pero no ausente de críticas. En la Patagonia, el crecimiento de la industria de las granjas salmoneras está en el punto de mira de las ONG por su ubicación en zonas supuestamente protegidas, el abuso de antibióticos y su impacto medioambiental. “En Chile tenemos una real invasión de concesiones de la industria salmonicultura. Son más de 300 concesiones que están aprobadas. Estas instalaciones son realmente gigantescas, contaminan con diferentes tipos de materiales, como son tuberías plásticas, mallas que dejan abandonadas, estructuras metálicas y lo que nosotros hemos ido denunciando a lo largo de los años es que producen más del número que se les entrega para poder cumplir con medianamente un equilibrio ecológico en esta zona”, afirma a RFI La geógrafa de Greenpeace Chile, Silvana Espinoza. “Eso va generando mortalidades, residuos, o sea, acumulación de mayor materia orgánica. En el fondo, se va generando una secuencia de diferentes desequilibrios ecosistémicos que altera al resto de las poblaciones que tenemos en la Patagonia”, agrega. Greenpeace Chile tramitó hace un año las primeras querellas criminales contra la industria por la muerte de dos ballenas jorobadas en instalaciones salmoneras, según denuncia la ONG. La muerte de los dos cetáceos se habría producido en el interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas. “Estuvimos reunidos con el fiscal hace algunas semanas en Punta Arenas para poner a disposición nuevos antecedentes que nosotros hemos ido trabajando con los científicos y científicas de Greenpeace. Esto está en manos de ellos”, apunta Espinoza. “Esperamos tener una resolución pronto, porque en el fondo este año ya se cumplió un año de la tramitación de estas querellas, entonces nosotros también estamos a la espera de poder tener un resultado al respecto y que, por supuesto, quienes resulten responsables asuman esto frente a la ley”, concluye. Otras organizaciones, como Ecoceanos, denuncian la muerte de trabajadores en las granjas de salmón y las difíciles condiciones laborales de la industria.