Noticias de América

La Santa Sede impulsó el viernes 20 de marzo una iniciativa que llama a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero para privilegiar sectores éticos en materia de impacto ambiental.    En 2023, las autoridades canadienses registraron los numerosos casos de contaminación ambiental y violaciones de los derechos humanos derivados de la explotación de la mina Marlín en Guatemala, propiedad de la empresa Gotcorp. El cardenal de la Iglesia Católica, Álvaro Ramazzini, quien vivió esta problemática en primera persona, expuso este ejemplo frente a la presentación de la plataforma de desinversión en la industria minera en el Vaticano. El padre Darío Bossi, misionero comboniano y coordinador de esta iniciativa, explica sus objetivos:  “Una de las estrategias para denunciar y también para fragilizar la minería que mata es exactamente atacarla desde el lado financiero, del lado de los que financian, que invierten en este tipo de minería. Con respecto a esta iniciativa de desinversión, sí tenemos el objetivo que las organizaciones religiosas reflexionen sobre sus inversiones y se comprometan a no invertir en la minería que mata”, asegura Bossi.  Por el momento, la iniciativa aún tiene que determinar cuántas instituciones de la Iglesia poseen dinero en fondos y en bancos que invierten en esta problemática, muy presente en América Latina, pero que afecta a varias regiones de todo el mundo. Una tarea difícil, explica el padre Darío.  “No es tan fácil lograrlo, porque justamente las instituciones religiosas tienen también su privacidad, su derecho de administrar los fondos, y no necesariamente con la obligación de declarar a dónde están invirtiendo. Por tanto, no tenemos elementos concretos cuantificados”.  Una solución que plantea la iniciativa es redirigir todos estos fondos a bancos éticos, algo que ya hacen los misioneros de verbitas o los misioneros claretianos. El siguiente paso es convencer al resto de la Iglesia.  “Depende mucho de la disponibilidad, del interés, de la fuerza que también nosotros tengamos de consolidar esta plataforma. La plataforma se ha lanzado en dos momentos, en enero de este año en Bogotá y, ahora, en la Sala Estampa del Vaticano y en un seminario que estamos haciendo por tres días con 40 organizaciones que están evaluando la posibilidad de participar. Entonces, un poco el resultado de esta animación, de este movimiento que estamos promoviendo ahora, definirá los posibles alcances”, agrega.  En muchas ocasiones, la explotación de minas deriva en graves casos de violencia contra las poblaciones indígenas y en la destrucción de ecosistemas. Por lo que esta iniciativa deja claro que el reto es hacer entender a los empresarios, a los gobiernos y a la Iglesia que no siempre lo legal responde a la justicia. 

Tres embarcaciones partirán este viernes desde México rumbo a Cuba con 40 toneladas de ayuda humanitaria, en un intento por aliviar la crisis que atraviesa la isla —inflación superior al 10 %, apagones de hasta 18 horas, cortes prolongados de agua y escasez de alimentos— en medio de la presión de Estados Unidos. Hablamos con la activista Nikky León, de la Internacional Progresista, coalición global de movimientos y colectivos de izquierdas.  La Internacional Progresista junto con varias organizaciones mexicanas y voluntarios de todo el mundo, impulsa una iniciativa para paliar la crisis humanitaria que vive Cuba en medio de las tensiones y el bloqueo de Estados Unidos. La activista ecuatoriana Nikky León lleva un mes coordinando el envío por mar de 40 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, alimentos, paneles solares y baterías. La principal dificultad ha sido, dice, conseguir los barcos. "Yo llegué a territorio cubano hace dos semanas. Con un compañero hemos estado organizando activamente toda la ayuda. Encontramos los barcos para alquilar porque, preciso, son barcos alquilados. Nos enfrentamos a que había gente que no nos los quería alquilar, no porque no hubiera, sino por el miedo a sanciones y represalias, especialmente de Estados Unidos. Pero bueno, lo logramos. Esto nos da una lección: cuando nos organizamos y persistimos, todavía existe la solidaridad internacionalista". Un "secuestro de barco" como en Gaza parece improbable Esta semana, la Internacional Progresista consiguió enviar un avión a La Habana con unas cinco toneladas de ayuda humanitaria. Los tres barcos tienen previsto zarpar este viernes desde distintos puntos de México para llegar a Cuba el 21 de marzo. Una vez allí, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —organismo estatal de diplomacia solidaria y relaciones internacionales pueblo a pueblo— se encargará de distribuir la ayuda. La activista espera que en esta ocasión no ocurra un "secuestro" de la embarcación, como sucedió con el convoy que enviaron a Palestina a mediados de 2025. "Las posibilidades de un secuestro, como pasó con el que iba a Palestina, que nos interceptaron en aguas internacionales, están ahí, pero no a gran escala. No creemos que sea una misión especialmente riesgosa, pero en estas misiones siempre hay riesgos, y más cuando te enfrentas a un poder que lleva 60 años bloqueando y amenazando a la isla. Ese miedo o esa precaución existen, hay que tenerlos en cuenta, pero no por eso vamos a dejar de actuar", concluye.

Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador mantuvieron una reunión virtual en medio de la crisis diplomática desatada por el hallazgo de una bomba en zona fronteriza. El encuentro virtual fue calificado como "productivo" y derivó en el anuncio de una comisión técnica binacional para investigar lo ocurrido. Entrevista con Virgilio Hernández, representante de Ecuador en el Parlamento Andino. En plena guerra arancelaria entre países vecinos, las tensiones escalaron tras un cruce de acusaciones entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y su par ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, por un presunto bombardeo. Según Bogotá, Ecuador lanzó un artefacto explosivo desde un avión que cayó de su lado de la frontera, mientras Noboa tacha de "falsas" estas acusaciones. En un intento por desactivar el conflicto, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvieron una conversación virtual de 90 minutos sobre lo ocurrido, de acuerdo con ambas carteras. "La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano", escribió Sánchez en X y anunció el envío de una “comisión técnica binacional” al sitio para investigar. La cartera de Loffredo indicó que la operación fue "legítima" y "realizada sobre territorio ecuatoriano". Petro: "No son los grupos armados"  Guiados por campesinos colombianos, periodistas del diario estadounidense New York Times encontraron la bomba sin estallar cerca de la frontera con Ecuador. Tras alertar al gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro lo comentó en la televisión nacional: "Han aparecido bombas. Hay que investigar bien porque nos están bombardeando desde el Ecuador y no son los grupos armados". El mandatario no aportó pruebas de esa afirmación. Por su parte, su homólogo ecuatoriano utilizó las redes sociales para negarlo. Estas tensiones ocurren después de dos meses de tire y afloje tras el aumento de aranceles, una guerra comercial iniciada por Ecuador, que le reprocha a Colombia no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas en esa frontera común. Esta situación debe resolverse por la vía diplomática, dijo a RFI Virgilio Hernández, el representante de Ecuador en el Parlamento Andino (órgano consultivo que reúne a los países andinos). "La canciller ecuatoriana ha respondido que se contestará en términos técnicos. También ha dejado ver la posibilidad de una apertura al diálogo en el marco de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que debió haber sido el camino que se debió haber elegido desde el primer minuto que se presentaron las tensiones comerciales y ahora tensiones de esta naturaleza". La situación ocurre en momentos en que Ecuador lanzó, con el respaldo de Estados Unidos, una operación de dos semanas en cuatro provincias para luchar contra narcotraficantes y bandas armadas. Unos 75.000 militares y policías participan. Quito se ha incorporado al denominado "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Trump que busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar amenazas comunes y mejorar la seguridad en la región. A ese organismo no ha sido admitida Colombia, al igual que otros países gobernados por la izquierda. "Ecuador viene buscando desarrollar una política absolutamente subordinada con la embajada norteamericana y por ello precisamente ha buscado propiciar un ambiente de tensión con Colombia, fundamentalmente con el presidente Petro. Es importante señalar que Ecuador mantenga una postura de respeto respecto de los procesos democráticos de Colombia y no seguir con estas acciones que pueden afectar aún más el escenario tenso entre nuestras dos repúblicas". El presidente Petro también señaló que le pidió al presidente Trump que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".

En Ecuador, las prolongadas lluvias con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes principalmente en las provincias costeras y andinas. El Gobierno declaró la emergencia nacional para "responder" a los "impactos negativos" de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia. Las lluvias también han dejado desde enero a dos personas desaparecidas, más de 24 heridos, unas 80 casas destruidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente. Hablamos con Vladimir Arreaga, director de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, INAMHI. RFI: El periodo de lluvias en Ecuador se espera cada año entre enero y abril, ¿por qué en este 2026 se ve una intensificación de las precipitaciones especialmente en el litoral? Vladimir Arreaga: Durante este año 2026 estamos teniendo ciertas características peculiares que han originado que la temporada de lluvias se torne bastante activa en gran parte del territorio nacional, pero especialmente a partir del mes de febrero, hemos tenido una intensificación bastante importante de lluvias en la región litoral, en la región costera que está próxima al Océano Pacífico. Y tenemos una condición especial y es que, frente a las costas de Ecuador y el norte de Perú, hemos tenido un incremento de la temperatura de la superficie de mar. Esto justamente está asociado al arribo de aguas cálidas que provienen desde la parte del Pacífico occidental, transitan por el Pacífico central y llegan hasta la costa de Sudamérica. Y cuando nosotros tenemos esta condición, tenemos un escenario ideal justamente para que tengamos una mayor producción de lluvias. Las aguas cálidas originan que tengamos un entorno más inestable, una evaporación bastante importante, una formación de nubes permanente. Y sobre todo tenemos la intensificación de un sistema atmosférico que en la meteorología lo conocemos como zona de convergencia intertropical. Este sistema se ha fortalecido y es responsable de generar lluvias intensas en la costa ecuatoriana, dejando precipitaciones de mucha consideración en varios sectores del Ecuador. RFI: El 13 de marzo el Gobierno ecuatoriano declaró la emergencia nacional por 60 días, basados en los pronósticos del INAMHI. ¿Hasta cuándo podría prolongarse este periodo de lluvias intensas? Vladimir Arreaga: Nosotros también hemos emitido comunicados oficiales puestos a disposición para la población del país, donde se menciona justamente que la temporada de lluvias continuará durante el mes de marzo y posiblemente se extienda hasta inicios incluso del mes de mayo. Obviamente vamos a tener algunos cortos periodos donde tengamos una reducción de lluvias, sin embargo, lo más probable es que tengamos una frecuencia importante de precipitaciones y es lo que estamos atravesando actualmente acá en el país. RFI: Las provincias costeras de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, así como las provincias andinas Loja y Chimborazo son las más afectadas hasta ahora. ¿Qué mensaje les envía a esas poblaciones? Vladimir Arreaga: La población que vive en zonas susceptibles de inundaciones y movimientos en masa hay que justamente estar comunicada, saber cuáles son las acciones que se deben ejecutar en estas zonas propensas.  No debemos transitar justamente por zonas cercanas a ríos, a cuerpos hídricos, porque han existido incrementos de caudales, de niveles que han originado lamentablemente impactos muy significativos en el territorio nacional. Hay que cuidarnos de las tormentas eléctricas. También es normal que se activen los accidentes de tránsito. Así que circulemos con precaución porque la calzada mojada y la presencia de niebla justamente origina que tengamos una reducción de visibilidad y es un fenómeno que hay que tener alta relevancia.

El rey de España, Felipe VI, ha reconocido los abusos cometidos durante la conquista de América y los años posteriores. Unas declaraciones que tuvieron lugar en Madrid frente al embajador mexicano y que sientan las bases de la reconciliación con el país americano. “Hay cosas que cuando las estudiamos, las conocemos desde nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no, no pueden hacernos sentirnos orgullosos”: con estas declaraciones, el rey de España, Felipe VI, reconoció los abusos cometidos durante la colonización de América. “Son declaraciones que se esperaban” Las declaraciones tuvieron lugar durante la visita al Museo Nacional de Arqueología de Madrid frente al embajador de México. Este gesto del monarca busca arreglar las relaciones diplomáticas con México, después de que en 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador exigiera a España que pidiera perdón por la conquista.  Patricia Galeana, historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analiza el discurso: “Ha sido muy bien recibido este comentario del rey, y ayuda a sanar este desencuentro que se dio hace siete años, cuando hubo declaraciones de muchos personajes de la política española que fueron muy hirientes”, estima. El rey Felipe VI afirmó que, durante la conquista, ocurrieron cosas que hoy en día no pueden hacernos sentir orgullosos. Algo evidente para María Alba Pastor, también historiadora de la UNAM, que asegura que no existe guerra o conquista sin excesos: “Creo que son declaraciones que se esperaban porque hay miles de fuentes que comprueban que la conquista no fue una pacificación, que fue una conquista violenta y que se cometieron, ciertamente, como dice el rey de España, abusos”. “Tenemos que volver a hacer la historia” Pastor explica que el enfado diplomático tuvo lugar en un periodo en el que varios países pidieron disculpas por los crímenes cometidos durante la época colonial. Ejemplo de ello fue el presidente francés Emmanuel Macron en 2018, quien pidió disculpas por las torturas cometidas en la guerra en Argelia; o el ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que en 2019 reconoció el genocidio cometido contra mujeres indígenas.  “Creo que tiene que ser un punto de inicio porque tenemos que volver a hacer la historia. La historia ha sido muy sesgada. Tenemos que volver al estudio de las fuentes con ojos menos prejuiciados, menos sesgados. Y a partir de eso, en términos culturales, pues las relaciones serán vivas y seguirán siendo muy buenas. En términos económicos, pues la cosa marcha, la cosa no ha dejado de marchar”, subraya Pastor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quién no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión por esta polémica, reconoció que este gesto es un "un primer paso" para retomar la normalidad institucional.

Las autoridades cubanas confirmaron que sostienen un diálogo con la administración de Donald Trump, que hasta ahora ha aplicado una política de presión máxima sobre el régimen castrista. Un reviro observa el profesor de relaciones internacionale de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra ha atendido a RFI. Cuba confirmó este viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.  Esas conversaciones buscan "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", precisó Díaz-Canel. La isla está sumida en una grave crisis de abastecimiento de combustible desde que no puede contar con el envío de petróleo de Venezuela, pero en el caso de Cuba, la administración republicana evitó la vía militar  y privilegia el diálogo. Un "reviro" observa el profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra  quien ha atendido a RFI. "Los republicanos históricamente llamaban a todos aquellos que buscaban el diálogo con Cuba hacia una transición. Los denominaban despectivamente como dialogueros, inclusive si nos acordamos, esos diálogos llevaron a un acuerdo entre la administración del presidente Obama y el régimen de Cuba. El contenido de los diálogos no lo sabemos en detalle, más allá de lo que Estados Unidos nos ha dicho, que es que el diálogo está encaminado a un cambio económico para de alguna manera levantar algunas de las sanciones" dice Gamarra.  Aún ignoramos los detalles de estos diálogos, pero La Habana inició la excarcelación de presos políticos y anunció la liberación de 51 de ellos. ¿Qué concesiones podría hacer el gobierno cubano? Responde Eduardo Gamarra: "No sabemos exactamente cuántos presos políticos hay en Cuba, pero se supone que son más de 1000. Se anunció que 56 que han sido liberados. Una señal de parte de Cuba, la señal positiva sería la liberación de los presos políticos, número uno. Número 2, es el cambio económico, y sobre todo la presencia de Estados Unidos en el ámbito económico. Esa es la dimensión que es más importante en este momento para Washington" señala para aañadir que "no sabemos pues quién es el Delcy de Cuba".  Según Díaz-Canel, los intercambios con Estados Unidos fueron facilitados por "factores internacionales", que no precisó.  El jueves, su gobierno había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.  Las primeras excarcelaciones tuvieron lugar este viernes. La AFP asistió a la llegada a su casa de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13.  También a la de Ronald García Sánchez, de 33 años, sentenciado a 14 años, y vecino de Díaz, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital. Ambos participaron en las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021.Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo. "Ya te tengo aquí, se acabó el sufrimiento", le dijo al abrazarlo su madre Ivón Díaz.

En México, el gobierno considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales, muy críticadas por sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Australia es el primera país en haber prohibido totalmente el acceso a aplicaciones como Facebook Snapchat o Tiktok para los menores de 16 años, mientras que otros países como Francia  o España se encaminan a tomar medidas similares. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad. Diversos estudios han demostrado los impacto negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes tales como la alteración del ciclo de sueño, de alimentación, además de efectos en la salud mental. El secretario mexicano de Educación Pública Mario Delgado indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida drástica que tomó recientemente Australia. Una mala idea, según Juan Martin Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia. Pérez considera que la prohibición de las redes aisla socialmente a los jóvenes y aboga más bien por una mayor responsabilidad de las empresas. “Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, que son perfilados. Porque si vemos es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales. Porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas”. El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes: “El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas”, indicó. Pérez explicó que ya hay muchas recomendaciones, incluso en Estados Unidos que están cuestionando el scroll infinito. “Esto de que nunca terminas de ver contenido atrapa el cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo, no sabemos cómo se está diseñando cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expande es el odio. Tercer tema y muy importante, es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio”, aseguró. En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad. Una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso.

El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos. Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable. Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista.  Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero’, ‘por 40 lo haría’ o ‘la decisión depende de allá arriba’. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”. “La reparación exige medidas estructurales” Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca. “La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz. El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó. Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.

El ultraderechista José Antonio Kast se posesiona este miércoles marcando un cambio político drástico con relación al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric. Entre las primeras medidas que planea tomar Kast figura aplicar una política de mano dura contra la migración irregular que ofrezca resultados rápidos, una iniciativa que analizó para RFI Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. La militarización de la frontera norte será uno de los primeros gestos de Kast como nuevo presidente para combatir la migración irregular. El mandatario prometió la construcción de vallas, zanjas y muros de varios metros en las fronteras del país, junto con el uso de drones y cercos electrificados. Hace unas semanas, este admirador del exdictador Augusto Pinochet lanzó un llamado a los 300.000 migrantes indocumentados: “Les hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a partir de hoy, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”. Sin embargo, expulsar masivamente a los migrantes en situación irregular parece poco realista, indica Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile: "Me parece que esto va a ser un proceso mucho más largo de lo señalado por Kast cuando era candidato. Él aseguraba que en unos tres meses tendrían solucionado el problema de la inmigración. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de personas indocumentadas —más de 300.000—, uno se pregunta qué mecanismos se pondrán en marcha para que esas personas abandonen el país. A partir de la petición del nuevo presidente, es casi inviable porque estas personas no tienen recursos. También me parece importante señalar, en especial en el caso venezolano, que en ese país todavía no ha cambiado nada [tras la operación de captura de Macuro]. Entonces, las personas no saldrán de Chile si no ven modificaciones, por ejemplo, en su país de origen". ¿Será posible limitar los servicios de salud a los migrantes?  Kast propone también que los migrantes indocumentados tengan acceso limitado a los servicios de salud, una medida que esta especialista observa con preocupación. "Sería un retroceso respecto de lo que señala nuestra legislación, que garantiza la posibilidad de acceso de la población migrante a la atención pública. Me parece que, para llevar a cabo lo que propone Kast, sería necesaria una modificación de la ley con un enfoque más autoritario. No sé si un decreto presidencial permitiría hacerlo", puntualiza Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó además que su gobierno sancionará a las ONG que, según él, fomenten la migración irregular, así como a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados. ¿Obtendrá el gobierno de Kast la mayoría necesaria para reformar las leyes migratorias y tipificar como delito el ingreso irregular al territorio chileno? "La composición de ambas cámaras quedó algo más cargada hacia los sectores conservadores. Hay grupos que pueden inclinar la balanza hacia la criminalización de la inmigración irregular, pero también existen otros que se oponen", concluye Paloera. Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó también que su gobierno sancionará a las ONG que fomenten la migración irregular y a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.

Tras superar los 100 dólares por barril por el temor a interrupciones en el suministro, el petróleo registró una fuerte caída después de que Trump afirmara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. Aun así, la volatilidad continúa y el impacto podría sentirse de manera desigual en América Latina: Brasil podría salir beneficiado, pero otros países, perjudicados. Análisis de Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas dispararon el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los mercados reaccionaron con una fuerte caída tras unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que la guerra podría estar "prácticamente terminada". Una afirmación que, por ahora, sigue sin confirmarse. En este contexto de gran incertidumbre en la economía mundial, surgen varias preguntas: ¿qué impacto puede tener la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en América Latina? ¿Podrían algunos países de la región salir beneficiados? Planteamos estas cuestiones a Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. Brasil, potencia petrolera en América latina  "Brasil, que es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina y produce actualmente alrededor de cuatro millones de barriles diarios, se beneficiaría de un precio elevado del barril. Brasil es hoy un exportador neto no solo de petróleo, sino también de etanol producido a partir de la caña de azúcar, que se utiliza como combustible. Creo que el principal país que se beneficiará será Brasil". En el extremo opuesto se encuentran los países del Caribe, que sí se verían perjudicados por esta situación. La razón es sencilla: no producen petróleo crudo y dependen casi por completo de la importación de combustibles refinados. ¿Y qué ocurre con los países andinos? "Para algunos países, principalmente en la zona andina, como Ecuador, Perú y Colombia, que exportan petróleo crudo, pero, desafortunadamente, también importan productos refinados como gasolina y diésel, es una navaja de doble filo. Por un lado, recibirán un mayor precio por el petróleo que exportan, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más por la gasolina y el diésel que importan. Esto se debe a la falta de capacidad de refinación que tienen", subraya Piñón. La actual crisis energética también ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura en algunos países para responder a la demanda interna, como ocurre en México o en Venezuela. Dos retos para América Latina  Sin embargo, según el experto, también hay economías de la región mejor preparadas para aprovechar el contexto. "Brasil, la propia Argentina —que ahora está exportando gas natural licuado— o Trinidad y Tobago, cuyas exportaciones de gas natural licuado son muy importantes. En realidad, América Latina está en una posición logística preferencial. Brasil, por ejemplo, tiene una larga historia como exportador de petróleo crudo hacia el mercado asiático del Pacífico", explica. La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta y, por lo tanto, también lo es la evolución de esta crisis energética. Pero, sea cual sea su duración, el desafío para América Latina parece claro: optimizar sus exportaciones de petróleo crudo y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles refinados.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades de Estado inauguraron el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El presidente Rodrigo Paz se apresta a firmar un acuerdo con la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada en 2008 por el presidente socialista de entonces, Evo Morales. "No venimos a generar violencia" aseguró  el ministro el interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el marco de su lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El ministro expresó su deseo de “sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta". Eso espera la dirigencia de las seis Federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder del Chapare Aquilardo Cari Cari. “No nos oponemos, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones del trópico de Cochabamba como indica la ley 906. Nosotros siempre hemos cooperado con la política de la racionalización de la hoja de coca”. Aquilardo espera que no se genere un conflicto entre el gobierno y la región porque la racionalización de la hoja implica la intervención en tierras de particulares. “Y ahí es importante la intervención del dirigente” para llegar a acuerdos, previno. Apoyo de la DEA  Con picas, palas y machetes, soldados bolivianos han empezado a erradicar los plantones de hoja de coca sembrados en zonas no autorizadas, mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales. ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA para luchar contra el narcotráfico. El presidente de ADEPCOCA, Daynor Choque, explicó que la hoja de coca está permitida en dos departamentos (La Paz y Cochabamba), pero en Bolivia los cultivos existen "en cinco departamentos, lo que hace notar que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico y mucho menos de políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales”. Choque calcula que en el país andino hay 31 000 hectáreas de coca, 9 000 más de lo que estipula la ley y cuyos cosechas serían utilizadas para la producción de la pasta base de la cocaína.  “Estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas”.  Las Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales -sobre quien pesa orden de captura por trata de personas a raíz de una relación con una menor de edad- temen que la presencia de la DEA en Bolivia sirva para que se le sumen cargos por narcotráfico y sea arrestado y extraditado a Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Los dirigentes iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto «Plan Z» gubernamental cuyo objetivo sería perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente de Morales.

En la recta final hacia las legislativas en Colombia del 8 de marzo, el presidente de izquierda Gustavo Petro y el Pacto Histórico, partido de gobierno, reiteran la falta de garantías del software privado que la Registraduría alquila para el conteo de votos y escrutinio. La denuncia del oficialismo se basa en la sentencia del Consejo de Estado que confirma que en las elecciones de 2014 el software electoral fue manipulado, alterando los resultados sin alertar las papeletas.  Los cuestionamientos del gobierno de Colombia al software de pre-conteo y escrutinio remontan a las legislativas del año 2014 cuando votos de la formación política Mira, que en la actualidad no es un partido de gobierno, fueron trasladados a otras formaciones políticas, explicó a Radio Francia Internacional la senadora oficialista María José Pizarro: “Ellos se presentaron a las elecciones de 2014 y lograron demostrar, después de un proceso que se adelantó por parte del Consejo de Estado, que les habían sido trasladados sus votos y no se les había permitido componer el Congreso de la República como les correspondía, en función de los votos que efectivamente habían recibido”.  La investigación del Consejo de Estado dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría delegaron la soberanía del conteo en empresas privadas que operan con algoritmos cerrados o “cajas negras”. Fue un "fraude técnico sin precedentes", según la sentencia del máximo tribunal administrativo.  María José Pizarro indicó que dicho fallo “conmina a las autoridades electorales a que desarrollen un software electoral propio, no como sucede desde ese entonces y hasta la fecha que es un software electoral para el escrutinio y el conteo final de los votos, tercerizado. ¿Esto qué quiere decir? Que está contratado a través de una empresa privada que se llama Thomas Greg & Sons”.  La historia se repitió en los comicios legislativos de 2022 con los votos del Pacto Histórico, explica la congresista miembro de ese partido de gobierno “Más de medio millón de votos que eran para el Pacto Histórico terminaron en otras fuerzas políticas, como lo acaba de reconocer hace pocos días el registrador nacional quien ha dicho que por el mal diseño del formulario E-14 se trasladaron votos del Pacto Histórico al Partido de la U. Y nosotros, después de una defensa jurídica de muchos meses, logramos recuperar esos 649.000 votos y, con esa recuperación, cuatro curules más para el Pacto Histórico. La senadora recalca la trascendencia que tiene esta irregularidad: "Es muy importante que la gente tenga claro que es un fraude al elector. El elector deposita su voto por el Pacto Histórico y resulta que ese voto no es contado para nosotros, sino que es contado y trasladado a otras fuerzas políticas”.  “El Estado no puede seguir alquilando el sistema que decide quién gobierna. La propiedad intelectual debe ser pública para permitir auditorías ciudadanas y forenses en tiempo real”, reza la sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018. “Desafortunadamente no se han acatado”, insistió Pizarro. “Es decir, hay un desacato al fallo del Consejo de Estado y, por otro lado, se mantiene la misma contratación con la misma empresa que ya ha presentado estos fallos”.  Leer también¿Qué se vota el 8M en Colombia?: el termómetro electoral en la recta final del mandato de Gustavo Petro A menos de una semana de la cita en las urnas, la Registraduría de Colombia aseguró haber demostrado, mediante una auditoría que duró tres días, que el software electoral sí es seguro. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el oficialismo cuestionan la profundidad de dicha revisión. “Claro, el registrador muestra el software y hace lo que a sus ojos es una auditoría. Y nosotros dejamos perfectamente claro que eso no es una auditoría al software; que no se ha permitido verificar el código fuente. Nosotros podríamos estar asistiendo a un escenario similar al que vivimos en el 2022 y, por lo tanto, hemos desarrollado toda una estrategia de testigos electorales", advirtió la senadora colombiana María José Pizarro.  "Tenemos más o menos 45.000 testigos electorales, pero se necesitan alrededor de 90.000 para poder cubrir el 100% de las mesas. También tenemos alrededor de 500 abogados escrutadores que, de manera voluntaria, estarán acompañando la revisión de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales”, concluyó. 

Esta semana el Gobierno cubano oficializó la asociación entre empresas públicas y privadas mediante un decreto que cambia el modelo económico de la isla. Un cambio histórico en Cuba. Teniendo como telón de fondo el bloqueo energético de facto que Estados Unidos impone a la isla, el Gobierno de Cuba autoriza, por primera vez en casi 60 años, la asociación entre empresas públicas y privadas, aunque mantendrá el monopolio estatal en los sectores de la salud, la educación y la defensa. “Es una medida que se tomó en un momento desesperado, pero es una buena medida. La palabra privada no existía en la prensa cubana y eso ha ido cambiando con el tiempo, a tal punto que en el año 2024, el 55% de las ventas de bienes y servicios en el país lo hizo el sector no estatal de la economía, por un tema, el tema de incentivos. Cuando tú trabajas para el Estado, los salarios son bajos, no permiten comprar bienes y servicios y entonces muchas personas estaban saliendo del sector estatal e incorporándose al sector privado. ¿Qué pasa? Que hemos llegado al último año donde la situación económica es tan tensa, la economía no crece, al contrario, decrece más de un 5% el año pasado y este año los primeros dos meses han sido fatales. Mucho, porque Estados Unidos realmente cerró la entrada de petróleo, iba a poner sanciones a los países que comerciaban petróleo con Cuba, ya después las quitó, pero en la práctica no ha llegado petróleo en Cuba”, explica Omar Everleny Pérez, economista cubano. Sobre la situación actual, el economista indica que “los apagones siguen, la libreta de abastecimiento casi ha desaparecido para no decirte que no existe y era una canasta que por lo menos le garantizaba a las personas de más bajos ingresos un alivio por lo menos 10 o 12 días. Entonces el Estado se ha visto en la necesidad de ver dónde está la reserva. Él ha visto que hay muchas empresas privadas que han tenido una mejoría extraordinaria. Entonces, entretener un restaurante que es estatal y no funciona y sin embargo al lado hay un paladar que funciona muy bien. El Estado tiene maquinaria, pero no tiene cemento, pero el privado podría comprar ese cemento en divisas. Y entonces el Estado ha tomado una política pragmática de decir ‘bueno, podemos asociarnos’”. Ahora Washington autoriza la venta de combustible a empresas privadas de la isla con la condición de que las transacciones no beneficien al Gobierno comunista cubano. Omar Everleny Pérez detalla las consecuencias de esta decisión: “El Estado necesita combustible para un hospital, necesita combustible para una escuela. Olvidándonos un poco de eso, yo creo que por lo menos el gobierno de Estados Unidos permita por ahí que una parte importante de la población pueda recibir algún beneficio porque se reanimen sectores privados. Ya se autorizó que un barco con combustible doméstico cargue en Venezuela para Cuba. Para el Estado, para las personas, porque han ido cambiando su posición en las últimas semanas. Ya no se dice cambio de régimen, ya no, eso no aparece. Entonces Marco Rubio ha ido cambiando la frase diciendo que Cuba tiene que hacer cambios económicos, pero ya eso es otra cosa de cambio de régimen”. Donald Trump declaró el viernes 27 de febrero que estaba considerando una “toma de control pacífica” de Cuba, sin precisar los detalles de dicha operación.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el gobierno del saliente Gabriel Boric tras acusarlo de no compartir información sobre un proyecto de cable submarino chino. Boric aseguró que es "falso" que Kast no haya sido informado y dijo, incluso, que el 18 de febrero informó al mandatario electo que había recibido amenazas de EE. UU. por la tramitación de este proyecto de ruta digital que uniría a Hong Kong con Valparaíso. La construcción de un cable de fibra óptica que une a Asia con los países de América Latina a través de Chile se ha convertido en un nudo gordiano para el traspaso de mando del próximo 11 de marzo. Según Ignacio Walker, ex ministro de Exteriores de Chile, la idea de esta nueva ruta transpacífica para ampliar y diversificar la cobertura fue propuesta hace diez años por el gobierno de Michelle Bachelet a multinacionales chinas, pero desde entonces el cable se ha ido enredando. Walker recuerda que se trata de 19.000 kilómetros y de una inversión de unos 500 millones de dólares. “Esto se interrumpió en el gobierno del presidente Sebastián Piñera cuando la visita del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo a Chile, hizo ver el inconveniente desde el punto de vista de Estados Unidos de este cable submarino y se detuvo su tramitación”, explica. El proyecto volvió con el gobierno del presidente Gabriel Boric. “Pero lo que ocurrió es que ahora, en noviembre, estas dos empresas chinas solicitan una concesión al Gobierno de Chile y en dos meses se firmó un decreto el 27 de enero otorgando esa concesión. Esto es el punto de partida, no es el punto final”. El ex ministro detalla que quedaban otros trámites legales y administrativos. “Pero fue muy extraño esta suerte de ‘fast track’ que no se supo, que trascendió en un medio de prensa. Entonces, claramente ha habido un manejo poco prolijo de parte del gobierno del presidente Boric. No puede ser que en un proyecto de tanta envergadura exista esta suerte de ‘fast track’, cuando el problema con los proyectos de inversión en Chile es al revés: el mucho tiempo que toma años y años aprobar proyectos por estudios de impacto ambiental”. Los gobiernos de Estados Unidos se han opuesto a este proyecto entre China y Chile. Según la administración Trump, se trata de un proyecto que socava la seguridad regional y bajo este argumento revocó en febrero, a pocos días del traspaso de mando, los visados de tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. “Esto fue visto con malos ojos, con razón, por el gobierno del presidente Boric. El ministro de Transporte es muy respetado transversalmente. Por supuesto que hay una exageración de parte de Estados Unidos porque nunca ha podido señalar en qué consiste este detrimento de la seguridad regional. Chile es una economía abierta de mercado que no discrimina entre los inversionistas extranjeros. Entonces, esto demuestra que estamos geopolíticamente hablando en el mundo en una confrontación entre Estados Unidos y China y que en la era Trump tú o estás con ellos o estás con nosotros. Eso también le va a tocar al próximo gobierno”, asevera Walker. Cabe precisar que este proyecto de cable submarino a cargo de la multinacional china móvil todavía está en etapa de evaluación.

Esta semana comienza el ciclo lectivo 2026 en varios puntos de Argentina. El país, que supo tener altos niveles educativos para la región, atraviesa hace años dificultades que se reflejan en el aprendizaje y los resultados de pruebas estandarizadas que rinden los alumnos. En 3er grado de primaria, gran parte de los chicos no logra comprender lo que lee, y en secundaria los problemas persisten. Las provincias, que sostienen la mayor parte del financiamiento educativo, ajustan sus presupuestos. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Natalio Cosoy La docente Aluhe Alfonso está en el patio de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, en la que trabaja en el marco del programa “Grados de Nivelación”, destinado a estudiantes con trayectorias escolares interrumpidas. “En el grado de nivelación lo primero que decimos es que la primera batalla es que vengan a la escuela, que asistan a la escuela”, cuenta la docente. Pero el desafío no es solo que los estudiantes estén presentes. Es también en qué condiciones se enseña, dice. “Cada vez los maestros y las maestras tenemos más trabajo relacionado a lo burocrático y no hay tiempo en la escuela para pensar en lo pedagógico o en la didáctica, es muy difícil sentarse a tener un espacio para eso”. También faltan recursos. En el sistema federal argentino, las provincias aportan cerca del 75% del financiamiento educativo. Según la ONG Argentinos por la Educación en 2024 el gasto educativo fue más bajo que en 2014 en 19 de las 24 jurisdicciones. Y los salarios docentes reales son más bajos que hace una década en 21 provincias. Hay otros desafíos para los procesos educativos, dice Marina Bertone, docente de primaria de un colegio privado en Lanús, al sur de la capital argentina. “Cómo las redes sociales atravesaron las relaciones de los chicos, cómo se comunican, cómo se dan los conflictos, cómo se reconocen, cómo se exponen. Eso es algo que me preocupa y mucho”. En tercer grado de la primaria, cuando tienen 8, 9 años, hay niños que apenas se inician en la lectura de textos simples y solo una minoría llega a comprensiones más complejas, según la evaluación oficial Aprender Alfabetización de 2024. Además, un informe de Argentinos por la Educación calcula que, de cada cien estudiantes que empezaron la primaria en 2013, apenas diez llegaron al final de la secundaria en 2024 “en tiempo y forma”. Sol Alzú es analista de datos de Argentinos por la Educación. “En la primaria, los resultados más antiguos que tenemos vienen de las pruebas de la Unesco que nos mostraban que en el año 1997, Argentina estaba segunda en la región en las evaluaciones de lectura, solamente por detrás de Cuba, mientras que hoy en día estamos en el puesto número 10”. Si bien hay discusiones sobre la relevancia de los métodos estandarizados de evaluación, el diagnóstico general no es optimista. Los números muestran que la escuela en Argentina logra retener a los estudiantes, pero tiene dificultades para que alcancen la formación esperada, con diferencias grandes entre distintos sectores socioeconómicos.

Gallo, de 33 años, fue liberado este domingo en Venezuela, llegó a Buenos Aires en un avión privado gestionado por la Asociación de Fútbol Argentino. Cabo primero de la Gendarmería General, Gallo estuvo detenido desde diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela por vía terrestre desde Colombia. De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. La pesadilla para Nahuel Gallo concluía 448 días después de que el gendarme argentino fuese detenido en Venezuela cuando cruzaba la frontera por vía terrestre para encontrase con su esposa e hijo. Atrás quedan 14 meses de aislamiento total con sus familiares, quienes nunca cesaron de luchar junto a los principales organismos de derechos humanos de la región hasta que fue liberado. Para Carlos Varela Álvarez, abogado del cabo argentino, la contingencia familiar fue determinante para derivar en su excarcelación.  "La situación de Nahuel Gallo ha sido diferente de los otros ciudadanos argentinos que fueron secuestrados por el Gobierno de Venezuela. Su liberacion fue fruto de muchas presiones por parte de todos: su familia, fundamentalmente, su esposa, su madre, su suegra, una persona ya mayor, abogada que estaba en Venezuela y ha hecho una labor increible. Ese es el núcleo central. Luego, tambien el Gobierno argentino, seguramente también el de Estados Unidos y otras entidades, últimamente, la AFA. Nahuel Gallo ha sido una causa nacional". Gallo llegó a Buenos Aires de madrugada a través de un avión fletado por la AFA (Asociación de Futbol Argentino) y fue recibido por su esposa y su hijo de tres años. Ahora, la prioridad será su recuperación física y emocional tras estos meses de cautiverio. "Empieza una etapa lenta, sensible, de contención familiar y psicológica. Lo que mejor me parece es una etapa de silencio. Una persona que ha sido sometida a este tipo de presión no puede salir a la luz pública por el momento". De los cinco presos políticos argentinos en Venezuela ya sólo queda uno por ser liberado. Se trata del abogado Germán Giuliani, quien permanece privado de su libertad desde mayo de 2025.    Leer tambiénEscalada diplomática entre Argentina y Venezuela por detención de gendarme

El 1 de marzo, centenares de campesinos y campesinas Lencas de Honduras celebraron la memoria de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa, mientras se oponía al concesionamiento de los ríos de su territorio. RFI viajó a La Esperanza, la ciudad más alta de Honduras, para asistir a las conmemoraciones. Estas fueron marcadas por los hallazgos de una investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de la trama que financió el crimen. Nuestra corresponsal, Celia Pousset, entrevistó a Berta Zúñiga Cáceres, una de sus hijas y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Entre las montañas de la paz, el olor a pino y a copal, la voz de Berta Cáceres sigue resonando con fuerza. Incluso los jóvenes que no la conocieron, saben qué hizo para el territorio Lenca. Es el caso de Teo, de 24 años. "Berta para mí es una mujer luchadora. Nosotros, antes, no conocíamos lo que era defender los bosques, defender los ríos y todo eso. Berta lo que hizo en mi comunidad fue defender un río porque ahí querían hacer una represa, pero gracias a la lucha, al impulso que Berta hizo a las comunidades y a las personas, luchamos y ahora este río es libre, todas las personas pueden bañar, pueden pescar y todo ahí vivir bonito", agregó el jóven. 10 años después, 8 personas han sido encarceladas. Entre ellas, David Castillo, el entonces gerente de DESA, la empresa a la cual se enfrentó Berta Cáceres. Sin embargo, los dueños del conglomerado industrial no han sido acusados. Berta Zúñiga, hija de la defensora, apunta a la red de corrupción que pagó a los sicarios. "Se identifican a miembros de la familia Atala Zablah como personas que tenían el dominio y el control de todo lo que pasaba en la empresa DESA (administradora del proyecto de represa Agua Zarca), de sus decisiones, y también de varios delitos financieros encontrados. En la trazabilidad de los fondos resulta que estos provienen de bancos y fondos de desarrollo, con los cuales se financió el asesinato de mi madre", indicó. El FMO, banco de desarrollo de los Países Bajos, que el COPINH denunció formalmente por los hechos. El Banco Centroamericano de Integración Económica también está señalado. A pesar del dolor, la conmemoración no es un ritual de muerte, sino de vida y resistencia, recuerda Berta Zuniga. "Hace 10 años nosotros pusimos su cuerpo bajo la tierra, es una semilla que ha dado frutos y que se multiplica en distintos territorios. Nos vinculamos al sol, levantamos nuestras manos, levantamos nuestra fuerza, levantamos nuestro movimiento rebelde, revolucionario y guerrero", señaló. En los últimos 10 años, 103 defensores de la tierra han sido asesinados en Honduras.

Con el argumento de reducir costos y simplificar el sistema político, el Gobierno de México presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. La propuesta plantea recortar en una cuarta parte el gasto del sistema, disminuir el número de legisladores y modificar el método para elegirlos. Para el politólogo de la UNAM, Francisco Reveles, si se aprueba, la consecuencia práctica podría ser un “regreso” a la lógica del partido hegemónico que caracterizó al PRI durante décadas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsa así una reorganización del sistema electoral mediante un proyecto que ha generado polémica y que, según críticos, podría traducirse en una menor representación de la oposición en el Poder Legislativo. Desde su fundación en 1946 y hasta 1997, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. No fue sino hasta 1977, con la creación de la representación proporcional —es decir, las curules asignadas según el porcentaje de votos obtenidos—, cuando la oposición comenzó a ganar una presencia más visible en el Congreso. Ese es, precisamente, uno de los mecanismos que la iniciativa de Sheinbaum busca modificar. Francisco Reveles, académico de la UNAM, advierte sobre las posibles efectos de este cambio. "Por ejemplo, en el caso de la Cámara de Senadores, según la propuesta de reforma electoral, quienes llegarían al Congreso serían muy probablemente los legisladores de Morena. Son ellos quienes han ganado la mayoría de las entidades del país en las elecciones recientes. La propuesta reconoce 32 senadurías de primera minoría, pero esa primera minoría podría corresponder a un partido aliado de Morena, no a uno opositor. Eso nos regresaría al periodo del partido hegemónico, como ocurrió con el PRI, cuando prácticamente no existía competencia real. Y cuando comenzó a abrirse la representación, ingresaban uno u otro partido. Pero, francamente, el Senado es el órgano con menos pluralismo en toda la historia política de México", subraya. "Es una medida políticamente correcta"  La Cámara de Diputados conservaría sus 500 integrantes: 300 de mayoría relativa, como hasta ahora, aunque se plantean cambios en los 200 de representación proporcional, entre ellos la creación de ocho curules destinadas a mexicanos residentes en el extranjero. "Esa es una medida políticamente correcta, porque reconoce ese derecho, pero la verdad es que no ha tenido un impacto relevante. El activismo que pueden realizar los partidos fuera de México es limitado, y tampoco ha habido un gran interés de los mexicanos en el exterior por participar. Eso es lo que revelan los datos electorales", señala Reveles. El investigador considera, no obstante, que algunos puntos del proyecto podrían enfrentar obstáculos en el Congreso, ya que, además de la oposición, ciertos aliados de Morena han manifestado reservas. "En lo que se refiere a la integración del Congreso y al financiamiento público de los partidos, creo que esos dos temas no van a prosperar. Morena necesita el apoyo del PT y del Partido Verde, y esos grupos no están de acuerdo, porque serían los principales afectados", concluye. La propuesta, compuesta por diez puntos, será enviada al Congreso el próximo lunes 2 de marzo.

Archivos desclasificados en Estados Unidos vuelven a poner bajo la lupa una presunta red de abusos sexuales a menores y pornografía infantil con víctimas centroamericanas. En Honduras, autoridades y organizaciones civiles esperan que las revelaciones vinculadas al caso Epstein permitan esclarecer los hechos. La periodista de RFI Celia Pousset entrevistó en ese país a Dunia Orellana, de Reportar Sin Miedo, y al defensor de los Derechos de la Niñez, Wilmer Vásquez.  En 2019, un agente del FBI afirmó haber localizado en una bóveda en México unos 10.000 videos de pornografía infantil con menores de Guatemala, Honduras y México. El hallazgo se habría producido gracias a un informante vinculado al caso Epstein. Sin embargo, la denuncia no prosperó. Tras las recientes revelaciones en Estados Unidos sobre el pedocriminal, autoridades y ONG hondureñas se han movilizado. El informante del FBI, Kenneth Turner, sería la única persona que afirma haber visto físicamente los 10.000 videos. El material nunca fue incautado ni difundido públicamente. Pero Dunia Orellana, integrante de Reportar Sin Miedo, tuvo acceso a archivos vinculados a esas revelaciones, las cuales se remontan a 2019 y fueron desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre los documentos figuran correos electrónicos, testimonios y reportes del FBI. En algunos de esos documentos desclasificados se menciona a un exembajador, Anthony Wayne, señalado por haber embarazado a una niña de once años en una propiedad del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Los archivos también apuntan a la explotación y abuso de miles de niñas centroamericanas en el marco de una red transnacional de trata de menores. Desde una oficina en San Pedro Sula, Dunia Orellana pasó días revisando los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según explica, encontró 164 menciones a Honduras, además de varios reportes alarmantes. Miles de videos de abusos a menores y pornografía infantil  "En esos documentos figura uno de los correos del informante del FBI en el que habla de 10.000 videos de niñas de Guatemala, Honduras y México, posiblemente también de otros países de Sudamérica, todas ellas víctimas de trata de menores. Dice que hay imágenes literalmente de pornografía infantil en las que se muestran diferentes tipos de abusos. Jeffrey Epstein habría contratado a alguien para que obtuviera esas imágenes", explica Orellana. Wilmer Vásquez, director de la Red de Instituciones por la Niñez y Adolescencia, no se muestra sorprendido por estas revelaciones. "Quienes hemos trabajado el tema de la pornografía infantil no podemos pensar que se trate de una conspiración. Estamos ante hechos reales. Esto es un negocio. Cuando se trata de dinero y poder, se recurre a lo que sea necesario. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes de los que no existe ningún registro. ¿Dónde están? ¿Con quién están? No lo sabemos", afirma Vásquez. Migrantes o no, secuestradas o explotadas, aún no se sabe cómo estos menores terminaron apareciendo en los videos. "Es probable que muchos de los videos hayan sido grabados en Honduras. Estamos hablando de una estructura criminal transnacional, de redes que operan en distintos países. No descartamos que muchas de estas niñas, niños y adolescentes hayan sido secuestrados con estos fines y aparezcan en esos materiales. Esta problemática la enfrentamos desde hace décadas. Uno de los principales riesgos para las personas migrantes es precisamente ese: ser secuestradas para la esclavitud laboral o la explotación sexual comercial, incluida la pornografía", subraya. Dunia Orellana asegura que continuará publicando investigaciones a partir de los archivos Epstein. El objetivo, dice, es no dejar en el olvido a las víctimas anónimas detrás de estos hallazgos. "Cuando te das cuenta de que en tu país utilizaron a muchas niñas para producir estos videos y que pudieron haber sido víctimas directas, sentís mucha pena, pero también mucha rabia", concluye. En 2025, el Ministerio Público hondureño registró 74 casos de trata en la modalidad de pornografía infantil.

La Corte Suprema de Brasil ha condenado a 76 años de prisión a los exparlamentarios Iquino y Domingos Brazao por ordenar el asesinato de la concejala y activista Marielle Franco en 2018. Este fallo histórico vuelve a exponer los nexos entre poder político y crimen organizado en Río de Janeiro. Ubaldo Bravo recogió la reacción de Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Con información de nuestro corresponsal en Río, Johan Royo. La Corte Suprema de Brasil condenó a 76 años de prisión a cada uno de los veteranos políticos de Río de Janeiro, los hermanos Iquino y Domingos Brazao, declarados culpables de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco. La sentencia, aprobada por unanimidad, incluye los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal. Además, deberán indemnizar a los familiares de la activista con 7 millones de reales, más de un millón de euros. Ambos —uno exdiputado federal y el otro juez del Tribunal de Cuentas de Río— formaban parte de las mafias que dominan amplias zonas de las barriadas cariocas, conocidas como "milicias". El activismo de Marielle Franco, recién llegada a la política, se había convertido en un obstáculo para sus intereses ilegales. En la misma sentencia fueron condenados dos expolicías que trabajaban junto a los Brazao y un personaje clave en toda la trama: el comisario Rivaldo Barbosa. Este último fue durante años el responsable de la investigación del caso, aunque con el tiempo se descubrió que actuaba a sueldo de los Brazao para obstaculizar las pesquisas y garantizarles impunidad. Barbosa fue condenado a 18 años de cárcel por obstrucción a la justicia. El asesinato de Marielle Franco conmocionó al país y se convirtió en símbolo de violencia política y resistencia para la izquierda brasileña. Los autores materiales del crimen —Roni Lessa y Elcio de Queiroz— fueron condenados en 2024 y cumplen penas de 78 y 59 años de prisión. Marielle Franco era concejala municipal de Río de Janeiro, activista negra y lesbiana, y una de sus principales luchas fue frenar la expansión de las milicias en las favelas. La sentencia fue recibida con una mezcla de emociones, tal como explicó a RFI Paulo Cesar Carbonari, miembro de la coordinación del Movimiento Nacional de Derechos Humanos: Sentimientos encontrados  "Es una reacción un poco contradictoria porque, por un lado, vibramos, estamos muy felices por este resultado. La Corte Suprema ha reconocido que hubo un crimen muy serio y muy grave en el que estuvieron involucradas autoridades de alto rango. Por otro lado, constatamos con tristeza que este caso demuestra la relación muy integrada entre autoridades políticas, incluidas autoridades de investigación, con la delincuencia". Durante el juicio, el abogado de Chiquinho Brazao intentó relativizar la gravedad de los hechos afirmando: "Quien hace política en Río y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra". La defensa reavivó así el debate sobre la penetración del crimen organizado en la vida política de la ciudad. Casi ocho años después del asesinato, la situación de Río de Janeiro continúa deteriorándose, según Carbonari: "Todo indica, por todo lo que hemos visto, incluyendo la masacre que ocurrió en octubre del año pasado [megaoperación policial en dos favelas de Rio que dejó entre 119 y 132 muertos, la más letal en la historia de Brasil], que esta situación no solo siguen, sino que empeorará mucho. Hay una relación cada vez más fuerte entre las autoridades y el crimen organizado, es decir, las milicias". El asesinato de Marielle Franco no es un caso asilado  Carbonari considera que "la triste, injusta y trágica historia de Marielle Franco" refleja la realidad de muchas otras personas en Brasil que alzan la voz contra la injusticia: "La muerte de Marielle Franco, así como el proceso judicial, demuestran que la agresión y la violencia en Río no golpean a todos por igual. Marielle era una mujer negra, pobre, que actuaba en favor de poblaciones de escasos recursos. Y cuando alguien, no solo por provenir de esas poblaciones, sino por defenderlas, es atacado, sufre la violencia. Lo que ocurrió a Marielle es, infelizmente, una práctica común para muchas personas defensoras de derechos humanos en el país". Los hermanos Brazao "no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de un caso que sacudió a Brasil. Según la Corte, el asesinato de la concejala fue un “recado” dirigido a la clase política carioca. Al conocer la sentencia, los familiares de Marielle reaccionaron con llanto y abrazos al cierre del juicio, que comenzó el martes en Brasilia.