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Cuba está al borde del colapso, después de que el Gobierno de Estados Unidos le haya cortado el suministro de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro. Washington ha anunciado que enviará ayuda y culpa de la situación al régimen cubano. La oposición cubana denuncia una situación extrema que el Gobierno usa para acallar las críticas con una mayor represión. El líder opositor cubano Manuel Cuesta Morua vive en un barrio popular de La Habana, donde ve el día a día de la gente, que ya vivía en condiciones precarias y desde hace semanas trata de sobrevivir, entre cortes de luz y falta de alimentos. “Vivimos ahora en un puro sobresalto” “La situación es bastante difícil, bastante complicada realmente en este minuto para todos nosotros, para el pueblo cubano. Lo que ha sucedido en estos días es un recrudecimiento del colapso, y al mismo tiempo de la capacidad de la gente de darle cierta normalidad a la vida cotidiana”, explica a RFI. “Vivimos ahora en un puro sobresalto, tratando mucha gente de ver qué consigue para alimentarse al otro día, cómo puede llegar a su centro laboral. Es decir, es una situación estresante que se superpone a la situación realmente anormal de Cuba”, precisa Cuesta Morua. Estados Unidos cree que Cuba es una amenaza por ser aliada de China o Irán. La Habana acusa a Washington de querer asfixiar a los cubanos. Pero el opositor considera que “la gente está más enfadada con el régimen. No creo que a estas alturas estén tan enfadados con Estados Unidos, porque han pasado ya varios años en los que la gente ha venido despertando”. “Te pongo una fecha de julio de 2021. Hace cuatro años la gente se ha venido dando cuenta de que quien pone obstáculos en el camino del bienestar de los cubanos y de la posibilidad de los cubanos es fundamentalmente el mismo Gobierno. Los comentarios, por ejemplo, en la calle, se pueden resumir en una palabra, la que más yo he escuchado: es una vergüenza nacional este Gobierno”, agrega. “El Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento” Manuel Cuesta Morua denuncia que el régimen está aprovechando el momento para aumentar la represión e intimidar a los opositores: “La libertad que más me coartan es la libertad de movimiento. En alguna otra ocasión el Gobierno me detiene o sitia la casa, rodea la casa”, cuenta. “Pero no es sencillo para el Gobierno acallar una voz ya reconocida. Ellos ya le dan con mucha más fuerza a voces que comienzan a levantarse. No son totalmente reconocidas y el Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento. Justamente quienes más van a prisión no son activistas reconocidos de la sociedad civil, sino ciudadanos comunes que ejercen sus libertades de expresión”, subraya el opositor. Según él, podría haber pronto protestas extendidas a lo largo del país, como ya ocurrió en 2021.

Mientras Washington afirma que las conversaciones con La Habana ya han comenzado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos. Sin embargo, el investigador Sebastián Arcos advierte que, lejos de abrir una auténtica vía de negociación, el régimen cubano se estaría exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos. Mientras Estados Unidos viene diciendo que las conversaciones con Cuba ya empezaron, el presidente Díaz-Canel anunció la víspera la disposición de su país a dialogar con Washington. Desde La Florida, el investigador Sebastián Arcos dijo a RFI que el régimen cubano "se expone a una intervención militar como la que terminó con la captura de Maduro el 3 de enero". Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el flujo de dinero de Caracas hacia la isla, el presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana. El presidente cubano admite que la isla atraviesa una crisis económica y energética, lo que obligará a aplicar ajustes y racionamiento a una población ya golpeada por los apagones y la falta de agua y alimentos. Aunque Washington sostiene que las conversaciones con La Habana ya comenzaron, Díaz-Canel dijo la víspera que estaba a favor de un diálogo con Estados Unidos "sin presiones ni injerencias". Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de La Florida, se muestra escéptico frente a esa posibilidad de diálogo. "Es falso que La Habana quiera dialogar" "Que ellos [las autoridades cubanas] digan que están dispuestos a dialogar, eso es falso. Ellos quieren únicamente que [los Estados Unidos] les hagan concesiones, que les levanten las sanciones económicas y que los dejen tranquilos, que los dejen violar los derechos humanos de la población cubana, que los dejen robarse todo el dinero que le corresponde a los cubanos", dice Arcos. La situación en Cuba ha empeorado tras la caída de la ayuda de Venezuela, un aliado estratégico para La Habana que, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Caracas. La isla se encuentra al borde del colapso humanitario, según la ONU. "Ahora el que tiene la sartén por el mango es Estados Unidos, no el régimen cubano. Si los cubanos deciden no sentarse a conversar en serio con Estados Unidos, dentro de cuatro semanas se quedan sin combustible y el país se apaga. Cuba no es Irán, un país que se encuentra del otro lado del planeta. Cuba está a escasas 90 millas de Estados Unidos. Hay una flota estadounidense ahora en Irán dispuesta a castigar a Irán por haber matado a más de 10.000 personas, casi todos muchachos jóvenes, incluso de 17 años. Eso podría suceder mañana en Cuba. Y la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente [en Cuba] sería irresistible". "Cuba está llamando a una intervención militar"  Donald Trump ha intensificado sus amenazas contra Cuba tras la caída de Nicolás Maduro y ha reiterado que podría imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla. Para Arcos, La Habana se está colocando en una situación similar a la que precedió la intervención en Venezuela. "Si Estados Unidos considera que el régimen cubano no se está moviendo en la dirección en la que tiene que moverse, tal vez ese país tenga que hacer un recordatorio como el que ocurrió en Venezuela el 3 de enero. Si mañana el pueblo de Cuba se tira a las calles a pedir cambio de régimen y el régimen decide matar a los manifestantes, se está exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos. De hecho, Cuba está llamando a una intervención militar de los Estados Unidos. La salida es precisamente que el régimen cubano reconozca que está en un callejón sin salida y empiece un diálogo franco con Estados Unidos, sin condiciones, sobre un proceso de transición del actual régimen a un régimen", concluye. 

Este viernes es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Según cifras de UNICEF más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo son sobrevivientes de esta práctica que no logra ser erradicada. Colombia, es el único país latinoamericano en donde se sigue registrando casos. Colombia ostenta un triste récord: es el único país de América Latina donde aún se registra la práctica de la mutilación genital femenina (MGF). Esta intervención, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas por motivos no médicos, ha generado un intenso debate entre la autonomía de los pueblos indígenas y la garantía de los derechos humanos y la integridad de las mujeres. En entrevista para Radio Francia Internacional, Alexandra Vásquez, Representante a la Cámara por Cundinamarca (Colombia Humana - Pacto Histórico), explicó la complejidad detrás de esta realidad y los avances del proyecto de ley "Niñas sin ablación". Erradicar la ablación en Colombia no es solo una cuestión de leyes, sino de romper barreras culturales profundas. Según Vásquez, la resistencia de algunas comunidades a la intervención del Estado ha sido el principal obstáculo: "Colombia es el único país que asume la responsabilidad de que existe mutilación genital femenina. Las dificultades son varias. Se habla de las prácticas culturales; la mutilación genital femenina en muchas comunidades indígenas se ha adoptado como una práctica cultural que dificulta obviamente que estas comunidades puedan asumir que la mutilación no se debe realizar. Existe una resistencia cultural en algunas comunidades, pues tienden a rechazar también la intervención del Estado. Y dentro de esas discusiones argumentan el respeto y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos". Uno de los mayores desafíos es la falta de datos exactos. Al ser una práctica que ocurre en la intimidad de los resguardos, el Estado solo se entera cuando las niñas llegan a los centros asistenciales con complicaciones de salud. La congresista detalla la gravedad de la situación: "En Colombia es difícil tener un registro como tal. Los casos que se han venido dando es porque se detectan principalmente en hospitales o en algunas zonas del país. Se estima que para el 2023 hubo 90 casos. Es un subregistro. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre el 2013 y 2014, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, se presentaron 46 registros, de los cuales el 70% de los casos son niñas menores de un año. También se identificaron 45 niñas menores de cinco años y un adolescente de 17. Entonces, mientras estas prácticas se sigan manteniendo dentro de las comunidades indígenas, es muy difícil poder hacer un registro” Un proyecto de ley que no castiga, sino que construye Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación". Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación". A diferencia de otras leyes que buscan la prohibición a través de penas de cárcel, este apuesta por un modelo pedagógico e intercultural. El objetivo es crear un consenso entre el Estado y las autoridades indígenas para que la práctica se abandone por convicción y no por miedo a la ley. "No es una ley punitiva, sino que las comunidades puedan reflexionar sobre la situación. Se busca la creación de un comité para la erradicación de la mutilación genital femenina entre el Estado, la sociedad civil, el ICBF y, por supuesto, las comunidades, que son lo más importante para poder establecer estos planes y estas estrategias de prevención. Esto va alrededor de rutas de atención, capacitación, monitoreo y el enfoque intercultural, que es lo más importante". Tras haber superado con éxito sus primeros debates en la Cámara de Representantes en abril de 2025, el proyecto se prepara ahora para su tercer trámite en la Comisión Primera del Senado. El reto actual es que la iniciativa mantenga su prioridad en la agenda legislativa y cuente con el respaldo de la comunidad internacional para convertirse, finalmente, en Ley de la República. La voz de las mujeres Emberá El corazón del proyecto ha sido la participación de las propias mujeres indígenas, específicamente de la comunidad Emberá, quienes han decidido romper el silencio generacional para proteger a sus hijas. Alexandra Vásquez destaca este vínculo como el motor del cambio: "Yo creo que lo más bonito del proyecto de ley que hemos venido trabajando desde el Congreso de la República es la vinculación de las mujeres de la gran nación Emberá, quienes han sido las que nos han dicho: 'no queremos que a nuestras niñas les pase lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotras hemos vivido'. Una lideresa de la comunidad Emberá nos decía en el Congreso: 'No se trata de imponer, sino de caminar juntos'".

La filial de una compañía de Hong Kong, que operaba dos puertos del canal de Panamá, anunció que activará un arbitraje judicial, luego de que el gobierno panameño anulara los contratos de concesión. La decisión provocó una airada reacción de China, que advirtió que Panamá pagaría un alto precio por la medida. Por su parte, Estados Unidos aplaudió la decisión, en medio de la disputa entre ambas potencias por el control de esta vía estratégica para el comercio. Panama Ports Company sucursal de CK Hutchison Holdings va a impugnar la decisión de la justicia panameña y acusa al país de causarles grandes daños económicos y, al igual que China, de haber tomado una decisión política. “Hay cuatro contratos de concesiones portuarias, todos ellos contemplan una cláusula de arbitraje. Una cláusula que establece que el arbitraje se llevará a cabo según las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio. Lo importante en el caso de Panamá es que luego del fallo de la Corte, dado que los puertos de Balboa y Cristóbal son importantes en el movimiento portuario en Panamá se haga una coordinación, una transición que cause el menor perjuicio a los clientes”, afirma Rommel Troesch, que fue presidente de la Cámara Marítima de Panamá durante la expansión del canal. El arbitraje puede tardar años en resolverse y esto puede alterar el tránsito en un punto estratégico para el comercio mundial, y con Estados Unidos y China como principales clientes     “El tema es tan complicado por el impacto que tiene cualquier caída en la productividad de Balboa y de Cristóbal y no está del todo claro porque el Estado no ha aclarado si ya se llegó a un acuerdo con la compra del equipo móvil portuario porque frente a la declaración de inconstitucionalidad, la infraestructura física pasa al país que empieza a administrarlo. Pero el Estado no tiene equipos portuarios, un puerto no es nada más un muelle, si no se tiene el equipo móvil que mueve la carga y la descarga de los barcos, el puerto se convierte en una facilidad inerte”, teme Rommel Troesch. Por los puertos de Panamá se movieron 9,9 millones de contendores en 2025, un máximo histórico. Es el centro de trasbordo más grande de América Latina y un eje logístico vital. “Hay un golpe a la seguridad jurídica de los inversionistas y esto va a tener un impacto internacional porque todo aquél que quiera firmar contratos con el Estado tiene que meditar que esto está ocurriendo, para Panamá lo más importante es mitigar el impacto en la actividad portuaria. Balboa y Cristóbal se van a volver a licitar, es una oportunidad para un reordenamiento y hacer una oferta diferente al mercado”, insiste el ex presidente de la Cámara Marítima de Panamá. El gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reunieron la víspera por primera vez desde que Trump llegó a la Casa Blanca, tras un año de reproches mutuos y enfrentamientos. La cita se produjo un mes después de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y con temas prioritarios como el petróleo y la lucha contra el narcotráfico. Dada la historia de desencuentros y reproches mutuos, el encuentro entre Trump y Petro puede abrir la puerta para reconfigurar la relación bilateral. Isaac Morales, analista y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que esto es fruto del trabajo del equipo colombiano, que trata de mostrar los avances del país en la lucha contra el narcotráfico. "Esta reunión de Petro con el presidente Trump es importante porque es el culmen de una agenda que han tenido los equipos del Gobierno de Colombia. Al gobierno de Estados Unidos le interesa muchísimo el avance en la lucha contra las drogas, por el hecho de que Colombia para ellos sigue siendo el segundo mayor productor de cocaína en el mundo; de hecho, lo es. También ha habido unos esfuerzos institucionales bastante grandes para poder orientar la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos. Ir a Washington a vender una agenda de lucha contra las drogas implica también mostrar los avances en el programa de erradicación de cultivos, así como las incautaciones que ha habido recientemente", dice Morales. Segundo mayor productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo de coca. La lucha contra el tráfico de drogas es una de las prioridades de Trump. El petróleo es otro de los temas clave en las relaciones bilaterales que se construyan a partir de ahora. ¿Qué puede ofrecer Colombia a Estados Unidos?  "También creo que es importante lo que Colombia le puede ofrecer a Estados Unidos, sobre todo en esta dinámica de acceso a materias primas y recursos naturales, lo cual interesa al Gobierno del presidente Trump. Colombia no puede llegar al nivel de lo que puede ofrecer Venezuela en cuanto a reservas de petróleo, pues Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Colombia tiene reservas, pero no al mismo nivel. Esto va muy asociado a esos dos temas: la agenda contra las drogas y la posibilidad de obtener materias primas y recursos naturales". La cita Trump-Petro tuvo lugar cuando a Gustavo Petro le quedan solo un par de meses en el poder. ¿Qué impacto puede tener esta reunión antes de esas elecciones en las que la izquierda es favorita? "Al presidente Petro le quedan seis meses de gobierno. Si es una persona inteligente y capaz de pensar en este país como representante de este país, también podría encontrar la forma en la que podría dejar abierta la puerta para una eventual relación del gobierno Trump con el nuevo gobierno que salga elegido. En cuanto a una posible intervención en las elecciones en Colombia, no creo que sea un tema que se toque directamente diciendo que el Gobierno colombiano preferiría que no hubiera intervención. No necesariamente una intervención directa, pero sí una influencia. El tema electoral seguramente también es una preocupación de la agenda colombiana", concluye Morales. 

Con ocasión del primer mes de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, preguntamos a dos especialistas si la administración Trump está logrando las etapas que había detallado el secretario de Estado Marco Rubio para la era pos-Maduro: estabilización, recuperación económica, reconciliación y transición. Entrevistados: Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, y el diplomático Víctor Rodríguez Cedeño. El tema de la transición en Venezuela fue abordado por la jefa de la misión estadounidense en Caracas, Laura Dogu, en la reunión que sostuvo la víspera con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En una publicación en X, la embajadora Laura Dogu indicó que presentó las fases que diseñó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, para Venezuela: "estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición". Maduro fue depuesto y capturado por fuerzas estadounidenses, que bombardearon la capital venezolana y regiones vecinas el pasado 3 de enero. Un mes después, ¿se puede decir que se empiezan a observar cambios estructurales hacia la transición democrática del país? Las etapas señaladas por Rubio están teniendo "una suerte dispar", según Evan Ellis, profesor investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Dudas sobre la transición   "La estabilidad, por ahora, se ha logrado. Por ahora se ha evitado una campaña de terrorismo por parte de los criminales, los cuales podrían temer perder sus posiciones. En cuanto a la reactivación, yo creo que estamos haciendo lo fácil, es decir, entregas de petróleo, operaciones que requieren una inversión limitada, operaciones menores, etc. Vamos a ver que se realizan ciertas cosas fáciles, lo que da una apertura limitada. Pero no van a regresar los 9 millones de venezolanos, ni van a reactivar la economía, ni vamos a restaurar los 8 millones de barriles de petróleo al día prometidos por Hugo Chávez. Y en cuanto a esa tercera parte, transición, creo que esto es quizás lo más improbable. Creo que vamos a volver al juego que Jorge Rodríguez y otros ya jugaron con la administración Biden, con Juan González [principal asesor del presidente Biden para América Latina], con muchas otras personas antes, y esto desde siempre. Yo tengo mis dudas sobre hasta cuándo vamos a llegar en esta transición, lo cual es una etapa muy importante para los venezolanos". En cuanto al impacto en la región, el diplomático Víctor Rodríguez Cedeño (exrepresentante de Venezuela ante la ONU) afirma que la extracción de Maduro viene a destapar que la situación venezolana no era un problema exclusivo de los venezolanos. También ha demostrado que tiene un impacto hemisférico-regional en materia de seguridad, migración y economía. Posible impacto en Cuba y Nicaragua  "Hemos visto cómo en el proceso de democratización de la región Venezuela juega un papel importante. Ahí tenemos ya, por ejemplo, los anuncios políticos en relación con Cuba y Nicaragua. Creo que ha habido un avance importante también [con esos países]. Eso es lo que ha permitido incluso que algunos gobiernos de países como Brasil y Colombia, por ejemplo, que han sido muy radicales a favor de Maduro, no hayan sido tan críticos extremos con la posición de los Estados Unidos, la cual ha sido totalmente novedosa con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Es la primera transición, un proceso de transición inédito en el sentido de que las partes trabajan, pero es un proceso impuesto más bien por un actor externo". Desde el pasado 3 de enero, Venezuela apunta a un horizonte incierto en mitad de una fase intermedia, abierta y dependiente de los Estados Unidos. Mientras, millones de venezolanos que migraron dudan en regresar al país, planteándose si esta nueva etapa atiende realmente a una transición democrática o a una reconfiguración del poder interno.

En una entrevista con Radio Francia Internacional, el ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal de Paraguay, detalla los alcances de la nueva Ley 7513/25. Con ella se "establecen los mecanismos para promover el bienestar de los animales y el marco jurídico para su protección integral". Esta legislación no sólo endurece las penas de cárcel para los agresores, sino que cambia el estatus jurídico de los animales que dejan de ser objetos para convertirse en "seres sintientes". Con la promulgación de la Ley 7513/25 Paraguay se alinea con las tendencias globales de derecho animal al reconocer legalmente que los animales no son cosas, sino individuos con capacidad de sentir. El ministro Héctor Luis Rubín, director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, explica que este logro es el resultado de un intenso trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, legisladores y organizaciones civiles. Sin embargo, el camino no fue sencillo, especialmente al intentar introducir el concepto de "sintiencia" en el debate legislativo. Uno de los pilares de esta ley es la declaración de los animales como seres "sintientes", un término que enfrentó resistencia inicial en el Congreso. Según explica Rubín, este cambio terminológico tiene implicaciones legales profundas: "En la primera propuesta que hicimos nosotros en la dirección pusimos 'seres sintientes' y se nos pidió poner realmente luego 'seres vivos a los cuales hay que proteger del dolor', porque no querían en principio poner seres sintientes. Por fin logramos que en la ley sean declarados así. Esto en un estatus jurídico transforma a los animales: en lugar de objetos, son sujetos de derecho. Por ejemplo, a la hora de un maltrato, no solo tenemos en cuenta el daño físico, sino también valoramos el terror que pueden haber pasado, la ansiedad prolongada y el hecho de que son conscientes de su entorno. Seres sintientes significa que se valora si tienen el hábitat correcto, si pueden respirar, que no estén atados bajo el sol, la lluvia o el frío. No estamos 'humanizando', estamos reconociendo algo que es real y está comprobado: sienten, padecen, sufren y tienen ansiedad". La nueva legislación paraguaya establece una estructura de sanciones que distingue entre faltas administrativas y delitos penales. Mientras que la Dirección Nacional se encarga de las multas en casos leves, los episodios de crueldad extrema o muerte ya son competencia de la justicia penal, con penas que pueden alcanzar los seis años de prisión. "Esta Ley 7513/25 es como si estuviera dividida en dos partes. En las sanciones leves o menos graves, nosotros como dirección aplicamos directamente el expediente sancionador con multas administrativas. Cuando hablamos de crueldad extrema o gravedad, donde termina falleciendo el animalito, ya pasa al Ministerio Público. La Fiscalía asume el rol de ordenar detención, imputación y pedir elevar a juicio. En este momento, está estipulado que hay diferentes penas: dos años, cuatro años con agravantes y, con la muerte del animalito, son seis años de cárcel. Lo que nosotros demandamos ahora es ver efectivamente en la cárcel a los maltratadores y asesinos; eso todavía es una deuda pendiente". Registro de agresores y educación obligatoria Más allá del castigo, en Paraguay se busca prevenir la violencia. Se ha creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, basándose en la premisa de que quien maltrata a un animal es un peligro potencial para la sociedad en general. Además, la normativa obliga a incluir el bienestar animal en el sistema educativo nacional. "Hemos creado el primer Registro Nacional de Agresores de Animales, donde van a parar todas las personas que hayan sido sentenciadas o sancionadas. Buscamos prevención y control; el que maltrata a un animal está a un paso, si no lo hizo ya, de maltratar en el entorno familiar o social. No se puede separar el maltrato animal del maltrato general. Además, hemos logrado que en el artículo cinco de nuestra ley sea obligatorio hablar y poner como materia el bienestar animal en toda la extensión educativa del Paraguay. Toda la malla curricular paraguaya, ya se está trabajando con el ministerio de educación, tiene que incluir el bienestar animal desde los niños hasta los más adultos". Bienestar en animales de consumo y el fin de los espectáculos crueles La ley no se limita a perros y gatos. Aunque existe otra institución para el ganado, la Dirección de Bienestar Animal ahora tiene el mandato de vigilar que los animales de producción sean tratados con dignidad, incluso en el transporte y el sacrificio. Por otro lado, el ministro Rubín fue enfático en su postura contra las tradiciones que implican sufrimiento, como las corridas de toros o las peleas de gallos, las cuales espera que sean prohibidas bajo el amparo de esta nueva visión legal: "Nosotros creemos realmente que todo lo que tenga que ver con la corrida de toros es maltrato. Si estás declarando a los animales seres sintientes, la diversión de los humanos no quiere decir que ellos se diviertan. Para nosotros, ellos pasan estrés, sufrimiento y miedo. Estamos luchando fervientemente para que lo que ya existe hoy en día sea derogado. No somos partidarios de que los animales sean utilizados en espectáculos públicos. Eso de que no sufren no lo creo; no hay casi ningún veterinario que certifique eso. Nuestros veterinarios han documentado cómo pasan terror ante estos espectáculos". Conozca la ley 7512/25 de Paraguay: 

La candidata favorita para las presidenciales de este domingo en Costa Rica, Laura Fernández, inquieta a ciertos sectores de la sociedad por el carácter populista de su campaña, centrada en la seguridad, la Iglesia y la familia, si bien numerosos electores están de acuerdo con la "mano dura" que propone, en particular, su proyecto de megacárcel. Informe desde Costa Rica de Marie-Aimée Copleutre, corresponsal regional de RFI. Costa Rica acude a las urnas este domingo. Un total de 3,7 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir presidente y a los 57 diputados del Poder Legislativo. En la contienda participan 20 candidatos, entre ellos la oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, representante de la derecha conservadora y favorita en los sondeos. Es considerada como la heredera política del presidente saliente, Rodrigo Chaves. Según la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Laura Fernández lidera la intención de voto con un 43,8 %. Aunque no se descarta una victoria en primera vuelta, la elección sigue abierta y el país aparece dividido en torno a su candidatura. Además, algunos sondeos advierten sobre una posible alta abstención. Hace cuatro años, esta alcanzó el 43 %, una cifra histórica en el país. Se trata, por tanto, de una elección marcada por la incertidumbre, con cerca del 30 % del electorado aún indeciso. En las calles de San José, algunos capitalinos aseguran que votarán por la candidata oficialista. Es el caso de Bryan. "Lo que he escuchado es que es la candidata que más promete. Y sí, yo siento que hace falta un cambio, porque vamos de mal en peor". El modelo Bukele se mete en la campaña  Cada vez más costarricenses denuncian el deterioro de los servicios públicos y el aumento de la violencia. En seis años, la tasa de homicidios pasó de 11 a 17 por cada 100.000 habitantes. En este contexto, la candidata oficialista apuesta por replicar el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, incluida la construcción de una megacárcel. Una postura que cuenta con el respaldo de parte de la población, como Patricia: "Todos estamos de acuerdo en que se haga [la megacárcel]. Lo que queremos es que se ponga mano dura. Hay que hacer algo". Este posible giro político genera preocupación entre las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en particular los movimientos LGBTIQ+, que denuncian un clima de opresión bajo el actual gobierno. Francisco Madrigal Ballesteros, director del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ+ para Centroamérica, explicó a RFI: "Los gays y las lesbianas en Costa Rica hemos sentido en estos cuatro años, siendo costarricenses, un deterioro muy agresivo. Hay mucha violencia contra las poblaciones LGBT y esa violencia se ha incrementado. El odio, la discriminación y la xenofobia han aumentado en Costa Rica paralelamente al auge de estos discursos de odio". El sector turístico, que representa cerca del 8 % del PIB, también se mantiene en alerta. Para Eric Gómez, gerente de una empresa turística familiar, Laura Fernández carece de un plan sólido para esta actividad clave de la economía. "Laura Fernández, desde el oficialismo, habla de que va a ayudar mucho al turismo, pero en este gobierno eso no se refleja. Nosotros no vemos esa ayuda y esto nos está perjudicando mucho. Antes teníamos dos o tres personas más trabajando con nosotros. Hoy estamos obligados a hacerlo todo y no podemos pagar un salario más, porque el dólar ha bajado mucho. Hemos perdido alrededor de un 30 % del valor del dólar frente al colón y eso nos afecta gravemente", concluye.

La candidata oficialista de derecha Laura Fernández, apoyada por el presidente costarricense Rodrigo Chaves, es la favorita para imponerse en las presidenciales del domingo 1° de febrero, una elección marcada por los temas de seguridad y violencia. Fernández podría ganar en primera vuelta, aunque nuestros entrevistados, los politólogos Ilka Treminios y Ronald Alfaro, estiman que nada está escrito.  Este domingo Costa Rica celebra comicios para elegir presidente y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa. Hay un abanico de 20 candidatos, pero la favorita según las encuestas es la candidata oficialista Laura Fernández, que registra un 43,8 % de intención de voto, según una reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Ese dato es monumental para un país de 5,2 millones de habitantes, donde con una mayoría relativa del 40 % en las urnas se puede acceder a la presidencia. La analista política Ilka Treminios, profesora de la Universidad de Costa Rica, estima que el rol del presidente saliente Rodrigo Chaves en la popularidad de Fernández explica en buena medida ese favoritismo. Fernández, arrastrada por la popularidad de Chaves  "Laura Fernández tiene la ventaja de que el presidente Chaves está cerrando el periodo de gobierno con una popularidad elevadísima, prácticamente nunca vista. Además, tiene una ventaja adicional: la Presidencia ha puesto a disposición [de ella] recursos tanto del poder como institucionales a favor de la campaña. [Ha habido] apariciones públicas de respaldo del presidente, así como de otras figuras clave de este Gobierno, que también gozan de mucha popularidad. Adicionalmente, hay un llamado de parte del Ejecutivo desde hace muchos meses para que las personas voten y elijan 40 diputados afines. Se busca crear un efecto arrastre, un escenario de mayoría legislativa, que en el caso costarricense hace muchísimos años no tenemos, pues siempre contamos con una Asamblea muy fragmentada", concluye Treminios. La candidata de derecha Fernández ha prometido mano dura en materia de seguridad, pero no es la única. La lucha contra la violencia y el crimen organizado ha sido el eje principal de esta campaña. Costa Rica, que fue durante años uno de los países más seguros de Latinoamérica, registra ahora una media de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras cercanas a las de Guatemala o Brasil. El investigador y politólogo Ronald Alfaro destaca el rol del narcotráfico en este giro para la nación centroamericana. Costa Rica vive una crisis de violencia e inseguridad  "Costa Rica enfrenta actualmente una crisis de violencia e inseguridad que se refleja, sobre todo, en el aumento de homicidios. A esto se suma la presencia creciente del crimen organizado y el trasiego de drogas, fenómenos que antes no tenían el peso que tienen hoy en el país. En el pasado existía principalmente un mercado local, pero ahora Costa Rica no solo funciona como punto de tránsito para el narcotráfico internacional, sino que también se ha convertido en territorio donde se mueve y distribuye droga. Esta situación ha puesto en serios aprietos a las autoridades. El Gobierno no ha logrado articular una estrategia efectiva para enfrentarlo, aunque sí ha mostrado habilidad para desviar la atención pública hacia otros temas, especialmente de cara a las próximas elecciones".  Una continuidad que parece posible según las encuestas, pues detrás de Fernández hay candidatos con apenas un 5 % y un 8 % de intención de voto. No obstante, ambos analistas coinciden en que nada está dicho y que el porcentaje de indecisos, estimado en un 30 %, aún podría hacer la diferencia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo una audiencia en el Senado este miércoles para brindar declaraciones sobre Venezuela tras la intervención del pasado 3 de enero. El republicano aseguró que los planes en el país hacia una transición democrática iban más rápido de lo esperado, aunque algunos analistas se muestran escépticos. El plan de Estados Unidos para Venezuela está claro, según las palabras del secretario de Estado Marco Rubio ante el Senado. Washington permitirá que el país sudamericano venda pronto petróleo y esos ingresos estarían dedicados a cubrir los costos de la policía, atención médica y otros servicios. Eso sí, bajo la supervisión del Gobierno estadounidense, que además controlaría a corto plazo los fondos para garantizar la estabilización del país. “No hay interés de empujar esta transición” En poco tiempo “estamos más avanzados de lo que esperábamos”, señaló Rubio al mostrar una confianza total en dicho plan. Pero analistas geopolíticos, como Solange Márquez, profesora de la UNAM de México, aseguran que esta transición hacia la democracia aún está lejos. “Creo que no está en las prioridades de Estados Unidos hoy la transición a la democracia en Venezuela. Y creo que el hecho de que Estados Unidos haya precisamente priorizado el mantener a este gobierno interino y la relación económica y energética con Venezuela, nos da precisamente esa pauta. Creo que no hay interés, por lo menos en el mediano plazo, de empujar esta transición”, estima Márquez. En efecto, el llamado gobierno interino de Venezuela es el mismo de Nicolás Maduro, acusado de fraude en las pasadas elecciones. “Hoy vemos que no hay justificación” De momento, se ven avances en la liberación de presos políticos y poco más, indica Márquez, quien recuerda que la intervención estadounidense en Venezuela es inédita no solo por la operación en sí, sino por su mecanismo de control. “Sí, ha habido control por parte del Gobierno de Estados Unidos en ciertas intervenciones que se han dado, Afganistán, por ejemplo, Irak también. Sin embargo, no de una manera tan abierta, no de manera tan tácita. Cambia la narrativa de parte del Gobierno de Estados Unidos: en los otros momentos históricos que hemos vivido de intervención de Estados Unidos, ha tenido en muchos casos resultados desastrosos, pero ha tenido una cierta justificación”, considera la analista. “Hoy vemos algo muy distinto, hoy vemos que no hay justificación, pero tampoco hay un interés de parte del Gobierno de Estados Unidos de justificar esta intervención y, muy por el contrario, de sí establecer claramente que ellos son los que están mandando, especialmente por parte del propio presidente Donald Trump”, subraya Márquez. Los demócratas y algunos republicanos presionaron a Rubio para obtener más respuestas sobre el manejo del crudo venezolano, temiendo que dicha política esté condenada al fracaso. Mientras tanto, Rubio descartó otro tipo de intervención, destacando las buenas relaciones con la exvicepresidenta de Nicolás Maduro.

El político de derecha apoyado por Donald Trump, Nasry Asfura, asumió este 27 de enero como presidente de Honduras. Se comprometió a reactivar la economía con austeridad y combatir la inseguridad, aunque no mencionó ni la lucha anticorrupción ni el narcotráfico. Dos grandes lastres que enfrenta la nación centroamericana. Honduras se encuentra en la lista de países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 23 por cada 100.000 habitantes. Aunque es baja en relación a las registradas en años anteriores, la nación sigue sumergida en una ola de violencia con bandas criminales y extorsiones. Ganar la confianza de los hondureños Al asumir, Nasry Asfura prometió seguridad, pero no mencionó dos ámbitos claves: la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Una corrupción que sacudió por años su partido político, por lo que ganar la confianza de los hondureños será clave. “Recordemos que el proceso electoral no fue lo mejor. Fue un proceso precario en la seguridad del manejo de los resultados, de los datos, pues se ha creado un ambiente no bastante positivo, diría, para el electorado, cuestionado por el Partido Liberal en sus resultados. Yo creo que el presidente va a tener que crear confianza rápidamente”, señala el economista y político José Luis Moncada. Según se lee en la posesión de Asfura, su principal objetivo es mejorar la economía con austeridad, empleo y atrayendo la inversión, indica el analista político Sergio Vélez: “La condición con la cual está iniciando es trabajo, trabajo y más trabajo. Buscar un impulso en cuanto a las situaciones del turismo, traer inversión extranjera, llevar el proceso de devolverle a ese grupo necesitado, como son los jóvenes, la oportunidad de un empleo digno, y buscar en alguna medida depurar el Estado”. “Un nuevo bipartidismo” Aunque el aliado de Trump ganó los comicios con una débil mayoría legislativa, una alianza con el Partido Liberal de su excontrincante Salvador Nasralla parece que le asegurará gobernabilidad: “La elección del presidente del Congreso, Tomás Zambrano, fue el resultado de una negociación con el Partido Liberal, que tiene 41 diputados. Ellos tienen 49. Esto suma en 90 votos que hacen una mayoría simple para poder aprobar muchos decretos”, precisa Moncada, que también pertenece a este partido. “Depende de la agenda que se tome. Yo diría que se va a tener que mantener un diálogo permanente, a ver cuánto dura la luna de miel y esperamos que realmente haya una madurez política entre lo que yo llamo un nuevo bipartidismo”, agrega. Asfura gobernará Honduras hasta 2030 y son muchos los retos, pero de momento parece que se concentrará en la recuperación económica y en ganar la confianza, tras unos comicios llenos de acusaciones. 

El presidente estadounidense Donald Trump bajó el tono este 26 de enero ante la tensa situación en el estado de Minesota, y aseguró que no quiere gente "herida o muerta" durante las protestas, aunque pidió que cesen "la resistencia y el caos". Con la AFP y entrevistas de Carlos Pizarro Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, Trump anunció en su plataforma Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minesota, Tim Walz y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y prometió diálogo. "Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", dijo en alusión al gobernador. Trump también anunció el envío de su "zar" contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación. Homan, un veterano del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se reunirá el martes con el alcalde de Mineápolis, Jacob Lawrence Frey, explicó Trump. El presidente no quiere ver gente "herida o muerta en las calles de Estados Unidos" aseguró luego en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Al mismo tiempo, Trump quiere que cese "la resistencia y el caos" en esa ciudad del norte del país. Salida de agentes "Estamos exigiendo al alcalde de Mineápolis, al gobernador y a todos los líderes, que lo que tiene que irse y la violencia que se tiene que parar es la violencia que está causando el Estado y que está causando la migra. Porque cuando el pueblo está viendo la violencia, estamos saliendo y estamos exigiendo acciones reales de nuestros líderes en contra de la violencia que está perpetuando el Gobierno federal. Y que entiendan que no pueden solo salir de acá para repetir la misma violencia en otros estados y ciudades", dice a RFI Erika Zurawski, cofundadora del Comité de Acción de Derechos para Inmigrantes de Minnesota. Frey anunció el lunes que "algunos agentes federales" se irán este martes de Mineápolis. "Seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación", escribió. El funcionario informó más temprano que habló con Trump y que "el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar". Según medios de comunicación estadounidenses, el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonará Mineápolis, pero el Gobierno desmintió esas versiones de prensa. Bovino "no ha sido relevado de sus funciones", dijo en X la portavoz del DHS Tricia McLaughlin. Rechazo en el Partido Republicano Los asesinatos ocurridos en Mineápolis han encendido un fuerte rechazo dentro del Partido Republicano y han fragmentado a los aliados independientes que tenía Trump para afrontar las elecciones de medio término. "Sí existe esta posible ruptura. Las acciones que está tomando el presidente Trump son extremadamente polarizantes. Lo que está pasando aquí es que la coalición política que llevó al presidente Trump a ganar esta última elección está siendo fracturada por muchos frentes. Y aunado a esto, tenemos que el Partido Republicano en el Congreso y obviamente el Congreso está totalmente inactivo, inexistente, sin hacer absolutamente nada en cuestiones legislativas", explica a RFI el politólogo de la Universidad de Houston, Jeronimo Cortina. La lucha contra la inmigración ilegal fue una promesa central de la campaña de Donald Trump, pero las encuestas muestran un creciente rechazo público en la forma en la que se está implementando esta política. En la última encuesta realizada el pasado fin de semana por Reuters Ipsos, solo el 39% de los estadounidenses aprobaban la labor de Trump en materia de inmigración, mientras que el 53% la desaprueba, según el sondeo.

El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. RFI analiza la situación con Alex Papado Basilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime. La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales. "Lo que hemos visto en el último año es un repunte claro de la violencia, tanto entre pandillas rivales como en su confrontación directa con el Estado. Las pandillas han protagonizado motines y fugas carcelarias, sobre todo como respuesta a los intentos del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de aislar a sus líderes, que en su mayoría están presos" ha afirmado Alex Papadovassilakis, investigador para Centroamérica de Inside Crime, en la antena de RFI  El detonante de la actual crisis fue el asesinato de diez policías y motines en las cárceles. En respuesta, la administración de Arévalo, caracterizada inicialmente por un perfil moderado, ha decretado el estado de excepción para contener a grupos criminales que operan en las principales ciudades del país desde finales de los años 90. Este cambio de rumbo pone a Guatemala en una tendencia latinoamericana de políticas de control estricto, cuyo impacto a largo plazo sigue siendo objeto de análisis debido a los precedentes en países vecinos.  "Guatemala empieza a transitar una ruta que ya han seguido otros gobiernos de la región apostando por  las políticas de mano dura para intentar reducir la violencia interna" dice Alex Papadovassilakis en RFI añadiendo que "es una estrategia que ha tenido resultados desiguales y cuyo impacto real depende de cuánto tiempo se mantenga y de qué controles se establezcan. En su país vecino, El Salvador, ha habido muchos señalamientos de infracciones en los derechos humanos de las personas capturadas, así que también hay cuestiones sobre la viabilidad de esas políticas en el largo plazo". Actualmente, organismos internacionales mantienen bajo observación las denuncias por violaciones a derechos humanos registradas en El Salvador bajo regímenes similares, mientras que el gobierno guatemalteco busca  aislar a los líderes de las pandillas recluidos en los centros penales del país.  Leer tambiénGuatemala: ¿Qué hay detrás del estado de sitio y la escalada pandillera en el país? La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos- se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno. Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación (Interior) y otros funcionarios.

Guatemala vive desde el principio de la semana bajo estado de sitio, que fue decretado por el presidente Bernardo Arévalo para combatir a las pandillas tras el asesinato de 10 policías y motines en las cárceles. Pero lo que parece una guerra contra el crimen organizado tiene un trasfondo mucho más complejo. Militares armados patrullan los barrios más peligrosos de Ciudad de Guatemala, como respuesta directa al asesinato de 10 policías a manos de la pandilla Barrio 18. Una masacre que ha llevado al presidente Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio. “Pacto de corruptos” “Esta situación que se está enfrentando en Guatemala la leemos como una situación no solamente de acciones de las maras, ahora llamadas terroristas por una ley que acaba de aprobar el Congreso, sino también por el hecho de que es una acción política en el contexto de que en este momento Guatemala está entrando en el proceso de cambio de las direcciones de las instituciones que son el Ministerio Público, que son la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, entre otras. Y estas tres que son fundamentales, están ahora tomadas por lo que llamamos el ‘Pacto de corruptos’”, explica a RFI Sandra Morán, ex diputada de la Comisión de Derechos Humanos (2016-2020) y una de las coordinadoras del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente. El Gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta en efecto una estructura que los analistas llaman el “Pacto de corruptos”, un modelo de corrupción con varios integrantes que involucra a diversos sectores de la sociedad. En el centro de la polémica está la fiscal general, María Consuelo Porras, quien ha intentado bloquear al mandatario desde su llagada al poder. “Una acción política” “Lo leemos como una acción no solo delictiva, sino también política, por las relaciones que han tenido las maras con las redes político-económicas, que en Guatemala han estado moviendo las elecciones y que el Gobierno de Arévalo se enfrentó a ello y se sigue enfrentando porque son quienes lo han estado atacando desde que ganó en 2023”, comenta Sandra Morán.  El despliegue militar busca capturar a los responsables de los ataques del fin de semana, ocurridos en represalia por la retoma de tres cárceles. Mientras los soldados montan puestos de control en la periferia norte de la ciudad, el Congreso ha ratificado la suspensión de garantías constitucionales por 30 días, permitiendo detenciones sin orden judicial. Para Morán, la violencia es el síntoma de una disputa feroz entre dos modelos de país: “Creemos que esta disputa que hay de poder entre la gente como nosotros, que queremos procesos democráticos, justicia, acabar con la impunidad, y los que han estado sosteniendo y manteniendo la criminalización, la impunidad y la corrupción, esta disputa que está bien clara, es lo que da el marco para esta acción delictiva de las maras”, estima. Arévalo, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos, anunció la captura de 23 pandilleros pertenecientes a la mara Salvatrucha y al Barrio 18.

Energía eléctrica, medicamentos, maquillaje y cuidado de la piel, son algunos de los productos que más exporta Colombia hacia Ecuador y que tendrán un arancel del 30% a partir del 1 de febrero. Desde Davos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que todas las exportaciones desde el vecino país tendrán esa tasa porque considera insuficiente el compromiso de Colombia con la cooperación bilateral en materia de seguridad. Colombia es el tercer país que más exporta productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano, detrás de China y Estados Unidos. Si el arancel del 30% a todos los productos colombianos entra en vigor el 1 de febrero, como lo anunció el presidente Daniel Noboa, varios políticos ecuatorianos temen que en realidad su país sea el más afectado.   “Puede ser muy grave” “Ojalá Colombia no tome la misma medida, que es lo que se acostumbra en estos casos, porque sería una situación mucho más perjudicial para el Ecuador. Hay que ver qué es lo que nosotros vendemos y qué es lo que ellos venden. Nosotros vendemos barcos, vendemos madera, vendemos preparados de pescado y ellos, en cambio nos venden productos farmacéuticos, medicinas, plásticos, es decir, productos terminados. Si Colombia toma una medida similar, pueden encarecerse”, explica a RFI el parlamentario andino Virgilio Hernández. ACTUALIZACIÓN: Leer tambiénLa guerra comercial entre Ecuador y Colombia se profundiza con nuevos aranceles y medidas “Además, Colombia nos ha vendido en los momentos más difíciles energía. Nos ha llegado a vender hasta 450 megavatios de energía y en estas últimas semanas precisamente Colombia estaba trabajando en un reglamento que permita que las operadoras privadas vendan energía a Ecuador. Es una energía que además no ha podido ser reemplazada porque el Ecuador no ha generado en estos últimos meses ni en estos últimos años energía termoeléctrica ni de ninguna otra naturaleza. Por lo tanto, esto puede ser muy grave lo que puede suceder en esa materia”, indica.  Comunidad Andina Para Hernández, hay otra vía más diplomática para solicitarle al Gobierno colombiano que aumente su compromiso con la cooperación bilateral en materia de seguridad: “El presidente Daniel Noboa es presidente pro tempore en este momento de la Comunidad Andina de Naciones. Lo que debía haber hecho es convocar a una reunión de emergencia del Consejo Presidencial Andino e incluso del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar de forma inmediata y poder llegar a acuerdos”, estima. La seguridad en la frontera entre Colombia y Ecuador enfrenta una crisis creciente debido a la actividad de disidencias de las FARC, como los "Comandos de la Frontera", a quienes se atribuye el tráfico recurrente de grandes cargamentos de droga. La amenaza también incluye ataques contra la fuerza pública, destacando el asesinato reciente de 11 militares ecuatorianos en operativos contra la minería ilegal en la Amazonía. Los 10 productos que más exporta Colombia a Ecuador son: energía eléctrica; medicamentos dosificados; insecticidas, raticidas y antirroedores; vehículos para transporte de mercancías; hilos, cables y conductores aislados para electricidad; productos para el cabello; productos de belleza, maquillaje y cuidado de la piel; azúcar de caña; aceites de petróleo; agentes de superficie orgánicos (utilizados para crear productos de cuidado personal, agricultura o industria textil). Otros productos son café, artículos plásticos para envasado o vehículos para turismo.

Un especialista explicó a RFI por qué los incendios forestales en el sur de Chile se han propagado con tanta rapidez, en una emergencia que ha dejado al menos una veintena de muertos y ha devastado casi 50.000 hectáreas de bosque. Entrevista a Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción. Damnificados claman en Chile por ayuda entre las ruinas que dejan los voraces incendios forestales en el sur del país, que han causado hasta ahora 20 muertos, mientras el gobierno considera que algunos podrían tener origen intencional. Las altas temperaturas cedieron el martes y dieron un respiro a los bomberos que luchan por sofocar las llamas. Los incendios forestales se iniciaron la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. En particular, en la Región del Biobío vuelve a ponerse el foco sobre la vulnerabilidad de este territorio. ¿Por qué el fuego se ha propagado con tal ferocidad? Varios analistas advierten que no se trata solo del clima, sino también de un tipo de paisaje que se ha convertido en una trampa. Jorge Félez-Bernal, geógrafo del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la Universidad de Concepción, explicó a Pauline Gleize, periodista de RFI, que casi la mitad de la región del Biobío está cubierta por plantaciones industriales. Esta situación, sumada a otras condiciones como la megasequía que afecta desde hace más de una década al centro y sur de Chile, facilita la propagación del fuego. "En nuestra región del Biobío tenemos aproximadamente el 40% de la superficie total cubierta por monocultivo forestal, es decir, pino radiata y eucaliptus globulus. Son vastas extensiones de territorio donde existe una continuidad del combustible, el cual se encuentra estresado por condiciones asociadas a la crisis climática. También hay un trasfondo ligado a la megasequía y al descenso de la humedad, lo que hace que el combustible esté más estresado y que, cuando se produce una ignición, el incendio se propague de forma vertiginosa", señala. El mayor problema es el monocultivo forestal  El geógrafo indicó que el problema de base en la región es el dominio abrumador del monocultivo forestal. "En condiciones de continuidad horizontal y vertical, y sin un manejo adecuado de las plantaciones de monocultivo forestal, la ignición pasa rápidamente desde el suelo a las copas de los árboles y, desde ahí, se extiende de manera horizontal a lo largo de cientos de miles de hectáreas", subraya. Félez-Bernal explica que las masas de bosque nativo también se queman, pero lo hacen de una manera diferente, ya que no arden con una intensidad tan elevada. "Tenemos muchos tipos y subtipos de bosque nativo. Existen formaciones forestales esclerófilas que están, en cierta forma, más adaptadas a sufrir estas condiciones de estrés en verano y, por lo tanto, son proclives a frenar en cierta medida el avance de los incendios, porque en esa estación están más latentes. También está el caso de las formaciones asociadas a la Araucaria araucana, la especie más emblemática de esta parte del país, que ha sido capaz de evolucionar con el fuego para tratar de frenar el avance de las llamas". Según cálculos iniciales basados en FIRMS —el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos, un sitio web gratuito de cartografía de incendios ofrecido por la NASA y citado por Jorge Félez-Bernal—, el 80% de la superficie quemada corresponde a monocultivo forestal y cerca del 8% a bosque nativo. El propio geógrafo advirtió, no obstante, que no se trata de cifras exactas.

A un año del inicio del nuevo mandato de Donald Trump, las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan una etapa de fuerte deterioro, marcada por presiones en materia de seguridad, comercio y migración, así como por amenazas inéditas desde Washington, advierte un especialista de la UNAM. En medio de múltiples amenazas estadounidenses, incluida una posible operación militar en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico, México y Estados Unidos atraviesan un “momento diplomático muy difícil”, dijo a RFI Javier Rosiles Salas, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de un año de negociaciones en materia de seguridad, comercio y migración, México sigue siendo un vecino incómodo para la administración Trump. En los últimos días, Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno mexicano para que permita a fuerzas militares atacar laboratorios de fentanilo.La próxima reunión entre ambos países tendrá lugar el próximo mes en Washington, cuando el secretario de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se entreviste con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la intención de seguir implementando acciones que fortalezcan la cooperación en seguridad y de obtener resultados significativos en el combate a los cárteles. Las relaciones bilaterales se han deteriorado de manera considerable, estima Javier Rosiles Salas. "Las relaciones entre México y Estados Unidos están quizá en uno de sus peores momentos. Hay muchas amenazas provenientes de Estados Unidos. El asunto es que algunas de esas amenazas, que no se habían cumplido, como en el caso de Venezuela, ahora hemos visto que sí se cumplen. Esto suscita bastante incertidumbre para un gobierno que está al frente de un país muy complejo, con muchos problemas, como es México, cuyos principales desafíos son la inseguridad y la desigualdad. Un gobierno que está interesado en combatir esos problemas ahora tiene que enfrentarse a un gobierno como el de Trump, que es bastante agresivo tratándose de un país vecino como México", explica. Ahora bien, ¿hay razones para considerar que, en el caso de México, también se materialicen las amenazas de intervención? El especialista se muestra reservado. ¿Una intervención de Estados Unidos en México?  "México es clave para Estados Unidos y por eso pienso que las amenazas de intervención no serán efectivas. Pero sí hay presión. Yo diría que hay dos temas: uno es, ciertamente, la amenaza que deriva de los grupos del crimen organizado, pero también existen otras amenazas, quizá menos visibles. Me refiero a las dirigidas contra políticos de Morena, el oficialismo. En el caso de México ha habido algunas entregas de capos del narcotráfico, y se está pensando en que haya entregas también de políticos del oficialismo. Ésa es una amenaza que considero incluso más preocupante que esta narrativa del narcotráfico", subraya. Pese a las amenazas y presiones impuestas por Trump, ambos países están condenados a entenderse en los próximos meses debido a dos eventos de gran relevancia: uno deportivo y otro comercial. "Aunque existe una desigualdad muy clara entre México y Estados Unidos, México sigue siendo un país estratégico. Hay que tener en mente que se aproximan varios eventos importantes y habrá que ver cómo se desarrollan. Uno de ellos es el Mundial de Fútbol y otro, también muy importante para nosotros, es el T-MEC, el tratado de libre comercio. No sé si las amenazas de Trump también tengan que ver con ese proceso de negociación. Hay que estar atentos", concluye.

El número de ingresos de inmigrantes a Estados Unidos cayó masivamente con cifras negativas que alcanzan hasta menos 300.000 personas. Es la primera vez en 50 años que se registra una cifra de esa magnitud, según un estudio de la Brookings Institution publicado la semana pasada.  Cuando era candidato, Donald Trump pregonaba que llevaría a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos". Desde su regreso a la Casa Blanca implementó drásticas, polémicas y violentas medidas con tal de lograrlo y que incluso han provocado muertes. Efectivamente, en 2025 sí bajó el flujo migratorio con cifras récord, según una investigación de Brookings Institution. Stan Veuger es economista en American Enterprise Institute y uno de los autores del informe. “Para el año 2025 lo que estimamos es que el número de inmigrantes netos, entre los que llegaron y salieron del país, es negativo, entre menos 10.000 y menos 300.000 inmigrantes. Es la primera vez que ocurre desde hace 50 años”, resalta Veuger a RFI. La tendencia negativa también podría continuar en 2026, e incluso aumentar. “Para este año hay más incertidumbre, pero lo más probable es que será otro año con inmigración neta negativa, entre menos 900.000 y menos 200.000”, explica el experto. Y estas cifras y proyecciones tienen un impacto en la economía de Estados Unidos. “En los últimos años el crecimiento de la fuerza laboral ha sido del 80% gracias a la inmigración, esta reducción tiene implicaciones macroeconómicas. En el 2025 la tasa de crecimiento del PIB se redujo en un 0,2%, que es importante”, afirma Veuger. Y todos los sectores de la economía se ven afectados, según el estudio, como “la vivienda, la ropa, los electrodomésticos, los servicios de salud porque los inmigrantes consumen como los demás residentes del país”, concluye el economista. El Departamento de seguridad nacional estadounidense tiene datos muy diferentes al de este estudio. Las autoridades reportan que en 2025 el flujo migratorio fue de menos 2 millones y medio de personas, una cifra que Stan Veuger considera “absurda y sin bases en la realidad”. 

El presidente salvadoreño participó en la inauguración de las obras de una cárcel en Costa Rica inspirada en su megaprisión, proyecto con el que la candidata oficialista Laura Fernández, favorita en los sondeos, espera ganar votos para las elecciones del 1° de febrero. Preguntamos a Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica, si la visita de Bukele pudo haber beneficiado a Fernández. Esta semana el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, visitó Costa Rica, donde el próximo 1° de febrero se celebrarán las elecciones presidenciales. Los opositores dicen que el presidente Rodrigo Chaves orquestó el viaje con fines propagandísticos a favor de Laura Fernández, la candidata del oficialismo, en un contexto en el que la seguridad es el principal tema de campaña. Los presidentes Bukele y Chaves pusieron la primera piedra de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), símbolo de la represión y la tortura en El Salvador. Desde 2023 el tema de la inseguridad sobresale como el principal problema de Costa Rica. En ese año se registró la cifra más alta de homicidios en su historia: 905. Para el año 2025 fueron 873, la tercera más alta desde que se tienen registros. Para responder a esta problemática, el mandatario saliente costarricense ha recurrido al modelo de seguridad de Nayib Bukele, quien dijo, justamente, que “Costa Rica tiene la bendición de Dios de poder resolver este problema antes de que se haga como se hizo en El Salvador y eso les va a ahorrar vidas, les va a ahorrar economía, les va a ahorrar años de vida”. Así habló Bukele en el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), aún en construcción, pero inaugurado en la recta final de las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026. Costa Rica, campaña atípica "Esta campaña electoral en Costa Rica ha sido muy atípica por un fuerte activismo del Poder Ejecutivo. Bukele ha tenido un papel protagónico, como nunca en la historia de la Segunda República en Costa Rica. Esta visita se enmarca dentro de esa dinámica", analiza Ronald Alfaro, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Cuando ocurrió la visita, a principios de la semana, se reveló un presunto plan para asesinar al presidente Chaves en Costa Rica. Sobre el impacto de este anuncio, Alfaro estima que "hubo un despliegue no solo de seguridad sino también mediático. ¿En qué medida se trataba realmente de un plan o fue algo que ya estaba orquestado…? No se sabe. Pero quiero recalcar que este fenómeno en buena medida opacó la visita del presidente Bukele a Costa Rica". La candidata oficialista Laura Fernández ya lideraba las encuestas antes de estos eventos. Preguntamos a este politólogo si la visita de Bukele la impulsará aún más en los sondeos. "Todavía algunas de las encuestas se han hecho en el campo y aún no hay resultados que de alguna forma contemplen o midan el efecto que la visita de Bukele pudiera haber tenido, si fue grande o pequeño, hacia qué lado. Todavía hay un porcentaje de personas que se reportan como indecisas, el 40%. Estas son personas que están decididas a votar, pero que aún no han decidido por quién", concluye. En Costa Rica, para ser electo a la presidencia se necesita obtener más del 40% de los votos; de lo contrario, se pasa a balotaje. La encuestadora CID Gallup proyecta que Laura Fernández ganaría en primera ronda.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum propuso que México sea un intermediario entre Estados Unidos y Cuba, en momentos en que Donald Trump cortó el flujo de petróleo venezolano hacia la isla, presionándola con hacer un trato “antes de que sea demasiado tarde”. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump también tiene en la mira a Cuba a la que ha presionado en los últimos días con hacer acuerdos, pero sin precisar qué desea negociar con este país donde escasean los alimentos y el combustible, y donde el 89% de la población vive en extrema pobreza. Varias opciones En este contexto, ¿qué podría hacer México por Cuba, si llegara a ser un intermediario? “Cuba y Estados Unidos empezaron un proceso de normalización de sus relaciones diplomáticas en 2014, pero este avance bilateral se vio definitivamente interrumpido por Donald Trump y ahora que ha vuelto al Gobierno, ha incrementado el bloqueo económico contra Cuba. Entonces, en una relación donde no hay ningún tipo de comunicación entre ambos gobiernos, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovecha y propone al Gobierno de México como un vehículo”, explica a RFI Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. “Puede ser que México solamente preste ayuda, que los ponga de acuerdo y que México preste el territorio para que ambas partes puedan conversar en una zona neutral como sería México. Puede ser que México sea un intermediario, que vaya y pregunte a Estados Unidos, que vaya y pregunte a Cuba. O simplemente puede ser que México los llamen a la negociación y que ellos acepten reunirse en cualquier lugar”, subraya. “Somos un país soberano” Mientras Estados Unidos bloqueó el petróleo de Venezuela hacia la isla, México continúa suministrando el combustible por razones humanitarias, pero también, dice el analista, para demostrar su soberanía ante la influencia de Estados Unidos.  Según Domínguez, “puede ser que el Gobierno de los Estados Unidos presione para que México corte todo envío de petróleo a Cuba. Eso no es nuevo, lo ha estado haciendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo, e incluso en septiembre del 94 Estados Unidos torpedeó un acuerdo de cooperación entre CUPET, la empresa cubana de petróleo, y PEMEX”. “Pero lo más importante, me parece a mí, es la actitud que ha tenido el Gobierno mexicano, esta vez en el sentido de señalar que somos un país soberano y que no estamos dependiendo de la autorización o no de Estados Unidos. El Gobierno mexicano tiene la capacidad, la soberanía suficiente como para mandar petróleo a Cuba”, concluye el investigador.