Vida en el Planeta

Tanto en México como en Ecuador, vecinos de infraestructuras petroleras se rebelan contra los mecheros. La quema de gas en las instalaciones petroleras es una práctica poco conocida pero muy nociva para la salud de quienes viven junto a estos mecheros, además de contribuir gravemente el cambio climático. Si alguna vez se han acercado a una refinería de petróleo o una planta de extracción de hidrocarburos, tal vez hayan visto los mecheros de gas que escupen llamas de forma continua. Lo que uno no sabe es que vivir junto a estas gigantescas antorchas, es un infierno. En este episodio de Vida en el planeta hablamos de estos mecheros con los que las petroleras queman el exceso de gas generado durante la extracción de hidrocarburos. Una práctica rutinaria en países como México y Ecuador, y que además de ser peligrosa para la salud, genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Según cifras del Banco Mundial, a nivel global, la quema y el venteo de gas representan un desgaste de energía que equivale al consumo anual del continente africano. “El olor ha sido terrible. Mi niña, una vez se desvaneció del fuerte olor que estaba ocasionando la refinería”, contaba en febrero de 2026, una madre de alumna de una escuela ubicada a unos cientos de los mecheros de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el estado mexicano de Tabasco, en un municipio llamado El Paraíso pero que no tiene nada de paradisiaco desde la inauguración de la refinería en 2022. Junto con un colectivo de madres y padres de familia, exige la reubicación de la escuela primaria y del jardín de niños que hoy están a 500 metros de la refinería, a pesar de que la legislación mexicana prohíbe construir instalaciones petroleras a menos de 1 km de centros educativos. En esta tierra de manglares y vegetación tropical, rica en petróleo, los impactos de las emanaciones de gases procedentes de la actividad petrolera no son nuevos. En 2011, el Comité de derechos humanos de Tabasco publicó un informe alarmante: tras analizar la sangre de 50 niños de Torno Largo, otro municipio que colinda con la petrolera, se detectó que el 24% de los menores presentaron "alteraciones cromosómicas" que pueden derivar en cáncer, un mal que los adultos de la región atribuyen a la dispersión de los gases de la petrolera. En 2024, la experta en detección de gases contaminantes Patricia Rodríguez, inspeccionó los alrededores de dicha infraestructura petrolera mexicana y comprobó que las emanaciones de gases eran incompatibles con la presencia de la población. “La industria petrolera quema el metano que procede de estos hidrocarburos. Se quema para transformar este gas en CO2, menos contaminante para la atmósfera. Pero con nuestra cámara pudimos ver que la quema está incompleta. Y junto con el metano, salen otros compuestos como bencenos, tolueno y propano”, asegura Rodríguez, quien coordina el programa de imágenes de gas para la ONG Earth Works, con sede en Washington. Su misión es alertar sobre los impactos destructivos de las industrias extractivas. Con su cámara de detección de gases, la experta realizó en 2024 un recorrido junto con las poblaciones afectadas del municipio de El Paraíso y compartió con RFI sus observaciones. “La escuela está a menos de 500 metros de la refinería. Entonces podemos ver los efectos tóxicos en los niños y en los adultos que viven ahí”. Ruido estruendoso, olores insoportables a huevo podrido, dolores de cabeza, sangrado de nariz, vómitos, náusea, son algunos de los síntomas cotidianos que denuncian los vecinos de la refinería Olmeca y que “muy probablemente tiene que ver con los con los gases que están siendo liberados”, indica Patricia Rodríguez quien, con su cámara, detectó también fugas de gas en tanques y chimeneas. El ‘Caso Mecheros’ en Ecuador En Ecuador también, las poblaciones de las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos viven junto a decenas de mecheros de gas. Según cifras de la Unión de Afectadas y Afectados por las Actividades Petroleras de Texaco (UDAPT) publicadas en 2020, en la región del campo Sacha, se han registrado un enfermo de cáncer por cada dos familias. Las ‘Guerreras por la Amazonía’, un colectivo de niñas y muchachas, emprendió y ganó una batalla judicial contra los 447 mecheros de las instalaciones petroleras. En 2021, tras una demanda del colectivo de jóvenes de estas regiones amazónicas de Ecuador, un tribunal ordenó al estado eliminar los mecheros del país, priorizando los que están ubicados en zonas pobladas. Sin embargo, a cuatro años de la sentencia, el colectivo de jóvenes ecuatorianas, apoyadas por organizaciones ambientalistas, acusa al estado haber incumplido la sentencia y exige que el gobierno acelere el ritmo. A su paso por París durante una gira para buscar apoyos en esta lucha ambiental, Dannya Bravo, de 14 años, contó al micrófono de RFI cómo se incorporó al colectivo contra los mecheros de gas. Su padre falleció de cáncer, una enfermedad común en la zona. “Pensaba que estos mecheros eran bonitos. Pero conforme pasaba el tiempo, mi mamá, con mi papá tenían que salir de viaje a Quito por los tratamientos porque mi papá tenía cáncer y eso fue algo muy devastador. Entonces me contaron qué es lo que causa el mechero y sus enfermedades”, relató la joven. Escuche la entrevista aquí: Por su parte, la empresa Petroecuador, a cargo de la extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana afirmó a principios de 2026 haber apagado 170 mecheros, es decir el 41 de los que existen en la región. Y promete apagar las otras antorchas de aquí a 2030. Pablo Fajardo, quien batalla desde hace más de dos décadas contra la contaminación petrolera en la Amazonía, es también el abogado de las Guerreras por la Amazonía. Según él, la eliminación de los mecheros tendrá una doble ventaja: permite reducir la contaminación del aire y luchar contra el cambio climático. Las alternativas La preocupación por el cambio climático es lo que ha llevado por ejemplo la Unión Europea a impulsar una política para eliminar también los mecheros de gas en su territorio en los próximos años. Una estrategia que tiene un costo que las petroleras no siempre quieren asumir ya que implica inversiones para la captación y el tratamiento del metano. En varios países en desarrollo, las empresas de hidrocarburos optaron por soltar el gas en la atmósfera, a pesar de los efectos nocivos para poblaciones y para el clima. "Lo mejor sería acabar con esta quema y  que se termine toda esa extracción de petróleo", recomienda Patricia Rodríguez. "Pero para hacer una transición gradual, sería importante empezar con algunas medidas como capturar ese metano para la generación de energía y principalmente para ayudar a las comunidades que están ahí. Pero capturar metano o capturar dióxido de carbono es costoso. Las tecnologías son caras y a veces las industrias prefieren quemar el gas", lamenta la experta. La lucha de las madres y los padres de familia de Tabasco y de las niñas de la Amazonía ecuatoriana es entonces también una batalla por el clima. Los millones de toneladas de metano que emanan de las petroleras representan el 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático.

A pesar de múltiples operativos, la mafia del oro ilegal prolifera en el departamento peruano de Madre de Dios, con consecuencias dramáticas para el medioambiente. En este episodio de Vida en el planeta, conversamos con Manuel Calloquispe, periodista peruano, amenazado de muerte tras haber denunciado el poder de las mafias del oro ilegal en la Amazonía. A principios de febrero, las autoridades peruanas desmantelaron 15 campamentos y destruyeron decenas de dragas para la extracción ilegal de oro. Este enésimo operativo contra la minería clandestina se llevó a cabo en la Amazonía en plena reserva nacional de Tambopata, una zona conocida por su rica biodiversidad, pero cuya zona de amortiguamiento está siendo devastada, como lo muestran las imágenes satelitales. En esta región amazónica, nada parece detener el avance de la minería ilegal. Además de sembrar el terror con un tentacular sistema de extorsión, las mafias que prosperan con el comercio ilegal de oro tumban el bosque y contaminan los ríos con mercurio. En este departamento de Madre de Dios, el periodista local Manuel Calloquispe, corresponsal de varios medios nacionales peruanos, ha documentado la devastación ambiental causada por la minería ilegal responsable de la tala ilegal de miles de hectáreas de bosque tropical, y detalló el poder creciente de las mafias, en particular de un grupo que opera en La Pampa, los “Guardianes de la Trocha”, que lo amenazaron de muerte. “A partir del 2016 aparecen grupos criminales que controlan o protegen a la minería. Ellos eran trabajadores que venían de la zona del centro del Perú, donde hay producción de coca”, recuerda Manuel Calloquispe, al micrófono de Radio Francia Internacional. Escuche el testimonio completo de Manuel Calloquispe: De simples migrantes del interior que buscaban otras oportunidades laborales en la Amazonía con la minería, estos trabajadores que eran ronderos -guardias campesinos- propusieron brindar seguridad a los otros mineros, víctimas de asaltos y robos, cuenta el periodista. Estos hombres armados empezaron protegiendo un campamento minero y una vía de acceso. Pero con los años acabaron conformando un grupo poderoso de unas 80 personas autodenominadas “Los guardianes de la trocha”, al margen de la ley. “También han dado seguridad a los comerciantes, a todo el suministro que trae la minería, han logrado controlar también la compra de oro y al final terminan controlándolo todo. Ahora son grupos criminales que están haciendo minería ilegal”, constata Calloquispe. Las amenazas y el exilio En marzo de 2025, el periodista detalló por ejemplo en un reportaje para Inforegión el ascenso del delincuente Edison Fernández Pérez, alias el Chili, hoy prófugo tras su condena a 15 años de cárcel por el asesinato de un defensor del medioambiente en Madre de Dios. Unos meses después, en agosto de 2025, el periodista se preparaba a sacar otra nota sobre el fracaso de un operativo policial contra mineros ilegales debido a la filtración de información secreta.  Fue entonces cuando recibió una llamada que grabó inmediatamente y en la que un individuo lo amenazó con “arrancarle la cabeza” si seguía publicando notas sobre el grupo mafioso que opera en La Pampa. A raíz de estas amenazas, Manuel Calloquispe se exilió varios meses a Lima, a más de 1000 km de distancia para escapar a las amenazas de muerte de los Guardianes de la trocha. Durante su exilio, la plataforma periodistas internacional Forbidden Stories tomó el relevo de Calloquispe. El colectivo publicó una investigación que documenta la explosión de la deforestación en la región y la expansión de la minería ilegal. A pesar de los operativos policiales, las autoridades aun contabilizan cerca de 5000 máquinas de dragado. A principios de 2026, el periodista Manuel Calloquispe volvió a Puerto Maldonado para continuar con su labor informativa. Trabaja con chaleco antibalas y casco, vive en una casa que cuenta con videovigilancia y recibe protección de un policía. En lo que será un año de elecciones -presidenciales, parlamentarias y municipales-, el comunicador teme que salgan electos candidatos financiados por los intereses mineros. Entrevista: Manuel Calloquispe, periodista peruano, corresponsal de LatinaTV, El Comercio e Inforegión en Madre de Dios.

En Colombia, las autoridades reactivan las aspersiones con glifosato para luchar contra los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, este peligroso herbicida ha dejado un muy mal recuerdo entre las poblaciones rurales en zonas donde se aplicó de forma aérea hasta 2015, fecha en que se suspendió la fumigacion con glifosato debido a los riesgos para la salud humana.  La noticia de la reanudación de las fumigaciones con glifosato en Colombia cayó como un balde de agua fría para miles de familias campesinas que viven de la hoja de coca. Algunas por el temor a perder unos cultivos indispensables para sobrevivir, otras porque creyeron en la promesa de los programas de sustitución de cultivos. Pero las autoridades colombianas decidieron retomar la controvertida política de aspersión de los campos de coca con glifosato, un agrotóxico clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Esta vez las aspersiones se realizarán mediante drones a 1.5m de los cultivos para eludir la justicia colombiana que prohíbe las aspersiones aéreas de glifosato debido a los riesgos para la salud. En la región del Cauca donde iniciarán las aspersiones, el mal recuerdo de la política de aspersión masiva con glifosato con avionetas en los años 90 y 2000 en el marco del Plan Colombia aún sigue vivo. “Hace aproximadamente 20 años ya se vivió para estas regiones el tema de la fumigación con glifosato a través de avionetas. Hoy, 20 años después, pues se siguen sufriendo las secuelas de la aplicación de este químico en los territorios, donde quienes más fueron afectados o donde más se han visto las secuelas ha sido los niños y las madres en gestación, donde se han tenido malformaciones de los fetos. Algunos niños pues desafortunadamente fallecieron”, cuenta a RFI por teléfono el líder campesino William Orozco. “Aquí el campesino sí se ha visto obligado a cultivar mata de coca. Pero es más por necesidad, por el abandono que se ha tenido o la exclusión que se ha tenido por parte de los gobiernos de Colombia”, indica Orozco, quien también es miembro de la COCCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, una organización creada a raíz del Acuerdo de paz de 2016 para negociar una trayectoria de sustitución de cultivos. El líder campesino cuenta que muchas familias que se adhirieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tuvieron que sembrar nuevamente coca ante la insuficiencia de los apoyos estatales de los sucesivos gobiernos. “Algunas familias sin apoyo del gobierno han tratado de emprender sobre otras economías, pero no hay una comercialización asegurada”, lamenta Orozco. Escuche la entrevista completa:  Durante muchos años, Gustavo Petro, actual presidente colombiano, fue un detractor del uso del glifosato. Y es que argumentos contra el glifosato no faltan. Además de su toxicidad, este químico no es tan eficaz como parece. En 2014, el economista colombiano Daniel Mejía y sus colegas calcularon que fumigar una cuadrícula de 100 hectáreas de hoja de coca reduce solo 0,3 hectáreas la presencia de la hoja de coca (ver PDF). El costo de erradicación de una sola hectárea de coca mediante fumigación aérea es de unos 57.000 USD. ¿Qué ha cambiado entonces para que las autoridades colombianas finalmente den este giro? “La reactivación de la aspersión aérea es principalmente geopolítica. Y, hay sectores dentro del Gobierno que están presionando por esa alternativa.”, dijo a RFI Estefanía Ciro, quien coordinó el equipo de investigación sobre narcotráfico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estefanía Ciro, quien dirige el Centro de Pensamiento sobre la Amazonía a la orilla del río, cuestiona las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que indica que el área de los cultivos de coca en Colombia se ha quintuplicado entre 2014 y 2024. “Hay un debate en este momento muy importante sobre la validez de los datos de UNODC En el 2023 lanzan dos datos: que los cultivos crecieron el 10% y la producción de cocaína aumentó un 53%. Pues es algo que no tiene mucha coherencia estadística. Y el presidente Petro dijo que había que revisar estos datos”. La investigadora no niega el aumento de la producción de cocaína, pero es también crítica del uso del glifosato. “No funciona”, afirma tajantemente. “Los millones de hectáreas que fueron trabajadas en el período de 'seguridad democrática' de Álvaro Uribe Vélez muestran que lo que hace [la aspersión con glifosato] es hacer migrar los cultivos.” Las aspersiones con glifosato se retomarán inicialmente en 17 municipios del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, en zonas de gran presencia de cultivos de coca y donde actores armados se disputan las rutas del trasiego de droga.

A pesar de la contaminación masiva de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, un tribunal de arbitraje falló a favor de la petrolera. El Estado ecuatoriano se ve incluso obligado a pagarle a la transnacional una indemnización por los gastos judiciales. Descubra cómo el gigante de los hidrocarburos pasó de victimario a víctima. El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos en la selva tropical, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana. Y a pesar de dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil Amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial: ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. La noticia causó la indignación de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante del colectivo, “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”, se pregunta. Escuche este episodio de Vida en el planeta para entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables: Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación medioambiental, y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una multa de 9500 millones de dólares. Pero Chevron nunca pagó esta cantidad. Y tres décadas después, la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Así lo contó a RFI Natali Casigña, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, en el norte del país.  Casigña lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Casigña cuenta como esta industria ha moldeado el paisaje con fugas recurrentes de petróleo, un olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado. “Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”, cuenta a RFI. Y cuenta llueve abundantemente, “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega. Por su parte, la empresa Chevron-Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo caso judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas en una corte estadounidense. “Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en corte de Sucumbíos donde Chevron operó y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda el abogado. Chevron pide una indemnización por daño a su imagen Y a pesar de las impugnaciones de la transnacional en instancias superiores, la condena fue ratificada tres veces. “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”, subraya Fajardo. A pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya y logró revertir la situación y presentarse como víctima del estado ecuatoriano que fue condenado a pagarle 220 millones de dólares. En 2018, el panel de arbitrajes emitió un laudo arbitral que dispone al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso de Lago Agrio considerando que el país suramericano había violado un tratado bilateral de inversión con EE.UU al condenar a Chevron-Texaco. Una decisión que el jurista tilda de “insulto al derecho”.  “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”, denuncia Pablo Fajardo. En noviembre de 2025, el panel de arbitraje impuso al Estado ecuatoriano que le pague a Chevron “las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio”, analiza Pablo Fajardo. “Esos 220 millones es, en teoría, lo que ha gastado Chevron en su defensa”. Tras alegrarse inicialmente porque la multa “solo” será de 220 millones de dólares, lejos de los 3300 millones que reclamaba Chevron Texaco, a principios de enero de 2026, el procurador general del Estado ecuatoriano Juan Carlos Larrea, cambió de tono e indicó que el gobierno entablará un trámite para reducir el monto a pagar. Los argumentos de Chevron que convencieron a los árbitros judiciales A lo largo de los años, para justificar su negativa en cumplir las sentencias de la justicia ecuatoriana, la empresa ha argumentado que el Estado de Ecuador la había liberado de sus obligaciones de remediación ambiental. Efectivamente, “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, recuerda Pablo Fajardo. “Texaco ‘invirtió’ 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”, insiste el abogado de los damnificados. Los tribunales de arbitraje, arma judicial de los inversionistas La condena del estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo. En un informe de 2025, el centro de análisis Transnational Institute con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con indemnización millonarias, o al cabo de un acuerdo de partes. El documento recalca también que el 85% de las demandas fueron iniciadas por empresas estadounidenses, canadienses o europeas y que las empresas de gas, petróleo y de minería representan el 23% de los litigios. Fue para evitar precisamente esta desventaja que desde 2008, Ecuador prohíbe -en su Constitución- a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitrajes. Es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas extranjeras en los países del sur global. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión. han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones de extranjeras”, denuncia el exministro de Energía de Ecuador Alberto Acosta. “Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene algún diferendo con un estado de algún país del Sur Global, pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, insiste Acosta, quien también presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna del 2008. A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron.

En Francia, el 20% de las costas se ven afectadas por la erosión costera, un fenómeno natural pero que se agrava con el cambio climático. Reportaje en el suroeste de Francia, donde el mar avanza cada año tierra adentro, lo que obliga a derribar edificios. Mareas y vientos erosionan cada año las costas francesas del Atlántico. Aquí en Labenne, una localidad costera del suroeste de Francia expuesta a las tormentas invernales, este fenómeno ya es palpable. En la playa, un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial está medio sepultado en la arena, empujada por vientos de más de 100 km por hora. "La muralla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial es una serie de búnkers construidos en las cimas de las dunas. Hoy en día, muchas de estas construcciones se encuentran en medio de las playas o incluso en el agua. Son los testigos de la erosión costera en Francia. Se observa en muchos puntos de la costa de nuestro país y muestra el retroceso de la línea de costa”, indica Nicolas Bernon ingeniero especializado en riesgos naturales. A unos metros de las dunas, la caseta de salvavidas también está condenado a desaparecer. Las autoridades locales optaron por construir otro edificio más alejado de la playa. "Sabemos muy bien que incluso el estacionamiento de la playa está condenado a desaparecer. Lo mismo pasará con los comercios que están cerca de la playa. Habrá que tener en cuenta este avance natural. ¡La naturaleza sigue su curso!”, admite, resignada, Stéphanie Chessoux, alcaldesa de Labenne. A medio kilómetro más al norte en la costa, llegamos a una zona donde la erosión costera produce efectos aún más espectaculares. Aquí, la arena rodea casi por completo el centro marino de Labenne, un antiguo sanatorio construido en 1924 para que enfermos y ancianos pudieran respirar el aire saludable de la costa Atlántica. Un siglo después, este edificio inmenso, construido con hormigón y amianto o asbesto —un material peligroso para la salud—, está cercado por la arena de la playa que avanza poco a poco tierra adentro. “Aquí el océano avanzó y el edificio se deterioró debido a la proximidad del océano. La arena y el aire salino degradaron todo el metal que había dentro del hormigón. Algunas partes fueron abandonadas y quedaron en desuso. Aquí en Aquitania, se dice que, por ejemplo, se pueden perder hasta 2 m de dunas costeras al año. Por ejemplo, hoy, tal vez perdamos 6 m si lo peor de la tormenta tiene lugar durante la marea alta", explica Laure Guilhem Tauzin del Instituto de conservación del Litoral de Aquitanía Las autoridades optaron por desmantelar el edificio corroído por el aire marino: "La idea era, en primer lugar, restaurar la naturaleza, evitar la contaminación marina a medio plazo y también impedir que un inversor que hubiera calculado mal sus costes de inversión volviera a reconstruir este edificio que habría tenido que ser demolido quince o veinte años después", apunta Laure Guilhem Tauzin. Los 12.000 m² de hormigón y asfalto darán paso a un proyecto de restauración de la duna. El instituto de conservación del litoral francés adquirió el terreno para devolverlo a su entorno natural. “Una empresa de ingeniería ecológica vendrá a sembrar plantas nativas de la duna para consolidarla. Mantenemos la duna porque captura la arena. Cuando hay tormentas, impide que la arena se desplace tierra adentro. Es lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. No queremos luchar contra la erosión costera porque consideramos que es un fenómeno natural”, detalla Laure Guilhem-Tauzin.  A pocos metros, una antigua capilla blanca y de techo de tejas anaranjadas corre el mismo peligro de desaparecer en las dunas. Y en Capbreton, el municipio colindante, una planta de tratamiento de aguas residuales quedará sumergida por el mar en unos años. Escuche este reportaje en versión audio: El cambio climático, la otra amenaza de las próximas décadas El fenómeno de la erosión costera ya afecta al 20% de las costas francesas. Y a ello se suma el cambio climático cuyos efectos agravarán aún más el retroceso de la línea de costa. El exceso de gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas provoca una dilatación del océano que aumentará el nivel del mar en unos 60 cm en Francia de aquí a finales del siglo. El fenómeno es estudiado de cerca por Nicolas Bernon, ingeniero especializado en riesgos naturales en el BRGM, instituto francés de investigación geológica. "En los cinturones de dunas, muy presentes en nuestro litoral de Gironda y de las Landas, hemos medido retrocesos de entre 1 y 3 metros al año en promedio. Algunas zonas retroceden hasta seis u ocho metros al año”, constata el ingeniero “Por ejemplo, en el Médoc, se prevé que en 2050 el nivel del mar sea entre 20 y 25 cm superior al actual.  Y a partir de la segunda mitad del siglo XXI, la subida del nivel del mar va a ser una de las principales causas de erosión costera. En 2100 el nivel del mar será a 60 o 70 cm más alto que a principios de siglo. Eso sí que es significativo. El cambio climático aumentará un 20% el nivel del mar”, prevé Nicolas Bernon. De aquí a 2100, Francia se prepara para perder 500.000 hectáreas de litoral, lo que equivale a 700.000 canchas de fútbol. Una tendencia que obliga a adaptarse. Y en muchos casos se opta por soluciones naturales para proteger la costa de las tormentas.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales fue muy esperada por todos los defensores del océano. El acuerdo permitirá crear nuevas areas marinas protegidas en aguas internacionales. En esta edicion de Vida en el planeta, Raphael Moran enfocó reflectos en la reserva de Galápagos, el archipiélago ecuatoriano en el Pacífico, cuya superficie fue extendida en 2022. La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el 17 de enero abre nuevas perspectivas para proteger el 30% de los océanos del planeta, el objetivo que se han fijado las naciones del mundo para frenar la gravísima pérdida de biodiversidad a causa de las actividades humanas. Para alcanzar esta meta, será indispensable crear áreas marinas protegidas no solo en aguas nacionales, sino en alta mar, para que aves, tortugas, peces y mamíferos marinos puedan migrar, alimentarse y reproducirse sin peligro. En Latinoamérica, una de las reservas más emblemáticas es la de Galápagos, en aguas Ecuatorianas. Un remanso de 133.000 km cuadrados para las especies en vía de extinción y que fue reconocido como reserva de la biosfera, por su especial contribución a la conservación de ecosistemas y la investigación científica. En octubre pasado, esta reserva se extendió en 60.000 km cuadrados con la inclusión de la Reserva Marina Hermandad para crear un verdadero corredor migratorio entre las aguas protegidas de las costas de Costa Rica y Ecuador. "En el Pacífico este tropical, teníamos áreas marinas protegidas importantes pero aisladas", por lo que la creación de la reserva Hermandad fue creada para conectar la Reserva de Galápagos con el Área Marina de Bicentenario en aguas costarricences, subraya Susana Cárdenas, profesora, directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, y copresidenta del fondo Galapagos Live Fund que canaliza recursos para la reserva.  "Ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas como tiburones martillo, tortugas marinas y varias especies de ballenas que usan estos corredores como rutas migratorias, pero que no estaban protegidos", detalla Cárdenas. Respecto al manejo de la nueva reserva Hermandad, de los 60.000 km2 de protección, 30.000 km2 son de protección total donde no se permite realizar actividad de captura de especies ni industrial ni artesanal. "A los dos extremos, hay dos franjas que suman 30.000 km2 donde solamente se permite la pesca de cerco, que tiene menos tasa de pesca incidental que la pesca palangrera", detalla la investigadora. Y para que estos espacios protegidos no se  conviertan en reservas de papel, es necesario contar con una fuerza naval capaz de interceptar las embarcaciones que pescan ilegalmente. Para ello, las fuerzas ecuatorianas cuentan con el apoyo de Diana Vinueza, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. La  bióloga detalla a RFI cómo funciona el software Themis, desarrollado por una empresa francesa, que utilizan para monitorear la actividad marina de los buques en la zona. "Esta plafatorma te ayuda a ver en una pantalla todas las embarcaciones que tienen sistema de monitoreo que navegan en la zona", explica Vinueza. Escuche la entrevista completa: La bióloga también abordó el llamado efecto derrame de las reservas marinas para la pesca, es decir que los stocks de peces aumentan también en las áreas cercanas a la reserva. Un fenómeno que se ha observado en el Mediterráneo con las langostas y en Atlántico con el bacalao. La creación de áreas marinas protegidas en aguas internacional podría facilitar la lucha contra la flota asiática de barcos factorías que pescan con métodos agresivos al límite de las zonas nacionales. Un fenómeno que enfrentan varios países latinoamericanos. En 2020 por ejemplo, decenas de estos buques se alinearon como una especie de muralla al límite de las aguas generosas de la reserva de Galápagos para capturar calamares. Y algunos apagaron sus radares para no ser rastreados. Los defensores de los océanos piden una regulación más estricta de la pesca a nivel internacional para que sea menos dañina para la biodiversidad. Y la creación de áreas marinas protegidas gracias al nuevo Tratado de Alta Mar permitirá avanzar en este sentido. Entrevistas: -Diana Vinueza, bióloga, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. -Susana Cárdenas, profesora y directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador.

Defensores del medioambiente y de las comunidades locales denuncian la irresponsabilidad de la empresa franco británica Perenco que extrajo petróleo en la selva de Petén, en plena reserva protegida. La actividad petrolera, que concluyó en agosto de 2025, dejó pasivos ambientales y costos millonarios al estado guatemalteco. Esta es la historia del controvertido campo Xan, una instalación petrolera en plena Reserva de la Biósfera Maya del Petén, el principal espacio protegido de Guatemala en el norte del país. Durante cuatro décadas, las empresas Basic Ressources y Perenco sacaron miles de barriles de petróleo del subsuelo hasta que el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo diera por terminada la licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2025. Los motivos para cerrar esta explotación, que representaba el 90% de la producción nacional, eran múltiples. Primero, una producción que caía en picada. De más de 9 millones de barriles producidos en 1998 al pico de la producción, el campo Xan solo produjo 1,8 millón de barriles en 2024. La explotación petrolera en la reserva de la Laguna del Tigre no solo ya no era rentable, sino que le generaba más costos que ganancias al Estado guatemalteco. El estado guatemalteco, en desventaja económica El contrato petrolero contenía una cláusula que preveía el reembolso de “costos recuperables”, es decir reembolsos que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala pagaba a la multinacional petrolera Perenco para compensar los gastos de funcionamiento del campo petrolero. Un mecanismo en el que, a fin de cuentas, Guatemala acabó gastando más de lo que recibía por la explotación petrolera. En un informe de 2023, el Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala (OEI), con el apoyo de la ONG Oxfam, indica que " al comparar los datos de ingresos y costos recuperables, durante los años 2009 al 2018, el Estado de Guatemala recibió producto de la extracción de hidrocarburos alrededor de 732 millones de dólares americanos y devolvió a empresas petroleras USD 883 millones; es decir, por cada dólar ganado tuvo que invertir 1.21 dólares”. Y en su informe más reciente, el OIE observa que “la disminución de la producción de barriles no fue acompañada por una reducción de los costos recuperables.  Los datos disponibles indican que entre 2010 y 2021 Guatemala perdió el equivalente a 77.731.274 de dólares americanos para mantener las operaciones petroleras del contrato 2-85”. Los pasivos ambientales A los costos económicos se suma la devastación ambiental, razón por la cual el gobierno del presidente Arévalo también decidió cerrar el campo petrolero. “Los ministerios de Guatemala han calculado entre 6000 y 10.000 hectáreas de bosque perdido” en el conjunto del biotopo de la Laguna del Tigre en el que está ubicado el polígono del contrato petrolero, recuerda Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas. La deforestación se debe no solo a la apertura de brechas en el bosque para las instalaciones petroleras, sino también a la construcción de caminos “que poco a poco han ido colonizando el parque. Este impacto indirecto de deforestación se lo atribuimos a las empresas petroleras que iniciaron las actividades humanas en la región”, acusa Gabriela Muñoz. La actividad petrolera inició antes de la creación de la reserva de la Laguna del Tigre. Pero entre los años 2001 y 2010, los gobiernos de la época decidieron prorrogar el contrato petrolero. “A través de alianzas con actores antidemocráticos asociados al crimen organizado, ha logrado moldear la regulación ambiental y de industria petrolera para que se ajuste a sus necesidades. Fue a través de este tipo de desregulación que lograron posicionarse en el área protegida”, lamenta la investigadora. Comunidades locales denuncian contaminación Un activista defensor de los derechos de las comunidades de la región de la Laguna del Tigre acusa también a la empresa Perenco de irresponsabilidad ambiental. “No se contó con un cierre seguro que garantizara la no contaminación en el área. Es notorio el mal olor a azufre en la zona. Y los tanques de aguas ácidas que utilizaba la empresa para inyectar a los pozos se quedaron en estanques en mal estado. Con las lluvias se desbordan y van a dar a las lagunas”, alerta el activista que pidió mantenerse en el anonimato. El impacto para la salud de las poblaciones locales que vive alrededor del campo Xan es otra incógnita. “No tenemos pruebas porque no hemos encontrado un profesional de salud independiente para hacer un estudio, pero hemos visto muchas alergias en la piel y que son más frecuentes en esta región”, dijo el activista a RFI. La respuesta de Perenco Contactada por Radio Francia Internacional, la transnacional Perenco asegura que "al finalizar las licencias de Perenco Guatemala el 12 de agosto de 2025, la Secretaría de Energía y Minas de Guatemala confirmó haber recibido todos los activos en óptimas condiciones operativas, debidamente asegurados, en condiciones ambientales adecuadas y sin afectación ambiental, tras tres auditorías in situ". En un correo electrónico dirigido a RFI el 9 de diciembre, un portavoz de Perenco niega cualquier responsabilidad en la deforestación en el área. La empresa afirma que le correspondía al estado velar por el uso de suelo y afirma que la deforestación ligada a la expansión de la ganadería se debe a las comunidades locales. Un representante comunitario consultado por RFI acusa en cambio a empresas madereras de haber saqueado el bosque, con complicidad de responsables políticos de la época. La transnacional, con sede en París y Londres, asegura también que contribuyó al desarrollo social y económico del país. Pero para el representante de una de las comunidades locales consultado por RFI, los años de explotación petrolera fueron sinónimos de represión y pobreza. ¿Quién pagará por la restauración ambiental de la zona? ¿Cómo limpiar las aguas y los suelos contaminados? ¿Cómo asegurarse del buen cierre de los 59 pozos de las instalaciones del campo Xan? El gobierno de Guatemala estimó en 50 millones de dólares el costo inmediato para la clausura del campo Xan. Un gasto que será pagado por los contribuyentes guatemaltecos.  Entrevistas: -Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala. -Un defensor de los derechos y comunitario de la región.

¿Qué hacer para resucitar los lagos andinos? En Bolivia, el lago Uru Uru en Bolivia sufre de una triple contaminación debido a los desechos plásticos, el vertido de aguas usadas y de desechos mineros. Una ONG de jóvenes bolivianos de Oruro desarrolló un método natural para purificar las aguas. El Lago Uru Uru ubicado en el altiplano boliviano fue hasta hace unas décadas un extenso espejo agua, refugio de decenas de miles de flamencos y más 70 otras especies naturales. Sus aguas estaban tan limpias que eran potables y la abundancia de peces brindaba un sustento valioso para las familias que vivían en sus orillas.  Sin embargo, el crecimiento demográfico de la ciudad vecina de Oruro y el auge de la minería ponen en peligro el lago Uru Uru, clasificado en la lista Ramsar de los humedales vitales para la biodiversidad mundial.  En muchas zonas, el lago Uru Uru se ha convertido en un cementerio de botellas de plástico y de sus aguas se desprenden un olor fétido por la llegada de aguas usadas de Oruro. En 2025 cincuenta toneladas de plásticos y residuos sólidos fueron recolectadas en una campaña de limpieza del lago. A ello se añade la contaminación por la escorrentía de metales pesados procedentes de los desechos mineros de plata y oro de San José y Kori Chaca. En 2018, un análisis del Centro de Ecología CEP reveló niveles de manganeso, níquel y arsénico tan altos que el agua no es apto para el consumo.  Hace 5 años, organizaciones de la sociedad civil boliviana llevaron el caso de la contaminación de la Uru Uru ante la justicia. Como resultado de esta acción, el Tribunal Constitucional de Bolivia obligó a las autoridades locales de Oruro a ejecutar políticas de remediación ambiental en el cuerpo de agua.  Iniciativa ciudadana En paralelo, jóvenes de la región, principalmente mujeres e indígenas, crearon Uru Uru team para salvar el agua con un método basado en la naturaleza misma: la fitorremediación.  La organización liderada por Dayana Blanco fue reconocida con el premio Iniciativa Ecuatorial de Naciones Unidas en 2023. Y hace unos meses, la ONG Women engaged for a common future otorgó el premio Género y soluciones climáticas justas al equipo Uru Uru por sus labores de regeneración del lago sin el uso de tecnología.  RFI conversó con Gustavo Blanco, cofundador de la ONG Uru Uru y que acudió a la Cumbre Climática de Belém de Brasil para recibir el premio. Escuche su entrevista completa conducida por Raphaël Morán de RFI: En 2019, la organización de la que Gustavo es parte ha optado por la fitorremediación, una técnica natural que consiste en utilizar las plantas para capturar metales pesados en los suelos y las aguas contaminadas. Su equipo instala balsas flotantes para que las plántulas de totora, una planta tradicional de los lagos andinos, estén en contacto con la superficie del agua sin hundirse. Para medir los efectos de la fitorremediación, la ONG encargó pruebas de laboratorio que encontraron que las áreas en el lago con totora habían reducido la contaminación con metales pesados en un 30%.   En cuanto a la contaminación plástica, la tendencia es alentadora: según la empresa municipal encargada de limpiar el lago, la cantidad de botellas, envases, juguetes y otros desechos plásticos ha ido disminuyendo con los años pasando de 300 toneladas levantadas en 2021 a 50 toneladas en 2025. Ello gracias a la colocación de rejillas en los canales de drenaje del lago, para evitar el paso de plásticos al lago.  Imágenes del lago Uru Uru por el Premio Ecuator de Naciones Unidas:

En materia de leyes ambientales, la Unión Europea ha sido históricamente pionera en materia de leyes climáticas y para proteger a sus ciudadanos contra las sustancias tóxicas. Pero a lo largo del año 2025, Bruselas ha dado varios pasos atrás y ha debilitado varias normativas. Europa ya no impondrá 100% de venta de vehículos eléctricos en 2035 por ejemplo. El Pacto Verde fue sin duda el paquete de leyes europeas más ambiciosas de la legislatura pasada. En 2019, la presidenta del ejecutivo europeo Ursula Von der Leyen lo comparó entonces con la llegada del ser humano en la Luna. Buscaba por ejemplo reducir drásticamente las emisiones de CO2, proteger y restaurar la biodiversidad, favorecer la economía circular y reducir el uso de pesticidas. Sin embargo, desde su reelección al cargo de presidenta de la Comisión Europa, la retórica de Von der Leyen ha cambiado. Si bien, promete mantener el objetivo de neutralidad de carbono para 2050, la Unión Europa privilegia ahora una narrativa de simplificación de las normas, de promoción de la competitividad de las empresas y de pragmatismo. La Unión Europea pospuso 1 año por ejemplo su normativa pionera para vetar las importaciones de productos que proceden de zonas deforestadas. Bruselas flexibilizó también el deber de vigilancia de las transnacionales europeas, las normas serán menos estrictas para el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales en el extranjero. A principios de diciembre, el Parlamento europeo autorizó las controvertidas nuevas técnicas genómicas para editar semillas transgénicas en la agricultura... Y la lista de los retrocesos y medidas de flexibilización de las normas ambientales es larga, pero en esta edición de Vida en el Planeta, el podcast ambiental de Radio Francia Internacional nos centraremos en dos. El ejecutivo europeo propone primero renunciar a una de sus medidas más emblemáticas: el veto a la venta de vehículos con motores de combustión interna. Era una decisión clave para reducir las emisiones de CO2 del sector transporte y debía aplicarse de forma incondicional en 2035. Pero la industria automotriz europea logró que se suavizará esta medida. Ya no se habla de prohibir los motores de combustión interna sino de “reducir las emisiones”. Si se aprueba la nueva propuesta de la Comisión Europa, en lugar de la prohibición inicial, los fabricantes tendrán que reducir un 90% las emisiones de CO2 de sus ventas y podrán compensar el 10% restante. Es decir que podrán seguir vendiendo un número limitado de autos de gasolina o diésel. De este retroceso hablamos con Nicolas Berghmans analista en políticas industriales y climáticas en el laboratorio de ideas IDDRI en París. Escuche la entrevista:  Bruselas propuso también en diciembre flexibilizar su política sobre pesticidas. Hasta ahora la Unión tenía una política bastante estricta para limitar el uso de los pesticidas más peligrosos. Pero a petición de los lobbies agroindustriales, la Comisión Europea propuse autorizar algunas sustancias pesticidas sin límite de tiempo. De confirmarse, esto sería un giro explica Martin Dermine, director de la Red de Acción Europea contra los Pesticidas (PAN), ONG basada en Bruselas. Esta flexibilización de las normas ambientales europeas despertó las alarmas de la sociedad civil cada vez más movilizada y sensibilizada contra los efectos nocivos pesticidas en el continente.

A una década de la firma de este pacto clave para limitar el calentamiento global, RFI evalúa los efectos concretos del Acuerdo de París. Según varios especialistas en política climática, aquel pacto diplomático sí ha tenido efectos positivos, aunque claramente insuficientes para limitar a 1.5°C el aumento de las temperaturas globales.  A 10 años de su firma por 193 países tras la Cumbre climática COP21 que se llevó a cabo en la capital francesa en 2015, ha llegado la hora del balance para el Acuerdo de París. RFI consultó a cuatro expertos en política climática para responder a las preguntas esenciales sobre lo que queda hoy del pacto.   1. ¿Por qué el Acuerdo de París de 2015 fue un hito de la diplomacia climática?  Eran un poco más de las 7 de la noche el sábado 12 de diciembre cuando el canciller francés Laurent Fabius pronunció una frase que para muchos defensoras y defensores del clima significó un punto de inflexión: “¡El Acuerdo de París fue aceptado!” concluía la Cumbre Climática COP21 de París, y el diplomático que presidió los debates golpeó simbólicamente su mesa con un martillo verde de madera para dar por terminados los debates.  “Fue la primera vez en la historia que obtuvimos un acuerdo universal. Esto suponía una gran diferencia con respecto a los acuerdos anteriores que solo afectaban a los países ricos y desarrollados”, destaca Emmanuel Guérin, uno de los diplomáticos franceses que elaboró el Acuerdo de París.  Además, el texto abarca “la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, el financiamiento y la tecnología”, recuerda.   En cuanto a su estructura. “Es muy sencilla,” enfatiza Guérin. Tiene un objetivo principal “que es limitar el aumento de las temperaturas muy por debajo de los 2 °C y hacer absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para limitar ese aumento a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales”, un umbral definido por los científicos como clave para evitar catástrofes irreversibles en el planeta tierra como sequías, huracanes o aumento del nivel del mar.  El texto ratifica además el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. “El cambio climático es una consecuencia de un sistema inequitativo que no ha reconocido los límites del planeta (...), un sistema que tenemos que cambiar, pero reconociendo que los grandes emisores tienen una mayor responsabilidad ello”, resume Manuel Pulgar-Vidal, ex ministro de Ambiente de Perú y entonces presidente de la COP20 de Lima que precedió la Cumbre climática de París.  Según este principio, los 24 países del Anexo II de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC) reconocen su mayor responsabilidad en el financiamiento de los países en desarrollo.  “Hay gente que se pregunta, ‘¿cómo un acuerdo de base voluntaria, que no establece metas precisa sin mecanismo de sanciones, puede ser tan valioso?'”, reconoce Manuel Pulgar-Vidal. Y responde: “Primero, el Acuerdo tiene un umbral máximo de aumento de la temperatura de 1.5°C de aquí a finales del siglo.  Tiene un objetivo de mitigación para reducir las emisiones y un objetivo de adaptación al cambio climático”.   Para ello, todos los países del mundo se comprometieron entonces a entregar planes climáticos nacionales según sus respectivos niveles de desarrollo, rendir cuentas y actualizarlos cada 5 años en función de las recomendaciones científicas.    “El objetivo de 1.5°C no es vinculante per se. Lo que es vinculante es el hecho de presentar públicamente planes climáticos cada 5 años más ambiciosos”, aclara el asesor diplomático Emmanuel Guérin.  Sin embargo, el Acuerdo de París se ha convertido en un referente del derecho internacional, como lo recordó la Corte Internacional de Justicia en su fallo de julio de 2025. Los magistrados de la Corte dictaminaron que el cumplimiento del Acuerdo de París forma parte del corpus de las obligaciones de los Estados en materia climática.  Y aunque Estados Unidos se retiró nuevamente del acuerdo, el texto sigue siendo una fuente de inspiración en muchas áreas. Esto explica por qué, a pesar del climatoescepticismo del presidente Milei, Argentina no ha abandonado el Acuerdo de París, constata Emmanuel Guérin: “En el proyecto de acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, existe una mención explícita al Acuerdo de París. Y para obtener beneficios de este acuerdo comercial, hay que cumplir con el Acuerdo de París. Por eso Argentina no se ha retirado del proyecto”.     3. Las temperaturas globales están a punto de superar 1.5°C de aumento. ¿Ha quedado en papel mojado el Acuerdo de Paris? No. Según indican las previsiones de calentamiento global, el boom de las energías renovables que se observa desde la firma del Acuerdo de París ha permitido limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esta manera aplanar la curva del calentamiento global.  “Desde la adopción del Acuerdo de París hace diez años, las previsiones de alza temperaturas globales han pasado de alrededor de 3,5 °C a 2,5 °C a finales del siglo”, indica Naciones Unidas. Como cada grado de calentamiento cuenta, el mundo experimenta ahora una media de 11 días calurosos adicionales al año con un calentamiento adicional de 0,3 °C desde 2015, constatan los científicos de World Weather Attribution.  Y en un mundo con 2,6 °C más, eso supone un aumento de 57 días calurosos adicionales al año en comparación con la actualidad, mientras que, con 4 °C de calentamiento global, el aumento sería de 114 días calurosos adicionales al año.  Actualmente, el mundo se encamina a una reducción de las emisiones mundiales de un 15 % en 2030 con respecto a los niveles de 2019. Esta reducción sigue estando muy por debajo del 55 % de reducción necesario en 2035 para alinearse con el objetivo de 1.5°C.  Esta ambición insuficiente se debe a nuestra “adicción” a los combustibles fósiles, según denunció el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres.     La expansión de la producción de combustibles fósiles y la falta de recursos financieros de muchos países en desarrollo para financiar su transición verde explican este atraso en el cumplimiento del Acuerdo de París. Naciones como Ecuador, Nigeria, Irán o México- aún dependen de los ingresos petroleros para sus ingresos nacionales.  “Hace más de diez años, los países ricos se comprometieron a movilizar 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los efectos del cambio climático y reducir sus emisiones. Pero el balance de estos compromisos es hoy muy desigual. No solo no se ha alcanzado la cifra de 100 000 millones, sino que además esta financiación se concede en gran medida en forma de préstamos”, lamenta la ONG de lucha contra la pobreza Oxfam. El financiamento sigue siendo uno de los retos pendientes de la diplomacia climática.      4. ¿Cuáles han sido los efectos más concretos del Acuerdo de París?  "El Acuerdo de París fue muy importante para dar una señal. Y hay países y regiones que han actuado en base a este acuerdo”, se alegra el climatólogo peruano Eduardo Calvo-Buendía. “Es el caso de China que está revirtiendo sus emisiones urbanas e industriales. Están los esfuerzos de la Unión Europea y los países latinoamericanos de la alianza Ailac con alta ambición. No estuviese sido posible sin el Acuerdo de París”.  En concreto, esta ambición se traduce con el boom de la instalación de paneles solares fotovoltaicos en China, nación que se ha convertido en la primera potencia en materia de tecnologías verdes. Los costos de dicha energía han bajado un 80% desde 2014.  "El mayor impulso que dio el acuerdo de París es económico”, confirma el exministro de Ambiente Manuel Pulgar-Vidal. “Hay un boom de la tecnología solar, eólica, el hidrógeno verde y países están haciendo pruebas para la fusión nuclear que podría ser una fuente de energía para el futuro, que es sin residuos”, observa.   Para el director del laboratorio de ideas Iniciativa Climática de México (ICM) Adrián Fernández Bremauntz, el pacto firmado en París llevó al “acta de defunción del automóvil de combustión interna. Ya tiene una fecha de muerte: después de 2035, en prácticamente ninguno de los grandes mercados del mundo se venderán vehículos que tengan un motor de combustión interna”. En Noruega, por ejemplo, 9 de cada 10 nuevos vehículos vendidos son eléctricos.  “Por supuesto que los vehículos eléctricos no son la panacea, pero en términos de emisiones tanto de gases que afectan la salud como de CO2 que afecta el clima, van a desaparecer. Entonces tenemos que asegurarnos que la producción de estos vehículos, de sus baterías tampoco llegue asociado a emisiones de CO2”, advierte Fernández Bremauntz.  “Así también tenemos que existir el carbón, los combustibles fosiles y el gas”, concluye el experto en transición energética.      5. Ahora que EE.UU., segundo emisor global de CO2 se retiró del Acuerdo de París, ¿sigue siendo válido el pacto?  Donald Trump, presidente climatoescéptico y partidario de los combustibles fósiles, retiró su país del Acuerdo de París tan pronto como volvió al podern en enero de 2025. Su administración retiró también los incentivos financieros a la ciencia climática y boicoteó la COP30 de Belém. Pero una alianza de políticos y gobernantes locales ha tomado el relevo para mantener firmes los objetivos del Acuerdo de París y hasta ahora, ningún otro país ha seguido los pasos de Estados Unidos.  “Estos 24 estados (de Estados Unidos) han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero un 24 % por debajo de los niveles de 2005, al tiempo que han aumentado el PIB colectivo en un 34 %”, afirmó Gina McCarthy, ex asesora del gobierno de Joe Biden para los asuntos climáticos y codirectora de America is All in, una alianza de gobiernos locales que mandaron representantes a la Cumbre Climática de Belém, para reiterar que la transición energética puede generar beneficios económicos.  Las circunstancias geopolíticas ac

En Brasil, los pueblos indígenas de la Amazonía se movilizaron durante la COP30 contra el "Ferrograo", un proyecto de corredor logístico de más de 1000 km para acelerar la exportación de soja a China. Ambientalistas e indígenas temen que el proyecto, que incluye un ferrocarril y un corredor fluvial, incentive aún más la deforestación para la expansión agrícola. Durante la cumbre climática COP30 de Brasil, activistas indígenas protagonizaron una protesta inédita: el 12 de noviembre invadieron pacíficamente la entrada el pabellón de la zona azul donde los delegados políticos de decenas de países estaban dialogando. Unos días después, representantes de los pueblos Tupinambá y Munduruku bloquearon la entrada de esta zona nuevamente para exigir la demarcación de sus tierras y la suspensión del proyecto un corredor logístico amazónico bautizado “Ferrograo”. Este ferrocarril de 933km uniría las ciudades de Sinop en el Mato Grosso, principal región de producción de soja, a Miritituba un puerto fluvial del estado de Pará a orillas del río Tapajós. Actualmente, la abundante producción de granos de Mato Grosso recorre este camino a bordo de camiones en la carretera Br-319. Luego, la mercancía es desembarcada en el puerto de Miritituba para luego recorrer el río Amazonas hacia el Atlántico y ser exportado a Asia para alimentar el ganado. El gobierno de Lula da Silva, de la mano con el poderoso sector agroindustrial brasileño planea entonces construir el "Ferrograo" un ferrocarril de 933 km para bajar los costos de transporte de maíz, soja y harina. El ministro de transporte de Brasil calificó este corredor logístico de “indispensable” para consolidar a Brasil como un líder de la exportación de granos y su gobierno promete una reducción de al menos un 30% los costos de flete y un tiempo de transporte dividido por dos. A ello se suma un argumento ecológico en tiempo de crisis climático: el transporte en tren permitiría además reducir las filas de camiones y así bajar las emisiones de CO2. “Actualmente, la principal ruta pasa por el sureste, por el puerto de Santos en San Paulo, entonces el ferrocarril bajaría el precio para pasar por la vía fluvial del Tapajos”, confirma la investigadora del Grupo de Trabajo Infra en políticas de infraestructuras públicas Renata Utsunomiya, coautora en marzo de 2025 de un informe técnico sobre los impactos del Ferrograo. “Pero el proyecto podría favorecer la deforestación. además, hay registros de 6 pueblos en aislamiento en la región. Y el gobierno ha intentado recortar áreas de un parque nacional para el proyecto”, constata la investigadora, entrevistada durante la COP30 de Belém. Por este motivo, el proyecto titánico de 3800 millones de dólares se encuentra actualmente en manos del tribunal supremo de Brasil. Organizaciones ambientales y el partido de izquierda PSOL impugnaron una ley que planea recortar 800 hectáreas del parque nacional Jamaxim (estado de Pará) para construir el ferrocarril. En su informe de 2025, los autores del Grupo de Trabajo Infra estiman que la creación de este ferrocarril podría agravar cuatro tipos de amenazas que ya pesan sobre la región: acaparamiento de tierras públicas con fines especulativos, deforestación, afectación a áreas protegidas y territorios indígenas y amenaza al patrimonio arqueológico de la región.   “Hay estudios que consideran que el Ferrograo podría causar cerca de 10 millones de hectáreas de deforestación”, alerta Renata Utsunomiya. En 2020, un informe de la Universidad de Minas Gerais indicó que “la reducción del coste del transporte fomenta el aumento de la producción agrícola, lo que motiva la conversión de áreas aptas para la agricultura, ya sean pastizales o vegetación nativa”. Para elaborar sus previsiones, los especialistas se basaron en los daños ambientales que ocurrieron desde la construcción de la BR-319, la carretera actual que une Sinop a Miritituba, edificada en los años 1960 pero que ya no da abasto para transportar los granos hacia el río Tapajós. El Ferrograo sería paralelo a esta carretera. “Desde 2004, con el anuncio de la pavimentación de la BR-163, se intensificaron la deforestación y las quemas en la región del Tapajós, relacionadas con la presión por la tierra”, recuerdan los expertos del Grupo de Trabajo Infra. El Corredor fluvial: dragado y explosiones El proyecto logístico despertó también el temor de varias comunidades indígenas amazónicas, testigos directos de la destrucción del bosque amazónico convertido en inmensos cultivos de soja, maíz y palma. El territorio del pueblo cayapó del cacique Raoni se encuentra por ejemplo a 30 km del trazado de la futura ferrovía. Los asentamientos Munduruku en Itaituba están aún más cerca. En la cumbre climática de Belém, Raquel Tupimambá, líder Tupinambá del Tapajós, agricultora e investigadora en antropología social en la Universidad do Brasil, fue una de las representantes indígenas que alza la voz contra el Ferrograo. "Este proyecto representa para nosotros la continuidad del modelo de desarrollo pensado para la Amazonía, ese modelo que domina el mundo y que ve la selva, la Amazonía y sus pueblos como periferia, como un lugar para ser explotado”, comentó la activista en entrevista con RFI. Al Ferrograo se añade además un proyecto de corredor fluvial bautizado “Hidrovía del río Tapajós”. Actualmente, decenas de barcazas llenas de granos ya circulan en este río. Y para cumplir con el objetivo de pasar de 20 millones a 40 millones de toneladas transportadas anualmente, el gobierno de Brasil planea un dragado del río Tapajós. Actualmente, la navegación de barcazas de gran calado en este río se ve amenazada en varios puntos en épocas de sequías, presentan riesgos para la navegación debido a su poca profundidad. Hace un año, Raquel Tupinamba participó en el bloqueo temporal del transporte de granos en el río Tapajos para alertar sobre los posibles impactos de la “Hidrovía”. "El corredor fluvial representa un peligro porque atraviesa nuestro territorio. Y esto es lo que ocurre: la Hidrovía Tapajós está prevista y se encuentra en fase de planificación, incluso ahora se ha promulgado el decreto 12.600, firmado por el presidente Lula, que permite la privatización del Tapajós para que alguna empresa lleve a cabo el proceso de excavación del río y la destrucción de rocas sagradas. Pretenden destruir estas rocas que para nosotros son espacios sagrados, donde viven los seres encantados que nos protegen, pero también son criaderos de peces y quelonios”, comenta Raquel Tupinambá. “Y sí se retiran los sedimentos que se encuentran en el fondo del río, que es donde se acumula el mercurio, existe la posibilidad de que también aumente la acumulación de mercurio en los peces y en nosotros, como población humana que vivimos allí, en la ribera del Tapajós, y que consumimos pescado todos los días”, agrega la líder autóctona. Antes de que inicien las obras, los representantes indígenas exigen además ser consultados. “No se nos consultó sobre este proyecto Ferrogrão, al igual que tampoco se nos consultó sobre el proyecto de la hidrovía Tapajós. La consulta esa es una de nuestras peticiones, una de nuestras reivindicaciones al Gobierno. Además, es obligatoria”, recuerda Raquel Tupinambá. A raíz de la movilización y la presión de los pueblos indígenas en la COP30, el ministro de la presidencia de Lula se comprometió recientemente a realizar la consulta con los pueblos sobre la hidrovía. El abogado del instituto que representa a los pueblos indígenas asegura por su parte que la batalla legal continuara para frenar este megaproyecto, símbolo del sector del agronegocio.

Más de 600 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (GIEC) están reunidos en Francia para iniciar las labores del próximo informe sobre el cambio climático. RFI conversó con un climatólogo y miembro del panel, acerca de los nuevos retos climáticos que surgen en este contexto de agravamiento de la crisis climática y de climatoescepticismo del presidente estadounidense. En un contexto de climatoescepticismo creciente de varios responsables políticos en Europa y en Estados Unidos, Francia reunió esta semana a los científicos más destacados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) para respaldar su trabajo.   El GIEC entrega cada 5 o 7 años informes científicos de referencia para los gobiernos, y se divide en tres grupos: el Grupo I, que estudia las causas físicas del calentamiento global; el Grupo II que se dedica a evaluar en los impactos de este fenómeno global, mientras que el Grupo III compila los datos científicos sobre la mitigación del cambio climático.   RFI conversó con el climatólogo peruano Eduardo Calvo, uno de los vicepresidentes del tercer grupo de trabajo del GIEC.  RFI: El gobierno de Estados Unidos retiró su apoyo financiero e institucional a los científicos que estudian el clima. ¿Qué impacto he tenido esta decisión para la ciencia climática?  Eduardo Calvo: Sobre la mayor parte de países, esto no ha tenido un impacto relevante. Sin embargo, [para Estados Unidos], una de las grandes economías, gran donante para el fondo del fideicomiso del GIEC, y fuente de múltiples científicos altamente valorados y respetados, pues lo que nos hemos visto es que ha habido un recorte en todo el financiamiento y no sólo el financiamiento, sino también el apoyo laboral, profesional a los participantes.  Escuche el audio de la entrevista con Eduardo Calvo, climatólogo peruano:   RFI: El gobierno de Estados Unidos prohibió a los científicos estadounidenses participar en algunas sesiones intermediarias del GIEC. ¿Cómo han logrado mantener su presencia estos destacados científicos estadounidenses en los grupos de trabajo?  Eduardo Calvo: Por suerte hay muchas entidades de diferentes niveles, también de gobiernos de los diferentes estados, gobiernos locales y sobre todo la comunidad científica y de investigación que les ha brindado un gran apoyo. Como vemos, la mayoría de ellos hoy están aquí y tenemos por suerte la posibilidad de contar con su valiosa experiencia.  RFI: Se están cumpliendo 10 años desde que se firmó el Acuerdo de París, este pacto clave para luchar contra el cambio climático en el que la comunidad internacional se compromete a limitar a +1.5 °C el aumento de la temperatura global. Esta cifra fue fijada por los climatólogos como usted. ¿Por qué se eligió esta referencia precisa?  Eduardo Calvo: El [umbral de] 1.5°C se convirtió en un esquema emblemático que sería lo que nos permitiría mantenernos dentro de los umbrales que consideramos seguros. En realidad, el acuerdo de París habla de no superar los 2°C en un primer lugar o mantenerse tan debajo de los 2°C como se pueda y en algunos pasajes hace la mención de que nuestra primera valla de seguridad debería ser 1.5°C. Lo cual se veía como un objetivo aspiracional sumamente difícil.   Lamentablemente 2024 ya nos muestra de que, como un año individual, pues este el número ya ha sido superado.  RFI: ¿Puede darnos ejemplos de cómo los sistemas naturales se ven afectados por el aumento de la temperatura global?  Eduardo Calvo: Uno de los temas que aquí vamos a tener en discusión con los autores [del GIEC] es acerca de estos que les llamamos puntos de inflexión, puntos de quiebre en inglés los conocemos como “tipping points”. Tenemos, por ejemplo, esta posibilidad de la sabanización de la Amazonía. Un representante islandés habló también del posible colapso de la circulación oceánica en el Atlántico, que afectaría gran parte de Europa occidental y a Europa en general. Ese representante islandés decía qsue presentaba una amenaza existencial para su país.    RFI: La curva actual de las emisiones de gases de efecto invernadero y las políticas climáticas nos llevan a un aumento catastrófico de las temperaturas de +2,8 °C a finales del siglo. ¿Cómo haremos una vez que superemos 1,5°C para revertir esta peligrosa curva ascendente?  Eduardo Calvo: Lo más preocupante es el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y estamos viendo con suma preocupación de que ya esto es difícilmente manejable por los sistemas naturales. Entonces hoy ya estamos preparando diversos tipos de trabajo que incluyen el uso de diferentes técnicas de geoingeniería. En algunos casos hay gente que está optando por la gestión de la radiación solar. En otros estamos hablando de las posibilidades de hacer manejos de corto plazo con los forzantes climáticos de vida corta [como el metano] para reducir las emisiones por ese lado.  O estamos hablando de la captura, uso y almacenamiento del carbono, que es otra de las alternativas en las que recientemente una serie de avances importantes.   Pero lo que necesitamos es que estos avances se puedan masificar a la brevedad posible.  Todas estas tecnologías y nuevas ideas están a nivel de prototipo, están a nivel de laboratorio y tienen que demostrar que son comercialmente viables.   Mientras tanto, lo que sí estamos viendo es redoblados esfuerzos por buscar alternativas de reducción de emisiones que traen múltiples beneficios. Sobre todo, por ejemplo, el transporte en grandes ciudades se ve muy beneficiado, si es que se opta por vehículos eléctricos o no motorizados.  RFI: ...La electrificación del transporte es una solución mucho más accesible e inmediata que podemos implementar frente a la geoingeniería que es controvertida. Eduardo Calvo: Tiene sí una serie de detractores y sobre todo existen los temores de algo que no ha sido desplegado previamente.   Lo que se hace es más bien buscar las opciones de mitigación [del cambio climático] que hacen mucho sentido porque tienen cobeneficios, como por ejemplo la restauración de suelos o de áreas forestales o de zonas costeras degradadas, en las cuales los almacenes de carbono naturales se han visto disminuidos. Y que, si se recuperan, pues puede influenciar significativamente de una manera positiva tanto sobre la mitigación del cambio climático como, en algunos casos, por ejemplo, defendiendo los humedales costeros para la propia adaptación al cambio climático, pero con otros impactos beneficiosos para la salud, para también los ecosistemas.  RFI: ¿Usted lleva más de 30 años en el área de la ciencia climática, cuando vemos que los esfuerzos de la lucha contra el cambio climático son insuficientes, ¿cuál es su sentimiento para el futuro?  Eduardo Calvo: Yo creo que a pesar de que lo que vemos resulta preocupante, existe un optimismo cautivo de que ha habido innovaciones no solo en lo tecnológico y científico, sino también en lo social y también en el modo económico de manejar el tema. La misma banca hoy día está preocupada de si sus inversiones en tecnologías contaminantes no se van a ver deterioradas con el tiempo.  Ya sabemos que dicen que el animal más temeroso es el capital.  RFI: ¿Y esto es buena señal para la salud del planeta Tierra?  Eduardo Calvo: Pues sí, porque si los niveles de preocupación crecen y si tenemos también con el mismo cambio generacional. Una conciencia aumentada sobre el problema, pues eso significará una intensificación de la búsqueda de soluciones. 

La COP30 terminó con menos ambición de la que prometía: ni la eliminación progresiva de los combustibles fósiles ni un compromiso reforzado contra la deforestación entraron en el paquete final. En la Amazonía, donde los pueblos autóctonos se hicieron escuchar como nunca, los negociadores apenas lograron mantener vivo el Acuerdo de París y un multilateralismo debilitado por los conflictos y la presión de los países petroleros. Las voces de los pueblos autóctonos resonaron durante la cumbre climática de Brasil a las puertas de la Amazonía, Tupinambas, Kichwas, Ashuar, Nazas. La COP30 de Belém se caracterizó por la afluencia inédita de representantes de pueblos indígenas que presionaron a los delegados para exigir una lucha más eficaz contra la deforestación, para prohibir la explotación petrolera y minera en sus territorios y para pedir una transición energética justa. Después de 3 cumbres climáticas en países autoritarios (Egipto, Emiratos Arabes Unidos y Azerbayán), la sociedad civil pudo nuevamente marchar y manifestarse por las calles. El presidente Lula da Silva, para quien la COP era una forma de garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, inauguró el evento con dos grandes objetivos: una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles y medidas fuertes contra la deforestación, dos aspectos que sin embargo no figuran en el paquete de textos aprobados por la COP. Acuerdo de mínimos La cumbre de Belem adoptó un texto de mínimos para mantener vivo el Acuerdo de París. El diplomático brasileño, André Correa do Lago, quien presidió las negociaciones, había anticipado que no había que esperar grandes compromisos. Se habían fijado dos objetivos: reforzar las políticas para limitar a 1,5 grado el calentamiento global y mantener vivo el multilateralismo, amenazado por los conflictos armados y el climatoescepticismo de varios gobiernos. Ilan Zugman, director de la ONG 350.org en Brasil dijo a RFI que "en efecto, el Acuerdo de París se mantiene vivo y el multilateralismo también. Tenemos ahí un acuerdo pero para poder realmente hablar de implementación, necesitaríamos menciones mucho más fuertes en los textos de los principales causadores de la crisis climática, que son los combustibles fósiles. También, para poder implementar las decisiones, necesitamos financiación, algo que desafortunadamente se menciona  de manera muy débil. Necesitamos mucho más." Pocos avances en la lucha contra la deforestación Y sobre el mejoramiento de la lucha contra la deforestación, Zugman estimó que "salimos con poquísimas menciones en los textos finales sobre la importancia de los bosques y terminaron con la deforestación. Creo que la mayor contribución de esta COP fue el poder de la gente que vimos dentro y fuera de la cumbre." El tema que generó mas divisones entre los paises fue la mencion a los combustibles fósiles. Son responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Durante la cumbre, una coalición de más de 80 países pidió que el texto final pidiera un calendario para eliminarlas progesivamente. Según la ciencia, esa es la única forma de mitigar significativamente el cambio climático. Sin embargo, países como Arabia Saudita, India y Rusia bloquearon esta propuesta que hubiera necesitado un consenso de los más de 190 países de la conferencia. Y en el texto final no se menciona nada sobre los combustibles fósiles. Como gesto de buena voluntad, la presidencia de la COP aprobó la creación de una hoja de ruta anexa para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Pero esta iniciativa no contempla de momento ninguna medida concreta, lamenta Ilan Zugman. "Es un señal muy débil que envía la COP, dice, porque los combustibles fósiles son los principales responsables de la crisis climática y no tener esta hoja de ruta, o menciones a combustibles fósiles conectadas con las negociaciones, es un resultado muy débil." Una inciativa colombiana El discurso de la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, en vísperas de la clausura de la cumbre fue otro de los momentos destacados. Para evitar el bloqueo de los países petroleros, Colombia junto con una treintena de países que quieren reducir más rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, lanzó la llamada Declaración de Belém para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El país sudamericano, que suspendió en su territorio la exploración petrolera, anunció una conferencia internacional sobre el tema en abril de 2026, en Santa Marta. Será sin dudas, una de las citas importantes de la agenda climática del año entrante. Puede escuchar el reportaje completo haciendo clic en la imagen principal o en nuestro podcast, Vida en el Planeta, en las principales plataformas.

La cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático Cop30 arrancó en Brasil en un contexto de urgencia climática. En la agenda de negociaciones, el financiamiento de la acción climática se impone nuevamente como uno de los temas prioritarios. Algunos países proponen crear nuevos impuestos globales para financiar la ayuda a los países del Sur global. Tras una ardua negociación en la COP29 de Bakú sobre el monto de la ayuda financiera que los países desarrollados movilizarán para los países en desarrollo, se trata ahora de negociar el “cómo”. Bajo el efecto del cambio climático, las olas de calor se multiplican, el océano se dilata y amenaza cientos de pueblos costeros del mundo, los corales se mueren y los casquetes polares y los glaciares se derriten. Las sequías más intensas y frecuentes – Europa vivirá 5 veces más olas de calor a finales del siglo, si la temperatura aumenta 2.7°C en promedio- y las inundaciones derivadas de las tormentas son otros de los impactos del cambio climático. El consenso científico nos urge a reducir el uso de combustibles fósiles. Pero para ello, se necesitan recursos enormes. En Bakú, se acordó destinar 300 mil millones de dólares anuales para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esta meta de financiamiento global (NCQG en inglés) debería ascender a 1.3 billones de dólares anuales de aquí a 2035 con la participación de los actores privados. Escuche las entrevistas en versión audio: Y ahí, surgen dos preguntas: ¿Cómo financiar la transición energética sin agravar la deuda de los países en desarrollo? ¿Quién pagará la factura de los impactos climáticos? “Acelerar la transición energética y proteger la naturaleza son las dos formas más efectivas de frenar el calentamiento global. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos hojas de ruta para revertir de manera justa y estratégica la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para lograr estos objetivos”, confío el presidente de Brasil en la cumbre de jefes de estados antes de la COP30. Como lo indicó el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva en su discurso, ya existe un compromiso de canalizar de aquí a 2035 1.3 billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático en los países pobres. Y este dinero, deberá salir en prioridad de las arcas de los estados más ricos. “Desde una mirada de justicia climática es muy importante entender que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países del norte, al ser más responsables de causar la crisis climática, son quienes se comprometieron también a financiar a los países del sur en esa mitigación y adaptación al cambio climático. Es lo que establece el artículo 9.1 del acuerdo de París y debe cumplirse”, recuerda la economista Carola Mejía, economista y especialista en justicia climática. Según Mejía, quedan aún muchos obstáculos para que los países en desarrollo reciban suficientes financiamientos para prescindir de los ingresos del extractivismo.  “Los mecanismos para acceder a este financiamiento son complejos. Cada fondo que se ha establecido tiene sus procesos distintos. Si uno postula, por ejemplo, en procesos en inglés que son complicados, en algunos casos pueden durar hasta 5 años, como es el caso del Fondo Verde del clima, para tener un solo proyecto aprobado”, explica Mejía. Además, “la mayor parte, el 60%, está yendo mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), solo el 28% para adaptación al cambio climático.   Y por otro lado, el 70% del financiamiento climático está llegando como préstamos que “injustamente incrementan los niveles de deuda externa”, lamenta Mejía. Proponen impuestos a los multimillonarios Ideas para financiar la lucha climática, no faltan. En la mesa de esta COP30 está la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, un documento de 100 páginas que contiene decenas de propuestas de financiamiento. Entre las cuales movilizar dinero del Fondo Monetario Internacional, aumentar la ayuda al desarrollo que ha ido disminuyendo en los últimos años, o impuestos al carbono, como el que va a instaurar la Unión Europea en enero próximo. Se propone también crear nuevos impuestos. Una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo podría generar entre 4000 y 223.000 millones de dólares, por ejemplo. Tasas mínimas a las transacciones financieras, a los ultrarricos o a las armas podrían generar billones de dólares de recursos también, indica el documento. Una iniciativa que apoya el exministro de Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega-Pacheco. “Necesitamos una señal de precio para que sea más atractivo invertir en energías renovables que seguir invirtiendo en la extracción de crudo. El destino de esa recaudación fiscal tiene que ser primero para garantizar una transición justa a los sectores que normalmente no tendrían acceso a financiamiento, y por supuesto avanzar en la descarbonización y reinvertir en energías renovables”, estima Ortega-Pacheco, quien preside actualmente la iniciativa Carbono Agro. “Pero por supuesto acompañado de eso, hay que garantizar esa transición justa de sectores que normalmente no son atractivos, como la agricultura o bien de esos trabajadores que quedan de las industrias que deberán tener una reingeniería”, recomienda el exministro, entrevistado por RFI. Revertir una lógica financiera que destruye el planeta En esta COP30 justamente, el gobierno de Brasil lanzó una medida concreta para cambiar la lógica financiera actual en la que invertir en los combustibles fósiles es más rentable que proteger el planeta. Y sí, deforestar una hectárea de selva genera más ganancias que conservarla. En estas condiciones, la Amazonía pierde cada minuto el equivalente de 6 canchas de fútbol. Para revertir la deforestación, Brasil creó un nuevo fondo llamado TFFF (Tropical Forest Forever Facility en inglés), el Fondo de protección de bosques tropicales para siempre, destinado a alrededor de 70 países. Con un concepto sencillo: varios estados se comprometen a colocar dinero en el mercado financiero en un fondo cuyas ganancias servirán para remunerar a los países que protegen sus bosques. Países como Brasil, República del Congo o Indonesia recibirían alrededor de 4 dólares por hectárea conservada. Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch ve con buenos ojos la creación de este fondo: “Uno de sus puntos fuertes es que no está considerando pagar a países por disminuir la deforestación, sino que el pago es por hectárea de bosques que se puede observar sigue en pie”. El fondo estará “basado en imágenes satelitales, las cuales básicamente cualquiera puede corroborar y creo que eso genera un nivel de credibilidad que iniciativas anteriores, pues no han tenido”, apunta Luciana Téllez. Pesan, sin embargo, sobre este fondo, varias dudas. ¿Bastarán con 4 dólares por hectárea para desincentivar el agronegocio o la minería ilegal que generan ganancias millonarias? Cómo se canalizará el 20% de las ganancias del fondo a los pueblos indígenas y comunidades locales en los países que no las reconocen, como en Asia o África? Preguntas que aún quedan irresueltas. Lo seguro es que la presidencia brasileña puso la protección de los bosques en el centro de la agenda. Los bosques cubren el 30 % de la superficie terrestre y han capturado la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019. Además de ser el segundo sumidero de carbono más importante del mundo después del océano, los bosques prestan servicios ecosistémicos vitales para miles de millones de personas. La agricultura y la ganadería intensivas, la expansión urbana y la explotación de los recursos son los principales factores que contribuyen a ello. Entrevistas : -Carola Mejía, economista, miembro de la red Latinddad. -Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch. -Daniel Ortega-Pacheco, ex ministro de Ambiente de Ecuador y director de la iniciativa Carbono Agro.

Desde la instalación de parques eólicos en México hasta la extracción de minerales para los autos eléctricos, la ruta hacia la descarbonización agrava las desigualdades entre el norte y el sur global, denuncia la investigadora la activista y socióloga mexicana Josefa Sánchez Contreras en un ensayo. La transición energética hacia la descarbonización de la economía se implementa en detrimento de los pueblos indígenas y de las comunidades locales de Suramérica y África. Es lo que denuncia la investigadora mexicana Josefa Sánchez Contreras, oriunda del pueblo Zoque. En su ensayo titulado 'Despojos racistas, hacia un ecologismo anticolonial'*, la socióloga demuestra cómo la urgencia climática y los grandes proyectos de energía verde acaban perjudicando a los pueblos autóctonos históricamente marginados y víctimas del racismo. Dicho fenómeno ha sido denunciado también en un reciente informe de la ONG de lucha contra la pobreza Oxfam publicado en vísperas de la cumbre climática COP30 de la ONU. A pesar de las buenas intenciones de los países del norte para alejarse de los combustibles fósiles, persisten lógicas de explotación hacia los países del sur. La empresa de autos eléctricos Tesla de Elon Musk, por ejemplo, obtiene ganancias de alrededor de 3100 dólares por cada coche vendido. Sin embargo, por cada vehículo que contiene 3kg de cobalto, extraído principalmente en República Democrática del Congo, el país africano recibe menos de 10 dólares. Una asimetría que la investigadora Josefa Sánchez califica de “colonialismo verde” con tintes racistas. Escuche la entrevista completa: RFI: ¿Qué fue lo que la llevó a estudiar de cerca estas temáticas? Josefa Sánchez Contreras: Muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy sugerente porque me sitúa en mi punto de enunciación que es el pertenecer a un territorio indígena, un territorio comunal. Pertenezco al territorio angpøn (o zoque) de Chimalapas en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Y lo que me ha llevado y motivado a investigar sobre colonialismo energético, despojos racistas, pues es el hecho de que en mi comunidad hemos tenido que defender el territorio frente a concesiones de minería para la extracción de oro y cobre. Y también por la llegada de parques eólicos en la planicie sur del istmo. Entonces, la pregunta de ¿por qué cuando se promociona energía limpia al mismo tiempo se aumentan las concesiones mineras?, me llevó a indagar más sobre el origen de estos megaproyectos. RFI: Varias voces de la sociedad civil, ONG, comunidades locales y académicos como usted, denuncian la existencia de un “colonialismo verde”. La ONG Oxfam calculó por ejemplo que el 70% de los minerales para las energías renovables están ubicados en los países menos desarrollados, pero los beneficios los acaparan los países más ricos. ¿Qué significa para usted esta noción de colonialismo verde? Josefa Sánchez Contreras: Podríamos decir sencillamente que a la luz de siglo XXI, en el que las crisis ambientales incrementan, en el que la temperatura del planeta está aumentando 1.5°C que ya advertía el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cuando vemos que los límites biofísicos de planetas se están rebasando, cuando vemos que la fuente energética fósil nos está llevando a la catástrofe ambiental; a la luz de todo eso, vemos que emergen programas verdes por parte de Estados y corporaciones del norte global principalmente, que se venden y se promocionan como alternativas para superar estos grandes crisis. Sin embargo, lo que esconden detrás de ese tinte verde, digamos, son más lógicas, coloniales, lógicas de despojos, de violencias contra los territorios de pueblos indígenas que históricamente han luchado contra el colonialismo. Entonces lo que encontramos es que el colonialismo verde, es esa nueva forma de despojo que incrementa a la luz de las crisis ambientales de nuestro tiempo y se expresan en el incremento de megaproyectos eólicos fotovoltaicos a gran escala, de hidrógeno verde, de políticas de conservación de la naturaleza que no respetan los derechos indígenas. RFI:  Si tomamos el ejemplo del istmo de Tehuantepec, esta región del sur de México en el estado de Oaxaca, existen ahí grandes parque eólicos. ¿Qué impactos tienen en las comunidades locales? Josefa Sánchez Contreras: Estos proyectos agudizan los procesos de privatización de las tierras comunales, el desmantelamiento de la propiedad social de la Tierra, que es la propiedad social, son tierras que no son privadas, que son comunales y ejidales, y son resultado, pues, de un largo proceso de defensa de los territorios Otros impactos son los pasos de aves o los mantos freáticos que no están siendo rigurosamente evaluados por la Secretaría de Medio Ambiente. Cuando decimos que queremos mitigar la emergencia climática y queremos superar esta crisis, es paradójico porque vemos que está teniendo un impacto ambiental directamente y bueno, y por otro lado, estamos viendo que tiene un impacto también en el incremento de la violencia en la región. RFI: Dentro de este boom de la demanda de minerales para la producción de baterías para la electrificación del transporte en Europa en Estados Unidos, usted afirma en este ensayo que la extracción de minerales en Latinoamérica y en África también obedece a lógicas de despojo racista. ¿por qué? Josefa Sánchez Contreras: Es parte del corazón de este ensayo. Vemos, efectivamente, en el norte global que los proyectos de electrificación, los pactos verdes europeos están demandando minerales. O sea, esta electrificación que promete reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, están manifestándose en forma de extractivismo en muchos territorios del sur global. Y esto es una forma de despojo racista en la medida que, en este momento de crisis, nuevamente son los territorios históricamente colonizados, históricamente racializados, los que se vuelven susceptibles de ser sacrificados. Pero en esta ocasión, en nombre de salvar a una humanidad de la catástrofe, de salvarnos de las catástrofes ambientales. Y es ahí donde me pregunto en este ensayo: ¿qué es esa humanidad? ¿Quiénes conforman esa humanidad que se van a salvar de la catástrofe? ¿Un reducido sector de la población global, que es principalmente responsable de los gases de efecto invernadero? ¿Quiénes son los humanos y quiénes no son los humanos? Esto es una raíz de ese racismo que se ha inaugurado desde el siglo XV y XVI. Es un racismo que ha justificado el saqueo de pueblos enteros que ha tipificado los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, que nos han tipificado como pueblos indígenas, como pueblos negros, como pueblos prietos. Y somos esos cuerpos los que no importamos,  los que no hemos importado históricamente, esos cuerpos que se han violentado Esa violencia naturalizada durante largos siglos, es lo que hoy día, en el siglo XXI, sigue operando y sigue justificando la violación de los derechos humanos en muchos territorios que contienen estos minerales. RFI: ¿Cuál sería la alternativa a esta política energética? De hecho, el subtítulo de su ensayo es hacia un ecologismo anticolonial. ¿Cómo pensar una política energética Pues más justa, más equilibrada? Josefa Sánchez Contreras:  Este subtítulo 'hacia un ecologismo anticolonial' es una interpelación al norte global. Si queremos empezar a pensar soluciones reales verdaderas para estas grandes crisis energéticas, ambientales, cualquier proyecto que vaya orientado a mitigar la emergencia climática debe tener posturas anticoloniales y antirracistas. No se trata sólo de una solución técnica, un cambio de aplicación de un fracking a una turbina de viento. Se trata de una transformación política, económica, cultural, subjetiva, porque esos son también los orígenes de los problemas de nuestro tiempo. Hay que pensar en redistribución, en el acceso a la energía, porque también dentro del norte global hay barrios que no tienen acceso a la energía básica o tienen energía muy irregular. Entonces pensemos en la redistribución energética: ¿energía ¿para quién?, energía para qué? ¿Se van a seguir generando más aplicaciones tecnológicas orientadas a la destrucción de nuestro hábitat? Me parece que esa no es la solución. Me parece que la solución tiene que pasar por generar servicios para la población en su conjunto. Aparece la inteligencia artificial, las demandas de energía para las guerras, por ejemplo. Es un gran momento, creo, para repensar ¿cómo queremos vivir, ¿cómo queremos habitar y cómo vamos a superar estas desigualdades? *Despojos racistas, hacia un ecologismo anticolonial está disponible en versión digital en la página de la editorial Anagrama.

Perros, caballos, monos y mariposas son los protagonistas de 'El Corazón de la bestia", un conjunto de cinco historias de animales emblemáticas en cinco países latinoamericanos. Con estas crónicas, la autora argentina Leila Guerriero, coordinadora del libro, busca dar cuenta de "revolución silenciosa" del vínculo entre humanos y animales no humanos. ¿Qué pensarán las generaciones futuras cuando se enteren que en nuestra época se podían explotar, comer, mantener en cautiverio y vender animales o mascotas? Con la premisa de que nuestros vínculos con los animales están cambiando de manera acelerada con las luchas por el bienestar animal, el veganismo o el antiespecismo por ejemplo, la escritora y editora argentina Leila Guerriero reunió textos de 6 autores latinoamericanos de distintos países. En este conjunto de crónicas titulado 'Corazón de la bestia' (Bookmate Originals), ‘Nace una estrella’ relata por ejemplo la controversia sobre la adopción de una mona en Ecuador, caso que llegó a la Corte Constitucional. Otra crónica cuenta la vida de lujo de perros mexicanos que comen pasteles y se relajan un spa. Estas historias -con un prólogo de Martín Caparrós- reflejan las interacciones contemporáneas entre animales humanos y no humanos explica a RFI Leila Guerriero, editora de ‘El Corazón de la bestia’. Escuche la entrevista con Leila Guerriero y Santiago Rosero: En su texto titulado ‘Los animales me explican cosas’, el mexicano Emiliano Ruiz Parra retrata a perros que van a la peluquería y se bañan en tinas con hidromasajes. La uruguaya Soledad Gago dedica su crónica’ Por el camino de los caballos’ a los intensos debates sobre el dolor de los caballos en las tradicionales jineteadas. Mientras que, en ‘Perros de la calle’, la chilena Sabine Drysdale narra la indignación que suscitó el asesinato a palos de un perro callejero y que llevó a la adopción de una ley epónima. Una de las crónicas más apasionantes es sin duda la que se titula ‘Nace una estrella’, de Santiago Rosero. El periodista ecuatoriano - quien fue colaborador de RFI - relata los dilemas morales, filosóficos y jurídicos derivados de la adopción de un mono chorongo, bautizado Estrellita. Un animal silvestre que Ana Burbano, habitante de la ciudad de Ambato a 150 km de Quito, recibió como regalo a pesar de la prohibición de poseer animales silvestres en un domicilio. La historia se complica cuando las autoridades quieren recuperar el animal para devolverlo a su entorno natural. La mona tenía entonces 18 años y había vivida toda su vida al lado de una humana, humanizada por una mujer que la trataba como su hija. Rosero diseca un caso dramático en el que se entrelazan disuyntivas sobre la protección de la fauna silvestre y el antropomorfismo. Las crónicas en El Corazón de la Bestia están disponibles en la plataforma en línea de Bookmate.com.

Según los últimos datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), tres especies de focas del polo norte están en declive, mientras que seis especies fueron oficialmente declaradas como "extintas". Entrevista con el ecólogo Jon Paul Rodríguez de la UICN. Tres nuevas especies de focas del Polo Norte se acercan cada vez más a la extinción, alerta la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICN) en su nuevo informe. "La causa de esta disminución está asociada principalmente con la pérdida de hielo en el Ártico debida al cambio climático, al calentamiento global. Estas focas utilizan estas grandes balsas de hielo flotante para criar a sus crías, para la muda de su piel, para descansar y los usan como barcos también para moverse en el Ártico y tener acceso a áreas de alimentación", detalla el ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez, en entrevista con RFI desde la cumbre de la UICN en Emiratos Árabes Unidos. En esta nueva actualización de la Lista Roja de especies amenazadas, la UICN, que reúne a científicos del mundo, llama también la atención sobre el declive de una buena parte de las 12.000 especies aves que el organismo monitorea año tras año. Según los últimos datos, el 11% de las aves del mundo están amenazadas, es decir dentro de las categorías "en peligro", "en peligro crítico" y "vulnerables". Y el 61% de las aves del mundo están en declive debido a la pérdida de hábitat por la tala de árboles y la expansión agrícola, explica Jon Paul Rodríguez, especialista en aves y presidente de la Comisión de Superviviencia de especies, una de las comisiones científicas de la UICN. "Centroamérica África son de las dos regiones en las que ha ocurrido una mayor proporción de estas disminuciones", detalla Rodríguez. La UICN emite también una alerta con respecto a los polinizadores en Europa. Cerca de 100 especies de abejas silvestres europeas están amenazadas. Las tortugas verdes, un caso ejemplar de conservación de las especies En otros casos -no son muchos- se ha logrado revertir esta tendencia inquietante de pérdida de biodiversidad. Gracias a una ambiciosa política de conservación en varios países, la población de tortugas verdes, presentes en las aguas tropicales de los océanos del mundo, se ha recuperado un 28% desde los años 1970, según las estimaciones científicas. "En las playas, las tortugas verdes son muy vulnerables al saqueo de los nidos (...) y mientras están nadando en alta mar son capturadas accidentalmente por las redes de pesca de los barcos rastreros", detalla Jon Paul Rodríguez. La prevención del saqueo de los huevos en las playas de nidificación y la implementación de redes de pesca con compuertas que permiten a las tortugas escaparse han permitido que se recupere la población. Declive generalizado de la biodiversidad La disminución global de la biodiversidad a un ritmo acelerado es una de las tres crisis ecológicas que enfrenta el planeta. Y este año, seis especies fueron declaradas oficialmente como "extintas", entre ellas la musaraña de la isla de Navidad, una especie de caracol cono, ambas extintas desde finales de la década de 1980; el zarapito de pico fino, un ave migratoria costera avistada por última vez en Marruecos en 1995; y tres pequeños mamíferos australianos. "Muchas veces la gente me dice '¿qué importa que se extinga una especie?' Y mi respuesta siempre es que hay que trazar la raya en algún momento.  Creo que hemos causado la extinción de suficientes especies como para entender y para aceptar que tenemos que prevenir la extinción de más", advierte el científico Jon Paul Rodríguez. Entrevista completa con el ecólogo venezolano Jon Paul Rodríguez, presidente el grupo de Supervivencia de las especies de la UICN:

Esta semana en Vida en el planeta, volvemos sobre la vida de la reconocida primatóloga Jane Goodall quien falleció a los 91 años a principios de octubre. La britanica dedicó su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés y revolucionó nuestra vision de estos animales, con estudios que demostraron que tienen mucho más en comun con los humanos de lo que se pensaba. La voz de Jane Goodall se apagó a principios de octubre, pero sus saludos en "lenguaje" chimpancé, que solía compartir con la audiencia al inicio de sus conferencias, pasarán a la historia. La reconocida primatóloga británica, quien falleció el 1ro de octubre a los 91 años, revolucionó nuestra manera de percibir a los grandes monos. Con sus estudios pioneros sobre el comportamiento animal en particular la doctora Jane Goodall reveló a la comunidad científica que los seres humanos no eran la única especie animal en utilizar herramientas. Famosa por sus abrazos con los chimpancés, esta científica y también activista mediática demostró también que los chimpancés son seres sintientes que experimentan emociones, tienen personalidades propias y participan en guerras. Y durante la segunda parte de su trayectoria se convirtió en una defensora incansable de la biodiversidad y del clima. Para evocar la vida de Jane Goodall, conversamos con Federico Bogdanowicz, director del Instituto Jane Goodall en España y responsable de proyectos de conservación en Senegal. Federico buenos días. Escuche la entrevista completa aquí:

La conferencia anual sobre el Clima, la Cop30, que este año tendrá lugar en Brasil se acerca. Pero a pesar de la urgencia climática, los grandes productores de gas y petróleo planea aumentar la extracción de energías fósiles, indica un informe publicado este lunes. Para limitar el calentamiento global a entre 1.5°C y 2°C grados Celsius el mundo debería reducir drásticamente el uso los de combustibles fósiles. Pero las previsiones de producción a 2030 y 2050 indican lo contrario. A pesar de que la temperatura media en Europa ya ha aumentado 2.3°C desde la era preindustrial, los esfuerzos de los países que más contribuyen al cambio climático son aún insuficientes. “Aún lo países están proyectando producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles que sería compatible con el objetivo del Acuerdo de parís”, indica Paola Yanguas, asesora de política energética, economista en el IISD, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, y coautora del reporte ‘Brecha de producción de combustibles fósiles 2025’ que analiza los 19 mayores productores del mundo. "Y lo que dice el reporte es que los países tienen planes de producir mucho más combustibles fósiles de lo que nos dicen las proyecciones de la demanda. Es preocupante que todavía no haya un reconocimiento sobre la necesidad de disminuir la producción de combustibles fósiles", agrega Yanguas. La combustión de carbón, petróleo y gas es la principal causa del calentamiento global que desencadena una serie de consecuencia catastróficas para el clima. La producción de carbón, petróleo y gas prevista para 2030 representa más del doble (120% más) del volumen que permitiría limitar el calentamiento global a 1,5ºC, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, según los cálculos del Instituto de Medioambiente de Estocolmo (SEI). Los autores del informe observan incluso que la brecha entre estas trayectorias de producción y los volúmenes compatibles con las ambiciones climáticas internacionales se ha profundizado desde la última edición de este estudio, publicada en 2023. Escuche el podcast completo:

Este mes de septiembre, en Colombia, se cumplen 9 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Varios grupos armados siguen presentes en el país. Pero el fin del conflicto en algunas regiones permitió a numerosas familias volver a las tierras que tuvieron que huir debido a los combates. Algunas de ellas emprendieron negocios de turismo eco responsable que tienen sello de "destinos de paz". Esta semana en ‘Vida en el planeta’, escucharemos el relato de Enilda Jiménez, directora de la reserva natural Surikí en el Golfo de Urabá en el norte de Colombia. La vida de Enilda Jiménez es un concentrado de la agitada historia reciente de Colombia, un país que intenta reconstruir y reconciliarse después de las atrocidades del conflicto armado. Enilda Jiménez tiene 45 años, es psicóloga de profesión. Junto con sus 20 hermanos, creció en el norte de Antioquia, una provincia pobre y devastada por el conflicto armado hasta que la desmovilización de los paramilitares a principios de los 2000 y el proceso de paz de 2016 permitieran a algunas familias volver a sus tierras de origen. Su relato empieza en los años 90 cuando su padre, dueño de una finca ganadera y bananera, fue asesinado por negarse a colaborar con los paramilitares que controlaban la región.   Tras varios años de desplazamiento en otra región, y gracias a la justicia transicional y a un proceso de restitución de tierras, Enilda y sus hermanos pudieron regresar a los predios que los paramilitares les habían arrebatado: más de 400 hectáreas de tierras agrícolas, bosques tropical y ríos donde abundan las aves, los monos titis y los jaguares. En esta tierra del Golfo de Urabá en el norte de Colombia donde hubo durante décadas hubo asesinatos y destrucciones, los Jiménez crearon la reserva natural Suriki en 2021, un proyecto de esperanza y de vida en simbiosis con la naturaleza.  La familia Jiménez optó por reconciliar la actividad ganadera y el cuidado del medioambiente y de la fauna. "Nos dedicamos al turismo regenerativo", para que "cuidar un ecosistema pueda volverse un modelo de generación de recursos", explicó Enilda Jiménez, a RFI. Esta es la historia de una familia que hizo las paces con un pasado doloroso y con la naturaleza. Escuche el podcast: Invitada: Enilda Jiménez.