Para Latinoamérica por Luis Velásquez

En tiempos recientes la democracia, históricamente considerada el sistema de gobierno ideal, ha enfrentado desafíos crecientes a nivel global. Desde el debilitamiento de las instituciones hasta el ascenso de liderazgos autoritarios, el sistema democrático está siendo cada vez más cuestionado en su capacidad para garantizar derechos, representar a sus ciudadanos y adaptarse a los retos contemporáneos.  En tal sentido, es crucial distinguir entre crisis políticas y crisis de credibilidad en los políticos, ya que ambas afectan de manera diferente a los países. Una crisis política generalmente implica conflictos entre diferentes ramas del gobierno, partidos políticos o grupos de interés, y puede llevar a la parálisis legislativa, inestabilidad gubernamental o incluso cambios de régimen. Por otro lado, una crisis de credibilidad en los políticos se refiere a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que puede resultar en una disminución de la participación electoral, protestas masivas y un aumento del escepticismo hacia las instituciones democráticas. Lo anterior afecta tanto a democracias jóvenes como a aquellas con raíces firmemente establecidas, planteando serias interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad mundial. América Latina y Europa del Este son ejemplos claros de esta crisis. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia han adoptado medidas que socavan la independencia judicial y la libertad de prensa. En América Latina, donde el autoritarismo ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, muchos países experimentaron un largo período de democratización y estabilidad política. Sin embargo, en las últimas décadas, ese espacio democrático se ha fracturado por líderes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y la familia Castro en Cuba. Estos regímenes han consolidado su poder de manera desmesurada, eliminando la división de poderes y debilitando las instituciones democráticas. En el caso específico de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las protestas ciudadanas han sido reprimidas y se han llevado a cabo elecciones consideradas fraudulentas, no sólo por el 80% de la población venezolana, sino también por la comunidad internacional. En Nicaragua, Ortega ha implementado una represión sistemática de la oposición y la disidencia, además de promover una reforma constitucional que asegura a la pareja presidencial y a su familia la permanencia en el poder durante muchos años. Cuba, gobernada por un sistema de partido único bajo los Castro desde 1960, ha sido un ejemplo de autoritarismo durante décadas. Estos regímenes han socavado el estado de derecho y la separación de poderes, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz social en la región. En Asia, hace poco menos de una semana, en una decisión sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, argumentando una supuesta amenaza “antiestatal” vinculada a fuerzas opositoras y presuntas conexiones con Corea del Norte. Durante las seis horas en que la medida estuvo en vigor, cerca de 300 militares rodearon e ingresaron al edificio del Parlamento, mientras helicópteros y vehículos blindados ocupaban las calles de Seúl. Según el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, las tropas ingresaron al recinto utilizando helicópteros y escalando las vallas, rompiendo ventanas para acceder al interior. Yoon justificó la ley marcial como una medida para “proteger el orden constitucional”, sin presentar pruebas sólidas sobre las amenazas que mencionó. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, tensiones con la oposición y una disminución en su popularidad. Entre las acusaciones más recientes destacan señalamientos de tráfico de influencias que involucran a su esposa y la supuesta manipulación en la selección de candidatos para las elecciones parciales de 2022. A esto se suma su incapacidad para mantener un diálogo constructivo con un Parlamento dominado por el opositor Partido Democrático, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión. Estos factores, han sido determinantes en el estallido de esta crisis. Tras la declaración de la ley marcial, el jefe del ejército, el general Park An-su, emitió un decreto prohibiendo la actividad política y las fiestas, la propaganda falsa, las huelgas y las “congregaciones que inciten a la agitación social”. Los medios de comunicación también quedaron bajo la autoridad de la ley marcial. La primera víctima de esta medida fue el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia poco después de que el Partido Democrático registrara ante el Parlamento una moción para destituirlo. Su ministerio confirmó que fue Kim quien aconsejó a Yoon imponer la ley marcial. El Parlamento surcoreano inició de inmediato una moción de destitución contra Yoon, un proceso que requiere el apoyo de dos tercios de los 300 escaños y la ratificación de la Corte Constitucional. Si la moción prospera, Yoon sería suspendido de sus funciones y el primer ministro Han Duck-soo asumiría el liderazgo interino del país. La votación estaba prevista para este sábado 7 de diciembre de 2024, y el Partido Democrático solo necesita convencer a una decena de legisladores más para garantizar su aprobación. Cabe destacar que, al momento de redactar este artículo, no se habían alcanzado los votos necesarios para materializar la destitución del presidente surcoreano. Este hecho me hace reflexionar sobre cómo el autoritarismo en el mundo actual puede compararse con las cucarachas que se infiltran por todas las rendijas de una casa. Al igual que estos insectos, el autoritarismo se cuela silenciosamente en las grietas de nuestras sociedades, aprovechando cualquier debilidad o descuido. Aunque al principio pasa desapercibido, su presencia se vuelve cada vez más evidente y difícil de erradicar. Las cucarachas, con su capacidad para adaptarse y sobrevivir en casi cualquier entorno, reflejan cómo los regímenes autoritarios se ajustan y prosperan incluso en contextos donde la democracia parecía estar firmemente establecida. Así como una infestación de cucarachas puede comprometer la salud y seguridad de un hogar, el autoritarismo pone en riesgo los derechos y libertades fundamentales, erosionando la confianza en las instituciones y debilitando el tejido social. La reciente crisis política en Corea del Sur ha captado la atención mundial no solo por sus implicaciones internas, sino también por su impacto en la estabilidad regional y global. La declaración de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol y su posterior revocación han puesto de manifiesto las tensiones políticas y la posible fragilidad de las instituciones democráticas en el país. Este intento de retroceso democrático se enmarca en un contexto global donde cada vez más países enfrentan desafíos similares. En el ámbito regional, la inestabilidad política en Corea del Sur podría ser percibida como una debilidad interna que Corea del Norte podría aprovechar para intensificar sus actividades provocadoras, exacerbando las tensiones en la península coreana. En el pasado, Corea del Norte ha aprovechado cualquier signo de vacilación en Seúl para realizar pruebas de misiles, ataques cibernéticos o provocaciones militares. En Asia, una región de economías dinámicas, la democracia enfrenta presiones específicas. Países como Filipinas e India han visto una creciente concentración de poder en líderes populistas, mientras que Corea del Sur, una de las democracias más exitosas de la región, atraviesa una crisis política que amenaza su estabilidad. Aunque ha sido un ejemplo de cómo combinar desarrollo económico con gobernabilidad democrática, los recientes escándalos de corrupción y la polarización política han puesto en duda la resiliencia de sus instituciones. El caso de Corea del Sur tiene un impacto significativo en las democracias del mundo. Su éxito económico y político ha sido una inspiración para otros países en vías de desarrollo, demostrando que el progreso y la democracia pueden ir de la mano. Sin embargo, su situación actual subraya que incluso las democracias consolidadas son vulnerables a las tensiones internas. Esto plantea una advertencia global: la democracia no es un logro permanente, sino un proceso continuo que requiere esfuerzo para adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Este retroceso democrático es global. En los últimos años, se ha observado un aumento en el número de países que experimentan la erosión de sus instituciones democráticas. Según un informe del instituto sueco V-Dem, el 71% de la población mundial vive bajo autocracias, frente al 48% de hace una década. Este retroceso afecta a más de la mitad de los 60 países que celebraron elecciones nacionales en 2024, convirtiendo este año en un punto crucial para el futuro de la democracia a nivel mundial. Corea del Sur, una de las democracias más sólidas de Asia, no ha escapado a la influencia de estos cambios. Su sistema democrático enfrenta presiones internas y externas que cuestionan su capacidad para mantener su modelo de gobernanza en medio de una creciente incertidumbre política y económica. A pesar de sus logros en desarrollo y gobernanza, los escándalos de corrupción y la división política están erosionando la confianza pública en las instituciones. No puedo dejar de lado otro aspecto crucial: la globalización y el avance tecnológico han cambiado también la dinámica política. Las redes sociales y los algoritmos amplifican la desinformación, fomentan la radicalización y facilitan la manipulación del discurso público. Corea del Sur es uno de los países con una de las infraestructuras digitales más avanzadas del mundo, lo que facilita el uso generalizado de plataformas sociales. Estas redes y algoritmos influyen en el panorama político como en la manera en que los ciudadanos se informa

El 8 de enero de 2023, Brasil vivió un intento de golpe de Estado protagonizado por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Los manifestantes irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y se congregaron frente a instalaciones militares en la capital federal, exigiendo un alzamiento militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo apenas una semana antes. Durante los disturbios, estuvieron a punto de asaltar el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, así como el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Este episodio reflejó una crisis política que puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país. Vale señalar que la situación fue verdaderamente grave, dado que existían vínculos conocidos entre el bolsonarismo y las fuerzas armadas brasileñas, lo que generó el temor de que las fuerzas militares se sumaran al golpe. Sin embargo, finalmente no fue así, y las fuerzas armadas no intervinieron a favor de los manifestantes. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra en el centro de uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente del país. Acusado de diversos cargos que van desde la difusión de noticias falsas hasta el supuesto manejo negligente de la pandemia de COVID-19, enfrenta un panorama político y judicial que podría marcar un antes y un después para la democracia brasileña. Este enjuiciamiento, más allá de sus implicaciones legales, ha polarizado aún más a una sociedad ya dividida por las políticas de su mandato y la intensa retórica que caracterizó su administración. Entre las acusaciones más graves se encuentra su rol en la difusión de información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que, según analistas políticos, minó la confianza en las instituciones democráticas. Este tipo de conductas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2022, ha llevado a muchos a compararlo con otros líderes populistas alrededor del mundo que han cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en sus países. Otro aspecto relevante son las acusaciones relacionadas con su manejo de la pandemia de COVID-19. La comisión parlamentaria que investigó su gestión concluyó que Bolsonaro y varios de sus aliados actuaron con negligencia al minimizar la gravedad del virus, retrasar la adquisición de vacunas y promover tratamientos ineficaces. Estas acciones no solo costaron miles de vidas, sino que también podrían acarrear acusaciones por delitos comunes. Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han sido voces claves en exigir justicia por lo ocurrido. Además, Bolsonaro enfrenta investigaciones por posibles casos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Los casos de corrupción, combinados con las críticas por su estilo autoritario de gobernar, ha erosionado significativamente su apoyo en algunos sectores de la sociedad. Este contexto hace que su enjuiciamiento sea aún más significativo para la democracia brasileña, un país con una historia reciente de dictaduras y transiciones difíciles hacia la democracia. El juicio de un expresidente siempre representa un desafío para cualquier democracia. En el caso de Brasil, con su complejo pasado de dictadura militar (1964-1985), el proceso contra Bolsonaro tiene un significado especial, y es que para muchos este es un momento crucial para reforzar el estado de derecho y demostrar que nadie está por encima de la ley. Sus simpatizantes ven este proceso judicial como un intento de deslegitimar al movimiento conservador que él lidera, el cual aún goza de considerable apoyo popular. Internacionalmente, el juicio a Bolsonaro ha sido seguido con atención, no solo por su relevancia dentro de Brasil, sino como parte de una tendencia más amplia de rendición de cuentas de líderes populistas. Desde Estados Unidos hasta Europa, el fenómeno del populismo de derecha ha sido marcado por controversias legales y políticas. En este sentido, el desenlace del caso brasileño podría establecer un precedente sobre cómo las democracias pueden lidiar con líderes que erosionan sus propias instituciones, y podría influir en países que enfrentan desafíos similares. Si Bolsonaro es condenado, podría enfrentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que sería un golpe devastador para sus ambiciones políticas y su capacidad de influir directamente en la política brasileña. Esta condena no solo afectaría su carrera, sino que también enviaría un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos en Brasil y la región en particular. Además, el juicio podría redefinir el panorama político del país, fomentando un debate nacional sobre la responsabilidad de los líderes populistas en la defensa de las instituciones democráticas. A nivel internacional, el caso podría tener un impacto significativo, especialmente en países que enfrentan el ascenso de liderazgos populistas o que están lidiando con problemas de institucionalidad. Así mismo, el juicio de Bolsonaro podría servir como precedente que inspire movimientos sociales y judiciales en otras democracias, promoviendo una mayor exigencia de transparencia y respeto por las instituciones. Es importante destacar que este juicio no es solo un proceso legal, sino un hito clave en la lucha por la preservación y consolidación de la democracia en Brasil. Durante su mandato, Bolsonaro promovió una narrativa de fraude electoral sin pruebas sólidas, buscando deslegitimar la victoria de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Este tipo de comportamiento pone en riesgo los fundamentos mismos de la democracia; el respeto por el voto popular y la aceptación de los resultados electorales, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Este juicio, entonces, no se reduce solo a la evaluación de la culpabilidad de un individuo, sino que es un acto de reafirmación del compromiso con los principios democráticos. En muchas democracias del mundo, y particularmente en América Latina, los expresidentes a menudo gozan de una cierta impunidad después de dejar el poder, una práctica que ha socavado la credibilidad de las instituciones judiciales en la región. Con la apertura de este proceso judicial, Brasil muestra que nada ni nadie está por encima de la ley. Este principio de responsabilidad es crucial para garantizar que el poder no sea ejercido de manera autoritaria o arbitraria, como ocurrió durante la dictadura militar en Brasil. También resalta la importancia de la lucha por la preservación de las instituciones democráticas en un contexto de creciente polarización política. A lo largo de su mandato, Bolsonaro cultivó una retórica divisiva, fomentando la confrontación entre distintos sectores de la sociedad y promoviendo el odio hacia sus opositores. Sin embargo, el comportamiento de Bolsonaro no es único ni aislado; refleja un patrón recurrente en gobiernos de diversas regiones, tanto de derecha como de izquierda, donde los líderes buscan deslegitimar las instituciones y concentrar el poder. En este contexto, el caso Bolsonaro se convierte en un referente para otras democracias que enfrentan desafíos similares. El objetivo común entre muchos de estos líderes es dividir y debilitar a la sociedad civil con el fin de mantenerse en el poder. El hecho de que este proceso judicial esté siendo tan visible, con una gran atención tanto nacional como internacional, demuestra que las instituciones democráticas están dispuestas a defenderse de esos ataques. También muestra que la sociedad civil no permanecerá pasiva ante la desinformación y los intentos de subvertir el sistema político. El juicio a Bolsonaro también refuerza la importancia de la memoria histórica y el aprendizaje de los errores del pasado. Brasil es un país con una historia compleja, marcada por un largo período de dictadura militar, represión y violaciones de derechos humanos. La transición a la democracia en la década de 1980 fue ardua, y las lecciones de ese pasado no deben ser olvidadas. Es importante que nuestras sociedades tengan claro el horizonte: los líderes autoritarios que desafían el orden constitucional deben ser conscientes de que, después de décadas de lucha por la democracia, ninguna sociedad debe permitir el retroceso hacia un modelo de gobierno autoritario. El juicio a Bolsonaro envía un mensaje claro: Brasil no está dispuesto a permitir que el autoritarismo se instale nuevamente, y la justicia es el camino para proteger la democracia de amenazas internas y externas. En un momento en que las democracias enfrentan desafíos globales, desde el resurgimiento de líderes populistas hasta el autoritarismo creciente en diversas partes del mundo, es necesario demostrar que es posible combatir la desinformación, la manipulación política y la subversión del sistema democrático mediante los canales legales y judiciales establecidos. El veredicto que finalmente emita el tribunal será crucial, no solo para la vida política de Bolsonaro, sino también para el futuro de la democracia como forma de gobierno, en la cual la participación popular y la capacidad de los ciudadanos para elegir y controlar a sus gobernantes son fundamentales. En caso de que se dicte una condena, significará una reafirmación rotunda de que el Estado de Derecho prevalece y que ningún individuo, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley. Si, por otro lado, el juicio no lleva a una condena, aunque esto sería un revés, el proceso mismo habrá sido un testimonio de la madurez democrática del país. En cualquier caso, este juicio no solo tiene implicaciones para Brasil, sino que será un punto de referencia para la defensa de la democracia en tiempos de crisis políticas a nivel mundial.

La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y aprobada por 91 diputados el viernes 22 de noviembre de 2024, representa un paso más hacia la consolidación del matrimonio dictatorial que gobierna ese país desde hace 17 años. Es la duodécima enmienda que propone Ortega desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo. La iniciativa de reforma constitucional incluye cambios profundos en la estructura política y administrativa de Nicaragua. Entre los más controvertidos se encuentran la extensión del período presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de «copresidenta», asignada a Rosario Murillo, quien además tendría la autoridad para designar a su propio vicepresidente. Este último cambio busca formalizar el rol que Murillo ya desempeña en la práctica, consolidando su influencia y reforzando la percepción de un gobierno de carácter dinástico. Además, la propuesta contempla una mayor militarización del poder estatal, permitiendo al presidente otorgar al ejército y la policía roles temporales en el Ejecutivo bajo el argumento de «intereses supremos». También permitiría ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación mediante restricciones justificadas en la protección frente a intereses extranjeros. Estas medidas, combinadas con la Ley de Ciberdelitos de 2021, refuerzan el aparato de censura y represión estatal. Desde 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política marcada por protestas masivas, la represión violenta de la oposición, encarcelamientos arbitrarios y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Las elecciones generales de 2021, ampliamente criticadas por la comunidad internacional, reforzaron el control de Ortega al eliminar a los principales candidatos opositores mediante detenciones y amenazas. Esta reforma surge en un momento en que el gobierno sandinista enfrenta sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Más de 300,000 nicaragüenses han emigrado debido a la crisis política y económica, un fenómeno que debilita aún más la capacidad de la sociedad civil para resistir el autoritarismo. Quizás el argumento más sólido para justificar se encuentra en que la cabeza de la dinastía Ortega enfrenta problemas graves de salud y estaría asegurando, con estos cambios, la perpetuidad de su familia en el poder. Al extender el mandato presidencial y consolidar la figura de Murillo como copresidenta, se refuerza el control absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, lo cual debilita aún más la separación de poderes y erosiona la institucionalidad democrática. Es decir, garantizar la permanencia, en el poder, de la familia Ortega-Murillo. El artículo 135 establece que: “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos”. Como señalé anteriormente, la nueva norma facultaría a los copresidentes a designar a los vicepresidentes, lo que dejaría la puerta abierta a que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se conviertan en vicepresidentes. La militarización del gobierno incrementa los riesgos de represión violenta contra cualquier tipo de oposición, lo que generaría mayores violaciones a los derechos humanos. La ampliación del control sobre los medios y las restricciones a la información dificultan la organización de movimientos opositores y perpetúan una narrativa oficialista en la opinión pública. Cualquier parecido con la realidad venezolana es solo coincidencia. Estamos ante otra dictadura constitucional en Latinoamérica. Vale señalar que una dictadura constitucional es un régimen en el que, a pesar de contar con una constitución formal que debería garantizar derechos y libertades, el poder se concentra en una sola persona o un pequeño grupo. Las decisiones se toman sin consulta ni participación de otros actores políticos, y las instituciones democráticas, como el parlamento y el poder judicial, están controladas para mantener el autoritarismo. Esta deformidad del sistema político permite que la constitución pueda ser manipulada para eliminar limitaciones como la reelección y de paso, favorecer al régimen. Aunque se celebran elecciones, no son libres ni justas, y la represión de la oposición, la censura y el uso de la fuerza son comunes. Además, se emplea la propaganda para controlar la narrativa pública, y el régimen puede implementar políticas populistas para mantener el apoyo popular, consolidando así su poder. Estas características permiten a los líderes autoritarios mantener una fachada de legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que consolidan su control sobre el país. La comunidad internacional ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la deriva autoritaria del régimen de Ortega-Murillo. Las sanciones económicas y diplomáticas impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea buscan presionar al gobierno nicaragüense, aunque hasta ahora no han logrado revertir su curso autoritario, ni parece que en el futuro vaya a ser diferente. El reto para la oposición interna y la diáspora nicaragüense es aún mayor desde hace unos días, ya que ante un régimen que controla todos los mecanismos del Estado, las posibilidades de resistencia se limitan a acciones en el ámbito internacional y al fortalecimiento de las redes de solidaridad en el exilio. A nivel interno, el control militar y mediático hace difícil prever un cambio significativo en el corto plazo. La historia de regímenes autoritarios en América Latina sugiere que los cambios pueden ser impulsados por crisis económicas profundas, fracturas dentro del aparato estatal o movilizaciones populares masivas, En el caso de Nicaragua, esas posibilidades están cada vez más disminuidas, ante un poder casi ilimitado de la dinastía Ortega. Al mejor estilo revolucionario, se establece la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio y se instaura a los paramilitares a nivel constitucional bajo la figura de Policía Voluntaria. Por lo que se puede observar de esa reforma, se puede concluir que se trata de una reforma total (nueva Constitución) disfrazada de “reforma parcial”, ya que deroga 38 artículos de la Constitución vigente hasta hoy, y reforma otros 143 artículos de los 198 que tendría la nueva Carta Magna. Según la legislación nicaragüense, una nueva Constitución solo se puede hacer mediante la elección de una asamblea con ese mandato expreso de los votantes: una Asamblea Constituyente. En cambio, una reforma parcial solo necesita la aprobación del Parlamento, en dos legislaturas, con el 60 por ciento de los votos de los 92 diputados en cada una. Este procedimiento pudiera ser interpretado como un autogolpe de Estado. Otro elemento que llama la atención del cambio constitucional es que, según el texto original enviado por Ortega a la Asamblea Nacional, en el preámbulo se evocan con nombres y apellidos a unos 40 personajes, y entre los nuevos “héroes” menciona a Ernesto “Che” Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Simón Bolívar, entre otros. En lo que respecta a la separación de poderes, queda oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”. Asimismo, incorpora, en la nueva Constitución, la apatridia como un mecanismo de represión contra quienes se le oponen. El artículo 17 de la reforma propuesta dice: “Los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”. La gran mayoría de presos políticos han sido acusados de “traición a la patria” y, aún con las garantías constitucionales que existen hasta hoy, casi 400 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas. Es de hacer notar que existen diversas convenciones internacionales destinadas a prevenir y combatir la apatridia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 15: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. También señala que nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. En lo que respecta a la religión, la nueva norma constitucional recoge la hostilidad con que el régimen nicaragüense trata a las iglesias, particularmente a la iglesia católica. El artículo 14 establece que, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”. Finalmente, Nicaragua dejará de ser una supuesta revolución para convertirse en un régimen dinástico al servicio exclusivo de la familia Ortega-Murillo. Este es el objetivo central de la amplia reforma constitucional aprobada en la Asamblea Nacional sandinista, que en realidad busca imponer una nueva Carta Magna diseñada para legitimar el absolutismo que recaerá sobre la «familia real» sandinista. Con estas medidas, Daniel Ortega asegura que, al faltar él, Rosario Murillo heredará el poder de forma automática, consolidando así un gobierno de carácter dinástico y perpetuando su control sobre el país.

La relación entre México y Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) estuvo marcada por tensiones, conflictos diplomáticos y una serie de políticas que afectaron la cooperación bilateral en diversas áreas. Con la proximidad de la toma de posesión de Donald Trump en un segundo ejercicio presidencial en enero próximo, la relación entre Estados Unidos y México se perfila como un terreno de tensiones renovadas y pocas oportunidades para redefinir las relaciones bilaterales. Durante el primer mandato de Donald Trump, la relación bilateral entre Estados Unidos y México estuvo marcada por temas controvertidos, siendo la política migratoria uno de los más destacados. Desde el inicio de su campaña presidencial, Trump convirtió la inmigración en un tema central, prometiendo construir un muro en la frontera para detener el flujo de inmigrantes indocumentados. Esta promesa se tradujo en una serie de políticas y acciones ejecutivas diseñadas para restringir la inmigración. La construcción del muro fronterizo fue una de las iniciativas más emblemáticas de su administración. Aunque no se completó en su totalidad, se construyeron varios tramos nuevos y se reforzaron secciones existentes. Esta medida generó tensiones con el gobierno mexicano, que se opuso firmemente a la construcción del muro. Además, la administración Trump implementó la política de "tolerancia cero", que resultó en la separación de miles de familias en la frontera. Esta política fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional, y provocó protestas y condenas de organizaciones de derechos humanos. Las relaciones comerciales entre ambos países fueron un punto de fricción durante el primer mandato de Trump. Una de las primeras acciones fue renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994. Trump argumentó que el acuerdo perjudicaba a Estados Unidos, provocando la pérdida de empleos y el cierre de fábricas en el país. Tras intensas negociaciones, los tres países miembros —Estados Unidos, México y Canadá— llegaron a un consenso para reemplazar el TLCAN con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC). Aunque el nuevo tratado conservó muchas disposiciones del acuerdo original, incluyó cambios significativos en áreas claves, como las reglas de origen para la industria automotriz, los derechos laborales y la protección de la propiedad intelectual. La renegociación del TLCAN y la retórica proteccionista de Trump generaron incertidumbre en la economía mexicana, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos. Es importante indicar que aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas se destinan al mercado de Estados Unidos. Esta cifra convierte a EE. UU. en el principal socio comercial de México, una relación profundamente arraigada y significativa tanto en términos económicos como geopolíticos. La cercanía geográfica, los acuerdos comerciales como el T-MEC y los lazos industriales han sido factores clave para facilitar el flujo de mercancías entre ambos países. Sin embargo, la fuerte dependencia de México del mercado estadounidense también conlleva vulnerabilidades, ya que cualquier cambio en las políticas comerciales o en la demanda de productos en Estados Unidos puede tener un impacto significativo en la economía mexicana. La cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico fue un componente importante de las relaciones entre Estados Unidos y México. Durante el mandato de Trump, esta cooperación continuó, aunque no sin desafíos. La administración Trump presionó a México para que intensificara sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En 2019, Trump amenazó con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que generó preocupación en el gobierno mexicano sobre las posibles implicaciones de tal designación. A pesar de las tensiones, ambos países continuaron colaborando en operaciones conjuntas y compartiendo información de inteligencia para combatir el tráfico de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. No obstante, la violencia en México siguió siendo un problema grave, y la cooperación en seguridad no siempre fue suficiente para abordar los desafíos complejos que enfrenta el país. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México durante el primer mandato de Trump estuvieron marcadas por altibajos. La retórica de Trump hacia México y los inmigrantes mexicanos a menudo fue ofensiva y despectiva, lo que generó tensiones diplomáticas. En resumen, la relación de México con Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump fue sumamente compleja y estuvo caracterizada por tensiones políticas, económicas y sociales. Las políticas de Trump, particularmente en torno al comercio, la inmigración y la seguridad, pusieron a prueba los lazos entre ambos países. El gobierno de Peña Nieto tuvo que navegar entre la presión de un presidente estadounidense impredecible y las necesidades internas de México. La llegada del expresidente Donald Trump de nuevo a la silla presidencial en Estados Unidos, ha encendido los focos rojos, pues un segundo mandato del candidato republicano podría implicar un cambio en las relaciones con México. En principio, México sería el país más afectado de la región por lo que ocurra en Estados Unidos. Las razones son de toda índole: por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países. Donald Trump fue electo nuevo presidente de Estados Unidos, en parte, gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense. Si bien la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha querido calmar los ánimos en sus conferencias de prensa, diciendo “No hay motivo ninguno de preocupación, México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos, hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”. Sin embargo, si la política migratoria es solo desalojar migrantes y si su política comercial tiene como base la puesta en práctica de un proteccionismo a ultranza, la situación de México va a estar muy comprometida. Es de hacer notar que, al conocerse el triunfo de Trump, el peso mexicano registró su peor marca en dos años, cayendo a casi 21 pesos por dólar. La pregunta es: ¿Por qué las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana? Por varias razones. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía de consumo de este país: están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas del petróleo. Es importante señalar que, si los migrantes mexicanos son enviados a casa, gran parte de las remesas que envían a México, 63 mil millones de dólares en 2023, se desplomaría, quitando a la economía de México una de sus fuentes más importantes de ingresos. Se estima que 11 millones de mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular. Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump. Durante la campaña, el nuevo presidente señaló que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes. También aseguró que va a sancionar la exportación de productos chinos a través de México e imponer una tarifa de 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México. Según el centro de estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano. Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que numerosas empresas decidieron trasladar sus fábricas desde el gigante asiático para estar más cerca de Estados Unidos, posicionándose en ese país como un destino estratégico. Esto permitió a México, en el año 2023, convertirse en el mayor exportador de bienes a Estados Unidos del mundo, en parte debido a la existencia de un Tratado de Libre Comercio que facilita el intercambio comercial entre sus miembros. Algunos especialistas en temas comerciales mexicanos señalan que, si bien en 2020 Trump accedió a firmar el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que reemplazó al antiguo NAFTA, lo más probable es que ahora lo use como mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones: la batalla comercial con China y la migración. La pregunta es ¿qué tipo de proteccionismo quiere Trump?: si es concentrado en Estados Unidos, sin contemplar a Canadá y México, o si lo hace con ellos, pero evitando la triangulación con China. El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración. Trump prometió deportar un millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países. Esas promesas no son fáciles de cumplir por sus repercusiones, por un lado, son muy costosas y, por el otro, pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante. Respecto al tema arancelario, es importante recordar que, para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a mantener migrantes dentro de las fronteras mexicanas, lo que logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos. Es muy probable que la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, continúe con esa política. A lo anterior se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas. Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México. Trump prometió que va a bombardear los laborat

La reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos marca un hito en las relaciones con América Latina. Su regreso al poder plantea interrogantes sobre la dirección de estos lazos, especialmente considerando las políticas controversiales de su primer mandato. Este segundo período probablemente impactará áreas clave como la migración, el comercio y la política exterior en el hemisferio. La visión de Trump hacia América Latina ha sido de enfoque pragmático, priorizando la reducción de la inmigración ilegal y la renegociación de acuerdos comerciales que, a su juicio, perjudican la economía estadounidense. Es previsible que estas prioridades se intensifiquen, generando posiblemente más fricciones que cooperación en sus relaciones con los países de la región. La victoria de Trump plantea desafíos para América Latina, una región históricamente influenciada por Estados Unidos, que continúa siendo su mayor inversor extranjero. Aunque en años recientes Washington ha puesto mayor énfasis en otras zonas geopolíticas, como el Medio Oriente y el Indo-Pacífico, y en enfrentar la influencia global de actores como Vladimir Putin y Xi Jinping. El triunfo de Trump ha encendido las alarmas en América Latina.  La región anticipa cambios en áreas críticas como las relaciones bilaterales, el comercio, la política migratoria y la seguridad. Países como México, Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, Colombia y El Salvador se preparan para posibles repercusiones económicas y políticas que podrían reconfigurar sus vínculos con Washington. Para América Latina, el retorno de Trump a la Casa Blanca representa incertidumbre, con su visión de reindustrialización y enfoque interno, porque podría debilitar las relaciones históricas entre Estados Unidos y la región. Un posible giro hacia políticas proteccionistas en EE.UU. podría no solo derivar en inflación interna, sino también en tensiones con sus socios comerciales regionales.  En la medida que Trump implemente su "America First" de manera más agresiva, el diálogo bilateral podría reducirse a la problemática migratoria, así como el crimen organizado y las drogas, solamente. Esto podría hacer que la región pierda interés estratégico en Washington e incluso entre los votantes hispanos en EE.UU. Con un Congreso favorable y una Corte Suprema alineada con los valores republicanos, Trump podría tener mayor libertad para avanzar en su agenda, lo cual genera preocupación tanto a nivel interno como en los gobiernos latinoamericanos. Existe el temor que algunos avances, en derechos humanos, políticas migratorias y cooperación económica, se vean comprometidos.  En particular, México estará en el centro de atención de Trump en temas como migración, drogas, comercio y el nearshoring chino en México. Pese a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando calmar las expectativas, se anticipa una relación difícil. Trump ha propuesto imponer un arancel del 10% a todas las exportaciones mexicanas a EE.UU., lo que podría afectar el PIB de México en un 1.5%. Trump busca evitar que China traslade la producción de autos eléctricos a México, ya que el T-MEC permite que empresas automotrices extranjeras en México o Canadá exporten a EE.UU. con mínimos impuestos si cumplen requisitos de contenido local. En respuesta a esa propuesta es que Elon Musk anunció que esperaría los resultados electorales para decidir si construirá una planta de Tesla en Nuevo León, con una inversión prevista de $4,500 millones de dólares y la producción de un millón de autos al año. En el sur, las reacciones ante el triunfo de Trump son variadas. Desde el entusiasmo de figuras como Javier Milei en Argentina y la oposición brasileña de Jair Bolsonaro, hasta la cautela de Gabriel Boric en Chile y la oferta de diálogo de Nicolás Maduro, quien comentó: “Así como su lema es ‘Make America Great Again’, diría que nuestro lema es ‘hacer grande a una Venezuela unida y una América Latina y el Caribe’”. Estos posicionamientos reflejan la expectativa de una administración "Trump 2.0", que se prevé más radical, especialmente en migración, comercio, China y drogas, con una preferencia por amenazas y sanciones en su política exterior. Hace ocho años, Trump ganó la presidencia amenazando con deportar a millones de indocumentados, algo que no llegó a realizar debido a las advertencias de sus asesores. En esta ocasión, ha declarado que se rodeará de asesores leales que no detendrán sus planes. Muchos se preguntan cuál será su estrategia hacia Venezuela tras haber reconocido en su primer mandato a Juan Guaidó como presidente legítimo, sin éxito. Esta vez, Trump podría optar por un enfoque menos confrontativo y buscar oportunidades de negocio en el país, dado su perfil empresarial y los recursos de Venezuela que podrían interesar a EE.UU. Con respecto a Cuba, se espera que continúe el statu quo, ya que su política hacia la isla es ya bastante restrictiva y no parece haber incentivos para un cambio significativo. Otros líderes de izquierda en la región, como Lula en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, quienes mantuvieron diálogo con Biden, probablemente no verán grandes cambios en sus relaciones, aunque un acercamiento de Trump a Bolsonaro podría generar cierta distancia con Brasil. La colaboración en temas como el narcotráfico, fundamental para Colombia, también debería mantenerse bajo Trump. Presidentes como Nayib Bukele y Javier Milei han mostrado simpatía por Trump y esperan una cooperación más estrecha en temas de seguridad y economía. En El Salvador, la preocupación por posibles deportaciones masivas es alta, ya que millones de salvadoreños en EE.UU. contribuyen con remesas vitales para la economía del país. Vale señalar que las remesas provenientes de Estados Unidos representan el motor económico principal del país. En el período de enero a julio de 2024, El Salvador recibió 4.756 millones de dólares en remesas, un aumento interanual inferior al 1% respecto al mismo período de 2023. Ecuador, bajo el presidente Daniel Noboa, mantiene una estrecha cooperación en seguridad con EE.UU., y es probable que la colaboración contra el crimen transnacional aumente bajo Trump si la reforma constitucional en Ecuador permite bases militares extranjeras. Aunque América Latina no será la prioridad de Trump, es posible que privilegie las relaciones con gobiernos conservadores como los de Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Santiago Peña en Paraguay. Por otro lado, Uruguay y Perú mantendrán una relación estable con EE.UU., aunque en este último la construcción del Megapuerto de Chancay, financiado por China, podría aumentar la influencia de Pekín en la región, lo que ha causado preocupación en Washington. Nos guste o no, el regreso de Trump a la Casa Blanca implica un cambio en la dinámica con América Latina, por lo que ese regreso a la Casa Blanca no puede ser ignorado.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre representa un momento decisivo en la historia política de Estados Unidos, con profundas implicaciones para la democracia y la estabilidad del país.  Este triunfo, aunque celebrado por varios sectores, ha generado una marcada polarización en la sociedad estadounidense y una sensación de incertidumbre respecto a las instituciones democráticas que hasta ahora han sostenido la cohesión social y política del país. Para sus seguidores, su elección simboliza una ruptura con la clase política tradicional y una oportunidad de devolver el poder a una parte de la sociedad estadounidense que se siente relegada y poco representada por el sistema.  Sin embargo, para sus críticos, la academia y defensores de los derechos civiles, el ascenso de Trump plantea una seria amenaza a los valores democráticos fundamentales, suscitando temores sobre el posible debilitamiento de las instituciones y el sistema de checks and balances. Uno de los puntos de mayor controversia en torno al triunfo de Trump es su estilo populista y confrontativo, que ha generado tanto admiración como preocupación en diversos sectores. Al proyectarse como un líder ajeno al "establishment" político, Trump consiguió conectar con aquellos que sienten que las instituciones democráticas y los mecanismos de representación ya no responden a sus necesidades.  Sus promesas de “drenar el pantano” y de luchar contra la corrupción en Washington resonaron especialmente en zonas económicamente deprimidas y entre ciudadanos que han perdido la fe en la clase política. Este enfoque, que representa una apuesta por un cambio radical, ha permitido a Trump ganar la lealtad de un electorado frustrado y ansioso por un liderazgo fuerte, prometiendo mejorar sus vidas mediante un populismo económico y una retórica conservadora que apela a valores tradicionales.  Sin embargo, el éxito de esta narrativa se pondrá a prueba en el corto plazo, y muchos expertos opinan que las políticas que ha propuesto, como las deportaciones masivas y el aumento de aranceles, podrían tener efectos contraproducentes para las mismas personas que impulsaron su victoria. La retórica de Trump tiende a cuestionar y desacreditar las instituciones y los procesos de rendición de cuentas que tradicionalmente han sido el sustento de la democracia estadounidense. Además, la implementación de sus políticas económicas y migratorias podría terminar afectando tanto a la estabilidad económica de ciertas áreas como al equilibrio de poderes que es esencial para el funcionamiento del gobierno. La relación de Trump con los medios de comunicación y su trato hacia las minorías y la inmigración representan otros puntos de fricción que plantean serios desafíos para la democracia estadounidense. Desde su primer mandato, Trump ha adoptado una postura agresiva hacia la prensa, a la cual ha llegado a calificar como "enemiga del pueblo" cuando se le cuestionan sus acciones. Este enfoque ha generado un ambiente hostil hacia los medios, que son una de las herramientas más efectivas de control al poder en una democracia. Asimismo, su retórica hacia los inmigrantes y las minorías ha acentuado las divisiones en la sociedad estadounidense, poniendo en tela de juicio la inclusión y la equidad, que son valores fundamentales en una democracia diversa como la de Estados Unidos. Con su insistencia en un discurso que tiende a estigmatizar a estos grupos, Trump ha profundizado las brechas sociales y ha fomentado un clima de desconfianza hacia la diversidad cultural, en un momento en que Estados Unidos enfrenta importantes retos de cohesión social. Los analistas temen que esta tendencia hacia el autoritarismo se intensifique y que el poder presidencial se utilice para socavar aún más los contrapesos institucionales que han sido el pilar de la democracia estadounidense. A nivel internacional, el impacto del triunfo de Trump en la política exterior de Estados Unidos se reflejará en varias áreas prioritarias, especialmente en las relaciones con Oriente Próximo y en la postura frente a la guerra en Ucrania. La situación en Oriente Próximo se ha vuelto crítica, con el conflicto entre Israel y Hamás, Hezbolá e Irán desatando una catástrofe en Gaza, donde se contabilizan ya más de 42,000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños, en una franja que ha sido devastada por los enfrentamientos. Además, la guerra se ha extendido al Líbano, donde las fuerzas israelíes han invadido el sur del país, incrementando las tensiones en toda la región. Trump se ha autoproclamado “protector de Israel” y ha respaldado al primer ministro Benjamín Netanyahu, instándolo a obtener una victoria rápida y a restablecer la normalidad en la región. En una reciente entrevista con la televisora saudita Al Arabiya, Trump aseguró que logrará la paz en Medio Oriente "pronto," lo cual sugiere una expansión de los Acuerdos de Abraham que él mismo impulsó en 2020, para integrar a más países árabes en un pacto de normalización con Israel, aunque estos acuerdos han sido duramente criticados por omitir la causa palestina, tradicionalmente un punto de fricción en las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes. En cuanto a la guerra en Ucrania, Trump ha manifestado en varias ocasiones que Kiev debió haber hecho concesiones a Moscú para evitar el conflicto y ha calificado el apoyo militar y económico de Estados Unidos a Ucrania como excesivo. Esta postura ha generado tensiones en el seno de la OTAN y entre los aliados europeos de Estados Unidos, que consideran fundamental mantener un apoyo sostenido a Ucrania para evitar el avance de las ambiciones territoriales de Rusia. Los críticos de Trump temen que su enfoque favorezca al presidente ruso Vladímir Putin, permitiéndole consolidar su influencia en la región y debilitando a Ucrania en un conflicto que ya ha causado miles de muertes y una grave crisis humanitaria. Trump ha prometido resolver el conflicto en “24 horas” mediante un acuerdo negociado con Rusia, aunque este compromiso ha sido recibido con escepticismo por parte de expertos y líderes internacionales. Respecto a los socios europeos de EE.UU. les preocupa el regreso de Trump a la presidencia. Rose Gottemoeller, ex vicesecretaria general de la OTAN, en una entrevista de prensa con la BBC de Londres señalo: “No puedo edulcorar estas advertencias. Donald Trump es la pesadilla de Europa, y su amenaza de retirarse de la OTAN resuena en los oídos de todo el mundo”. Una de los mayores preocupaciones de los europeos se relacionan con la guerra en Ucrania. Además, el nuevo gobierno de Estados Unidos deberá abordar una de las prioridades más críticas en su política exterior: la rivalidad con China, una potencia en auge cuyo peso geopolítico sigue expandiéndose a nivel global. Esta competencia abarca áreas clave, como el comercio, la tecnología y la influencia diplomática en regiones estratégicas. Para Washington, mantener una posición fuerte frente a China es crucial para salvaguardar no solo su posición económica, sino también su rol como líder en el orden mundial. En este contexto, el futuro de Taiwán cobra particular importancia. Esta isla, que se autogobierna y mantiene una estrecha alianza con Estados Unidos, representa un punto delicado en las relaciones sino-estadounidenses. Pekín la considera una parte inalienable de su territorio y ha dejado claro que cualquier avance hacia la independencia tendrá serias repercusiones. A medida que Estados Unidos refuerza su apoyo a Taiwán, las tensiones con China se intensificaran, requiriendo una diplomacia cuidadosa para evitar un conflicto mayor en la región. Ciertamente, la victoria de Trump podría alterar profundamente la dinámica geopolítica global debido a su enfoque aislacionista, resumido en su lema “Estados Unidos primero”. Su propuesta incluye aplicar altos aranceles recíprocos a las importaciones, igualando las tarifas que sus socios comerciales imponen a productos estadounidenses. Esto se traduce en un potencial aumento de los aranceles sobre las importaciones, con un rango de entre el 10% y 20% de forma generalizada, y un arancel específico del 60% para productos de China, junto con un 100% para automóviles mexicanos. Estas medidas, podrían reducir significativamente el comercio con China y provocar represalias comerciales por parte de la Unión Europea. De cumplirse, estas políticas probablemente nos llevarían a una confrontación comercial global, afectando tanto la economía estadounidense como las relaciones con sus principales socios comerciales. Para América Latina, la elección de Trump podría significar un regreso a políticas migratorias restrictivas y una línea dura hacia regímenes autoritarios en la región. En temas de migración, Trump ha propuesto medidas de control fronterizo más severas y una reducción en las facilidades para la solicitud de asilo, lo cual podría tener un impacto considerable en los flujos de migrantes latinoamericanos que buscan oportunidades en Estados Unidos. Estas políticas, además de afectar a miles de familias, podrían tensar las relaciones diplomáticas con países como México, Honduras y Guatemala, que verán un incremento en los problemas humanitarios en sus fronteras y una posible disminución de los recursos disponibles para abordar las causas profundas de la migración. De cara a un nuevo mandato, Trump prometió expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la "mayor deportación" de la historia de Estados Unidos. Según las estimaciones del centro de estudios Pew, para 2022 había en EE.UU. unos 11 millones de migrantes indocumentados.  Numerosos expertos han alertado de que una deportación masiva de migrantes sería costosa y difícil de acometer, además de que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía en las que la mano de obra indocumentada juega un papel clave. Según estimaciones hechas por la organización FWD.US, en EE.UU. había durante la pand

La elección presidencial de Estados Unidos en 2024 es uno de los eventos políticos más trascendentales de la última década, tanto por su impacto en la política nacional como por sus implicaciones en el escenario internacional. Esta elección tiene el potencial de transformar profundamente las políticas internas de Estados Unidos en temas económicos, sociales y climáticos, así como su papel en el equilibrio de poder global. Ciertamente, la campaña más inusual de las últimas décadas llega a su fin. Tras numerosos giros inesperados, los estadounidenses acudirán este martes 5 de noviembre a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Cada cuatro años, Estados Unidos celebra un evento que marca el inicio de una nueva administración: el Día de la Inauguración Presidencial. Esta jornada, que ha sido testigo de discursos históricos y juramentos memorables, representa el momento en que el presidente electo asume oficialmente el cargo. Este año, la ceremonia podría marcar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca o el ascenso de Kamala Harris, quien pasaría a la historia del país como la primera mujer en ocupar la presidencia. Sin embargo, esta ceremonia va más allá de un cambio de liderazgo. El rumbo de Estados Unidos y del mundo dependerá de si Donald Trump o Kamala Harris asumen el cargo el 20 de enero, como establece la Constitución. Intelectuales importantes del país se han pronunciado acerca del futuro de la democracia estadounidense, el equilibrio geopolítico global, incluidas las guerras en Ucrania, Medio Oriente, las tensiones en Asia-Pacífico, las relaciones comerciales internacionales y muchos otros temas cruciales dependen del resultado de esta votación. Internamente, la economía es un aspecto clave que preocupa a la mayoría de los votantes estadounidenses y que representa un gran desafío para la administración entrante. En la última década, Estados Unidos ha experimentado oscilaciones en su estabilidad económica, impulsadas por la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19 y, en los últimos años, un incremento en el costo de vida. Estos desafíos han afectado a la población en su conjunto, generando ansiedad y ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas estructurales en varios sectores. La elección de 2024 definirá qué tipo de enfoque económico tomará el próximo presidente y qué políticas se implementarán para abordar estos problemas. En función del resultado, Estados Unidos podría optar por un enfoque progresista que podría incluir más medidas de apoyo a las clases trabajadoras, tales como el aumento del salario mínimo, la expansión de programas de asistencia social y la regulación de industrias. Este tipo de políticas podría aliviar algunas de las presiones económicas que enfrentan las familias de clase media y baja, especialmente en un momento en el que el costo de vida ha aumentado significativamente. Por otro lado, una política económica conservadora, que promueva la desregulación del mercado y reduzca el gasto en programas sociales, podría beneficiar a sectores de la economía más orientados al mercado, pero también podría aumentar las desigualdades sociales y económicas en el país. Este dilema entre un enfoque progresista y uno conservador es crucial, ya que cada elección puede representar un giro radical en la dirección que tomará la economía estadounidense. Otro aspecto crucial que influirá en esta elección es la situación de los derechos civiles y las políticas sociales en Estados Unidos. En los últimos años, el país ha enfrentado una intensificación en las tensiones en torno a temas sociales como el derecho al aborto, el control de armas, los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la justicia racial. Estos temas no solo reflejan una división ideológica profunda entre los votantes, sino que también afectan directamente la calidad de vida y los derechos de millones de personas. El próximo presidente tendrá la capacidad de influir en la dirección que tomen estas políticas, ya sea apoyando la expansión de derechos y libertades individuales o bien limitándolos en función de una agenda más conservadora. Además, la elección del próximo presidente podría influir en las futuras decisiones de la Corte Suprema, ya que el presidente tiene la autoridad para nominar jueces, lo cual afecta directamente la legislación sobre estos temas y otros relacionados con los derechos fundamentales. La polarización en torno a estos temas ha creado un ambiente donde las elecciones no solo son sobre políticas, sino sobre valores fundamentales que dan forma a la identidad nacional. La retórica en torno a estos asuntos ha llegado a ser tan intensa que cualquier decisión política puede generar reacciones extremas tanto en los defensores de los derechos como en aquellos que abogan por la restricción de estos. El manejo del cambio climático y la política energética son otros puntos de alta relevancia para los votantes y para el futuro del país. No se puede olvidar que Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y las políticas que adopte en este ámbito tendrán repercusiones significativas tanto en la economía nacional como en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Durante la actual administración, se han implementado medidas para reducir las emisiones de carbono, promover el uso de energías renovables y cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París. Sin embargo, la elección de un presidente con una postura menos comprometida con el cambio climático podría desacelerar estos esfuerzos y priorizar la industria energética tradicional, especialmente el petróleo y el gas. Esta elección representa, en muchos aspectos, una encrucijada para la política climática de Estados Unidos: el país puede optar por liderar la transición hacia una economía de bajas emisiones o por priorizar los intereses económicos a corto plazo de las industrias fósiles. Esta decisión afectará no solo a la población estadounidense, sino también a la comunidad internacional, que observa de cerca el papel de Estados Unidos en la lucha contra el calentamiento global. El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza es otro punto fundamental en esta elección. Estados Unidos es un país de inmigrantes, y la diversidad de su población es uno de sus rasgos más distintivos. Sin embargo, la inmigración es un tema controvertido, especialmente en un momento en el que la seguridad fronteriza y las políticas de asilo están en el centro del debate nacional. La administración actual ha adoptado un enfoque mixto en temas de inmigración, buscando un balance entre la protección de la frontera y el respeto por los derechos de los inmigrantes. Dependiendo del resultado de la elección, el país podría optar por políticas de inmigración más inclusivas y orientadas hacia la integración de los inmigrantes o, por el contrario, por una postura más restrictiva y agresiva. Las políticas de inmigración no solo afectan a los inmigrantes y sus familias, sino también a la economía y la cohesión social de Estados Unidos, ya que millones de inmigrantes contribuyen activamente a la economía del país. Además, la elección de un presidente con una postura más dura en temas migratorios podría afectar las relaciones de Estados Unidos con los países vecinos, especialmente con México, y generar tensiones diplomáticas. En el ámbito internacional, las elecciones estadounidenses son seguidas de cerca por la comunidad global, ya que las decisiones de Estados Unidos afectan la estabilidad y el equilibrio de poder a nivel mundial. Estados Unidos es una potencia global con un rol crucial en la definición de políticas y en la resolución de conflictos internacionales. La elección de un presidente que priorice el multilateralismo y la cooperación internacional podría fortalecer las relaciones de Estados Unidos con sus aliados tradicionales en Europa, Asia y América Latina. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 serán un momento crucial con importantes implicaciones para los mercados globales. Según el Banco Mundial, la economía estadounidense, con un producto interno bruto que supera los 25 billones de dólares, representa casi una cuarta parte de la economía mundial. Este peso económico hace que las decisiones políticas estadounidenses tengan un efecto dominó en los mercados financieros del mundo, un hecho que no pasa desapercibido para los operadores y los gobiernos. En un momento de tensión global, con la guerra en Ucrania, las crecientes tensiones con China y los conflictos en Medio Oriente, un liderazgo estadounidense que promueva la diplomacia y la cooperación sería esencial para la estabilidad mundial. Sin embargo, un enfoque más aislacionista podría debilitar las alianzas internacionales y generar una falta de coordinación en la resolución de conflictos, lo cual afectaría negativamente la estabilidad global. La política comercial de Estados Unidos también es un tema de interés en esta elección. Las decisiones que tome el próximo presidente en términos de aranceles, acuerdos comerciales y regulación económica afectarán no solo a la economía estadounidense, sino también a las economías de otros países. La elección de un presidente que apoye el libre comercio podría fomentar relaciones comerciales beneficiosas y fortalecer la economía mundial. En contraste, una política proteccionista podría generar tensiones comerciales con socios estratégicos y afectar la estabilidad de los mercados internacionales. Finalmente, la elección presidencial de Estados Unidos en 2024, es una decisión sobre el rumbo que tomará la nación en temas que afectan tanto a sus ciudadanos como a la comunidad global. La dirección que tome Estados Unidos en áreas como la economía, los derechos civiles, la inmigración, el cambio climático y la política exterior tendrá consecuencias de gran alcance en la vida de millones de personas y en la estabilidad global. Por lo tanto, esta elección no es solo un asunto interno sin

En un mundo cada vez más interconectado, los conflictos armados trascienden fronteras, generando implicaciones que van más allá de los territorios directamente involucrados. La guerra en Ucrania, que estalló en 2022, ha sido un punto focal de tensiones geopolíticas en Europa, pero también ha despertado el interés de naciones fuera de la región, incluyendo Corea del Norte. Este país, históricamente aislado y con una agenda militarista, ha encontrado en la invasión de Rusia a Ucrania una oportunidad no solo para consolidar su posición en el escenario internacional, sino para impulsar su objetivo de convertirse en una potencia nuclear y poner en jaque a su histórico enemigo: Corea del Sur. La participación de Corea del Norte en la guerra no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia más amplia que busca desafiar el orden internacional establecido. Desde el inicio del conflicto, Corea del Norte ha ofrecido apoyo a Rusia, tanto en términos de declaraciones políticas como mediante el suministro de armamento. Es importante destacar que la relación entre Rusia y Corea del Norte no es nueva; se remonta a la fundación de ese país en 1948. Tras la II Guerra Mundial, el régimen de Joseph Stalin respaldó a Kim Il-sung, abuelo del actual líder, ayudándolo a establecer un sistema político similar al de la URSS, el JUCHE, pero adaptado a la cultura y tradiciones coreanas.  Moscú apoyó a su aliado durante la Guerra de Corea (1950-1953) y, en las décadas siguientes, junto con China, se convirtieron en defensores del régimen de la dinastía Kim, proporcionándole generosos recursos económicos y materiales. No obstante, las relaciones entre Pyongyang y Moscú se deterioraron tras el colapso de la Unión Soviética. En el actual escenario bélico, esas relaciones han cobrado particular relevancia tras la firma, hace tan solo seis meses, de un "Acuerdo de Asociación Estratégica Global", que reafirma el compromiso de ambos países de cooperar en áreas estratégicas, incluyendo la defensa y el intercambio de recursos militares. Este pacto, además incluye un acuerdo de defensa mutua que prevé asistencia militar en caso de que uno de los dos países sea atacado por un tercero. Su artículo 4 establece que: "si una de las partes se encuentra en guerra debido a un ataque armado de uno o más Estados, la otra parte le prestará inmediatamente asistencia militar, por todos los medios a su alcance, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Popular de Corea del Norte y de la Federación Rusa". Lo lamentable es que uno de los firmantes es un agresor histórico, no el agredido. Pero más grave aún es que establece que el acuerdo está conforme con el artículo 51 de la Carta de la ONU. Según esa interpretación, pueden actuar a su antojo en el ámbito del derecho internacional, sin que haya forma de detener su agresión. Vale señalar que el resto de los países miembros del devaluado organismo internacional no se ha dado por aludido con el pacto de agresión firmado por esos dos países.  Ciertamente, el mensaje que los habitantes de este planeta estamos recibiendo, no es positivo y explicaría el porqué de la delicada situación en Medio Oriente, Asia, África y América Latina. Es un tema que merece ser reflexionado. Si bien este acuerdo se enmarca en un contexto de creciente aislamiento internacional de Rusia debido a las sanciones impuestas por Occidente tras su invasión a Ucrania, también es cierto que, para Corea del Norte, fortalecer la alianza con Moscú representa una oportunidad no solo de recibir apoyo militar y económico, sino también de elevar su perfil internacional y desafiar la influencia de Estados Unidos y sus aliados en la región.  Las disposiciones del acuerdo permiten a Corea del Norte acceder a tecnología militar rusa, lo que podría tener implicaciones profundas en su capacidad bélica, maximizando sus beneficios en un entorno global incierto. Esto plantea interrogantes sobre el impacto de su participación en la estabilidad regional y global. Así mismo sugiere, que los aliados de Corea del Sur, especialmente Estados Unidos, podrían verse obligados a intensificar su presencia militar en la península coreana, incluyendo el despliegue de sistemas de defensa sofisticados y el incremento de la presencia militar en la región, agudizando las tensiones ya existentes. A nivel interno, en Corea del Sur, el impacto también podría ser significativo. Un aumento en la percepción de amenaza provocaría un cambio en las prioridades políticas, enfocándose más en la defensa y la seguridad nacional, lo que podría llevar a una postura más militarista y menos abierta al diálogo con el Norte. El rol de China en esta dinámica no debería subestimarse, ya que, como principal aliado y benefactor económico de Corea del Norte, podría desempeñar un papel importante tanto en moderar las acciones de Pyongyang o, por el contrario, respaldar sus decisiones, dependiendo de cómo evolucione la situación. Las relaciones entre China, las dos Coreas y otros actores internacionales podrían volverse aún más complejas, afectando la estabilidad geopolítica en la región de Asia-Pacífico. Cabe señalar que la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte no solo prolonga el conflicto en Ucrania, sino que también establece un precedente peligroso para futuras alianzas entre regímenes autoritarios. Este escenario genera serias preocupaciones sobre la estabilidad y la seguridad global en los años venideros. A lo interno de Corea del Norte, el escenario es aún más incierto. El exdiplomático norcoreano Ri Il-kyu, que desertó a Corea del Sur, ofrece una visión alarmante del régimen de Kim Jong-un en una reciente entrevista con la BBC, asegura que el jefe de la dinastía Kim está intensificando su control y terror debido a la creciente deslealtad entre la élite, a medida que muchos comienzan a cuestionar su autoridad. Asimismo, sostiene que el régimen de Corea del Norte nunca abandonará sus armas nucleares, aunque podría buscar acuerdos engañosos para congelar su programa a cambio de un alivio de sanciones. En cuanto a las relaciones entre Corea del Norte y Rusia, Ri considera que el conflicto en Ucrania ha beneficiado a Pyongyang, permitiéndole avanzar en su desarrollo militar. En esa misma entrevista, aseguró que "Kim Jong-Un es muy consciente de que la lealtad está menguando y por eso está intensificando su régimen de terror", además del descontento popular que está en aumento, enfatizando que la vigilancia del régimen es demasiado eficiente como para que se produzca un cambio inmediato. Responder a esta alianza no será sencillo. La relación entre Rusia y Corea del Norte evidencia que las sanciones económicas, aunque poderosas, no siempre logran aislar por completo a los regímenes autoritarios. Ambos países, enfrentando un aislamiento similar, han demostrado que pueden apoyarse mutuamente para resistir la presión internacional. Dentro de la Comisión Europea y la OTAN, se han expresado crecientes preocupaciones por el apoyo de Corea del Norte a Rusia en la guerra de Ucrania. Si bien las declaraciones son cautelosas, señalan que la intervención norcoreana podría representar una "escalada grave" y un peligro significativo para la estabilidad mundial. Uno de los actores más afectados en este escenario ha sido la ONU, que parece más a la deriva que nunca, incapaz de responder a crisis que van desde los estallidos de violencia en Sudán y Nagorno-Karabaj hasta el golpe de Estado en Níger. Ya en septiembre de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en la reunión anual de la Asamblea General que se avecinaba una "gran fractura" en el sistema de gobernanza global. La guerra entre Israel y Hamás amenaza con dar el golpe de gracia a la credibilidad de la ONU en su capacidad de responder a las crisis. Pronto, los gobiernos nacionales y los funcionarios de la ONU tendrán que enfrentar la cuestión de cómo puede contribuir la ONU a la paz y la seguridad en un momento en que los puntos en común entre las grandes potencias se reducen día a día. Desde el fin de la Guerra Fría, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil han pedido a la ONU que se ocupe de los conflictos grandes y pequeños como una cuestión de costumbre, pero ahora la institución parece estar chocando con sus limitaciones geopolíticas. En 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, que tuvo como resultado la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque las fuerzas bajo mando ruso y ucraniano son las únicas que luchan sobre el terreno, la guerra ha transformado la geopolítica al involucrar a docenas de otros países. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han ofrecido un apoyo financiero y material sin precedentes a Ucrania, mientras que China, Irán y Corea del Norte han ayudado a Rusia de manera crucial.  Menos de dos años después de la invasión rusa, Hamás llevó a cabo su brutal ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel, provocando un ataque israelí altamente letal y destructivo contra Gaza. El conflicto rápidamente se amplió hasta convertirse en un asunto regional complejo, que involucra a múltiples estados y una serie de actores no estatales. Tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, lo que ha quedado claro es que el alcance relativamente estrecho que definía la guerra durante la era posterior al 11 de septiembre se ha ampliado drásticamente, se podría afirmar que ha terminado una era de guerra limitada y ha comenzado otra era de conflicto integral.

En octubre de 2019, Chile vivió un estallido social que marcó un antes y un después en su historia contemporánea. Las manifestaciones, que inicialmente surgieron como respuesta a un aumento en el precio del metro, se transformaron rápidamente en un clamor colectivo por justicia social y cambios estructurales. Sin embargo, a cinco años de esos intensos días de protesta, la situación actual refleja una profunda decepción para los chilenos. A pesar de los sacrificios humanos y las promesas de transformación y dos rechazos a propuestas de nueva constitución han dejado a muchos sintiéndose estancados y frustrados. No es mi intención hacer juicios de valor sobre lo alcanzado hasta ahora, pero considero importante llevar a cabo una evaluación reflexiva de los cambios que ha experimentado Chile en este tiempo. Si bien se han registrado algunos avances, es esencial reconocer que las demandas de la ciudadanía, planteadas hace cinco años, siguen presentes en la agenda diaria de los chilenos. La esperanza inicial de que los reclamos sociales encontrarían cauce en las instituciones existentes ha dado paso a una creciente desconfianza, producto de la falta de resultados tangibles. En este contexto, la pandemia y la crisis económica han complicado el panorama, dificultando aún más la materialización de las expectativas generadas por las manifestaciones. La respuesta del gobierno ante estos desafíos ha sido criticada, y muchos ciudadanos sienten que sus necesidades no han sido atendidas, lo que agrava el sentimiento de desilusión. El proceso de redacción de una nueva constitución, que fue visto como un paso previo a una mayor inclusión y representatividad, ha resultado en tensiones políticas y una polarización social que ha minado la confianza en el sistema democrático. Además, las expectativas de un futuro más equitativo se han enfrentado a la realidad de un sistema que muchos consideran obsoleto y que no ha logrado adaptarse a las demandas de la sociedad actual. Tengo la impresión de que la interpretación del gobierno de Boric acerca de las demandas de la gente que salió a protestar en octubre de 2019 fue errónea, enfocándose únicamente en intentar crear una nueva constitución que reemplazara la dejada por el General Pinochet, antes de abordar las deudas sociales del país con sus habitantes. Pero ¿cuáles son esas «deudas sociales» que reclama parte de la sociedad chilena? Un nuevo sistema de pensiones, salud y protección social, transporte público: un problema sin resolver, privatización del agua, educación y movilidad social, además de abusos y corrupción. Creo que para alcanzar esas metas son necesarias políticas públicas dirigidas a establecer un estado de bienestar aceptable. Tras estos cinco años, Chile se mantiene como uno de los países más caros de América Latina, y las dos propuestas para reemplazar la Carta Magna fracasaron en plebiscitos populares. Con una pandemia de por medio y una severa crisis de seguridad, los chilenos ahora les restan importancia a las manifestaciones; la mitad de los casi 20 millones de habitantes del país considera que el estallido fue negativo para Chile. El número de asistentes a los pocos actos que se realizaron para recordar “la marcha más grande de Chile” contrastó con los dos millones que marcharon en octubre de 2019. De acuerdo con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, una fundación privada sin fines de lucro, en diciembre de 2019 un 55% de los chilenos decía haber apoyado las manifestaciones, mientras que hoy esa cifra apenas alcanza el 23%. La mitad de los entrevistados (50%) considera que el estallido fue “malo o muy malo”, mientras que un 30% lo ve como “regular”. Solo el 19% afirma que tuvo un resultado “bueno o muy bueno”. Según esa misma institución, las principales demandas de 2019: acceso a la salud y mejora de las pensiones han pasado a ocupar un segundo plano en el debate público, dando paso a preocupaciones como la inseguridad, señalada como la prioridad número 1 por el 70% de los encuestados en una encuesta de la firma Cadem. Las encuestas de aquellos tiempos, como la elaborada por el CEP y publicada a finales de ese mismo año, reflejaron mejor las demandas de los chilenos: pensiones, salud, educación y salarios. Hoy, el orden de prioridades ha cambiado, y la versión de mediados de 2024 del mismo estudio muestra una población que cree que el Gobierno de Gabriel Boric debería centrarse en solucionar la crisis de inseguridad, seguida por la salud, pensiones y educación. Es decir, las causas estructurales del malestar social siguen vigentes, sobre todo la desigualdad en el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tal y como lo expresó el Dr. Jan Jarab, jefe de ONU Derechos Humanos para América del Sur. Es evidente que ni la derecha durante sus gobiernos, ni la izquierda en el poder han logrado abordar de manera efectiva la profunda crisis que atraviesa Chile desde el estallido social. Esta crisis, lejos de atenuarse, se ha intensificado con nuevos factores y desafíos. Los intentos de canalizar las demandas ciudadanas a través de un proceso constituyente, que fracasó en dos oportunidades, no han revertido la situación. Asimismo, la llegada del actual gobierno, con su ambiciosa agenda de reformas estructurales, posteriormente descartada, tampoco ha proporcionado una solución duradera. La persistencia de esta crisis pone de manifiesto la complejidad de los problemas subyacentes y la dificultad de encontrar soluciones consensuadas. Transcurridos cinco años desde el estallido, se observa un panorama mucho más incierto y, al mismo tiempo, pesimista en comparación con el primer semestre de 2019. Uno de los ámbitos que actualmente preocupa más es el económico, debido a la caída en la inversión, a la presencia de obstáculos para modificar la matriz productiva y a los avances del sector informal. Esto ha tenido repercusiones negativas en la generación de empleo y en la recaudación fiscal, al ampliar los márgenes para la elusión tributaria. A los problemas económicos se suman los relacionados con la seguridad, generando un clima de temor en la población. La criminalidad organizada supera con creces, en frecuencia y en magnitud, cualquier forma delictiva existente hace más de diez años. Paralelamente, estallan escándalos de corrupción que comprometen a jueces, fiscales y altos magistrados, afectando la evaluación y credibilidad de la institucionalidad relacionada con la administración de justicia. Asimismo, el Estado ha perdido la capacidad de asegurar el control sobre el territorio, como ocurre en zonas de la Araucanía, y frente a la apropiación del narcotráfico, que no solo afecta a las grandes urbes, sino también a diversas localidades del país, incluidas las del sector rural. Bajo este panorama, no es casual que la simpatía que inicialmente despertó el estallido haya dado paso a una percepción negativa sobre el conjunto de eventos que lo acompañaron. Algunos expertos argumentan que el estallido social no terminó, sino que se transformó en una nueva etapa de la política chilena, caracterizada por una mayor polarización y demanda de participación ciudadana. Otros señalan que el proceso de recuperación y reconstrucción nacional aún está en curso y que el fin del estallido social se dará cuando se aborden de manera efectiva las causas profundas que lo originaron. La pregunta sobre ¿cuándo terminó el estallido social? no tiene una respuesta sencilla. Es un proceso complejo que continúa dejando huella en la sociedad chilena, lo que sí es claro es que el acuerdo político-partidista del 15 de noviembre de 2019, marcó un hito importante, pero no puso fin a las demás demandas sociales y políticas que desencadenaron los hechos violentos de 2019. La dificultad de llegar a acuerdos con un Congreso fragmentado, donde el oficialismo no tiene mayoría, ha contribuido a conformar un panorama complicado. Medios políticos e intelectuales del país apodan al gobierno liderado por el señor Boric: “la esperanza que no despega”. Pero no solo en Chile se vivieron momentos políticos difíciles, sino también en el resto de Latinoamérica. En Bolivia, las acusaciones de corrupción en las elecciones presidenciales motivaron movilizaciones que resultaron en la renuncia del presidente Evo Morales; en Ecuador, el descontento con políticas económicas y sociales causó un estado de protesta permanente durante varias semanas; en Colombia, la insatisfacción de diversos sectores sociales por las políticas del presidente Iván Duque se canalizó a través de un “paro nacional” que duró varios días. Además, países como Perú, Nicaragua y Venezuela han presenciado desde 2018 protestas sociales en contra de la corrupción y el deterioro de sus regímenes políticos. La conflictividad social es un síntoma de un problema estructural más profundo: la desconexión entre el Estado y la sociedad. La falta de respuestas a las demandas ciudadanas, sumada a la percepción de corrupción y desigualdad, genera un clima de desconfianza que se manifiesta en la defensa de los derechos ciudadanos como una forma de exigir un nuevo contrato social. La debilidad institucional es un factor clave en la crisis democrática que enfrenta Latinoamérica. Un ejemplo alarmante y macabro de esa realidad es que gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela muestran cómo líderes autoritarios pueden aprovechar las instituciones frágiles para consolidar su poder y socavar los principios democráticos. La falta de contrapesos efectivos y la captura de los poderes judiciales permiten a estos líderes gobernar de manera arbitraria y sin rendir cuentas.

En el panorama electoral de Estados Unidos, el voto latino ha emergido como un factor importante que puede influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Según el censo de 2020, más de 60 millones de personas se identifican como latinas, lo que representa aproximadamente el 19% de la población total del país. Este crecimiento en la población latina ha transformado no solo la dinámica política, sino también las prioridades de los candidatos. Históricamente, los latinos han enfrentado barreras significativas para ejercer su derecho al voto, desde la desinformación hasta la dificultad de acceso a las urnas. Factores como la falta de información sobre el proceso electoral y la dificultad para acceder a los lugares de votación han limitado la participación. Sin embargo, en los últimos años, ha aumentado la movilización de esta comunidad; organizaciones y líderes comunitarios latinos han trabajado para fomentar la participación electoral, destacando la importancia del voto como una herramienta para el cambio. Este esfuerzo ha contribuido a que sus planteamientos sobre temas que les afectan, no solo a sus comunidades, sino a la sociedad en general, tengan una fuerte recepción. El año 2024 se perfila como un momento crítico para el voto latino, no solo por el número de electores potenciales, sino también por la diversidad de opiniones y experiencias que esta población representa. El voto latino no se concentra, exclusivamente, en estados tradicionalmente demócratas. En estados clave como Texas, Florida y Arizona, los votantes latinos podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro partido. Esta realidad ha llevado a los candidatos a repensar sus estrategias, adaptando sus mensajes y políticas para resonar con las preocupaciones de esta población. Los temas que más preocupan a la comunidad latina incluyen la inmigración, la economía, la atención médica y la educación. La inmigración sigue siendo el tema principal, especialmente en un clima político donde la retórica polarizadora en torno a las políticas de frontera ha generado ansiedad en muchas familias latinas. Muchos latinos están preocupados por la reforma migratoria y el estatus de los inmigrantes indocumentados, así como por las políticas que afectan a sus familias y comunidades. La posibilidad de obtener un camino hacia la legalización es una cuestión crucial para muchos votantes. En el ámbito educativo, la calidad y el acceso a la educación son fundamentales. Los latinos abogan por recursos equitativos en escuelas, programas de educación bilingüe y acceso a oportunidades universitarias. La pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades existentes, haciendo que estos temas sean aún más urgentes. La atención médica también es una preocupación importante, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Muchos latinos carecen de seguro médico y enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud. La falta de atención adecuada ha llevado a un aumento en la mortalidad y morbilidad en esta comunidad, lo que a su vez ha elevado el interés en el proceso electoral. Los votantes latinos buscan candidatos que se ocupen estas cuestiones de salud pública y que ofrezcan soluciones viables. La economía y el empleo son otros aspectos prioritarios. Muchos latinos se enfrentan a desafíos económicos, como la inseguridad laboral y la disparidad salarial. La búsqueda de empleos bien remunerados y la protección de los derechos laborales son temas que impactan profundamente en esta comunidad. Las políticas económicas que promuevan la justicia económica y la equidad son cruciales para ganar el apoyo de los votantes latinos. Además, la lucha contra la discriminación y la injusticia racial es un tema relevante que ha cobrado fuerza en los últimos años. Muchos latinos están comprometidos con el movimiento por la equidad y la justicia, abogando por el fin de la violencia policial y el racismo sistémico. La representación de latinos en las boletas electorales podría influir en la motivación para votar, ver candidatos latinos en posiciones de liderazgo puede incentivar a más personas a participar en el proceso electoral. Los latinos en Estados Unidos se concentran principalmente en ciertos estados, como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona, Nuevo México y Nevada. En California, aproximadamente 15.6 millones de latinos representan alrededor del 39% de la población del estado. En Texas, hay alrededor de 11.5 millones de latinos, constituyendo un porcentaje similar. Florida cuenta con 5.6 millones de latinos, lo que representa cerca del 26% de la población. En las elecciones de 2020, aproximadamente el 50% de los votantes latinos eligieron a Joe Biden, lo que representó una disminución respecto al 65% que votó por Hillary Clinton en 2016. Este cambio puede ser sorprendente, considerando que Biden era el candidato demócrata y se esperaba que mantuviera o aumentara el apoyo latino. Por otro lado, un 30% de los latinos votó por Donald Trump, lo que mostró un incremento significativo en su apoyo en comparación con el 2016, cuando solo el 28% eligió a Trump. Este aumento sugiere un cambio en la percepción del Partido Republicano dentro de la comunidad latina, que puede deberse a varios factores, incluida la retórica de Trump sobre la economía y el auge del socialismo, como se ha visto en la experiencia de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. De acuerdo con el Pew Research Center, los latinos representan casi una quinta parte de la población estadounidense, con aproximadamente 36.2 millones habilitados para votar en las elecciones de 2024. Este grupo, siendo uno de los que más rápido ha crecido, representa el 14.7% de todos los elegibles, lo que indica su influencia en el área electoral. Sin embargo, es importante destacar que, aunque muchos latinos viven en estados que no son clave para esta elección, como California y Texas, otros estados son muy importantes por los votos electorales que pueden aportar. A escasas semanas de las elecciones presidenciales, las miradas están puestas en los denominados «swing states» o estados péndulo, que pueden definir la elección. En estos estados, el voto latino podría tener un peso crucial. Se trata de Arizona, Nevada, Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y Georgia, que suman 53 millones de personas clave en una población total de 354 millones. Ambos candidatos saben que cada voto cuenta cuando las encuestas los mantienen técnicamente empatados. Estos estados no se inclinan claramente hacia uno u otro partido, a diferencia de otros estados que se consideran favorables a los demócratas o a los republicanos. Como no importa quién gane la mayoría de los votos en todo el país, lo único que cuenta es el resultado en cada estado, donde el candidato más votado gana todos sus electores. En Georgia, que tiene 16 votos electorales, la suerte depende de 200,000 latinos, con un poder de sufragio capaz de escoger presidente o senador. Un 22% de los latinos en Georgia votan por primera vez. En Arizona, donde hay 1.3 millones de votantes latinos, este grupo representa el 25% de los electores del estado y aporta 11 votos electorales. El crecimiento de la población hispana ha favorecido al Partido Demócrata en un estado tradicionalmente republicano. Nevada, que tiene seis votos electorales, votó por los demócratas en 2020. Los latinos constituyen el 22% de los votos del estado. Biden ganó por una diferencia ajustada en 2020, lo que resalta la importancia de esta comunidad. En Carolina del Norte, hay 1.1 millones de latinos, representando el 11% de la población del estado, y se calcula que 440,500 están habilitados para votar. Pensilvania tiene 20 votos electorales y más de 615,000 latinos electores. En 2016, Trump ganó por 0.72%, mientras que, en 2020, Biden lo ganó por 1.17%, gracias a un alto apoyo latino. En este estado, en declive industrial, los obreros tienden a dar la espalda a los demócratas. Pero Kamala Harris cuenta con el apoyo de los sindicatos y grandes proyectos de infraestructura. Cabe preguntarse ¿cuán determinante será la decisión de los votantes hispanos el próximo 5 de noviembre de 2024?. En Estados Unidos, el presidente no es elegido directamente por el voto popular, sino a través del colegio electoral. En este contexto, los estados péndulo juegan un papel crucial, ya que no tienen una inclinación clara hacia un partido determinado. Dos de estos estados cuentan con un porcentaje significativo de población latina, lo que podría ser decisivo en una elección cerrada. Norberto Barreto, doctor en Historia de Estados Unidos y docente en la Universidad Católica de América en Washington, considera que el peso del voto latino no solo radica en su número, sino en su distribución geográfica. “En esos estados hay dos en los que los latinos pueden ser cruciales, que son Nevada y Arizona. En Nevada, la población latina es del 22% y en Arizona es del 25%. En esos lugares se concentran las campañas, sobre todo en las últimas semanas, en los estados péndulo y, obviamente, donde los latinos pueden jugar un papel decisivo”. A medida que se acercan las elecciones, la movilización de votantes jóvenes y un aumento en la concientización sobre la importancia del voto latino podrían marcar la diferencia. Las consultoras como Pew Research y Gallup coinciden en que los temas relevantes, como la reforma migratoria y el acceso a la atención médica, serán determinantes para captar el voto latino. Históricamente, muchos latinos han apoyado a los candidatos demócratas, especialmente en temas como la reforma migratoria y el acceso a la salud. Sin embargo, el apoyo hacia Trump ha mostrado un aumento en algunas comunidades latinas, especialmente en Florida y Texas. A medida que se acercan las elecciones, la lucha por el apoyo de esta población se intensificará. Cabe preguntarse si, en un año en el que el número de electores latinos podría alcanzar cifras históricas, ¿cuán determina

El aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 se presenta en un contexto de gran peligro en la región, que enfrenta una inminente represalia israelí tras el ataque de Irán, cuyas consecuencias son imprevisibles. A su vez, los bombardeos en el Líbano han eclipsado a Gaza, que ya sufre una crisis humanitaria de dimensiones colosales. En este año de horror, más de 42,000 personas han perdido la vida en Gaza, la mayoría mujeres y niños, y casi toda la población ha sido desplazada. Este conflicto se distingue por su duración sin precedentes; nunca, ni siquiera en las tres guerras entre Israel y los países árabes, se había prolongado tanto tiempo. La situación es aún más compleja debido a la implicación de numerosos aliados de Irán, como los hutíes de Yemen, quienes han obstaculizado el tráfico marítimo en la región y lanzado drones y misiles hacia ciudades israelíes, incluyendo Tel Aviv. Este panorama genera una creciente inestabilidad que no solo afecta a los países involucrados, sino también a la comunidad internacional. El profesor John Arquilla, de la Escuela de Posgrado Naval de Estados Unidos, plantea que todas las guerras pueden reducirse a dos preguntas fundamentales: ¿Quién gana la batalla en el terreno? ¿Y quién prevalece en la batalla de la historia? Después de un año de hostilidades, es evidente que, a pesar del dolor infligido por Hamas, Hezbollah e Israel a sus respectivos ejércitos y civiles, no se ha logrado un triunfo decisivo en el campo de batalla. Las pérdidas son profundas y han dejado huellas imborrables en las comunidades afectadas. Un año después del 7 de octubre, esta guerra se caracteriza por la falta de un nombre distintivo y de un vencedor claro. Ambos bandos están atrapados en un ciclo de violencia que complica aún más la narrativa histórica. Ninguno puede reivindicar una victoria rotunda ni presentar una historia que les otorgue legitimidad, lo que resalta la confusión de esta confrontación. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro del conflicto e invita a la comunidad internacional a reconsiderar su papel en la búsqueda de una solución duradera. Es vital mostrar apoyo hacia los palestinos y árabes de Cisjordania, que viven bajo la presión de los asentamientos y restricciones impuestas por Israel, sin embargo, nada justifica las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre. Asesinar, mutilar, secuestrar y abusar sexualmente de israelíes sin un objetivo claro más allá de la destrucción del Estado judío es inaceptable. Si creemos que la única solución viable es la creación de dos Estados para los dos pueblos que coexisten entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, entonces la masacre de Hamás representa un retroceso hacia esa meta. Surge una pregunta sobre Irán: ¿qué derecho tiene Irán a profundizar las crisis políticas en el Líbano, Siria, Yemen e Irak, utilizando esos territorios como plataformas para atacar a Israel? No hay una respuesta clara. Por otro lado, el primer ministro Netanyahu tampoco ha presentado un plan concreto para Gaza. Un año después del conflicto, aún no ha comunicado a su pueblo, a su ejército ni a Estados Unidos qué desea construir en la región más allá de la búsqueda de una “victoria total”. Mientras se llevan a cabo bombardeos para eliminar a combatientes de Hamás ocultos en escuelas y hospitales, no se vislumbra una estrategia que ofrezca un futuro a los habitantes de Gaza, salvo perpetuar un estado de guerra solo contra Hamás. Esta falta de planes sugiere que el objetivo es aniquilar a los miembros de Hamás sin considerar el alto costo en vidas civiles, lo que plantea el riesgo de una guerra interminable que socavará la credibilidad de Israel y tendrá repercusiones a largo plazo en la estabilidad de la región. La creciente desesperación entre los palestinos, alimentada por la falta de esperanza y oportunidades, podría resultar en un aumento del extremismo y la radicalización, creando un terreno fértil para nuevos ciclos de violencia que comprometan la seguridad de Israel y la paz en toda la región. Según el analista político Thomas L. Friedman, “estamos en medio de una lucha entre dos coaliciones: una de inclusión, liderada por Estados Unidos y compuesta principalmente por democracias, y otra de resistencia, liderada por Rusia, Irán y Corea del Norte, regímenes autoritarios que utilizan su oposición a un mundo liderado por Estados Unidos para justificar la militarización de sus sociedades y mantener un control férreo del poder”. Además, la existencia de un actor independiente, China, que se encuentra en el medio de las dos coaliciones ya que su economía depende del acceso a la coalición de inclusión, mientras que comparte muchos de los instintos e intereses autoritarios de la coalición de resistencia. Además, la política interna de Israel añade otra dimensión a la guerra. Netanyahu ha sido acusado de corrupción y enfrenta un juicio, lo que plantea dudas sobre sus verdaderas intenciones. Los ciudadanos israelíes se preguntan si sus hijos están luchando por salvar el Estado de Israel o por la carrera política de su primer ministro. La percepción de que Netanyahu podría estar utilizando la guerra como excusa para posponer su testimonio en el juicio y evitar nuevas elecciones genera desconfianza. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? Es difícil de responder, especialmente tras el ataque de Irán a localidades israelíes y el llamado de los ayatolas a aniquilar a Israel. La guerra en Medio Oriente se ha vuelto un círculo vicioso. Netanyahu podría argumentar que el conflicto comenzó con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó 1,195 muertos. Hamás, por su parte, afirmaría que la raíz se encuentra en la creación del Estado de Israel en 1948, cuando 750,000 palestinos fueron desplazados. Historiadores y teólogos podrían retroceder aún más, hasta el momento en que Jehová ordenó a Abraham que se quedara con Sara, madre de Isaac, y dejara a Hagar y su hijo Ismael, considerado el padre de los árabes. Este relato muestra cómo, en su afán por imponer sus culturas, ambos grupos a menudo ignoran a quienes se interponen en su camino. En el siglo XXI, las soluciones no son sencillas ni elegantes, ya que un entramado de intereses parece obstinarse en mantener el conflicto. Entre políticos que buscan ser vistos como triunfadores y potencias extranjeras que prefieren que los demás se enfrenten, todos parecen tener interés en que este ciclo no se interrumpa. Las reacciones internacionales han sido diversas. Algunos países, como Estados Unidos y varias naciones europeas, han expresado su apoyo a Israel. En contraste, países como España e Irlanda, aunque se manifiestan a favor de la causa palestina, no respaldan los actos terroristas perpetrados por Hamas y Hezbollah. En América Latina, países como México y Colombia parecen alinearse más con Irán, lo que refleja una posición compleja. Cabe recordar que Lula, Petro y AMLO apoyan a Maduro, quien, a su vez, respalda a Hezbollah. A pesar de esto, esos mismos líderes llaman la atención sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo de convivencia entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Esta situación pone de manifiesto la falta de claridad en los intereses de las alianzas de poder a nivel mundial. Algunos países del medio oriente, aliados a la paz mundial, no se han manifestado en apoyo a Irán, y rechazan la idea de orar por organizaciones terroristas. La aspiración de poner fin a la guerra en Gaza, liberar a los rehenes y establecer dos Estados con las fronteras vigentes en 1967, parece alejarse cada día más, sobre todo si tomamos en cuenta que los términos “desescalar” y “apaciguar” carecen de significado tanto para el fundamentalismo islámico iraní como para la guerrilla chiíta en el campo de batalla. El futuro de las relaciones entre Israel y sus vecinos es incierto. Con líderes de ambos lados adoptando posturas inflexibles, las posibilidades de un diálogo constructivo parecen escasas.

Las relaciones entre México y España tienen una larga y compleja historia que abarca siglos de interacciones culturales, económicas y políticas. Desde la colonización en el siglo XVI, ambos países han compartido un vínculo que ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo. La conquista española marcó el inicio de un proceso de mestizaje cultural y un intercambio profundo que, a pesar de sus dificultades, ha enriquecido a ambas naciones. Sin embargo, en los últimos años, este lazo ha enfrentado desafíos significativos que han puesto a prueba la diplomacia entre ambas naciones. Uno de los episodios más recientes que ha afectado las relaciones bilaterales ocurrió el 25 de marzo de 2019, cuando el presidente López Obrador hizo declaraciones públicas y envió una carta al Rey Felipe VI de España, en la que solicitó el reconocimiento de los «errores cometidos» durante la conquista y la presentación de disculpas. «México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o los resarcimientos políticos que convengan”, rezaba la carta. La respuesta del Gobierno español fue un firme rechazo al contenido de esta, lo que intensificó las tensiones existentes. La carta del presidente mexicano generó controversia no solo por la exigencia de disculpas, sino también porque evidenció que tales demandas respondían más a narrativas políticas contemporáneas en construcción que a heridas históricas abiertas. A pesar de que muchos interpretaron que este desencuentro diplomático se había diluido con el tiempo, cinco años después, tanto el gobierno saliente como el entrante renovaron la tensión, En un contexto marcado por la política interna y la búsqueda de identidades nacionales, el incidente ha reavivado el debate sobre esa historia compartida. Cabe destacar que a comienzos del siglo XVI ninguno de los dos países implicados existía como tal, al menos en su actual diseño institucional. Cuando se realizaron las invitaciones a los jefes de Estado para la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el Rey de España no fue incluido debido a su falta de respuesta a la carta de marzo de 2019. Además, el presidente López Obrador expresó la necesidad de «pausar» las relaciones con España y sus empresas, especialmente con Repsol, a la que acusó de beneficiarse de licitaciones otorgadas por el Gobierno mexicano desde 2003. Este contexto de incertidumbre puede afectar la colaboración bilateral y, a su vez, influir en la dirección futura de estos lazos ancestrales, dificultando la posibilidad de establecer una visión a largo plazo. Es importante señalar que España es el segundo inversor en México y cuenta con más de 7,000 empresas radicadas en el país. La inversión española supera los 80,000 millones de euros, mientras que la inversión mexicana en España alcanza los 25,000 millones de euros. Este desencuentro no solo transgrede una relación bilateral significativa en múltiples frentes, sino que también afecta el conocimiento y la investigación por parte de importantes historiadores. Muchos coinciden en que, en la época de la conquista, México no existía como una nación unificada, sino como vastas extensiones de tierra habitadas por diversas tribus indígenas, a menudo enemigas entre sí, siendo una de ellas los aztecas. Historiadores como Manuel Burón Díaz, de la Universidad Autónoma de Madrid, advierten que se está haciendo una analogía interesada entre el Holocausto nazi y la conquista de México, lo cual es problemático. La caracterización de figuras históricas como genocidas plantea preguntas sobre cómo se debe interpretar el pasado. Las repercusiones de las tensiones actuales entre México y España pueden extenderse a ámbitos como la cooperación en seguridad, medio ambiente y desarrollo. La falta de un entendimiento claro puede dificultar la colaboración en la lucha contra el crimen organizado y otros desafíos globales que requieren un enfoque conjunto. En un mundo cada vez más interconectado, esta falta de sinergia puede resultar en oportunidades perdidas tanto a nivel regional como internacional. Las decisiones tomadas en el presente influirán significativamente en el panorama de las relaciones bilaterales en las próximas décadas. Es notable que este tipo de discurso haya ganado visibilidad en el contexto actual. Otros autores, como el politólogo argentino Marcelo Gullo, sostienen que “España no conquistó a América, sino que liberó a América”. Gullo argumenta que Hernán Cortés aglutinó a diversas naciones indígenas oprimidas por los aztecas. En su libro «Nada por lo que pedir perdón», Gullo destaca que Estados Unidos también ha despojado a México de territorio y se pregunta por qué no se exige perdón por ello. Esto se suma a la notable investigación de historiadores de la Universidad Autónoma de México, como los de «La confesión de los vencidos», cuyas afirmaciones coinciden con las de sus pares españoles. Quizás lo que está detrás de este conflicto es el interés de desviar la atención de una gestión gubernamental en entredicho. Manipular a un sector de la población con este tipo de constructo político por parte de un presidente saliente, con un alto porcentaje de popularidad, es relativamente fácil. Sin embargo, es muy difícil ocultar la realidad, y más temprano que tarde saldrá a la luz la imposibilidad de corregir los errores cometidos por el mentor de la nueva presidenta de México. Más allá de este debate histórico, es crucial considerar la herencia que recibirá la Dra. Claudia Sheinbaum de su antecesor. Según el analista político Enrique Krauze, el sexenio de López Obrador ha sido uno de los más violentos en la historia de México, con cifras alarmantes de homicidios, feminicidios y narcotráfico. La Dra. Sheinbaum, como primera mujer presidenta, enfrenta un contexto desafiante en un país donde la violencia de género y el machismo son problemas arraigados. A pesar de ser un hito histórico, hasta ahora no ha dado indicios de independencia respecto a su mentor. Entre los problemas que heredará se encuentran la migración, la violencia y la pobreza que afecta a un tercio de la población. Además, deberá mitigar el impacto del cambio climático en un país que enfrenta sequías y escasez de agua, al mismo tiempo que administra la compleja relación con Estados Unidos, su principal socio comercial. La nueva presidenta hereda un déficit fiscal del 6%, el mayor en un cuarto de siglo. En el último sexenio, el país apenas creció un 0.8% en promedio, lo que significa que necesitará aumentar los ingresos del Estado para financiar las ayudas directas que actualmente reciben 25 millones de mexicanos. La pobreza y la violencia son las principales causas de la migración de los mexicanos hacia el norte. Según cifras oficiales estadounidenses, de los casi 2.5 millones de cruces de migrantes a Estados Unidos, un tercio corresponde a mexicanos. Críticos sostienen que, desde hace años, México no tiene una verdadera política migratoria y solo reacciona a las exigencias de Estados Unidos. Esta compleja relación entre ambos países plantea otro reto para la nueva presidenta, especialmente en un contexto electoral estadounidense incierto, donde la posibilidad de que Trump retorne al poder podría complicar aún más la situación. Es importante señalar que, aunque México es el principal socio comercial de Estados Unidos tras desplazar a China en 2023, esta relación está marcada por tensiones. Vale señalar que Estados Unidos es el destino del 80% de las exportaciones mexicanas, lo que significa que cualquier cambio en la política estadounidense podría tener un impacto directo en la economía de Mexico. Este panorama de incertidumbre es un desafío que la nueva presidenta deberá enfrentar con determinación y estrategia. El historiador Manuel Burón Díaz concluye: «La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. Esta afirmación resalta la necesidad de abordar el pasado con un enfoque crítico y equilibrado, evitando caer en anacronismos que distorsionen la comprensión histórica. Ciertamente, las relaciones entre México y España seguirán siendo un tema relevante y complejo en el futuro, y su evolución dependerá de la capacidad de ambas naciones para reconocer su historia compartida y trabajar juntas en un marco de respeto y cooperación.

La humanidad ha estado marcada por conflictos a lo largo de su historia, y hoy, más que nunca, el mundo enfrenta un panorama bélico complejo y multifacético. Desde guerras híbridas hasta conflictos asimétricos, la violencia se ha convertido en una constante que afecta a millones de personas. Las causas de estas confrontaciones son diversas, incluyendo intereses geopolíticos, recursos naturales y tensiones étnicas o religiosas, lo que complica aún más el esfuerzo por alcanzar la paz. Actualmente, el principal foco está en las guerras en Ucrania y Gaza, dos conflictos que provocan una mayor polarización en el escenario internacional. Al mismo tiempo, en América Latina, preocupa cada vez más la penetración del crimen organizado en toda la región, así como el fortalecimiento de dictaduras como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la tecnología ha transformado la naturaleza de la guerra; la cibernética ha redefinido las estrategias militares, permitiendo que los conflictos se extiendan más allá de las fronteras tradicionales. Esto no solo ha cambiado el rostro del combate, sino que también ha incrementado la incertidumbre y el riesgo de escaladas inesperadas entre naciones. Las consecuencias de un mundo en estado de guerra son devastadoras: millones de personas se ven desplazadas, convirtiéndose en refugiados y migrantes que buscan seguridad en tierras ajenas. Las grandes crisis mundiales y los retrocesos en los progresos hacia los objetivos de desarrollo han puesto de relieve vulnerabilidades compartidas. Si bien la cooperación internacional es más necesaria que nunca, los mecanismos colectivos de resolución de problemas no están a la altura, ni al ritmo ni a la magnitud de los retos que enfrentamos. El mundo de hoy, complejo, interconectado y en rápida evolución, requiere un sistema multilateral más eficaz, que se actualice conforme a los tiempos de la cuarta Revolución Industrial, así como a la evolución política, económica y social del mundo. También es crucial hacer a un lado la posguerra que ya pasó, que dio origen a esos organismos, pero que no evolucionaron, manteniendo un status quo que beneficia solo a unos pocos países. Más de 700,000 personas murieron entre 2021 y 2023; según la Organización Mundial de Migraciones, cerca de 200 millones de personas han migrado en busca de refugio, alimentando discursos xenófobos en algunos países, especialmente en épocas electorales. Desde el final de la Guerra Fría, se han producido tensiones geopolíticas que, sin llegar al estadio de conflicto, generan convulsiones a gran escala. El cuadro de conflagraciones, como la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis de Gaza o la de Sudán, así como los pulsos entre las superpotencias, Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia, generan un vasto abanico de consecuencias. Las más evidentes son el desastroso impacto humano, las derivas militares derivadas, a su vez,  de la carrera armamentística y las reconfiguraciones diplomáticas de alianzas y relaciones. Lo descrito sugiere que la hegemonía occidental comienza a agotarse y que estamos presenciando una transición hegemónica: por un lado, una potencia emergente, China, desafía a la potencia existente, Estados Unidos, que se resiste a ceder sus espacios, creando así zonas de incertidumbre regional. En esta transición hegemónica, es importante destacar que Rusia es un actor secundario; los actores relevantes son Estados Unidos y China. Crisis Group, en su seguimiento permanente de los conflictos en todo el mundo, muestra evidencia de contiendas con un alcance militar que va mucho más allá de los territorios afectados por la violencia, con decenas de países activamente involucrados. Por ejemplo, Ucrania recibe armas de más de 30 países; Rusia recibe apoyo de Irán y Corea del Norte, además de una importante ayuda china que sostiene su esfuerzo bélico. La guerra en Gaza tiene una amplia proyección regional, con incidentes armados en países como Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. La situación en Sudán implica a actores no solo de su entorno africano, sino tan lejanos como Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Irán. Al analizar estas contiendas, se evidencian pulsos de gran magnitud, como el de Rusia y Occidente, que tiene su epicentro en Ucrania, y el que se libra entre Washington y Pekín en su competencia por la primacía mundial, además del conflicto múltiple que se desarrolla en Oriente Medio, no solo entre actores en conflicto armado, sino en toda la región a través de diferentes canales. Esa misma organización realiza un seguimiento de los acontecimientos en más de 70 conflictos y crisis cada mes, identificando tendencias y alertando sobre los riesgos de escalada y las oportunidades para avanzar en la paz. Entre las crisis clasificadas como de alta peligrosidad se encuentran las que se desarrollan en Israel-Palestina-Líbano-Libia, Nicaragua, Rusia (interno y externo), Ucrania (externo e interno), Tanzania, Túnez y Venezuela. Pero la crisis mundial no se manifiesta solo a nivel político y diplomático; también se refleja en el ámbito económico, que está relacionado con la arquitectura de las instituciones financieras internacionales, creadas también después de la última guerra. La economía está en el corazón de las preocupaciones de todos los países y, en particular, de los países en desarrollo, algunos de los cuales son más frágiles que otros y además pagan más intereses de deuda de lo que reciben en ayuda. Estamos, por tanto, ante una transformación profunda y amplia, y los organismos creados para acompañar esos cambios no están en condiciones de hacerlo. Es importante señalar que para el año 2025 está prevista una cumbre en España para abordar la reforma de las instituciones económicas y financieras, una oportunidad que valdría la pena aprovechar. Pero hace falta más que una cumbre para corregir los malos hábitos que se han creado en casi 80 años. No es suficiente que los embajadores o negociadores den discursos valientes y emotivos sobre la situación del mundo y que sigan cargando la culpa a otros por los problemas que enfrentan. Lo que está claro es que hace falta voluntad política para resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Un caso emblemático es el del Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano principal de la organización. Hasta el momento se han presentado 18 proyectos de reforma que, en principio, le darían a la toma de decisiones un carácter más democrático, pero ninguno ha sido aprobado. Solo ha valido que alguno de los miembros permanentes haga uso de su derecho al veto para dejar sin efecto cualquier propuesta. Otra muestra irrefutable de lo anterior es que la invasión de Rusia a Ucrania se produce en momentos en que ese país presidía el Consejo de Seguridad, mientras que el principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas es la prohibición expresa de la ampliación de fronteras por la fuerza. Abundan los ejemplos. En medio de este escenario, el 21 de septiembre de 2024 se adoptó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, que contiene 56 acciones con el objetivo de hacer frente a los “mayores desafíos de nuestra época”, entre ellos, la paz y el derecho internacional, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la arquitectura financiera mundial y el cambio climático, así como asuntos más innovadores como la inteligencia artificial. Este pacto pretende convertirse en una nueva "caja de herramientas" para reparar el mundo. El texto, aprobado por 193 países, contó con la oposición de países como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia. Si bien es cierto que este Pacto para el Futuro es una buena iniciativa del secretario general de la ONU que propone acciones sobre los temas más importantes que aquejan a la comunidad mundial, también lo es que nace minusválido, con el impedimento de siempre: no es vinculante para los miembros de la ONU, lo que significa que su decisión no es de cumplimiento obligatorio. No creo que el esfuerzo negociador que se realizó para alcanzar el consenso con 193 delegaciones sea suficiente para reformar el multilateralismo. En particular, los países en desarrollo reclaman compromisos concretos sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales para facilitar el acceso de algunos de ellos a financiación preferente y hacer frente a sus realidades internas, en particular aquellas relacionadas con el impacto del cambio climático. Los embajadores y funcionarios internacionales en las Naciones Unidas pueden estar de acuerdo en al menos dos cosas: 1.- que la ONU necesita una reforma seria en particular el Consejo de Seguridad, para poder enfrentar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la regulación de la inteligencia artificial, 2.- que, en el clima tenso actual, a sus miembros les resultará difícil, tal vez imposible, ponerse de acuerdo incluso sobre reformas limitadas.

Venezuela, un país que históricamente se ha destacado por su riqueza en recursos naturales y un impresionante historial de prosperidad económica, ha experimentado una transformación radical y devastadora desde la adopción del socialismo del siglo XXI, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta transición, que prometía una reforma social y económica profunda, ha resultado en una crisis sin precedentes que ha relegado al país al segundo lugar en términos de pobreza en la región, solo superado por Haití. Desde el inicio de su mandato, Hugo Chávez implementó un modelo de socialismo que se presentó como una solución revolucionaria para las desigualdades de Venezuela. Propuso una redistribución agresiva de la riqueza con el objetivo declarado de alcanzar una mayor equidad económica y social. Sin embargo, la realidad distó mucho de las promesas, en lugar de lograr una verdadera justicia distributiva, la riqueza se concentró en manos de familiares y aliados cercanos a los líderes revolucionarios. Esta redistribución selectiva no solo intensificó las desigualdades preexistentes, sino que también exacerbó la crisis política, económica y social del país, creando un sistema donde la corrupción y el nepotismo florecieron. Uno de los aspectos destacados del mandato del socialismo del siglo XXI fue la política de expropiación. El régimen justificó la toma de empresas nacionales y extranjeras, así como de propiedades privadas, con el pretexto de darle estos bienes en mecanismos de interés social. En realidad, esta política resultó en la apropiación de edificios, desarrollos habitacionales y estacionamientos, que terminaron beneficiando a los allegados del entorno presidencial. La expropiación no solo impactó gravemente a la industria, sino también a la agricultura y a la propiedad privada, causando una disrupción severa en la producción y gestión de recursos, deteriorando aún más la economía nacional. El impacto de estas políticas ha dejado una marca indeleble en la estructura económica y social de Venezuela. Las imágenes de escasez, represión y emigración forzada que han circulado a nivel global son testimonio de la magnitud de esa crisis. La transformación de Venezuela, de un país previamente rico y derrochador a un desastre socioeconómico, ha provocado una migración masiva. Los venezolanos que han buscado mejores oportunidades en otros países se han llevado consigo valiosos conocimientos y habilidades, contribuyendo significativamente a las economías que los han acogido. Esta paradoja subraya la ironía de una nación que, en su apogeo, fue un refugio para perseguidos políticos y un modelo de bienestar, y que ahora se ha convertido en una fuente constante de recursos humanos para el resto del mundo. La crisis en Venezuela ha captado la atención internacional, provocando una amplia gama de respuestas. Organismos como la ONU y la OEA han hecho llamados urgentes a la comunidad global para que intervenga y aborde la situación. Las respuestas han incluido desde sanciones económicas hasta ofertas de ayuda humanitaria. Sin embargo, el carácter autoritario y dictatorial del régimen ha hecho que la implementación de soluciones políticas efectivas sea extremadamente difícil. La corrupción y la manipulación electoral bajo el gobierno de Maduro son claros ejemplos de cómo el régimen ha intentado consolidar y perpetuar su control sobre el poder. Las tácticas de manipulación han distorsionado la voluntad del pueblo y legitimado una permanencia en el poder que contrasta con el creciente descontento y rechazo expresado en las urnas. Este fraude electoral no solo socava la integridad del proceso democrático, sino que también perpetúa un ciclo de inestabilidad y descontento que sigue sin resolverse. A nivel internacional, la falta de organismos con suficiente peso político para inducir los cambios necesarios es evidente. Los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela enfrentan múltiples obstáculos, y la tarea de reconstruir el país parece monumental. La restauración de la democracia, la seguridad jurídica, la revitalización de la economía y la mejora de las condiciones de vida para la población son pasos cruciales para poner al país en el camino hacia la recuperación. El restablecimiento de las instituciones democráticas y la promoción de una economía funcional son esenciales para superar las secuelas de un sistema que, a pesar de sus promesas de transformación, ha dejado un legado de dificultades y obstáculos. Hasta hace solo 26 años, Venezuela era sinónimo de riqueza, prosperidad y bienestar. Era un refugio para los perseguidos políticos de Chile y Argentina, y un ejemplo de progreso en la región. Sin embargo, la llegada de Hugo Chávez y el inicio de su revolución bolivariana cambiaron drásticamente la imagen del país. Desde entonces, Venezuela se convirtió en un símbolo ideológico en América Latina, comparable a lo que fue Cuba en el siglo XX. El país, que anteriormente era respetado por su solidaridad y dignidad, se transformó en un caso de estudio sobre cómo las promesas revolucionarias pueden desencadenar una crisis profunda y duradera. La crisis económica y la falta de liderazgo capaz de enfrentarla llevaron a una transformación alarmante. Las imágenes de escasez, represión y emigración, que se han difundido globalmente, revelan el impacto devastador de la crisis en un país que alguna vez fue privilegiado. El nombre de Venezuela, que en el pasado evocaba prosperidad, se ha convertido en un arma política contra la izquierda. El fracaso estrepitoso del país se usa como un ejemplo negativo, un lastre para la izquierda y una constante fuente de incomodidad, que destaca la necesidad de un cambio radical para recuperar el prestigio y la estabilidad del país. La tarea de reconstruir Venezuela es colosal. Superar los efectos del sistema actual requerirá esfuerzos significativos y coordinados en todos los frentes. La reconstrucción del país debe comenzar con la restauración de la confianza en las instituciones democráticas, la revitalización de la economía y la mejora de las condiciones de vida para su población. A medida que Venezuela enfrenta estos tiempos tumultuosos, su futuro dependerá de su capacidad para superar las adversidades y construir una base sólida para el progreso, recuperando el lugar que alguna vez ocupó en el concierto regional e internacional.

Un parte de guerra es un documento formal elaborado diariamente durante un conflicto armado. En él, se informa sobre el estado de las tropas propias y las del enemigo, aquellas que están directamente en la línea de fuego. Generalmente, el parte de guerra incluye el número de muertos y heridos de ambos bandos del día anterior, así como sugerencias para las acciones estratégicas a seguir en ese momento. En un sentido comparativo, un parte de guerra puede asemejarse a los informes frecuentes que nos proporciona la prensa en Estados Unidos, y específicamente en el estado de Georgia. La violencia armada en Estados Unidos es un problema persistente que afecta a numerosas comunidades, con una tasa de tiroteos y homicidios con armas de fuego notablemente alta en comparación con otros países desarrollados. Para ilustrar la magnitud del problema, en 2022 se registraron 648 eventos de tiroteos masivos, cifra que aumentó a 650 incidentes en 2023. Hasta la fecha, en 2024 ya se han contabilizado 385 tiroteos masivos, según datos de Gun Violence Archive, una organización que proporciona estadísticas sobre incidentes armados. A estos datos de 2024 se suma el reciente tiroteo en Winder, Georgia, donde un adolescente de 14 años disparó en el instituto educativo Apalachee, cerca de Atlanta, dejando cuatro muertos y nueve heridos. La violencia armada se manifiesta de diversas formas, desde tiroteos masivos hasta incidentes de violencia cotidiana y suicidios. Cada tiroteo resalta las complejidades de este fenómeno y subraya la necesidad de soluciones efectivas. Este último tiroteo no solo ha reavivado el debate sobre el control de armas a nivel nacional, sino que ha ocurrido en un momento de intensa campaña política por la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, prevista para el 5 de noviembre. El tiroteo ha convertido la regulación de armas en un tema de campaña para las elecciones presidenciales. Los candidatos y sus partidos tienen propuestas contrastantes sobre cómo abordar la epidemia de tiroteos masivos. Mientras Kamala Harris y los demócratas abogan por endurecer la regulación del acceso a las armas y prohibir las armas de asalto, Donald Trump y los republicanos se oponen a nuevas restricciones, prefiriendo reforzar la seguridad en los colegios. Trump, en particular, se ha enorgullecido de ser “el mayor fan” de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y afirmó en una convención de dicha organización que resistió presiones durante su presidencia y no tomó medidas para restringir el acceso a las armas de fuego. El debate se intensificó después de que J. D. Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, se refiriera a los tiroteos como una “realidad” (en inglés, “a fact of life”), un término que conlleva una mayor indiferencia o resignación. Mientras tanto, la vicepresidenta Harris y el gobernador Walz coinciden en tomar medidas que protejan a los niños y mantengan las armas fuera del alcance de los delincuentes. Es de hacer notar que, según las encuestas, la tenencia de armas no está entre las principales preocupaciones de los estadounidenses en las elecciones. Los votantes han estado más enfocados en asuntos como la economía, la inmigración, el aborto, los riesgos para la democracia e incluso la política exterior. Cabe destacar que la vicepresidenta Kamala Harris no mencionó el problema de los tiroteos masivos en su discurso de aceptación de la nominación demócrata en la convención de Chicago hace aproximadamente un mes, a pesar de que lidera la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca. No obstante, abordó el tema después del tiroteo de Georgia, calificándolo de “tragedia sin sentido detrás de tantas tragedias sin sentido” en un acto de campaña en North Hampton, New Hampshire, el mismo día del atentado. Trump, por su parte, ha eludido pronunciarse sobre la regulación de armas en estos días. Tras el tiroteo, se limitó a emitir una declaración de condena y pésame a través de su red social, Truth: “Nuestros corazones están con las víctimas y los seres queridos de los afectados por lo sucedido en Winder, Georgia. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué sucede esto en Estados Unidos? Una primera explicación se encuentra en la historia y la cultura. Para quienes fundaron Estados Unidos en las décadas de 1770 y 1780, no había dudas sobre la tenencia de armas. Consideraban que el monopolio de las armas por parte de las monarquías europeas y sus ejércitos era la raíz de la opresión que los independentistas combatían. Reconocían la necesidad de cazar y protegerse de animales salvajes y ladrones. En 1791, se alcanzó un compromiso en lo que se ha convertido en la frase más analizada de la Constitución de Estados Unidos, la Segunda Enmienda, que resguarda el derecho a las armas: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será infringido”. Cabe destacar que las circunstancias que llevaron a la adopción de esta enmienda han cambiado considerablemente en los últimos 200 años. Durante los dos siglos siguientes, las armas se convirtieron en una parte esencial de la vida y del mito estadounidense, hasta el punto de que muchos historiadores importantes de Estados Unidos hablan de una transición de la “Cultura de las armas 1.0”, donde las armas eran para deporte y caza, a la “Cultura de las armas 2.0”, donde muchos las consideran esenciales para proteger sus hogares y familias. Según el Centro de Investigación Pew, EE.UU. tiene más armas que cualquier otro país, con alrededor de 270 millones en circulación. Con una población de 319 millones de personas, esto significa que casi un estadounidense posee un arma. En comparación, el país con el mayor número de armas después de EE.UU. es India, con 46 millones en una población de más de 1.200 millones de personas. India ni siquiera aparece en el top 5 de los países con más tiroteos masivos. Un ejemplo relevante es Australia, que tuvo cuatro tiroteos masivos entre 1987 y 1996. Después de eso, la opinión pública se volvió en contra de la posesión de armas, y el Parlamento aprobó leyes más estrictas. Desde entonces, Australia no ha tenido tiroteos masivos. Una segunda razón, no menos importante, es la influencia de un poderoso lobby compuesto por fabricantes de armas y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que han alineado sus intereses con un sector político del país para insistir en que la Segunda Enmienda es absoluta en su protección del derecho a las armas, y que cualquier regulación es un ataque a la “libertad” de los estadounidenses. Algunos historiadores indican que este lobby ha convertido la tenencia de armas casi en una ideología. Los dueños de armas se han unido en torno a esta ideología, formando un bloque de votos significativo, especialmente en zonas rurales que los republicanos buscan captar. Más allá del impacto trágico en las familias afectadas, también se observa un importante impacto político y económico. Por ejemplo, la administración Biden aboga por reducir la influencia del lobby armamentista y aprobar leyes más restrictivas sobre la venta y porte de armas, lo cual choca con las leyes recientes firmadas por algunos gobernadores republicanos que eliminan requisitos para la compra y porte de armas. Creo que abordar la violencia armada en EE. UU. requiere un enfoque multifacético que incluya reformas legislativas, educación y apoyo comunitario. La tragedia de Winder es un recordatorio urgente de la necesidad de enfrentar este problema y trabajar hacia soluciones duraderas.

Elon Musk está siendo investigado en Brasil por presuntos delitos de obstrucción a la justicia e incitación al crimen. El empresario tecnológico acusó a un juez de la Corte Suprema de censurar su plataforma X, llamándolo “dictador” y amenazando con desobedecer las órdenes judiciales de bloquear cuentas vinculadas a la desinformación. Esta crisis entre el Tribunal Supremo de Brasil y Elon Musk ha captado la atención internacional, marcando un punto de fricción significativo entre el poder judicial brasileño y el empresario estadounidense. La disputa se ha intensificado debido a las acciones y declaraciones de Musk, que han sido percibidas como una amenaza a la soberanía y autonomía judicial de Brasil. Es relevante señalar que la discusión sobre el papel de las redes sociales en el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia es un tema candente a nivel global. Este conflicto no solo destaca las tensiones entre la influencia de las grandes corporaciones tecnológicas y los sistemas legales nacionales, sino que también plantea preguntas cruciales sobre el equilibrio entre el poder corporativo privado y el ordenamiento jurídico de los países. La tensión comenzó el 8 de enero de 2023, cuando una multitud de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadió el Tribunal Supremo Federal y el Congreso Nacional, destrozando símbolos patrios, enojados por la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. A partir de ahí, el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, inició investigaciones sobre la difusión de contenidos falsos en las redes sociales y la posible financiación de grupos que buscarían amenazar la democracia brasileña. Así mismo ordenó el bloqueo de varios perfiles en redes sociales, incluido el del senador Marcos do Val, acusado de obstruir las investigaciones relacionadas con la invasión a la Corte Suprema y el Parlamento de Brasil. El magistrado de Moraes advirtió que la actuación de X podría “crear un ambiente de total impunidad, una ‘tierra sin ley’” que facilite la acción de grupos extremistas y milicias digitales mediante la “masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. La acusación concreta es que Elon Musk, con su red de intereses globales, intenta influir en la política brasileña de manera que podría socavar la autonomía del sistema judicial del país. Musk respondió que no bloquearía ninguna cuenta, lo que intensificó la tensión. Este enfrentamiento revela un conflicto más amplio sobre la influencia de las corporaciones en la política y la legalidad de los países, y muestra una creciente preocupación sobre el papel de los conglomerados tecnológicos en la gobernanza global. Musk, al igual que otros líderes de grandes corporaciones, tiene una influencia que trasciende las fronteras nacionales, planteando desafíos para los sistemas legales que intentan regular sus acciones. El caso subraya las dificultades de las instituciones nacionales para manejar conflictos con actores globales poderosos y resalta la necesidad de establecer normas internacionales más claras para la interacción entre tecnología y legislación. La crisis entre el Tribunal Supremo de Brasil y Elon Musk destaca en un momento crucial en la evolución de las relaciones internacionales en la era tecnológica. Mientras las empresas tecnológicas continúan expandiendo su alcance global, las naciones deben encontrar formas efectivas de proteger sus intereses y mantener la integridad de sus sistemas judiciales. Este contencioso entre el poder judicial brasileño y el magnate tecnológico no es solo una batalla legal, sino una cuestión que podría redefinir el equilibrio entre el poder corporativo y la justicia global en el siglo XXI. Las dos investigaciones en las que De Moraes ha incluido a Musk son: una relacionada con un proceso abierto en Brasil desde 2021 contra las llamadas milicias digitales, y la otra, abierta esta semana, que investiga el papel del empresario en delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen. En caso de que Musk sea condenado por el Tribunal Supremo brasileño, sin la cooperación de las autoridades de EE.UU., es poco probable que la sentencia conduzca a su detención. La pregunta que surge es si el precio de esta disputa acabará siendo pagado por la sociedad civil, que en seis meses acudirá a las urnas para las elecciones municipales. De hecho, según encuestas brasileñas, el tira y afloja desencadenado por Musk y el magistrado De Moraes está acelerando la polarización política que ya existía y que el país no necesita, pues aún se está recuperando del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y de sus pesadas secuelas judiciales. Según un sondeo realizado por la empresa brasileña Quaest, la polémica ha enardecido a los brasileños. El 68% de las opiniones fueron contrarias al STF, mientras que solo el 32% criticaron a Musk. Cabe destacar que la polémica fue inmediatamente utilizada por Bolsonaro, quien, aunque inelegible hasta 2030, mantiene un peso político casi intacto según las encuestas. El expresidente calificó a Musk, en la red social X, como “mito de nuestra libertad”. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se sumó al debate señalando: “Debemos decidir si queremos un mundo democrático” o “si vamos a permitir la convivencia con xenofobia y extremismo de extrema derecha, que ahora se da el lujo de que un empresario extranjero hable mal de la justicia brasileña. Es importante recordar que hace un año, el Congreso estuvo a punto de votar el llamado proyecto de ley de las fake news, que proponía responsabilizar a las plataformas por la difusión masiva de noticias falsas a través de bots y les daba un plazo de 24 horas para eliminar contenido identificado como ilícito por la justicia. Las empresas hicieron una fuerte campaña en contra de la ley, que no llegó a votarse. Quedan muchas preguntas sin respuesta: ¿Se vuelven las democracias más polarizadas y menos sanas con las redes sociales? ¿Han creado las redes sociales cámaras de eco perjudiciales? ¿Por qué se han debilitado las democracias? ¿Cómo podrían las redes sociales haber hecho las democracias más fragmentadas y menos estables? Por ahora, todo parece indicar que el caso de las redes sociales y la democracia es un problema sin solución aparente. El profesor Jonathan Haidt de la Stern School of Business de la New York University señaló recientemente en un artículo publicado por la revista Letras Libres lo siguiente: «Las redes sociales han cambiado la vida en el mundo de mil maneras, y casi dos de cada tres ciudadanos creen que esos cambios han sido para peor. Pero los investigadores académicos todavía no han llegado a un consenso sobre si las redes sociales son perjudiciales. Eso ha sido una bendición para compañías de redes sociales como Meta, que sostiene, como hacían las tabacaleras, que la ciencia no está ‘asentada’».

América Latina, una región marcada por una historia de inestabilidad política y transformaciones sociales, ha visto en las últimas décadas el resurgimiento y la caída de varios gobiernos de izquierda. Desde el auge del socialismo en el siglo XX hasta los esfuerzos actuales por implementar políticas progresistas, los gobiernos de izquierda han vivido un ciclo de promesas ambiciosas seguidas por desilusionantes fracasos. Desde la Revolución Cubana hasta los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, la izquierda ha desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama político regional. Sin embargo, a pesar de las promesas de cambio, muchos de estos movimientos han enfrentado serios desafíos y han sido criticados por su incapacidad para cumplir con sus objetivos. Este movimiento político, heredero de las luchas populares, no ha logrado alcanzar sus metas en un mundo en constante transformación. Las oportunidades de la izquierda en la región han terminado frecuentemente en autoritarismos, como en el caso de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Sin embargo, en Brasil y Colombia, los partidos de izquierda han encontrado dificultades para transgredir el orden democrático debido a la fortaleza de sus instituciones. Desde mediados del siglo XX, América Latina vivió una proliferación de movimientos revolucionarios y reformistas que prometieron una mayor equidad social, redistribución de la riqueza y mayor participación popular. La Revolución Cubana, por ejemplo, sirvió como modelo de resistencia contra el capitalismo, inspirando movimientos guerrilleros y partidos políticos en toda la región. Sin embargo, estos movimientos no han podido mostrar resultados positivos de su gestión de gobierno. Uno de los principales factores detrás de los fracasos de la izquierda ha sido su incapacidad para consolidar una base de apoyo popular duradera. Gobiernos como el de Chávez en Venezuela y Morales en Bolivia llegaron al poder con promesas de justicia social y redistribución de la riqueza, pero tropezaron con problemas internos significativos, como corrupción y conflictos con otros sectores políticos. En Venezuela, el modelo chavista, que inicialmente atrajo a amplios sectores de la población con sus programas sociales, se deterioró rápidamente debido a la corrupción, la crisis económica y la represión política. Hoy en día, el país enfrenta una profunda crisis humanitaria y económica que ha minado la legitimidad del gobierno y exacerbado las tensiones sociales. Los movimientos de izquierda en América Latina no pudieron implementar políticas económicas sostenibles. Las promesas de nacionalización y control estatal de sectores clave de la economía a menudo resultaron en una mala gestión, socavando el crecimiento económico y aumentando la dependencia de ayudas internacionales. La falta de desarrollo económico sostenible y la creciente deuda externa han contribuido a la inestabilidad política y social de la región. Otro desafío significativo ha sido la relación con las élites económicas locales, la comunidad internacional y las sanciones impuestas. Aunque las sanciones han influido en la situación, la principal causa de la crisis es la falta de voluntad política para implementar programas que mejoren el bienestar de la población. Los esfuerzos de los gobiernos de izquierda a menudo se han centrado en incrementar la corrupción y el mal uso del poder político. En la década de 1960 y 1970, América Latina vio el surgimiento de gobiernos de izquierda como Salvador Allende en Chile, que prometieron una transformación radical sin resultados visibles. Sin embargo, el colapso del bloque soviético a finales del siglo XX marcó el inicio de una reconfiguración política. En la década de 2000, una nueva ola de gobiernos de izquierda emergió con una retórica renovada, como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa. A pesar del entusiasmo inicial, estos gobiernos enfrentaron realidades complejas y fracasaron en su gestión. En Venezuela, el chavismo ha sido marcado por una crisis económica devastadora, corrupción y autoritarismo, mientras que, en Bolivia, la administración de Evo Morales y su sucesor Luis Arce han enfrentado acusaciones de corrupción y abuso del poder. Rafael Correa en Ecuador dejó un legado controvertido, caracterizado por corrupción y un enfrentamiento creciente con la oposición. El fracaso de los gobiernos de izquierda ha generado un ciclo de desilusión y desencanto, lo que ha llevado a un resurgimiento de fuerzas políticas de derecha y a una creciente polarización. La recuperación de la confianza en las instituciones democráticas y la estabilidad económica siguen siendo desafíos importantes. El escritor argentino Martín Caparrós ha señalado que la frase “la izquierda fracasó en América Latina” se ha convertido en un cliché. Ciertamente el fracaso de los gobiernos venezolano, argentino, brasileño, boliviano, y cubano es una muestra evidente de ello. No está claro si lo que se ha llamado izquierda en la región realmente lo sea, ya que algunos líderes tenían una historia de luchas sociales; otros, recién llegados de los cuarteles, la academia o los partidos del sistema, que entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero entre las proclamas y la realidad hay un mundo de diferencias. En Venezuela decimos: del dicho al hecho, hay mucho trecho. Me pregunto: ¿Existe o ha existido alguna vez una izquierda en América Latina? Difícil de responder, ya que categorizar dentro de un sector ideológico determinado los avances y retrocesos de la region no sería exacto. Lo central en todo esto es si los países logran o no encontrar una expresión política para sus profundos problemas sociales, es decir si consiguen ubicar las luchas sociales dentro de un marco institucional y democrático. Un número importante de países latinoamericanos ingresaron al siglo XXI gobernados por partidos políticos y líderes que simpatizaban con ideas progresistas y de izquierdas, fenómeno denominado por los medios de comunicación como “Marea Rosa”. Sin embargo, algunos reveses electorales y victorias recientes de partidos de centro-derecha parecen indicar que la marea ha comenzado a ceder, dando lugar a un recambio ideológico a nivel continental. Las consecuencias políticas, económicas y geopolíticas aún siguen siendo inciertas. Sobre el caso de la izquierda venezolana, no tengo la menor duda que acabó siendo un peso político muerto para la izquierda de la región y eso debe a un escenario en el que el proceso venezolano resultó estar cada vez más alejado de visiones de justicia social. La revolución bonita como la calificaba Hugo Chávez se transformó en un esquema de corrupción incontrolable que hasta logro cambiar el clásico concepto económico de la redistribución de la riqueza, para llevarlo a otro en los que los únicos beneficiarios pertenecen al entorno gubernamental y amigos cercanos. Es de hacer notar que el resultado de muchas de las elecciones realizadas en América Latina ha llevado a numerosos observadores, a hablar de una victoria de la izquierda, más allá de las diferencias entre países, hacia una izquierda alejada de las posturas estadounidenses, que se apoyaría en sectores sociales. Pero que Luis Arce en Bolivia y Claudia Sheinbaum hayan ganado las elecciones en sus respectivos países y que Javier Milei haya ganado las elecciones en Argentina no significa que ni los primeros están definiendo una tendencia política en América Latina, como tampoco el segundo que marque que América Latina avance hacia la derecha. Chile, es un punto y aparte en lo que ha sido la historia de la izquierda tradicional. Y lo es porque representa una ruptura con las políticas tradicionales de izquierda y un enfoque renovado hacia temas sociales, económicos y ambientales, pero dentro del marco democrático. Cabe recordar la posición adoptada por el presidente de Chile, Gabriel Boric quien fue el primer gobernante extranjero en expresar públicamente dudas sobre los números divulgados por el CNE. «El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer». «La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados», añadiendo, Chile no reconocerá «ningún resultado que no sea verificable». América Latina se encuentra en un proceso de cambio político, y aunque la izquierda ha perdido terreno después de una larga hegemonía, aún controla algunos gobiernos en la región. Las consecuencias de estos cambios son inciertas, y el desafío será encontrar un equilibrio que permita una transformación efectiva y sostenible.

En América Latina, la falta de confianza en los líderes políticos se ha convertido en un tema central que refleja crisis profundas de gobernabilidad, corrupción y descontento social. Desde el Cono Sur hasta el Triángulo Norte de Centroamérica, los presidentes y líderes actuales enfrentan desafíos significativos que han erosionado la percepción pública de su fiabilidad, afectando la estabilidad política y social de la región. América Latina, es rica en diversidad cultural, histórica y política, sin embargo, se encuentra actualmente en un momento de turbulencia y cambio. Esta diversidad, en lugar de ser un punto fuerte, ha contribuido a una situación política compleja y a menudo desalentadora, marcada por desatinos y conflictos internos. La academia, intelectuales y organizaciones internacionales han señalado que esta inestabilidad es reflejo del déficit democrático de la región. Sin embargo, la democracia misma no es la transgresora en este contexto, sino más bien la instrumentación de políticas que responden a los caprichos del «Rey de turno» en lugar de a los objetivos de una verdadera democracia. Los recientes episodios de crisis política y gobernabilidad en países como Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras ilustran cómo las tensiones internas, provocadas por líderes políticos desajustados, influyen en la dinámica política y social de estos países, así como en las relaciones interregionales. La pregunta fundamental es: ¿por qué la gente sale a las calles gritando que los que están en el poder no los representan? Y, en segundo lugar, ¿por qué, a pesar de las elecciones, los ciudadanos sienten que los políticos en actividad no los representan? Esta consigna ha llenado plazas y calles en diversos países de América Latina, desde el norte hasta el sur del continente. Mujeres, estudiantes, indígenas, población rural y minorías se han unido en manifestaciones que reflejan un profundo malestar con el estado actual de la política. El comportamiento de los líderes políticos ha afectado los niveles de confianza y ha reducido la identificación con los partidos tradicionales. La Dra. Flavia Freidenberg, coordinadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la UNAM, argumenta que “los ciudadanos perciben, en primer lugar, falta de sensibilidad por parte de los que ejercen el poder hacia los temas que les preocupan y, en segundo lugar, el mal desempeño económico de algunos gobiernos que no consiguen disminuir la desigualdad, unido a la corrupción que erosiona el pacto entre representantes y representados y genera polarización con ciudadanos desafectos”. Esta percepción refleja un déficit en la calidad de la democracia, que no se materializa en instituciones sólidas ni en un estado de derecho efectivo. Los países latinoamericanos pueden exhibir constituciones formidables, democráticas y llenas de derechos que, en la práctica, no se otorgan. Por ejemplo, en México, se reportan once feminicidios al día, el derecho a la salud se limita a quienes pueden pagar servicios privados, y la libertad de movimiento está restringida en ciertos territorios que están controlados por grupos criminales. Esta discrepancia entre el marco legal y la realidad cotidiana subraya una brecha significativa en la aplicación efectiva de los derechos y la justicia. En muchos países latinoamericanos, la democracia no ha cumplido con las expectativas de bienestar de sus ciudadanos. La frustración con los partidos tradicionales y la falta de soluciones a problemas persistentes han llevado a la elección de «líderes salvadores». Estos líderes son vistos como una alternativa al fracaso del sistema político establecido, lo que a menudo resulta en un círculo vicioso de desilusión y caos. A continuación, algunos ejemplos: Argentina En Argentina, el presidente Javier Milei asumió el cargo hace poco más de ocho meses con la promesa de combatir los problemas económicos, particularmente la alta inflación. Su política de ajuste fiscal, que incluye recortes de subsidios y reducción del tamaño del gobierno, ha generado un malestar profundo en la sociedad. La situación económica es crítica, y aunque Milei pretende erradicar la pobreza, sus medidas han causado más hambre y descontento. Además, la relación conflictiva con la vicepresidenta Victoria Villaroel, a quien él mismo designó, refleja una fragilidad política que afecta la cohesión y estabilidad del gobierno. Ecuador En Ecuador, la presidencia de Daniel Noboa se enfrenta a una crisis política compleja debido a la enemistad con su vicepresidenta. Este conflicto ha paralizado la capacidad del gobierno para abordar problemas cruciales como la seguridad y la pobreza. La polarización política ha debilitado la estructura gubernamental, generando inestabilidad que limita la efectividad de las políticas públicas y afecta la cooperación regional. Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, al regresar a la presidencia de Brasil en enero de 2023, ha enfrentado un entorno de alta polarización política y social. Aunque su regreso es visto como una oportunidad para reformas progresistas, la sombra de la corrupción pasada sigue pesando sobre su administración. La división entre los seguidores de Lula y los de Jair Bolsonaro ha complicado la gobernabilidad y la implementación de políticas efectivas. Colombia Gustavo Petro, presidente de Colombia, enfrenta una administración marcada por la resistencia a su agenda de reformas y los escándalos de corrupción que involucran a familiares cercanos. Este entorno de inestabilidad afecta la capacidad del gobierno para abordar la violencia y la desigualdad, complicando la colaboración regional en temas de seguridad y migración. Venezuela Venezuela representa el caso más extremo de crisis política y humanitaria, con el régimen autoritario de Nicolás Maduro tratando de consolidar su poder a través de medidas represivas y la manipulación política, como el caso del reciente proceso electoral en el que salió vencedor el candidato opositor Edmundo González Urrutia y cuyo resultado fue manipulado para dar como ganador a Maduro. Venezuela se encuentra en una crisis profunda y prolongada, caracterizada por una hiperinflación descontrolada, una severa escasez de productos básicos y una profunda contracción económica. El valor del bolívar ha descendido drásticamente, lo que ha llevado a una pérdida del poder adquisitivo y a una disminución del nivel de vida de los ciudadanos. La migración masiva de venezolanos hacia países vecinos es un reflejo tangible de la desesperación económica y de las condiciones de vida insostenibles. Perú Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú en diciembre de 2022 en medio de una crisis política tras la destitución de Pedro Castillo. Su administración ha sido criticada por la falta de estabilidad y eficacia, enfrentando desafíos significativos en la gestión de problemas nacionales. México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia de México en diciembre de 2018 con la promesa de combatir la corrupción y mejorar la justicia social. Su administración ha enfrentado problemas de gobernabilidad, corrupción y nepotismo, afectando la percepción pública de su liderazgo. Aunque AMLO se prepara para entregar el poder a Claudia Sheinbaum, su cercanía con el presidente saliente ha generado dudas sobre la eficacia de sus políticas. Chile Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile en marzo de 2022 con un mandato de reformas sociales. Sin embargo, su administración ha enfrentado desafíos significativos en la implementación de estas reformas, incluyendo la elaboración de una nueva constitución. La falta de progreso en este aspecto y la incapacidad para abordar eficazmente las demandas sociales han deteriorado la percepción pública de su gobierno. El Salvador Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, el país ha experimentado un cambio significativo en su dinámica política y social. Bukele ha implementado una serie de reformas controversiales y medidas agresivas en su lucha contra la corrupción y la criminalidad, por lo que ha enfrentado críticas por la concentración de poder y la erosión de las instituciones democráticas. La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, por ejemplo, ha sido tanto elogiada por su visión innovadora como cuestionada por sus riesgos económicos y su impacto en la estabilidad financiera del país. Con más de 5 años consecutivos viviendo en estado de excepción y con presencia militar en las calles, la seguridad estaría pasando a un segundo plano en las prioridades de los ciudadanos. Según sondeos de opinión, la economía ocupa el primer lugar en la lista de preocupaciones le sigue la desigualdad, el costo de la vivienda y el desempleo juvenil, para lo cual todavía no hay respuestas. La falta de fiabilidad en los líderes de América Latina refleja crisis profundas de gobernabilidad, corrupción y descontento social. La corrupción, la polarización política y la ineptitud en la gestión de problemas sociales y económicos han contribuido a un creciente descontento público. La transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en la gobernabilidad son esenciales para superar los desafíos actuales y reconstruir la confianza en la política latinoamericana. La política en América Latina no puede seguir siendo improvisada ni abordarse con enfoques superficiales. La crisis de confianza en los líderes políticos es un reflejo de la necesidad urgente de reformas profundas y de una verdadera práctica democrática. Los latinoamericanos deben exigir un cambio en la forma en que se gestionan sus países, asegurando que los líderes actúen con integridad y se centren en el bienestar general, no en intereses personales o agendas partidistas.

El proceso electoral vivido en Venezuela el 28 de julio de 2024 ha sido un acontecimiento de gran relevancia en el panorama político latinoamericano. Esta elección tiene un profundo impacto en la política regional, revelando una crisis de credibilidad que afecta a toda la izquierda latinoamericana.  Como es ampliamente conocido, la elección presidencial en Venezuela ha sido objeto de intensos cuestionamientos y acusaciones de fraude por parte del gobierno de Maduro, lo que ha provocado un cambio significativo en el panorama político de la región. Es precisamente desde la izquierda en general y la chilena en particular, desde donde provienen las críticas más duras, que consideran un fraude histórico llevado a cabo por el gobierno de Maduro. Cabe recordar que, adelantándose a otros mandatarios latinoamericanos, el presidente Gabriel Boric fue el primero en condicionar el reconocimiento de los resultados a la publicación de las actas oficiales, poniendo en duda así la legitimidad del proceso electoral y los resultados anunciados por el gobierno venezolano. Este tipo de tensiones, relacionadas con asuntos internacionales, han sido frecuentes en el gobierno chileno desde que asumió Boric. Una parte del oficialismo, especialmente el Frente Amplio (FA), se ha mostrado distante de Venezuela, Cuba y Nicaragua, mientras que el Partido Comunista ha reafirmado su adhesión a los regímenes de esos tres países.  Analistas políticos de Chile coinciden en que ha sido una constante en la izquierda chilena que sus reflexiones, debates internos, propuestas, así como sus cambios de posición y giros programáticos, se vean influenciados por experiencias internacionales, muchas de ellas latinoamericanas. Es importante señalar que la crisis venezolana ha dado al presidente Boric una bocanada de aire al obtener la mayor aprobación ciudadana en los últimos 14 meses. Según datos publicados por la encuestadora Cadem, la desaprobación ha retrocedido un 55%. Esta recuperación del apoyo popular ha estado marcada por su dura posición contra Nicolás Maduro tras las elecciones en Venezuela. Por ello, lo acontecido no solo afecta a Venezuela, sino que también cuestiona la legitimidad de los movimientos de izquierda en toda Latinoamérica. La comunidad internacional, junto con organismos como la OEA, la ONU y el Centro Carter, han manifestado su preocupación por la falta de transparencia del proceso electoral venezolano, documentando irregularidades que han incrementado la desconfianza en el sistema electoral del país. Como era de esperar, este escenario plantea un debate crucial sobre el futuro de la izquierda en la región y su compromiso con los principios democráticos. Las elecciones en Venezuela representan un punto de inflexión para los partidos de izquierda en Latinoamérica, y la necesidad de demostrar un auténtico compromiso con los valores democráticos se vuelve cada vez más necesario.  Todo parece indicar que en la región existen dos corrientes dentro de la izquierda: una comprometida con la democracia, representada por Chile, con el presidente Gabriel Boric siendo uno de los primeros líderes latinoamericanos en pedir transparencia en el conteo, aludiendo a que los resultados son "difíciles de creer"; y otra que parece dispuesta a legitimar regímenes autoritarios, compuesta por Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras, un número interesante, pero reducido en comparación con los años de esplendor de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) y del proyecto hegemónico de Hugo Chávez, además de cuatro países del Caribe: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, que también saludaron la victoria del régimen chavista. Mientras tanto, las únicas voces que no se han posicionado abiertamente a favor o en contra de la victoria de Maduro y del proceso electoral en Venezuela han sido los gobiernos de México, Colombia y Brasil, quienes han buscado mediar en la crisis de Venezuela, lo que les ha permitido no pronunciarse abiertamente sobre los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral Venezolano. Los presidentes de esos países, Andrés Manuel López Obrador, Lula y Gustavo Petro enfrentan críticas por sus posturas frente al gobierno de Maduro y han creado dudas sobre si estos líderes respaldan la democracia o legitiman un régimen acusado de violaciones a los derechos humanos. En varios países de la región, los movimientos de izquierda están viendo cómo su credibilidad se deteriora, ya que la situación en Venezuela serviría como un espejo en el que se reflejan los temores de autoritarismo y falta de transparencia. Creo importante mencionar las palabras de Antonia Urrejola, quien fuera canciller de Chile durante el primer año del gobierno de Gabriel Boric, quien afirma que “la voz de Boric en la crisis venezolana obedece al necesario recambio que requiere la izquierda latinoamericana que todavía interpreta que nada ha cambiado desde la Guerra Fría”. Así mismo, indicó: “Creo que puede ser incómodo para la vieja guardia de la izquierda, no es poco para los tres presidentes de Colombia, México y Brasil, que vienen de la vieja guardia. El tono de Boric es completamente distinto”. Los eventos en Venezuela tienen una resonancia considerable. La elección no solo refleja la situación interna del país, sino que también actúa como un barómetro para medir el estado de la democracia en la región. La manera en que el proceso fue conducido y sus resultados tiene implicaciones más amplias para la estabilidad y las dinámicas políticas en países vecinos y en todo el continente. Durante años, Venezuela ha sido un bastión de la vieja izquierda en la región, y los resultados de esta elección han puesto a prueba la cohesión y la estrategia de los partidos y líderes afines. La forma en que la izquierda regional responde a la situación venezolana podría redefinir sus estrategias políticas y sus alianzas, afectando desde la cooperación entre partidos hasta la forma en que los movimientos de izquierda presentan sus agendas en sus respectivos países. Este fenómeno ofrece una oportunidad para observar cómo las crisis internas de un país pueden influir en la política regional y en la capacidad de los partidos de izquierda para movilizar apoyo y establecer prioridades comunes. Las controversias en torno a la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales aportan una perspectiva crítica sobre las debilidades y fortalezas de las democracias en la región. Y en este caso en particular, pone en evidencia cómo las crisis políticas en un país pueden tener efectos de onda expansiva en otros países cercanos y en el continente en general. El proceso electoral en Venezuela tiene consecuencias económicas y sociales que trascienden sus fronteras. La crisis prolongada en Venezuela ha generado un impacto significativo en la economía regional, afectando los flujos migratorios y las economías de los países vecinos. La elección del 28 de julio podría tener repercusiones en la estabilidad económica de la región y en las políticas migratorias, dado el alto número de venezolanos desplazados. Analizar cómo los eventos políticos en Venezuela afectan las economías y sociedades vecinas permite comprender mejor la interconexión de las economías latinoamericanas y cómo las crisis internas en un país pueden influir en el bienestar y las políticas en toda la región. El escritor argentino Martín Caparrós, en un reciente artículo, señala: “Parejas como Fidel y Raúl Castro, Rosario y Daniel Ortega, Maduro y Hugo Chávez, Néstor y Cristina, AMLO, han conseguido que la noción de ‘izquierda’ quede automáticamente asimilada a unos regímenes donde el personalismo, la represión, la miseria, la violencia –en proporciones variables– copan el espacio”. Finalmente, el politólogo José Natanson en una reciente entrevista señaló: “La izquierda en la región está dividida, no sabe qué hacer con esa criatura indescifrable que es el chavismo”.

La democracia enfrenta un deterioro global, impulsado por una élite que prioriza la concentración del poder político y económico, subordinando cualquier desarrollo económico y social a sus intereses. El desmantelamiento del Estado de derecho y las libertades civiles en diversas regiones, junto con la creciente desigualdad económica y la incapacidad de los gobiernos para lograr consensos políticos efectivos, representan desafíos significativos para América Latina. Este entorno ha generado una situación en la que las soluciones políticas viables son cada vez más difíciles de alcanzar, exacerbando las tensiones sociales y debilitando la estabilidad de las democracias. En las últimas décadas, las democracias en América Latina han enfrentado retos significativos que han puesto a prueba la solidez de sus sistemas políticos. Esta amenaza a las democracias de la región no solo se manifiesta en crisis institucionales y políticas, sino también en una creciente ola de descontento social, polarización y la emergencia de movimientos políticos que cuestionan los principios democráticos establecidos. Una de las principales amenazas proviene de una tendencia autoritaria en varios países latinoamericanos, ejemplificada por el ascenso de líderes políticos y movimientos que, bajo la premisa de solucionar problemas urgentes, adoptan posturas que erosionan el tejido democrático. Líderes como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela ejemplifican esta tendencia. Aunque a menudo se presentan como desafiantes del statu quo, sus políticas y retórica tienden a socavar las normas democráticas fundamentales. En Brasil, la democracia ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, marcados por la polarización política y la confrontación entre figuras clave como Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, con su estilo populista y retórica nacionalista, promovió una agenda que erosionó varias instituciones democráticas y profundizó la polarización social. Su administración ha sido criticada por su manejo de la pandemia, su actitud hacia los medios de comunicación y la justicia, y sus intentos de deslegitimar el sistema electoral. Mientras tanto, Lula da Silva, tras su regreso al poder en 2023, ha tenido que enfrentar el desafío de reconstruir un país profundamente dividido y con una economía en crisis. Lula, líder del Partido de los Trabajadores, ha prometido restaurar la confianza en las instituciones democráticas y abordar las desigualdades sociales y económicas, pero su gobierno enfrenta una oposición feroz y el legado de divisiones persistentes. Esta situación ha puesto a prueba la democracia brasileña, con implicaciones para América Latina en general, subrayando la necesidad urgente de diálogo constructivo y reformas institucionales para fortalecer la democracia y mejorar la cohesión social. En Argentina, la llegada de Javier Milei a la presidencia en 2023 ha representado un desafío significativo para la democracia del país. Milei se presentó como una respuesta a la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores, con una retórica antisistema y propuestas económicas extremas, como la dolarización de la economía y la eliminación del banco central. Estas propuestas han generado una gran polarización en la sociedad argentina. En los primeros seis meses de su gestión, Milei ha enfrentado desafíos en la implementación de sus políticas, con una oposición implacable que ha llevado a constantes confrontaciones y debates sobre la viabilidad y las consecuencias de sus propuestas. La tensión entre el nuevo liderazgo y las instituciones establecidas ha puesto a prueba la capacidad del sistema democrático argentino para manejar el cambio radical, revelando profundas divisiones sobre el futuro económico y político del país. El fenómeno de erosión democrática no se limita, solo, a estos países. Perú enfrenta una crisis política recurrente, caracterizada por la inestabilidad gubernamental y la corrupción que debilitan la gobernabilidad y el Estado de derecho. En El Salvador, la concentración de poder en la presidencia genera preocupación respecto a la separación de poderes y el fortalecimiento de la democracia. En Chile, el partido Republicano ha ganado influencia, cuestionando algunos de los avances democráticos logrados en las últimas décadas. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, iniciado en 2022, ha impulsado una agenda ambiciosa de reformas sociales y económicas, pero también ha enfrentado críticas sobre la relación entre el ejecutivo y los poderes legislativo y judicial, y su enfoque hacia el narcotráfico y la violencia. Las tensiones políticas y sociales han sido frecuentes, reflejando la dificultad de implementar reformas en un contexto de alta polarización. Estos desafíos autoritarios se acompañan de una creciente polarización social y política en la región, creando un ambiente en el que el diálogo y el compromiso son cada vez más difíciles de alcanzar. La erosión del consenso democrático y el aumento de la desconfianza en las instituciones han contribuido a un clima de inestabilidad que pone en peligro la cohesión social y la gobernabilidad. En este contexto, no puedo dejar de mencionar el caso de Venezuela que es el gran motivador de este escrito, que se destaca como un ejemplo extremo de acoso a la democracia. El acoso a la democracia en Venezuela: En Venezuela, el acoso a la democracia ha sido una constante durante los últimos 25 años. Bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, el país ha experimentado un progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas. La concentración de poder en el ejecutivo, la erosión de la independencia del poder judicial y la clausura de medios de comunicación han socavado los fundamentos del sistema democrático. Las reformas constitucionales y las decisiones gubernamentales han debilitado los mecanismos de control y equilibrio, permitiendo que el poder se concentre en manos del régimen y marginando a la oposición política. La crisis política y económica en Venezuela ha sido exacerbada por la represión sistemática de la disidencia y la supresión de las libertades civiles. Las fuerzas de seguridad y los cuerpos represivos del Estado han utilizado la violencia para silenciar a los críticos y desmantelar las protestas pacíficas. Las detenciones arbitrarias, las torturas, la utilización de las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, las fuerzas armadas, así como los grupos paramilitares (colectivos), armados por el gobierno y al margen de la ley, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante los últimos 25 años de revolución. A lo que habría que agregarle las restricciones a la libertad de prensa que se convirtieron en prácticas comunes, creando un ambiente de temor que impide la participación política efectiva y el ejercicio de los derechos fundamentales. Este clima de represión ha llevado a una crisis humanitaria que ha provocado el éxodo masivo de 8 millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida. El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió una jornada electoral marcada por el fraude. Nicolás Maduro, en busca de su reelección, organizó un proceso electoral bajo un ambiente de desconfianza generalizada hacia las instituciones del país. Las acusaciones de fraude fueron amplificadas por informes de irregularidades y manipulaciones, incluyendo la falta de acceso adecuado a las urnas y el uso de propaganda estatal a favor de Maduro. Se registraron presiones y amenazas a votantes y trabajadores electorales, sembrando dudas sobre la legitimidad del proceso. Al día siguiente del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como presidente electo con un 52% de los votos, mientras que los verdaderos resultados indicaban que el embajador Edmundo González Urrutia había ganado con el 67% de los votos. La falta de transparencia en el manejo de los datos y el control riguroso de los medios de comunicación contribuyeron a profundizar el deterioro de la democracia en Venezuela. La comunidad internacional se mantiene vigilante, esperando una resolución que permita restaurar la credibilidad en la democracia venezolana. Para América Latina, lo acontecido en Venezuela refuerza la preocupación por la estabilidad democrática de la región y plantea desafíos para las estrategias de política exterior y cooperación regional. La falta de validación del triunfo opositor exacerba las tensiones y la migración forzada hacia los países vecinos, mostrando la necesidad de un enfoque regional e internacional coordinado para abordar la crisis y apoyar los esfuerzos por la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es importante señalar que estos desafíos no son exclusivos de América Latina. Muchas democracias en todo el mundo enfrentan presiones similares. La región tiene una historia particular de luchas por la estabilidad democrática, y los recientes desarrollos representan un retroceso preocupante en los avances logrados en las últimas décadas. Para enfrentar estos desafíos, es crucial fortalecer las instituciones democráticas y promover un debate político basado en el respeto y el compromiso con los principios democráticos. La participación ciudadana activa, el fortalecimiento de los medios de comunicación independientes y la defensa de la justicia y el estado de derecho son fundamentales para preservar la democracia en América Latina. En conclusión, el acoso a las democracias latinoamericanas es una preocupación que exige atención y acción. Los recientes desarrollos en varios países de la región subrayan la necesidad de proteger y promover los valores democráticos fundamentales para garantizar un futuro estable y próspero para todos los ciudadanos. La vigilancia constante, el compromiso cívico y la defensa de las instituciones democráticas son esenciales para enfrentar las amenaza