Pongámonos Serios Podcast Costa Rica

El INA existe para formar a quien necesita trabajar, y da clases de siete de la mañana a tres de la tarde. Entre el 80% y el 90% de sus programas caben en esa franja. Quien tiene un trabajo, o lo busca de día, queda afuera por horario.Edgar Oviedo llegó a la presidencia ejecutiva tras 27 años en tecnología, 24 como empresario, y encontró una institución que no puede contratar. Traer a un instructor toma tres meses en la ruta más favorable, y solo si existe la plaza. No había cuarto de tiempo ni plazo definido: aunque se ocupara a alguien por un mes, el nombramiento iba a tiempo completo e indefinido. Cuando una aerolínea pidió formación en mecánica de aviación con el experto ya disponible, la respuesta fue no.Para capacitar al sector exportador, el INA terminó firmando un fideicomiso con PROCOMER: dinero de su propio presupuesto para que otra institución hiciera lo que es su mandato. El patrón se repite en educación dual. La Ley 9728 nombró a las universidades sin escribirles reglas propias, y siete años después casi ninguna la usa.El problema no es presupuestario: la institución encargada de responder a la velocidad del mercado laboral está construida para no moverse. Oviedo propone un estatuto que baje la contratación a dos semanas sin salir de la Ley Marco de Empleo Público, y una plataforma virtual. El episodio cierra con un compromiso poco habitual: reescribir la ley de educación dual.

Hace un par de semanas nos enteramos de que los datos de un buró de crédito terminaron en la dark web. Hernando Segura advierte que no es nada nuevo: nuestros datos llevan años circulando, y por eso los estafadores del “call center de La Reforma” saben su cédula, sus propiedades y los nombres de su familia. Lo nuevo es la escala.En este episodio de Pongámonos Serios, Laura conversa con Hernando sobre cómo la inteligencia artificial está multiplicando la capacidad de los atacantes. Un ataque que antes tomaba semanas de reconocimiento manual ahora puede tomar horas, y un solo atacante puede apuntar a miles de empresas a la vez. Hernando lo ve de primera mano: su empresa atiende en este momento a una financiera bajo ataque.Hernando Segura es CEO y fundador de Truesec, ingeniero en computación de la UCR con MBA del INCAE, vicepresidente de CAMTIC y conferencista internacional en ciberseguridad e inteligencia artificial.

Costa Rica le debe a la OCDE una ley de protección al consumidor financiero. El proyecto que avanza en la Asamblea (expediente 24.616) propone que sea el MEIC quien supervise la conducta de bancos, aseguradoras, operadoras de pensiones y puestos de bolsa. En este segundo episodio con Tomás Soley, superintendente general de Seguros y de Valores, la conversación gira alrededor de una distinción que el debate suele pasar por alto. Supervisar cómo una entidad diseña, vende y administra sus productos es una tarea. Resolver la queja puntual de un cliente es otra.Soley explica qué cambió en 2022 en los principios de la OCDE y el G20 sobre protección al consumidor financiero, y por qué sostiene que operar en este mercado es un privilegio y no un derecho. También cuenta un caso concreto: una aseguradora le negó cobertura a un costarricense cuya esposa estaba en coma en un hospital de Estados Unidos. La intervención de la superintendencia terminó corrigiendo 14 productos en todo el mercado de seguros.En el episodio también se habla de:los vacíos de la nueva ley contra estafas bancarias,qué cambia con la ley de operadores remotos para la Bolsa Nacional de Valores,por qué no hay un Citi operando en el país,el limbo regulatorio de las bolsas de comercio desde que la Sala IV anuló el transitorio que las ponía bajo Sugeval.

¿Quién vigila a los bancos, las aseguradoras, los puestos de bolsa y las operadoras de pensiones? Casi nadie lo sabe. Y cuando alguien se entera, es porque estalló un escándalo.En este episodio de Pongámonos Serios conversamos con Tomás Soley Pérez, superintendente general de Valores y de Seguros. Es economista y lleva más de dos décadas dentro del sistema de supervisión costarricense. Queríamos entender cómo se diseñó la arquitectura que vigila el sistema financiero, qué la sostiene y dónde todavía hace agua.En este episodio:▸ De una auditoría dentro del Banco Central a cuatro superintendencias: cómo la quiebra del Banco Anglo y la apertura bancaria obligaron a rediseñar la supervisión en los 90.▸ El zorro cuidando las gallinas: la primera Comisión Nacional de Valores tenía en su junta a quienes hacían el mercado.▸ La cadena de independencia: los nombramientos escalonados en la Junta del Banco Central. Esa junta nombra al Conassif, y el Conassif nombra a los superintendentes.▸ La silla que sobra: el Conassif que decide sobre pensiones incluye a un representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, un conglomerado supervisado con su propia operadora de pensiones. Cuando esa silla no se llena, el órgano queda sin integrar.▸ Un reglamento, dos consejos: por qué una norma transversal, como el catálogo contable, tiene que aprobarse dos veces.▸ ¿Fusionar superintendencias? Según Soley, los grandes ahorros ya se hicieron, porque el Banco Central ya provee TI, recursos humanos, proveeduría y transporte.▸ Quién paga la supervisión: la mitad el Banco Central y la otra mitad las entidades supervisadas.▸ Mandato por acumulación: cómo el artículo 15 de la ley contra la legitimación de capitales fue sumando a notarios, corredores de bienes raíces y otras actividades no financieras a la supervisión de la Sugef.▸ Protección al consumidor financiero: la banca era el único sector sin supervisión de conducta. Queda sembrado para una segunda parte.Del episodio sale una propuesta concreta: sacar por ley del Conassif a los representantes vinculados a sectores regulados y revisar la presencia de los ministros. Así funcionaría como la junta técnica que se diseñó.Una pregunta atraviesa la conversación: si toda la arquitectura se construyó para blindar la supervisión de la política y de los regulados, ¿por qué más de 25 años después siguen existiendo sillas que no pasan esa prueba?Suscribite y dejanos en comentarios: ¿qué otra silla sacarías del Conassif?

Costa Rica tiene dos problemas reales en telecomunicaciones: un fondo que no ejecuta a tiempo y un canon de radio que no se actualizó en 70 años. Las dos soluciones sobre la mesa comparten el mismo error. Atacan al actor visible y no a la causa del problema.La conversación con Juan Manuel Campos muestra un patrón que se repite. Cuando algo no funciona, cambiamos la institución responsable o le pasamos la factura a quien opera el sistema. Pocas veces revisamos el diseño que produjo el problema.Con Fonatel, el proyecto 25.727 traslada la administración del fondo de la SUTEL a la Promotora de Innovación. Pero según los informes de Contraloría, los atrasos vienen de permisos ambientales, consultas indígenas y trámites en otras instituciones. No vienen del fondo. Mover la administración sin resolver eso es mudar los mismos problemas a otra oficina, ahora con más control político. Mientras tanto, la base de quienes aportan sigue siendo la misma, y plataformas que compiten por el mismo usuario no contribuyen ni están domiciliadas en el país.Que la cancha esté pareja no significa gravar a todos por igual. Significa que quien compite por el mismo usuario asuma las mismas reglas.Con la Ley de Radio, nadie discute que el canon debía actualizarse. Durante décadas se cobró un monto ridículo por un bien público, y la culpa es de una Asamblea Legislativa que nunca lo indexó, no de los concesionarios. El proyecto 24.461 corrige eso con un cobro sobre ingresos brutos de hasta 7,73% para televisión y 3,13% para radio, sin una justificación técnica visible de esas tasas. La Sala Constitucional ya admitió una consulta, y la pregunta de fondo sigue abierta: ¿se está cobrando por el uso del espectro o por el éxito de quien produce contenido?Detrás de ambos casos está la misma pregunta: ¿qué modelo de regulación necesita un país donde las OTT, la inteligencia artificial y las plataformas digitales ya no caben en las leyes de 1954 ni en las de 2008?