Atando cabos

El próximo día 7 de abril comienza en el Tribunal Supremo la vista oral del primero de los muchos casos de corrupción que tenemos por delante y que afectan al PSOE y ex miembros del Gobierno de Sánchez. El conocido como Caso de las mascarillas, o caso Ábalos, el que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por actuar en mitad de lo peor de la pandemia de manera coordinada, según el auto del Supremo, para obtener beneficios económicos de la venta de material sanitario mediante la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas aprovechando la posición de influencia de Ábalos, tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba el cargo de secretario de organización.

Desde hace tiempo ya nada es lo mismo cada vez que hay un resultado electoral. Salvo contadísimas excepciones en España ya nadie gana ni ganará por mayoría absoluta. Es una realidad. Que ha tardado, que algunos han tardado en asumir. Pero la política de pactos, negociones y gobiernos de coalición empieza a estar asumido no sólo por todas las formaciones políticas sino por el ciudadano antes de depositar su voto. Por eso no funciona lo del miedo a la derecha o la ultra derecha. Todo saltó por los aires en el comienzo de esta legislatura tras el “somos más” de Sánchez a pesar de perder las lecciones. El pacto con Bildu y con Puigdemont como escaparte de la ruptura de todo los anteriormente establecido. El cambio de paradigma reforzado con aquel discurso de investidura de Sánchez diciendo que había que construir un Muro, en un lado la derecha y la ultra derecha, dijo Sánchez, en el otro el resto. El inicio del auge de la polarización actual. La polarización que hace que ahora en el PP diga que no pueden ser reprochados por pactar y gobernar con Vox, cuando el PSOE lo ha hecho con Bildu y Podemos. Es lo que hay. Convertido en quimera el loable objetivo de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. De que se deje gobernar a la lista mas votada. Lo inevitable en el panorama político actual, desde hace ya algún tiempo, es que estamos en una etapa diferente. Y las cartas están ya boca arriba. No acaban de comenzar las negociaciones, y esta vez parece que sí, suenan campanas de boda

El caso Forestalia. No se habla demasiado de él. Bien es cierto que estamos rodados ya saturados de información y que en las últimas dos semanas desde el inicio de los ataques de Irán solo se habla inevitablemente de ello. Pero de entre los numerosos casos de corrupción se le ha prestado poca atención a este. La nefasta utilización y aprovechamiento de la transición energética, para obtener contratos y beneficios supuestamente delictivos. La corrupción verde. Se investiga una presunta trama de corrupción en la tramitación de grandes parques eólicos y solares. Entre los detenidos, un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, persona de máxima confianza de la entonces ministra Teresa Ribera. La Guardia Civil habla de posible prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo. Más de medio centenar de proyectos están bajo la lupa.

24 horas después de que el presidente del Gobierno dijera que la posición española se resumía en cuatro palabras, "no a la guerra", el Ministerio de Defensa informaba de que enviábamos la fragata de combate más avanzada que tiene la Armada española.

Esta semana se han sucedido muchas e importantes noticias. Desde el documento marco del PP para los acuerdos de gobierno, las líneas generales de un acuerdo con VOX, hasta la desclasificación de los documentos del 23F que han servido para rehabilitar y reforzar la figura del Rey, pasando por la renuncia de Yolanda Diaz o el enésimo Decreto que pierde el Gobierno de Sánchez en el Congreso. Pero en el Atando Cabos de esta semana quiero reparar en algo que quizá ha pasado desapercibido: la consecución, la correlación de noticias y decisiones que vuelven a disparar las especulaciones sobre un inevitable adelanto electoral.

Al DAO, al Director Adjunto Operativo del CNP, José Ángel González, le laman "Jota". Y a su numero 2, el comisario Oscar San Juan, le llaman "mini-DAO".

Estamos ante un giro relevante y preocupante en la política española. Una decisión adoptada por la dirección de VOX cuya evolución habrá que seguir, pero que sitúa al partido en una senda de bloqueo y refuerza su perfil más antisistema.

La pasada semana, el empresario Víctor de Aldama, nexo corruptor de la trama que implica a Abalos, Cerdan, Koldo, y al resto de imputados, así como el recate de Plus Ultra y la supuesta financiación irregular, Aldama, en sede judicial, a perguntas del Fiscal anticorrupción y en presencia del juez instructor declaró que la actual presidenta del régimen venezolano y entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro le entregó un sobre que demostraría la supuesta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, de la que también es el secretario general Pedro Sánchez. Aldama acudía a declarar en calidad de investigado por el caso Hidrocarburos, en el que habría intervenido como intermediario para intentar conseguir la licencia de la empresa de la trama. Con esta licencia, la trama habría defraudado impuestos millonarios a Hacienda.

Esta semana ha comparecido en el Senado el ministro responsable, en otras cosas, de la seguridad ferroviaria, el ministro de Transportes, Óscar Puente. Esta semana la Comisión de investigación de expertos de accidentes ferroviarios confirmaba lo que ya había adelantado: que el accidente de Adamuz se produjo por un fallo en el mantenimiento de la vía.

La mayor tragedia de la Alta Velocidad ferroviaria en España, tras el accidente del Alvia en Galicia en 2013. De lo que más sacaba pecho el ministro de Transportes, Oscar Puente. El orgullo y ejemplo mundial de infraestructuras descarrilando en Andalucía. El triunfalismo del ministro no disimulado. Tras el accidente. Y después de la consternación y dar el pésame a la víctimas y el aliento a los heridos, el Gobierno desde el primero momento, desde la primera comparecencia desde el lugar del accidente, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez terminaba sui intervención destacando algo que el Ejecutivo ha venido repitiendo. Que no especulemos, que los ciudadanos no se dejen llevar por bulos y desinformaciones, que no nos hagamos eco de informaciones no oficiales.

Ante el volumen importante de información que conocimos en los informes de la UCO entregados al juez del Tribunal Supremo semanas antes de Navidad hubo cuestiones, detalles de la investigación interesantes que pasaron algo mas desapercibidas. Centrados, como es obvio, en las actividades presuntamente ilícitas de Santos Cerdán y de su empresa “Servinabar”. De como el modus operandi consistía en presentarse a concursos de la mano de una gran empresa, concursos presuntamente amañados con anterioridad. De como luego percibía un porcentaje de mordidas. Además de todo lo relacionado con Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, en el informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al magistrado, existía un archivo de Word titulado «PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx» y que recoge las exigencias de nombramientos que el Partido Nacionalista Vasco trasladó al PSOE en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018.

Descolocados todos. Gobierno, PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos, los colectivos de venezolanos en el exilio, la oposición política dentro y fuera de Venezuela. Atónitos la mayoría. La reacciones en España de lo ocurrido en Venezuela, la operación militar primero, la detención de maduro después, y los planes posteriores han sido contradictorias, extrañas, y sobre todo cambiantes. De hecho la reacción primera de cualquiera de ellos no tiene nada que ver con la reacción posterior.

Había pasado 560 días sin votar. 560 días sin que nadie expresara su voluntad a unas urnas. Hasta que los ciudadanos extremeños votaron el domingo 21 de diciembre. Es decir, era la primera cita con las urnas para evaluar, examinar, el sanchismo de los últimos casi dos años. Era la primera muestra real en las urnas, no encuestas, la primera prueba después de todo lo que ha ocurrido en este país durante esta legislatura. Con los casos y escándalos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE, con los dos secretarios de organización del PSOE en la cárcel, Con las denuncias de acoso sexual y con un Gobierno sin mayoría, sin poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni ninguna ley importante.

De entre todos los informes de la UCO e informaciones que hemos conocido en los últimos días hay uno que llamaba la atención especialmente y que corresponde a una trama de las que menos se ha hablado pero que los investigadores consideran de las más importantes por el volumen supuestamente defraudado y malversado y por la cantidad de ramificaciones que contienen: el caso hidrocarburos. El que investiga una presunta organización criminal dedicada al fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en el sector de distribución de carburantes en España.

Solo en esta semana. Solo en 48 horas: Dimitía un senador, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, dimitía parcialmente también el presidente de la Diputación de Lugo por escándalos de acoso sexual, aparecía otros casos más que afectaban al asesor de Moncloa Paco Salazar, era detenido el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, mano derecha de la vicepresidenta MJ Montero, la militante socialista Leire Díez, y el constructor socio de Santos Cerdán, Joseba Antxon, todos acusados de los del de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias.

Nos permitimos hacer un paréntesis en medio de la erupción, la avalancha de la actualidad política y judicial de todos los casos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE. Habrá novedades, importantes la próxima semana de la que daremos cuenta. Pero detengámonos hoy en otro asunto que merece ser contado y denunciado. Y que tiene que ver con la Cultura. Con una faceta de la Cultura y del ministro actual de Sumar, Ernest Urtasun. El Ministerio de Cultura ha excluido deliberadamente a Ignacio Sánchez Mejías de los actos oficiales del centenario de la Generación del 27, desatando una ola de críticas en el mundo cultural y académico.

El trullo. La trena y el chabolo. La trena de Santos Cerdán. El Trullo de Ábalos. Y el chabolo de Koldo García….Lo que ha ocurrido en este país en los últimos días sobrepasa el umbral del escándalo.

El Gobierno vuelve a estar en estado de shock. Quizá no tanto como el pasado mes de junio cuando se decretó el ingreso en prisión del todopoderoso Santos Cerdán mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, pero el demoledor informe ultimo de la UCO sobre las actividades de la empresa de la que era a su vez propietario Santos Cerdán, Servinabar, los indicios probatorios contra su mujer, su hermana, su cuñado. Y sobre todo la primera cuantificación en porcentaje y en millones de euros de los supuestamente malversado por la trama, han vuelto a encender todas las alarmas en Moncloa.

Operación Cloacas. De entre todos los casos de corrupción que hemos venido conociendo en el último año a uno de carácter especial. En el que no se habla de supuesto blanqueo de capitales, ni de mordidas por obra pública, se habla, se investiga, se ha comenzado a destapar algo que puede ser más preocupante: Un presunta operación encubierta, diseñada desde la sede socialista de Ferraz y con el beneplácito y consentimiento de la cúpula, para impedir, por distintos medios, el normal funcionamiento del Estado de Derecho e impedir que las cusas judiciales que afectaban y afectan al PSOE y al propio Pedro Sánchez pudieran prosperar. Campañas diseñadas a personas y organismos concretos con datos inventados, y dirigidas a jueces, fiscales, guardias civiles, y medios de comunicación. Esto es el caso Leire, el caso cloaca. Que se destapó con unas grabaciones y que desde entonces mantiene en vilo al PSOE y a Moncloa. Un país donde el poder político actúa con intimidación y prácticas irregulares contra determinados personas, sectores e instituciones con la intención de silenciarlos, es algo que contraviene los principios propios de la democracia. Nos situamos en un plano diferente. Las cloacas como la corrupción del resto de corrupciones

No están contentos en la Fiscalía. Ni en la Abogacía del estado. Ni en el Gobierno, aunque todos tienen un objetivo común, salvar al Fiscal General del Estado. Salvar al soldado Ortiz. Salvar a Álvaro García Ortiz. El comienzo de un juicio inédito -nunca un Fiscal General del Estado, estando en su cargo, se ha sentado en el banquillo de los acusados-. Nunca un Fiscal General ha estado acusado de uno de los delitos más graves en el ejercicio de sus funciones: el de revelación de secretos de un ciudadano por ganar un relato político. El de desvelar los datos personales y fiscales de un ciudadano ( ya sea el novio de Ayuso o cualquier otra persona). Nunca un Fiscal General del Estado ha podido vulnerar algo tan sagrado jurídicamente como el derecho de defensa.