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Porque no basta solo con verlo venir, también hay que escucharlo. Ahora es posible oír nuestros mejores reportajes en CIPER en tus Oídos.
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🔎 Fiscalía archiva investigación por chat de Telegram que difundía imágenes de explotación sexual infantil entre miles de usuarios. La periodista Catalina Olate te cuenta los detalles de este caso.
Un convenio del GORE Metropolitano, por $1.900 millones, financió un proyecto encabezado por un amigo del entonces jefe de gabinete de Claudio Orrego. Al igual que en el Caso Procultura, había un nexo previo entre personas de ambas partes.
Nuestro periodista Diego Ortiz te explica cómo la salmonera Australis pretendía mitigar la sobreproducción de miles de toneladas de salmones con una compensación ambiental ficticia
El Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes, que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro supremo del mismo nombre. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, quien fue defendido por el actual fiscal nacional, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. La decisión del Ministerio Público beneficia también al representante legal de Minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra.Lee el reportaje aquí
Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se cuentan Vivanco, su marido, el abogado Luis Hermosilla, los representantes del consorcio bielorruso Belaz-Movitec y abogados que defendieron a esa empresa. En la nómina figuran los exdiputados y abogados Eduardo Lagos y Gabriel Silber. En su respuesta, el banco señaló que siete personas de esa nómina registraban operaciones. Entre ellas figura la exsuprema y Hermosilla. Desde el 5 de junio pasado la investigación se amplió a lavado de activos y, por lo mismo, se decretó su reserva.Lee el reportaje aquí
CIPER revisó documentos y videos que muestran que las autoridades edilicias sabían que existían otras empresas en el mercado, pese a lo cual decidieron evitar una licitación y realizar una “búsqueda activa” de un proveedor de confianza, como explicó ante los concejales el jefe de producción del municipio, Andrés Chadwick Costa. El argumento principal es que la empresa elegida ya tenía registrados los derechos de un show de drones alusivo a la comuna. Pero, ese registro en realidad se concretó después de que la municipalidad empezara el proceso de búsqueda y adjudicación. El dueño de la empresa dijo a CIPER que fue contactado por la municipalidad en marzo, dos meses antes de que registraran los derechos de su espectáculo. Desde Providencia también reconocieron que no hubo inscripción sino hasta mayo.Lee la investigación aquí
La calidad de vida en Estación Central se desplomó luego de que la administración del exalcalde Rodrigo Delgado (UDI) permitiera la construcción de 54 edificios mega densos. Estas construcciones fueron prohibidas en 2016 por Contraloría y se ordenó invalidar los permisos pendientes. Pero, no se hizo, permitiendo que nuevos proyectos fueran aprobados aún cuando no cumplían las normas. Hoy, cuatro de estos edificios –propiedad del grupo Su Ksa– piden su recepción. La municipalidad se ha opuesto. En paralelo, Su Ksa se reunió por Ley de Lobby con la senadora Ximena Rincón, quien posteriormente ha denunciado que se estarían exigiendo coimas a la inmobiliaria. El senador Fidel Espinoza respaldó aquello. Requeridos por CIPER, los senadores no entregaron pruebas de la acusación. El dueño de Su Ksa que se reunió con Rincón, Armando Ide, dijo que “no le interesa” hablar del tema.Lee la investigación aquí
En febrero pasado, el exfiscal Manuel Guerra declaró ante la fiscalía en una de las aristas del Caso Hermosilla, en la que se le investiga por presunta prevaricación, cohecho y revelación de secreto. CIPER accedió al documento en que Guerra aseguró que el fiscal Felipe Sepúlveda, que lleva actualmente el Caso Hermosilla, fue quien le entregó información sobre la investigación del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN). Guerra afirmó que los datos que transmitió a Luis Hermosilla ya circulaban en la prensa, con lo que intentó demostrar que no recibió una filtración de datos reservados. Sin embargo, la línea de tiempo que CIPER ha podido reconstruir sobre la información publicada en medios de comunicación, indica que la versión de Guerra no es correcta: cuando le escribió a Hermosilla contando detalles de la denuncia, el 28 de agosto de 2021, esa información aún no era de dominio público.Lee el reportaje aquí
CIPER entrevistó a transportistas de la empresa de reparto Starken, controlada por los dueños de Tur Bus y una de las más solicitadas en la pandemia. Todos han sido asaltados y la empresa les cobra por la carga que les roban. Sus liquidaciones muestran descuentos que llegan hasta $790 mil mensuales. Pablo Valdés murió de un balazo en el pecho el 24 de marzo pasado porque defendió la carga. Los repartidores dicen que ganan entre $600 mil y $1,2 millones al mes, por lo que si son asaltados deben escoger entre pedir préstamos para sobrevivir o enfrentar a los ladrones.
En esta nueva investigación de las “zonas ocupadas” actualizamos los datos de infraestructura y equipamiento de las poblaciones, villas y barrios más expuestos al crimen organizado en la Región Metropolitana. La mayoría de estas 174 zonas son catalogadas como de “alto riesgo” por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery). Muchas de ellas están lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados, entre otros servicios. En conjunto con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, para este reportaje revisamos bases de datos y hablamos con trabajadores que proveen estos servicios en la ciudad. El resultado es un retrato de la violencia y desprotección que sufren los sectores más vulnerables de la capital, plasmado en una detallada visualización con mapas y datos de cada zona.
Primero en 2009 y luego en 2012, CIPER identificó las zonas controladas por el narcotráfico en la Región Metropolitana. Las llamamos “zonas ocupadas”, porque sus habitantes viven prácticamente al margen de la acción del Estado, expuestos a la violencia y con escaso acceso a equipamiento urbano. Ahora, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP, presentamos la tercera versión. Revisamos bases de datos, entrevistamos a pobladores y preparamos una visualización con los mapas y el detalle de cada zona. El resultado es desalentador: las “zonas ocupadas” pasaron de 80 a 174. Y sus habitantes, que hace algunos años aún consideraban que los tiroteos y “balas locas” eran episodios graves y extraordinarios, finalmente se acostumbraron a la violencia. Este es el relato de quienes conviven con el crimen organizado.
Un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) ya declaró en la investigación judicial y admitió que solicitó por correo electrónico al Registro Civil información de Mauricio Weibel y de un ex militar que denunció corrupción. Ese dato es clave, porque desde la misma dirección IP utilizada por ese funcionario se requirieron antecedentes sobre otros periodistas que investigaban corrupción militar y violaciones de derechos humanos. Las solicitudes al Registro Civil fueron investigadas por la PDI: aparecieron otras direcciones IP, nuevos correos electrónicos y los nombres de al menos cinco periodistas. Ya está identificada otra funcionaria de la DINE que también solicitó ese tipo de antecedentes.
Al menos en cuatro ocasiones el Partido Socialista recibió antecedentes que alertaban sobre las denuncias de acoso y abuso sexual contra el alcalde Arturo Aguirre, lo que no impidió que la colectividad patrocinara su candidatura a la reelección. En enero de 2020 un estudio jurídico que representa a una de las afectadas los entregó por escrito en la sede partidaria, donde les pusieron el timbre de recepción de la colectividad. En las mismas fechas el militante socialista Sergio Castillo también presentó los testimonios. Luego, en enero de este año, volvió a ingresarlos en la sede del PS en una carta dirigida al Comité Central, en la que también quedó impreso el cuño de la recepción.
Un informe elaborado por la Fiscalía, con datos actualizados al 28 de enero pasado, indica que originalmente se abrieron 8.581 causas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social. De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos. En total quedaron activas 6.568. Pero el 46% de ellas, 3.050 causas, ya fueron cerradas sin formalizaciones y en su mayoría prácticamente sin avances. Las principales razones: falta de pruebas y víctimas inubicables. El informe indica que solo una se cerró con sentencia condenatoria.
Uno de los dos hombres que figuran en el video que CIPER difunde junto a este reportaje es César Neira Medina, sargento primero del regimiento de Inteligencia “Soberanía”. En las imágenes vigilan el despacho de la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas sobre corrupción militar. Lo reconoció en la calle, mientras hacía el “punto fijo”, un antiguo camarada: el ex sargento Juan Pablo Díaz, uno de los testigos en los procesos que lleva Rutherford. Los agentes fueron grabados y Díaz entregó el material a la jueza. La denuncia por espionaje llegó al Ministerio Público y la indagatoria está en manos del fiscal Jaime Retamal.
En 2017 la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) pidió al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera que buscaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”. El magistrado lo aprobó, sin saber que el número del celular escrito en ese documento era del periodista Mauricio Weibel, que entonces investigaba corrupción militar. Esa operación fue respaldada ante la Cámara de Diputados por el Ejército y por el ex ministro de Defensa, Alberto Espina, actual miembro del Consejo de Defensa del Estado, quien dijo que se ajustaba a la legalidad.
Tocaciones, relaciones bajo amenaza de perder el empleo, besos forzados, caricias y llamadas nocturnas, son parte de las acusaciones contenidas en las declaraciones de cinco mujeres ante la PDI. La defensa del alcalde Aguirre acusa un montaje político en medio de la campaña municipal, pero un informe policial concluyó que si bien “podría haber intereses creados”, los relatos de afectadas y testigos “son concordantes” y “darían cuenta de un patrón conductual común del imputado”. Cuatro de las denunciantes conversaron con CIPER y accedieron a que se conocieran sus historias, bajo la reserva de sus identidades. La Fiscalía confirmó que la investigación está en proceso, pero aún desformalizada. El Partido Socialista también recibió los antecedentes.
Hoy se cumple un año de la primera muerte en Chile por Covid-19 y el Minsal sigue sin entregar copia de sus reportes a la OMS con el recuento de fallecidos por la pandemia. Esto, a pesar de que fueron pedidos por CIPER bajo la ley de acceso a información pública y el Consejo para la Transparencia (CPLT) falló a favor del requerimiento hace dos meses. Las cifras del CPLT indican que, del total de subsecretarías, las dos del Minsal –Salud Pública y Redes Asistenciales– son las que exhiben más reclamos en relación a las solicitudes recibidas. El consejo ordenó un sumario en cada una de las subsecretarías de la cartera. Las cifras del CPLT indican que hay 73 decisiones de amparo incumplidas por la Subsecretaría de Salud y 17 por la de Redes Asistenciales.
Tras la “ola feminista” iniciada en 2018 se abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del femicidio, A pesar de esto, los femicidios no han descendido y los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. CIPER analizó los casos de los años 2018 a 2020 y el estado de esas causas. De un total de 131 femicidios reconocidos por SernamEG, sólo el 14,5% de los juicios está concluido y el 51% se encuentra en proceso. En el 27% de los casos los imputados se suicidaron, lo que originó el sobreseimiento. En 2020, en medio de la pandemia, se registraron 151 femicidios frustrados, el número más alto en los últimos ocho años.
A un año de la llegada del coronavirus a Chile sigue sin conocerse el real impacto del encierro por la cuarentena en los índices de violencia contra la mujer. Un estudio preliminar, realizado por el Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones del Mercado y Políticas Públicas, ha dado las primeras luces. En 2020 los llamados al Fono Familia #149 de Carabineros sumaron 24.806 entre enero y septiembre, marcando un fuerte aumento de 43,8%. En el mismo periodo las denuncias formales ante las policías cayeron en un 9,6%, registrando un total de 65.466. El peak de llamadas de auxilio al #149 se alcanzó en mayo, con un 314% más que en el mismo mes de 2019.
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