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Author: FRANCE 24 Español

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De lunes a jueves, nuestros invitados discuten el tema principal de las noticias en América Latina y el mundo. No se lo pierda a las 19:20 (hora Bogotá – Lima – Quito).

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Este miércoles 26 de junio, Bolivia vivió una jornada convulsa en La Paz cuando miembros del Ejército, bajo el mando del ahora destituido comandante general Juan José Zúñiga, se movilizaron hacia la Plaza Murillo, sede del Gobierno boliviano. Este evento, calificado como un "intento de golpe de Estado" por el presidente Luis Arce, dejó al país en una tensa calma tras horas de incertidumbre. ¿Qué hay detrás de esta crisis político-militar en Bolivia? Lo analizamos en El Debate. El general Zúñiga, quien hasta ese momento era el comandante del Ejército, irrumpió en el Palacio de Gobierno en una tanqueta militar, acompañado de soldados fuertemente armados. Ingresó brevemente al edificio, donde protagonizó un encuentro con Arce, que le ordenó que retrocediera, para luego salir y dirigirse a la prensa. Durante sus declaraciones ante las cámaras, Zúñiga prometió restituir la democracia y liberar a presos políticos, mencionando específicamente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a la expresidenta Jeanine Áñez, ambos figuras de la oposición. También insinuó que el intento de irrumpir en la sede del poder había sido ordenada por el propio Arce, cuyo Gobierno negó un 'autogolpe'. Minutos después de la intervención de Zúñiga, el presidente Arce habló desde la Casa de Gobierno, denunciando lo que consideró un “intento de golpe de Estado”. El presidente procedió a cambiar la cúpula de la Fuerza Pública, nombrando nuevos comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. El recién nombrado líder del Ejército, el general José Wilson Sánchez, ordenó a las tropas retirarse del Palacio de Gobierno y regresar a sus cuarteles.Tras la orden de Sánchez, las tropas se retiraron junto con el destituido Zúñiga. Horas después, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra Zúñiga y emitió una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Posteriormente, fue detenido. El intento de golpe de Estado fue rechazado por múltiples líderes de la región y por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).Lo ocurrido evidencia las tensiones políticas en Bolivia, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2025. La situación actual plantea varias preguntas sobre la estabilidad democrática y el futuro político del país. Para analizar estos eventos y sus implicaciones, conversamos con nuestros invitados en esta edición de El Debate:- Diego Parey, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y excanciller de Bolivia.- Cecilia Requena, senadora por el partido de oposición Comunidad Ciudadana.
Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha sido liberado tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Assange se declaró culpable de violar la ley de espionaje, uno de los cargos más controvertidos que se le imputaban desde 2018. Este acuerdo llega después de que Assange pasara cinco años en una prisión de Reino Unido. En esta edición de El Debate repasamos el caso de Assange, el viacrucis judicial y las implicaciones de este acuerdo para la libertad de expresión.  Julian Assange aceptó declararse culpable de violar la ley de espionaje a cambio de una sentencia de cinco años de prisión. Gracias a este acuerdo, y considerando el tiempo que ya ha pasado en prisión, Assange ha sido puesto en libertad de inmediato. Este desenlace marca el fin de una prolongada saga judicial que ha captado la atención del mundo durante más de una década. En 2010, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre WikiLeaks, una plataforma dedicada a revelar información oculta al público.La causa de esta investigación fue la publicación de miles de documentos secretos proporcionados por Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército estadounidense. Estos documentos revelaban crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán a principios de los 2000. Assange, enfrentando la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, buscó asilo en la embajada de Ecuador en Londres en 2012. Allí permaneció durante siete años, alegando persecución política y temiendo ser procesado por espionaje y conspiración en Estados Unidos.Este periodo en la sede diplomática se dio también por una orden de arresto en Suecia por un caso de supuesto abuso sexual por el cual estaba bajo libertad condicional en el Reino Unido.En 2019, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, revocó el asilo concedido a Assange. Esto permitió a la policía británica arrestarlo dentro de la embajada ecuatoriana por violar su libertad bajo fianza en 2010.Posteriormente, Assange fue sentenciado a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido. Leer tambiénTras un acuerdo con la Justicia estadounidense, "Julian Assange está libre", anuncia WikiLeaks Para 2021, Assange llevaba cuatro años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición, lo que generó una fuerte presión por parte de defensores de la libertad de prensa para que la Administración Biden retirara los cargos en su contra. Durante el último año, Assange obtuvo pequeñas victorias legales en el Reino Unido que retrasaron su extradición hasta que se alcanzó el acuerdo con Estados Unidos. El caso de Assange ha sido uno de los más significativos en cuanto a las repercusiones sobre la libertad de expresión en todo el mundo. ¿Ha ganado Assange su batalla a pesar del coste personal? ¿Qué implica este pacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿Ha actuado EE. UU. en contra de la libertad de expresión o hay ciertos documentos que deben mantenerse en secreto? Analizamos estas y otras cuestiones con nuestros invitados: - Félix Narváez, excónsul de Ecuador en Londres. - David Alandete, periodista y escritor. 
En un esfuerzo por reforzar la seguridad y enfrentar la creciente amenaza de las pandillas, el Gobierno de Ecuador ha comenzado la construcción de una de dos nuevas cárceles prometidas por el presidente Daniel Noboa durante su campaña electoral. El 21 de junio se anunció oficialmente el inicio de las obras del nuevo centro penitenciario en Santa Elena, una provincia costera ubicada en el suroeste del país. ¿Es esta la solución al conflicto armado y la inseguridad en Ecuador? ¿Qué tan inspirado está el mandatario ecuatoriano en el modelo de Nayib Bukele? Lo discutimos en este debate. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada del control de las prisiones en Ecuador, ha confirmado que la nueva instalación penitenciaria tendrá capacidad para albergar a 800 reclusos. En comparación, las tres megacárceles ya existentes en Ecuador tienen una capacidad que varía entre 5.000 y 7.200 presos, según datos del mismo organismo. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de mano dura que el presidente Noboa ha adoptado para combatir el crimen organizado. Este enfoque ha sido comparado con el modelo implementado por Nayib Bukele en El Salvador, que ha recibido tanto elogios como críticas en la comunidad internacional. La estrategia de Bukele, conocida por su firmeza contra las pandillas, ha sido considerada exitosa por algunos y demasiado autoritaria por otros. La influencia de este modelo ha trascendido fronteras. Por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei ha expresado su intención de replicar este enfoque en Argentina. En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó una visita a San Salvador para conocer de cerca la implementación de esta política. ¿Qué tan viable es replicar el modelo de Bukele en otros países de América Latina? ¿Son las megacárceles la solución adecuada para el conflicto armado y la inseguridad en Ecuador? Lo discutimos con nuestros invitados en esta edición de El Debate: - María Dolores Miño, abogada, docente en la Universidad Internacional de Ecuador y directora del Observatorio de Derechos y Justicia. - Wagner Bravo Jaramillo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado. 
En un mundo marcado por conflictos persistentes y crisis prolongadas, el número de desplazados forzados sigue en aumento. Según el informe de tendencias globales del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2023 la cifra de desplazados forzados aumentó un 8% respecto a 2022. Este incremento refleja la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas para abordar la crisis humanitaria global. Es el tema que analizamos en esta edición de El Debate. Según ACNUR, a finales de 2023, 117,3 millones de personas fueron obligadas a huir. A esta cifra se suman tres millones de desplazados durante los primeros cuatro meses de 2024, lo que indica que aproximadamente el 1,5% de la población mundial tuvo que desplazarse en busca de seguridad.Actualmente, Sudán enfrenta la mayor crisis humanitaria del mundo. Con un millón de refugiados y más de nueve millones de desplazados internos, la situación en Sudán es crítica. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, viajó recientemente al país para evaluar la situación. En sus declaraciones, Grandi subrayó la importancia de estar presente en la región, destacando la interconexión histórica entre Sudán y Sudán del Sur, dos países que han acogido refugiados debido a múltiples conflictos. Leer tambiénRécord de 120 millones de desplazados a la fuerza en el mundo revela la ONUVenezuela, con más de 6 millones de refugiados, se posiciona como el tercer país del mundo con más desplazados. En el contexto de América Latina, la región celebra 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. Sin embargo, la realidad actual demanda un nuevo plan de acción regional para la próxima década.Amnistía Internacional insta a los Estados de las Américas a comprometerse con la protección de las poblaciones más marginadas, señalando que "es hora de que los estados de las Américas se pongan a la altura de los tiempos y se comprometan a proteger a las poblaciones más marginalizadas de la región". Cerca del 90% de los refugiados del mundo están concentrados en solo 10 países, sumando un total de 43,4 millones de personas. A pesar de esto, millones siguen esperando el reconocimiento de su estatus o permanecen desplazados dentro de sus propios países. El incremento de desplazados forzados en 2023 resalta la urgente necesidad de soluciones globales y coordinadas. Los conflictos persistentes y las crisis prolongadas requieren una respuesta internacional robusta y efectiva. ¿Qué se está haciendo en el mundo para ayudar a los desplazados forzados? ¿Son suficientes las políticas actuales? En esta edición de El Debate, analizamos estas cuestiones con la ayuda de nuestros invitados: - Eunice Rendón, doctora en sociología política y experta en seguridad y migración. - María Teresa Palacios Sanabria, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario y experta en movilidad humana. 
Rusia y Corea del Norte han firmado un acuerdo en el que se comprometen a brindarse asistencia mutua en caso de que uno de los dos países sea atacado. Este pacto se produce en un contexto de crecientes tensiones internacionales, con Ucrania utilizando armas occidentales en territorio ruso y Corea del Norte realizando pruebas constantes de misiles de largo alcance. ¿Qué buscan los dos países con esta alianza? Lo discutimos en esta edición de El Debate. El acuerdo fue firmado por los líderes Vladimir Putin y Kim Jong-Un durante la visita del presidente ruso a Pyongyang, la primera visita de este tipo desde el año 2000. Además del pacto de asistencia mutua, ambos países firmaron acuerdos adicionales en los campos de salud, ciencia e infraestructura. La alianza entre Rusia y Corea del Norte suscita diversas especulaciones sobre sus objetivos. Analizamos sus implicaciones con la ayuda de nuestros invitados: - Alesia Slizhava, doctora en ciencias políticas y licenciada en derecho internacional. - Juan Rodríguez Garat, almirante retirado y analista de seguridad internacional y conflictos. 
Israel ha aprobado una ofensiva militar contra el Líbano, en respuesta a los constantes enfrentamientos en la frontera con el grupo Hezbolá desde los ataques de Hamás el 7 de octubre. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, Hezbolá ha lanzado un promedio de 200 misiles más allá de la frontera libanesa. El anuncio oficial se realizó a través de Telegram por parte del IDF, aunque aún no se han revelado más detalles sobre la operación. En esta edición de El Debate analizamos la situación en Medio Oriente. Esta decisión se produce apenas un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disolviera el Gabinete de Guerra que había establecido tras los ataques de Hamás. La medida se da en un contexto en el que el Gobierno de Netanyahu enfrenta presiones tanto internas como externas debido a su manejo de la guerra en Gaza. Los aliados ultranacionalistas del primer ministro le instan a mantener una postura militar agresiva, influencia que se ha visto fortalecida tras la renuncia de Benny Gantz, líder de la oposición y uno de los tres miembros del Gabinete de Guerra. Por otro lado, Estados Unidos está intentando mediar para lograr una negociación con el grupo islamista y, en el caso de Hezbolá, está haciendo esfuerzos para evitar una escalada del conflicto. Mientras tanto, en las calles de Israel, cada semana se llevan a cabo marchas exigiendo al gobierno de Netanyahu que haga más para liberar a los cerca de 120 rehenes que aún mantiene secuestrados Hamás. ¿Estamos ante un nuevo punto crítico en la guerra en Gaza? ¿Podríamos estar más cerca de un cese al fuego o, por el contrario, enfrentándonos a una escalada en Medio Oriente? Estas cuestiones y más las discutimos con nuestros invitados: - Jesús Aguirre Gorgona, profesor de Historia Hebrea y Política Global, máster en DD. HH. y especialista en el Medio Oriente y en la Historia del pueblo judío. - Manuel Hasbun, director del Centro de Información Palestina. 
En Perú se está discutiendo un controvertido proyecto de ley que podría prescribir los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos antes de julio de 2002. Si se aprueba, ninguna persona que haya cometido estos delitos antes de esa fecha enfrentaría un proceso judicial ni una condena. Este proyecto de ley está a punto de entrar en vigor, ya que solo falta una votación en el Congreso. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? Lo discutimos en esta edición de El Debate. La aprobación de este proyecto beneficiaría a quienes cometieron delitos durante el conflicto armado peruano, incluyendo a los responsables de casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En estos casos, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. Los defensores del Proyecto de Ley 6951/2023-CR argumentan que no se trata de una amnistía, sino de una medida para aclarar la aplicación de los delitos. Afirman que la declaración de lesa humanidad ha sido utilizada políticamente para prolongar los procesos judiciales contra miembros de la fuerza pública. Sin embargo, organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación. Advierten que esta medida representa un riesgo para el derecho a la justicia y enfatizan que los crímenes de lesa humanidad no deben prescribir. El proyecto de ley que impulsa la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra en Perú genera debates y preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La aprobación de esta medida podría tener profundas repercusiones en la búsqueda de justicia para las víctimas de estos atroces delitos. Para analizar este polémico proyecto legislativo, conversamos con nuestros invitados: - José Baella, exdirector contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú, quien apoya la ley. - David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), organización no gubernamental dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos en Perú. Velazco también es abogado de las familias de nueve víctimas del Caso Barrios Altos. 
Este mes marca una década desde que el autodenominado Estado Islámico (EI) se apoderó de Mosul, una de las metrópolis más importantes de Irak, ubicada en el norte del país. La captura de Mosul, recuperada en 2017, permitió al grupo yihadista consolidar su poder y declarar un califato, abarcando vastos territorios de Irak y Siria, regidos por la ley sharia, una estricta interpretación del islam. En esta edición de El Debate, revivimos lo que sucedió hace una década y analizamos el impacto del EI desde entonces. Hace 10 años, el grupo yihadista conocido como Estado Islámico tomó la ciudad de Mosul, estableciendo allí el centro de su califato. Este nuevo estado, que incluía territorios en Irak y Siria, se basaba en la imposición de la ley sharia, una estricta interpretación del islam. La captura de Mosul obligó a más de 800.000 personas a desplazarse, según datos de la ONU, generando una crisis humanitaria de enormes proporciones. En octubre de 2016, una coalición liderada por Estados Unidos inició una operación para reconquistar Mosul. En esta operación participaron el Ejército de Irak, milicias kurdas y chiitas, así como tribus árabes sunitas. En enero de 2017, la coalición tomó el control del este de Mosul, situado al este del río Tigris. El Estado Islámico se refugió en el lado oeste de la ciudad, concretamente en la Ciudad Vieja, donde se libraron los combates más intensos y se produjo la mayor destrucción tanto de infraestructura como de vidas humanas. El 10 de julio de 2017, el entonces primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró la recuperación total de Mosul por parte de los ejércitos aliados. Sin embargo, la ciudad aún muestra cicatrices de la devastación. La antigua Gran Mezquita de Al-Nuri, símbolo de la ciudad, todavía no ha sido reconstruida y las minorías religiosas siguen enfrentando persecuciones. Diez años después de la captura de Mosul, el Estado Islámico no ha desaparecido, sino que se ha descentralizado. El grupo ha perdido gran parte de su territorio, pero sigue siendo una amenaza en la región y ha adaptado sus tácticas para continuar su lucha. ¿Qué ha pasado con el Estado Islámico 10 años después de la captura de Mosul? ¿Cuál fue el costo del intento del califato y de la batalla por reconquistar la ciudad iraquí? Lo discutimos con nuestros invitados: - Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra. - Sonia Sánchez, profesora del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y especialista en Oriente Medio. 
Benny Gantz, uno de los tres miembros del gabinete de guerra de Israel, renunció a su cargo y dejó el gobierno de coalición creado por el primer ministro Benjamin Netanyahu desde los ataques de Hamás. Aunque su partido no tiene mayoría en el parlamento, por lo que no representa una amenaza inmediata. ¿Hasta qué punto aguantará la presión interna Netanyahu? ¿La salida de Gantz, por el contrario, lo fortalece frente a sus aliados de ultraderecha y ortodoxos? Lo analizamos en esta edición de El Debate. Abordamos las implicaciones de la renuncia de Benny Gantz del gabinete de guerra y su impacto en el Gobierno de coalición de Benjamin Netanyahu con la ayuda de nuestros invitados desde Tel Aviv: - Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena de Israel y jefe del área hispanoparlante del partido Yesh Atid. - Mario Sznajder, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo han generado un terremoto político en Europa. Emmanuel Macron ha disuelto la Asamblea Nacional en Francia, el primer ministro belga Alexander De Croo ha dimitido, y en Alemania, los partidos aliados del canciller, Olaf Scholz, han sufrido grandes pérdidas. Una situación que se da en medio de un resurgimiento de la extrema derecha, aunque a nivel global los resultados han mostrado cierto rechazo a los ultraderechistas. Lo analizamos en El Debate. De las siete familias políticas que componen el Parlamento Europeo, el Partido Popular (PP), de derecha y liderado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha salido fortalecido. Con un incremento de escaños, han alcanzado un total de 186, consolidándose como el grupo más fuerte de la Eurocámara. Por otro lado, los socialdemócratas han perdido seis puestos, quedando con 135 diputados en el hemiciclo. Renovar Europa, el grupo político de Macron y del neerlandés Mark Rutte, ha sido el gran perdedor. Con 22 escaños menos, han finalizado con 79, acercándose al grupo ultraderechista Conservadores y Reformistas, que incluye a figuras como la italiana Giorgia Meloni y el partido polaco Ley y Justicia (PiS). Mientras tanto, el otro grupo de extrema derecha, Identidad y Democracia, mantuvo sus escaños, y los Verdes perdieron casi un tercio de su representación. Macron no solo enfrentó una derrota a nivel europeo. En Francia, Agrupación Nacional, el partido de la ultraderechista Marine Le Pen, duplicó el número de votos obtenidos por la coalición oficialista liderada por Renacimiento y consiguió más del doble de los escaños que el partido de Macron. Como respuesta a estos resultados, el presidente Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional. Ante estos resultados surgen varias preguntas: ¿Qué tanto ha avanzado la ultraderecha en Europa? ¿Con quién formarán alianzas los populares de Von der Leyen? ¿Por qué estas elecciones al Parlamento Europeo han provocado tales sacudidas en las políticas nacionales? Analizamos estas cuestiones en conversación con nuestros invitados: - Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en fascismo, populismo y extrema derecha en el siglo XX y la actualidad, y autor de ‘Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla’. - Guido Larson, analista político, experto en terrorismo internacional y docente de la Universidad del Desarrollo en Chile. 
Narendra Modi ha oficializado su victoria para un tercer mandato consecutivo como primer ministro de India. Aunque el BJP necesita alianzas para mantener la mayoría parlamentaria, Modi promete aumentar el empleo y las exportaciones para que su país se convierta en la tercera economía más grande del mundo. Sin embargo, el partido enfrenta retos significativos, como no obtener los escaños necesarios para modificar la Constitución, lo que plantea dudas sobre el futuro político y económico del país. Después de seis semanas de votaciones, la elección más grande del mundo ha concluido en India. 968 millones de personas fueron llamadas a elegir a los miembros de la Cámara Baja del Parlamento, encargada de seleccionar al primer ministro. De estos, 642 millones acudieron a las urnas, permitiendo que el partido gobernante continúe en el poder un periodo más. Así, Narendra Modi se ha convertido en el segundo primer ministro en la historia del país en repetir el cargo por tercera vez consecutiva. El BJP, sin embargo, no logró los 400 de los 543 escaños de la Cámara Baja que Modi había deseado. Por primera vez, desde 2014, la bancada no alcanza por sí solo la mitad de los puestos parlamentarios, dependiendo de alianzas con otros movimientos políticos para sumar más de 272 escaños. Además, están lejos de lograr las dos terceras partes del Parlamento necesarias para modificar la Constitución, un objetivo largamente anhelado por Modi. ¿Qué implica un nuevo gobierno para Modi? ¿Aumentará el nacionalismo hindú promovido en contra de otras religiones y del secularismo que ha caracterizado a India desde su independencia? ¿Podrá India avanzar, de ser la quinta economía más grande del mundo a ocupar el tercer lugar, solo detrás de China y Estados Unidos? Son algunas de las cuestiones que analizamos en esta edición de El Debate con nuestros invitados: - Hari Seshasayee, especialista en Asia-América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Visiting Fellow en la Observer Research Foundation. - Manuel Gonzalo, doctor en Economía, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. 
Claudia Sheinbaum hizo historia al ser elegida como la primera presidenta de México, obteniendo entre el 58 y el 61% de los votos en las elecciones del 2 de junio, superando significativamente a su rival más cercana, Xóchitl Gálvez, que obtuvo entre el 26 y el 28,6%. Este resultado plantea importantes interrogantes sobre el futuro político del país: ¿Podrá Sheinbaum consolidar un gobierno de mayorías en el Congreso? ¿Qué desafíos enfrentará al liderar México en los próximos seis años? Lo analizamos en esta edición de El Debate. México hizo historia al elegir a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta del país y también de América del Norte. La candidata del partido oficialista Morena arrasó en las votaciones del 2 de junio, obteniendo entre el 58 y el 61% de los votos, según los conteos preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE).  Este resultado ubica a Sheinbaum al menos 30 puntos porcentuales por encima de su rival más cercana, Xóchitl Gálvez, candidata de los partidos PAN, PRI y PRD, que obtuvo entre el 26 y el 28.6% de los votos. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, consiguió aproximadamente el 10%. Los resultados se confirmarán después del miércoles 5 de junio, cuando el INE verifique el voto a voto en los cómputos distritales. Este conteo rápido se basa en una muestra de más del 74% de las casillas de elecciones presidenciales y el 67% de las del Congreso de la Unión, en el cual los mexicanos también votaron el pasado domingo. Leer tambiénLa presidenta científica: Sheinbaum se consagra como la primera jefa de Estado en la historia de México El partido de Sheinbaum, Morena, también logró una victoria contundente en el Congreso de la Unión. Actualmente, en el Senado, Morena y sus aliados (el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Solidario) tienen 74 de los 128 escaños. Con los resultados preliminares, se espera que obtengan entre 76 y 88 senadurías, aumentando su mayoría simple y acercándose a la mayoría calificada, que requiere 85 escaños para modificar la Constitución. En la Cámara de Diputados, Morena ya tiene mayoría calificada. Con 276 diputados actuales, se espera que con estas elecciones obtengan entre 346 y 380 escaños, superando las dos terceras partes necesarias (333 diputados) para modificar la Constitución. Ante estos resultados surgen preguntas cruciales: ¿Podrá Sheinbaum consolidar un gobierno de mayorías en el Congreso, crucial para implementar su agenda? ¿Qué desafíos enfrentará al liderar México durante los próximos seis años, en un contexto de expectativas de cambio y continuidad de las políticas de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador? Lo discutimos con nuestros invitados: - Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. - Santiago Torreblanca, diputado del Partido Acción Nacional (PAN). 
El partido que ha gobernado Sudáfrica desde el fin del apartheid podría enfrentar su mayor desafío electoral hasta la fecha. Según los conteos iniciales de esta semana, el Congreso Nacional Africano (CNA), partido del fallecido expresidente, Nelson Manela, parece estar en riesgo de perder su mayoría absoluta en el Parlamento, por primera vez desde 1994. ¿Finalizará la hegemonía del CNA en Sudáfrica? Lo analizamos en esta edición de El Debate. Desde que Nelson Mandela lideró el fin de la segregación racial en Sudáfrica, el CNA ha dominado la política sudafricana. Sin embargo, los recientes resultados indican que podrían obtener menos del 50% de los votos necesarios para garantizar un segundo mandato consecutivo al presidente actual, Cyril Ramaphosa. Otra sorpresa en estas elecciones es el resurgimiento del expresidente Jacob Zuma, quien ha ganado apoyo con su recién formado partido MK. A pesar de enfrentar juicios por corrupción, Zuma podría asegurar el tercer lugar en la votación nacional. ¿Podría esto ser el principio del fin para el Congreso Nacional Africano, un partido que ha sido sacudido por numerosos escándalos de corrupción? Lo abordamos con nuestros invitados: - Ana Larisa Martínez Herrera, internacionalista y maestra en estudios de África por el Colegio de México. - Jesús Romero Cote, analista internacional y colaborador en Puerta de África. 
En Estados Unidos continúan los cambios legislativos a nivel estatal para restringir el aborto. Los movimientos más recientes fueron en Louisiana, donde catalogaron dos píldoras abortivas como sustancias peligrosas. Mientras, en Arizona hubo una batalla por revivir una ley de 1864 que prohibía la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no son los únicos casos. ¿Cómo ha cambiado el aborto en EE. UU. desde la anulación de Roe vs. Wade y cómo afecta las elecciones de noviembre? Lo discutimos en El Debate. Desde la anulación del caso Roe vs. Wade por la Corte Suprema, que garantizaba el derecho federal al aborto, el acceso a este procedimiento se ha visto severamente limitado. Sin esta protección federal, muchos estados han comenzado a imponer restricciones. 14 de los 50 estados consideran ahora el aborto ilegal en casi todas las circunstancias, implementando leyes conocidas como trigger bans. Estas leyes estaban diseñadas para prohibir el aborto automáticamente en cuanto se anulara Roe vs. Wade. En estados como Nuevo México, Virginia y New Hampshire, el aborto no está protegido explícitamente por sus constituciones estatales, ni tampoco prohibido. En contraste, ocho estados permiten el aborto sin restricciones, mientras que 11 estados han ampliado el derecho al aborto después de la decisión de la Corte Suprema. Algunos estados, como Minnesota, hablan de libertades reproductivas, mientras que en California se refieren a derechos conceptivos, según lo explica el mapa del Center for Reproductive Rights. Leer tambiénEE. UU.: lo que debe saber sobre cómo el aborto volvió a ser un derecho en ArizonaRecientemente, Florida prohibió el aborto desde la sexta semana de gestación. Sin embargo, en noviembre se votará una enmienda constitucional para decidir si el Gobierno puede intervenir en este derecho. Por otro lado, el Congreso de Louisiana aprobó una ley que clasifica la mifepristona y el misoprostol como sustancias peligrosas, restringiendo aún más el acceso al aborto en ese estado. La anulación de Roe vs. Wade ha provocado un cambio significativo en el acceso al aborto en Estados Unidos, generando un mosaico de leyes estatales que varían desde la prohibición total hasta la protección ampliada. Con las elecciones de noviembre en el horizonte, este tema sigue siendo un punto crucial de debate entre demócratas y republicanos y entre la sociedad. Lo analizamos en conversación con nuestras invitadas: - Laura Camila Gutiérrez Acuña, politóloga y periodista, coordinadora de movilización social de la Fundación Jacarandas, activista de aborto, derechos sexuales y reproductivos y feminismo. - Alejandra Soto, directora de comunicaciones y medios latinos de Planned Parenthood Federation of America, una ONG dedicada a los derechos reproductivos, incluida la defensa del aborto. 
En las próximas semanas, una fuerza de tropas extranjeras encabezada por Kenia podría llegar a Haití para enfrentar la creciente violencia provocada por las pandillas, según lo prometió el presidente keniano William Ruto durante su reciente visita a la Casa Blanca. ¿Qué impacto podría tener esta fuerza multinacional en la situación de violencia que vive Haití? ¿Realmente necesita Haití esta intervención o podría ser vista como una nueva forma de colonialismo? Lo discutimos en El Debate. Desde 2023, la violencia generada por las pandillas ha provocado un alarmante aumento en los índices de violencia en Haití, creando una crisis que requiere de intervención externa.Sin embargo, la historia de intervenciones extranjeras en Haití, como la epidemia de cólera que siguió a la llegada de tropas en 2004, plantea preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de esta nueva misión. Abordamos este tema de la mano de nuestros invitados: - Kesner Jean Mary, politólogo, autor, escritor e investigador del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos. - Jean Marie Theodat, decano de la Facultad de Geografía de La Sorbonne. 
El 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden clara: Israel debía detener de inmediato su invasión terrestre en Rafah. Esta decisión buscaba prevenir un posible "genocidio" en la región, una preocupación central en el caso que analiza la institución. Sin embargo, el Ejército israelí no acató la orden y continuó con sus operaciones iniciadas el 7 de mayo. ¿Qué pasó con el cese al fuego que ordenó la CIJ y por qué Israel no lo cumple? Lo discutimos en esta edición de El Debate. La situación se agravó aún más el 26 de mayo, cuando, apenas dos días después del mandato judicial de la corte internacional, Israel bombardeó un campamento de refugiados en Rafah. Este ataque resultó en un devastador incendio que consumió a decenas de personas. Las cifras de fallecidos varían según las fuentes: Médicos Sin Fronteras reportó 28 muertos, mientras que el Ministerio de Salud Gazatí, bajo control de Hamás, informó de 45 víctimas fatales. Leer tambiénNetanyahu cataloga de “trágico error” el ataque a Rafah que dejó al menos 45 muertos en una “zona segura”Este bombardeo no fue un hecho aislado en el conflicto. Antes de esta tragedia, Hamás lanzó ocho misiles contra Tel Aviv, marcando su primera ofensiva de largo alcance contra Israel desde enero. Esta escalada de violencia plantea una pregunta crucial: ¿Qué ocurrió con la orden de cese al fuego de la Corte Internacional de Justicia y por qué no fue cumplida por Israel? En esta edición de El Debate exploramos las implicaciones de estos eventos y discutimos las razones detrás del incumplimiento de la orden judicial por parte de Israel con la ayuda de nuestros invitados: - Lior Lucas, especialista en seguridad y Medio Oriente y director de Moked Bitajo, un centro de información en español sobre seguridad israelí. - Pablo Araya Zacarías, abogado y miembro para América Latina de la Comisión sobre Crímenes de Guerra, que forma parte de la Asamblea Palestina para la Liberación (PAL, por sus siglas en inglés), una red de activistas propalestinos. 
La crisis política en Haití sigue en aumento. El Consejo Presidencial de Transición, el organismo que gobierna Haití, intenta adaptarse para superar las divisiones internas y alcanzar consensos, especialmente en la elección del primer ministro. A pesar de la designación de Fritz Bélizaire como nuevo primer ministro, el país caribeño permanece a la deriva, sin un líder político claro. ¿Podrá el Consejo de Transición tener poder y sobreponerse a las pandillas? Lo discutimos en El Debate. La elección de Bélizaire dividió al Consejo, lo que ha llevado al organismo a realizar cambios internos para reducir la polarización. Antes, el Consejo Presidencial de Transición tenía un único presidente, pero ahora serán cuatro líderes hasta que se logre convocar a elecciones generales, las cuales deben realizarse antes de febrero de 2026. En medio de la extrema violencia en Haití, el Consejo ha decidido renovar el estado de emergencia. Además, el organismo solicitó a Kenia que envíe los policías prometidos para ayudar a combatir a las pandillas que tienen en jaque al país caribeño. La violencia de estos grupos ha aumentado la inseguridad y la inestabilidad, complicando aún más la gobernabilidad. En este contexto, surge la pregunta: ¿Podrá el Consejo de Transición gobernar Haití y contrarrestar el poder de las pandillas? Lo analizamos con nuestros invitados: - Edwin Paraison, exembajador de Haití en República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zile, una organización domínico-haitiana de promoción de la paz y la solidaridad entre los dos pueblos de la isla. - Aland Cadet, profesor en la Universidad APEC, coordinador de la Asociación Jóvenes Conscientes y activista por la comunidad haitiana en República Dominicana. Leer tambiénHaití: reportaje exclusivo con la Policía antipandillas, en un país sumido en el caos
Desde finales del año pasado, al menos 30 candidatos electorales han sido asesinados en México. La mayoría de ellos aspiraban a uno de los más de 20.000 cargos que se elegirán el próximo 2 de junio. Esto pone la seguridad en el centro del debate electoral. ¿Qué proponen los aspirantes a la Presidencia de México para atacar la inseguridad en el país? ¿Qué dicen sus campañas sobre las causas de la actual violencia política? Lo discutimos en esta edición de El Debate. Tres son los principales aspirantes a la presidencia de México: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez. Sus propuestas para enfrentar la inseguridad y sus opiniones sobre las causas de la actual violencia política son temas cruciales en esta contienda. Hasta ahora, entre 30 y 40 candidatos han sido asesinados en México. Sin embargo, no solo se eligen a los presidenciables Jorge Álvarez, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. El próximo 2 de junio, también se elegirán 500 diputados, 128 senadores y más de 20.000 cargos locales, incluyendo la jefatura de gobierno de Ciudad de México y ocho gubernaturas, entre ellas las de Chiapas, Jalisco y Veracruz. En medio de esta carrera electoral, los grupos armados no han detenido su violencia. Un informe del Laboratorio Electoral, con datos hasta el 2 de abril, reveló que Morena es el partido con más aspirantes asesinados, con un total de 10, seguido del PAN con 5. Morena apoya a Claudia Sheinbaum para la presidencia, mientras que el PAN respalda a Xóchitl Gálvez. Bajo este escenario la pregunta que surge es: ¿qué tanto puede la violencia interrumpir estas elecciones y qué propuestas tienen los presidenciables para enfrentar los problemas de seguridad en México? Lo analizamos con nuestros invitados: - Adriana Dávila Fernández, vocera en la campaña de Xóchitl Gálvez, senadora de la República, diputada federal en dos ocasiones por el PAN, titular de Enlace Federal de la Presidencia de México y candidata a gobernadora por Tlaxcala. - Ricardo Peralta Saucedo, exsubsecretario de Gobernación, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinador nacional de Alianza Patriótica. Además, estuvo entre los posibles candidatos de Morena para el gobierno de la Ciudad de México. 
El próximo 28 de mayo, España, Noruega e Irlanda reconocerán formalmente la existencia de un Estado palestino. Esta decisión se fundamenta en la creencia de que la guerra actual en Gaza subraya la urgencia de una solución de dos estados, donde tanto Israel como Palestina sean reconocidos como entidades soberanas. ¿Podrá esta decisión crear el escenario para una solución de dos Estados? Lo analizamos en esta edición de El Debate. La propuesta de una solución de dos estados no es nueva; ha estado sobre la mesa desde 1947. Sin embargo, hasta ahora, no se ha convertido en una realidad tangible. La situación actual en Gaza ha reavivado el debate y ha llevado a estos tres países europeos a tomar una postura clara y decisiva. ¿La decisión de España, Noruega e Irlanda impulsará a otros países europeos a seguir su ejemplo? ¿Será suficiente para crear el momentum necesario hacia una solución de dos estados? O, como ha argumentado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ¿esto podría ser interpretado como una recompensa al terrorismo? Lo analizamos con nuestros invitados: - Gabriel Colodro, comunicador, presidente de la Comunidad Chilena de Israel. - Alexander Montero, consejero político de la embajada palestina en Colombia y docente universitario especializado en Medio Oriente. 
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha solicitado al tribunal que emita órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, y tres líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. Esta petición aún debe ser aprobada por la CPI para entrar en vigor, pero ya ha generado diversas reacciones políticas. ¿Es una mera solicitud simbólica o podría tener efectos reales en la práctica? Lo discutimos en esta edición de El Debate. La solicitud acusa a los mencionados de haber cometido crímenes de guerra tanto en la guerra israelí-palestina como en el conflicto entre Israel y el grupo islamista en la Franja de Gaza. El fiscal Karim Khan ha subrayado la necesidad de que la CPI demuestre su compromiso de aplicar la ley de manera equitativa y no de forma selectiva. No obstante, las órdenes de arresto no son todavía una realidad. Tres jueces de la Corte Penal Internacional están revisando la solicitud y decidirán si emiten las órdenes o no. Mientras tanto, aliados históricos de Israel, como Estados Unidos y Reino Unido, han expresado su apoyo a Netanyahu, argumentando que no existe equivalencia entre un estado y un grupo armado ilegal. ¿La petición del fiscal significa que llegarían a capturar a Netanyahu y a los líderes de Hamás? ¿O se quedará en un hecho simbólico? Lo discutimos con nuestros invitados: - Rafael Prieto, PhD y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. - Xavier Abu Eid, politólogo y exasesor del Departamento de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina. - Marcos Peckel, director de la Comunidad Judía de Colombia, profesor de las universidades Externado y Rosario de Bogotá, Colombia, y columnista internacional. 
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