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En este episodio hablamos sobre la captura de Norman Quijano, exalcalde de San Salvador por ARENA y su deportación desde Estados Unidos, su condena por negociar apoyo electoral con pandillas en 2014, y cómo estas negociaciones reflejan un patrón que también ha sido practicado por el gobierno de Nayib Bukele desde 2014.Analizamos los antecedentes de los pactos políticos con pandillas, las investigaciones fiscales, las sanciones de Estados Unidos, y la narrativa oficial que presenta la captura de Quijano como un ejemplo de castigo selectivo. Una historia de poder, impunidad y política que atraviesa más de una década en El Salvador.Además, exploramos cómo la administración de Bukele ha aprovechado periodos vacacionales y el control legislativo para aprobar reformas exprés y cambios constitucionales, incluyendo modificaciones al presupuesto de la justicia y la ampliación del período de magistrados, consolidando su poder y dejando fuera los controles tradicionales.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Este episodio fue editado por Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 30 de enero de 2026.

Mario Leal Castillo, el inversionista secreto detrás de DSS, la empresa socia de la Alcaldía de San Salvador, cobró $1.3 millones a un grupo de inversores extranjeros a cambio de una asesoría para obtener los contratos con la Alcaldía de San Salvador cuando la dirigía Nayib Bukele.

El presidente Nayib Bukele presentó la reducción de la violencia en El Salvador como un “milagro de Dios” durante el primer Desayuno Nacional de Oración. Y hay un hecho innegable los homicidios bajaron. Pero detrás de ese relato hay otra historia: un país que vive bajo un régimen de excepción prorrogado por 46 ocasiones, con miles de capturas arbitrarias, denuncias de abusos de derechos humanos que no aparecen en el discurso oficial.En este episodio de El Resumen también contamos otras noticias de la semana. El gobierno salvadoreño apuesta por la telemedicina en medio del deterioro del sistema público de salud. También hablamos con Óscar Chachón, asesor de Alianza Américas, una organización que trabaja con comunidades migrantes en Estados Unidos, sobre la caída de las detenciones de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos.En la Nota de Centroamérica, el periodista Gabriel Labrador hace un análisis de cómo la crisis carcelaria en Guatemala abre el camino para que regrese el discurso de “mano dura” en plena disputa por el control del sistema de justicia.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. La edición es de Gabriel Labrador. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 23 de enero de 2026.

El Gobierno de Guatemala reporta decenas de arrestos en dos días bajo estado de sitio. Arévalo evita nombrar a las “estructuras políticas” señaladas de coludir con el Barrio 18, pero ahora individualiza y acusa a la pandilla de conspirar para asesinarlo en 2023.

Bernardo Arévalo ha declarado un estado de sitio mientras la oposición reclama un aumento de inseguridad durante el último año. Arévalo señala a “estructuras políticas” de organizar atentados junto con el Barrio 18, a quienes Guatemala y Estados Unidos designaron el año pasado como una organización terrorista internacional.

El fotoperiodista Diego Rosales fue detenido en Sevilla, España, tras acudir a su entrevista de solicitud de asilo, debido a una alerta roja de Interpol emitida por El Salvador, en un contexto de criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos que inició en mayo de 2025. La Audiencia Nacional no encontró elementos para retenerlo.

La película póstuma del director salvadoreño Ernesto Melara, Luciérnagas en El Mozote, estrenada en diciembre de 2025, tuvo el apoyo del Gobierno de Nayib Bukele, del Ministerio de Defensa y la Fuerza Armada, la institución donde nació el Batallón Atlacatl que en diciembre de 1981 perpetró la masacre que recrea la obra.

A 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador llega a la fecha sin conmemoraciones oficiales y con un gobierno que los desconoce como base del sistema democrático, trás la guerra civil.  Para reconstruir ese proceso, conversamos con el historiador Héctor Lindo y el abogado constitucionalista Daniel Olmedo.Además, repasamos otros hechos clave de la semana: la aprobación de la Ley Quincena 25, las inundaciones en Ciudad Marsella y las responsabilidades estatales en un proyecto habitacional construido en una zona de recarga hídrica.Cerramos con la nota de Centroamerica con la nueva irrupción de Nayib Bukele en la política costarricense, su uso como figura de propaganda en plena campaña electoral de ese país y la exportación de la construcción de una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en medio de cuestionamientos legales, electorales y democráticos.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Este episodio fue con reportes de Ramiro Guevara y editado por Gabriel Labrador. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net. Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 16 de enero de 2026.

La Asamblea Legislativa contrató a un socio del diputado suplente Víctor Manuel Martínez Santana, uno de los negociadores del Gobierno de Bukele con las pandillas. Otro de los negociadores, Carlos Marroquín, fundó una empresa que en su primer año de operaciones reportó un aumento de capital de 10,000 a más de 40,000 dólares.

Entre el cierre del 2025 y los primeros días de 2026 más de 1,800 trabajadores del Hospital Rosales fueron despedidos sin previo aviso, dejando áreas críticas paralizadas y poniendo en riesgo la vida de pacientes, incluidos quienes dependen de diálisis. En paralelo, la Alcaldía de San Salvador intensificó los desalojos y decomisos contra vendedores ambulantes en el Centro Histórico, bajo la bandera del “orden” y la revitalización urbana.El episodio también aborda un nuevo caso de persecución transnacional: la detención en España del fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales por una alerta de Interpol solicitada por el gobierno de Bukele, en un contexto de creciente hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos. Todo esto ocurre mientras se profundizan las consecuencias del régimen de excepción y se multiplican las denuncias por abusos de poder.Un retrato del inicio de 2026 en El Salvador: despidos, represión, persecución y un sistema de salud al borde del colapso.Además, en La nota de Centroamérica analizamos cómo el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos pone en cuestión el papel de los países centroamericanos en las rutas del narcotráfico. A partir de declaraciones de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, se señala que Honduras y Guatemala facilitaron su espacio aéreo al régimen venezolano para el tráfico de drogas. Sin embargo, el proceso judicial también evidencia contradicciones en la narrativa de la administración Trump y la fragilidad de las acusaciones, especialmente tras la liberación de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Este es un episodio especial de Malas Compañías que mira a Venezuela para entender cómo vivieron sus ciudadanos la incursión militar estadounidense, después de más de tres décadas bajo una dictadura, y qué significa esta etapa para el país.Carlos Dada conversó con Lisett Boon, periodista de Armando.info; con Sergio Dahbar, escritor y editor de libros que vive en Caracas; y con Boris Muñoz, exeditor de opinión de The New York Times y columnista de El País.

La Sala de lo Constitucional ha pedido explicaciones a distintas oficinas del Estado salvadoreño sobre por qué un deportado salvadoreño desde Estados Unidos está preso en Santa Ana después de pasar meses en el CECOT, tras ser enviado junto a cientos de venezolanos. La Fiscalía y Centros Penales deben responder a las consultas de un juez ejecutor.

La noche del 10 de enero de 2024, la Policía capturó a una pareja por agrupaciones ilícitas, pese a que no hay antecedentes ni tatuajes ni documentos de inteligencia policial que los relacionen con pandillas. Desde aquel día, dos niños se quedaron sin padres y uno de ellos cayó en la tristeza y la depresión. A esta víctima inocente del régimen, el Estado lo internó en el Psiquiátrico, rodeado de adultos con evidentes trastornos mentales.

"No hay ninguna justificación legal para la incursión militar en Venezuela. Probablemente esto es el mayor daño: está terminando de enterrar el orden internacional de convivencia entre las naciones establecido tras la Segunda Guerra Mundial; ya no hay reglas ni compromisos civilizados de respetarlas; ya no hay defensa ante la voluntad del poderoso. Es el entierro de las utopías de un sistema transnacional que garantiza derechos iguales a todos los seres humanos. Hemos vuelto a la ley del más fuerte. La ley de Donald Trump."

En este episodio hablamos sobre el papel de la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, en el momento más crítico para las libertades públicas desde el fin de la guerra civil en el país. Pese a su mandato de vigilar al Estado, Caballero otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a instituciones y funcionarios señalados por violaciones graves, incluida la Policía Nacional Civil —con cientos de denuncias acumuladas— y Carlos Marroquín, operador clave del pacto entre el gobierno de Bukele y la MS-13.También repasamos otros hechos clave: el avance judicial del caso El Mozote, la peor masacre, en un solo operativo, de la guerra civil salvadoreña, con cerca de mil víctimas, incluyendo a 558 menores de edad, en diciembre de 1981.La elección de una Mesa Judicial cercana al oficialismo, la sanción mínima a un diputado del Parlacen por entregar dinero y regalos de lujo para influir políticamente, y la revelación de que Estados Unidos consideró enviar a sobrevivientes de una operación militar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Y por último, en la nota de Centroamérica, hablamos sobre Honduras donde las elecciones presidenciales se tensan aún más tras denuncias de amenazas de la MS-13 a votantes y acusaciones de injerencia externa.El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Los editores son Nelson Rauda y Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net.Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 12 de diciembre de 2025.

Aunque las dádivas se entregaron durante una gira a Marruecos en la que se pidió una declaración política a cambio, Parlacen sancionó a toda la comitiva por faltas éticas leves y, para el caso del diputado Carlos Hernández, una muy grave: recibir dinero sin llevar registro institucional y no reportarlo al organismo.

Alrededor de 700 jueces nombraron a sus representantes en la Mesa Judicial, una instancia que sirve de enlace entre los jueces y la Corte Suprema de Justicia. Entre los nuevos representantes están jueces y magistrados ascendidos tras la depuración de 2021 y algunos que han emitido fallos contra activistas y defensores de derechos humanos.

Un año después del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de El Salvador sigue publicando sus compras de bitcoin, pese a que el acuerdo lo prohíbe explícitamente. Solo una de dos versiones puede ser cierta. La primera es la de las redes sociales y las conferencias con famosos e influencers que asegura que el proyecto de bitcoin avanza. La segunda está expresada en compromisos oficiales, como una carta firmada en junio por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva en la que aseguran al directorio del FMI que no han comprado más bitcoin. Además, una auditoría de un exempleado del FMI reveló que no encontró pruebas de que el dinero para las compras haya salido de las arcas públicas.En este episodio también hablamos del proceso exprés para aprobar el presupuesto de las elecciones de 2027, la reserva de información sobre la reestructuración interna de la Procuraduría General de la República y los viajes de su titular, y el aumento de importación de armas en El Salvador. En La Nota de Centroamérica, hablamos sobre cómo el perdón de Trump al expresidente de Honduras debilitó su discurso contra las drogasEl Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Los editores son Nelson Rauda y Victoria Delgado. La producción de sonido y música es de Omnionn. Apoya nuestro periodismo independiente ingresando a apoya.elfaro.net.Suscríbete a nuestro boletín semanal para recibir todas nuestras publicaciones. Únete a nuestro canal de WhatsApp para actualizaciones diarias de periodistas del equipo. Síguenos en Facebook, TikTok, Instagram y X.Este episodio fue grabado el viernes 5 de diciembre de 2025.

Fuera máscaras. Envalentonada por su renovada relación con Estados Unidos, la dictadura se lanzó abiertamente en 2025 a la cacería de toda persona crítica o incómoda, ya sin siquiera pretender legitimidad en sus acciones.

El secreto bajo el que el Estado salvadoreño mantiene el expediente judicial de Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de una organización de defensa de derechos humanos, es apenas un rasgo de las muchas arbitrariedades que hay en su caso. Es imposible saber de qué la acusa exactamente la dictadura, así como ocurre con los 85,000 casos del régimen de excepción. Además, la dictadura salvadoreña ha pedido que no se diga nada del cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en septiembre para intentar resguardar su integridad.