Enfoque Internacional

Diversos sondeos indican que la mayoría de los israelíes apoya un acuerdo entre Israel y Hamás para permitir la liberación de los últimos 48 rehenes que siguen en Gaza. Pero, tras dos años de guerra desatada tras las masacres del 7 de octubre de 2023, el sufrimiento de los gazatíes apenas se percibe en la esfera pública israelí, que alimenta la normalización de discursos radicales y deshumanizantes. Reportaje de nuestra corresponsal Janira Gómez Muñoz. Hace dos años, los ataques de Hamás generaron en la sociedad una fragilidad inédita en medio siglo. El dolor ha dado paso al trauma y la venganza. Y expresiones como "arrasar" o "borrar" la Franja han dejado de ser una excepción. "El mejor futuro para Gaza es que no haya Gaza. Si no quieren irse de la Franja es una señal de que quieren continuar con la guerra, y pienso lo mismo sobre los árabes de Judea y Samaria", dice Benzion Asher-Abaskal, joven israelí. Benzion Asher-Abaskal observa los escombros de Gaza desde un mirador a unos dos kilómetros, en la localidad de Sderot. Representa al 80% de los ciudadanos judíos del país que quieren verla vacía de palestinos. Galit Samuel no es una de ellos. Tiene 56 años, pertenece a la minoría más crítica y protesta con decenas de israelíes en la valla fronteriza. Su pancarta clama "libertad para el gueto de Gaza". La rodean policías y soldados. "Es una guerra de exterminio. Un fracaso moral total y, como israelí, pido a los países del mundo frenar este genocidio", Galit Samuel, manifestante en la valla fronteriza con Gaza. Unos 70 kilómetros más al norte, Tel Aviv es el epicentro del Israel más opuesto a Netanyahu. Decenas de miles de personas protestan aquí cada semana con el lema: 'Paremos la guerra'. Es lo que quiere desde hace tiempo la mayoría, como la manifestante Hadas, que acusa al primer ministro de bloquear el acuerdo. "Israel se está destruyendo desde dentro" "Lo que de verdad sentimos desde hace más de dos años, desde el inicio de este gobierno, es que está destruyendo a Israel desde dentro", dice Hadas, manifestante en Tel Aviv por el regreso de los rehenes. El motor de las marchas no son los bombardeos y el hambre de los gazatíes, que suelen generar indiferencia, sino el dolor de los suyos. Que vuelvan los últimos 48 rehenes y no mueran más soldados. Su deseo parece estos días más cerca que nunca. Israel y Hamás negocian el plan de Trump para un alto el fuego definitivo y comenzaría con la entrega de los cautivos. "Espero que podamos verlos de vuelta", dice Daniel Lifshitz, nieto de dos exrehenes Lifshitz es nieto de los rehenes Yocheved, liberada en un canje, y el fallecido Oded. Homenajea a los asesinados en el kibutz Nir Oz, que atacó Hamás.  "Puedes ver cuánto dolor hay aquí aún. Todo está tan fresco. Es como otro entierro, no como un memorial".  Tras dos años de dolor, cuesta escuchar otras palabras. Sobre todo, una, paz, desterrada por décadas de radicalización social.

El financiamiento climático es insuficiente y agrava la deuda de los países en desarrollo, alertan dos ong de lucha contra la pobreza en un informe. Según sus cálculos las ayudas para financiar la transición energética y la adaptación al cambio climático se componen principalmente de préstamos que generan intereses para las naciones ricas acreedoras y empobrecen a los países deudores.  En un nuevo informe, dos ong de lucha contra la pobreza denuncian la hipocresía de las ayudas financieras de los países ricos para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Tras una revisión de estas ayudas, Oxfam y Care consideran que este financiamiento es insuficiente y que lamenta el hecho de que se compone no sólo de subvenciones sino principalmente de préstamos a tasas de intereses estándares que agravan el endeudamiento. “Los países que reciben estos fondos los reciben mayormente en forma de préstamos y finalmente por cada 5 dólares que reciben, pagan aproximadamente 7 dólares. Esto se debe en parte a que el 65% de la financiación actual se entrega por parte de los países ricos a los países en vías de desarrollo en forma de préstamos”, observa Carlos Aguilar, responsable de justicia climática en Oxfam Latinoamérica. “Esta forma de funcionamiento está transformando la crisis climática en un negocio y no en una obligación de los países para efectivamente cumplir con responsabilidad a los compromisos establecidos desde el Acuerdo de Paris”, lamenta Aguilar, entrevistado por RFI. A cinco semanas de la conferencia climática Cop30 de Brasil, Oxfam formula recomendaciones para un mecanismo de financiamiento climático que sea más equitativo. La organización pide por ejemplo privilegiar ayudas “más favorables para los países en desarrollo”, como subvenciones o préstamos concesionales, es decir que ofrecen condiciones más interesantes que los préstamos de mercado. Oxfam y Care preconizan también aumentar la proporción de ayudas destinadas a la adaptación al cambio climático (infraestructuras contra los huracanes, contra el aumento del nivel del mar, la escasez hídrica etc.). “La financiación para la adaptación está infra financiada, ya que solo recibe el 33 % de la financiación climática”, indican los autores del informe. En la Cop29 de Baku, los países desarrollados se comprometieron a movilizar 300.000 millones de dólares anuales de aquí a 2035 y a movilizar a largo plazgo 1,3 billones de dólares de ayuda financiera para la acción climática, incluyendo otras fuentes de financiamiento como del sector privado. Para alcanzar este monto, las ong urgen a la comunidad internacional a buscar nuevas fuentes de financiación. “Los multimillonarios deben pagar por el impacto que sus inversiones y que sus actividades económicas están generando en la crisis climática global. Hay beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles a nivel mundial que no están suficientemente tasados”, estima Carlos Aguilar. Buscar nuevas fuentes de financiamiento climático será precisamente uno de los puntos a negociar en la Cop30 de Belem, prevista en noviembre de este año, con el objetivo de cuadruplicar el monto actual de la ayuda a los países en desarrollo.

Este lunes se inauguró la temporada de premios Nobel, con el galardonado con el Nobel de Medicina. El viernes será el turno del de la Paz, con un candidato, Donald Trump, que ha desplegado una intensa campaña para ganarlo. Pero la mayoría de los especialistas aseguran que no tiene posibilidades de igualar a otros expresidentes estadounidenses como Barack Obama o Jimmy Carter. El presidente y magnate estadounidense, Donald Trump, ha reclamado en repetidas ocasiones que debería ser él el elegido para el premio Nobel de la Paz, 2025. El republicano se jacta de haber resuelto siete guerras, y hasta sostiene que, de no ganarlo, será un “insulto” para Estados Unidos. Muchos especialistas aseguran sin embargo que la figura de Trump está muy alejada de lo que se espera de un Nobel de la Paz. Es el caso del politólogo y especialista del desarme y de la construcción de la paz Jordi Armadans Gil. Para Armadans Gil, Trump no solo dista de lo que debería ser un ganador del Premio Nobel de la Paz sino que podría considerarse incluso como un anti ejemplo del candidato ideal.   “Que él (Trump) lo pretenda es una cosa un poco curiosa. Pero es obvio que no se da ninguna condición para que reciba el premio Nobel de la Paz. El comité Nobel de la paz, es un comité que valora los esfuerzos diplomáticos internacionales. A los organismos internacionales que promueven el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, como Naciones Unidas, la agencia para los refugiados, la UNICEF, etc. Vale la pena recordar que Trump menosprecia a Naciones Unidas, menosprecia al derecho internacional humanitario, persigue los miembros del Tribunal Penal Internacional que hacen su trabajo para defender a las personas de los crímenes de guerra”, explicó, Armadans Gil. En momentos en los que el mundo enfrenta distintos conflictos más mediáticos como el de Ucrania o Gaza, u otros menos visibles, Armadans Gil apuesta porque el Nobel de la Paz 2025 recuerde iniciativas de construcción de la paz y permita una visibilidad internacional sobre esas acciones. “En la situación crítica en la que estamos, pienso que hay dos mensajes que podían ser muy positivos. En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, pienso que hay que dar apoyo a aquellos actores que precisamente en Israel y Palestina están haciendo discursos de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, el Círculo de Padres - Foro de Familias y Combatientes por la Paz. En segundo lugar, se podría premiar a la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de Naciones Unidas, o al Tribunal Penal Internacional.  que son organismos que se definen por exigir el respeto a los derechos humanos a todas las partes. El TPI, por ejemplo, pues está persiguiendo a Putin por sus crímenes en Ucrania, está persiguiendo a Netanyahu por sus crímenes en Gaza. Pienso que sería muy importante que se le reconociera su labor2, concluyó Jordi Armadans Gil.

Este 22 de septiembre en Nueva York, Francia reconoció el Estado palestino, un paso criticado por Israel y Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que “la paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”. Los aplausos interrumpieron en dos ocasiones el discurso con el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció el Estado de Palestina. Liberación de los rehenes y fin de los ataques El discurso de Emmanuel Macron duró cerca de 20 minutos y el mandatario optimizó cada uno explicando la solución de dos Estados, el plan que, según él, traerá la paz entre Israel y el Estado Palestino. “Este reconocimiento abre el camino de una negociación útil para los israelíes y los palestinos: es el plan de paz y de seguridad para todos, que Arabia Saudita y Francia sometieron a voto en esta Asamblea, que lo adoptó por una larga mayoría”, expresó. Leer tambiénTras reconocer a Palestina, Macron gestiona el “día después” en Nueva York “El primer tiempo de este plan es lograr simultáneamente la liberación de los 48 rehenes y el fin de las operaciones militares en todo el territorio de Gaza. Una vez que el cese al fuego haya sido aprobado, entre todos haremos esfuerzos masivos para auxiliar a los gazatíes”, agregó. Estabilización y reconstrucción Al segundo tiempo el mandatario francés lo llamó como el de la estabilización y la reconstrucción en Gaza. Consiste en el establecimiento de una administración integrada por la Autoridad Palestina con el acompañamiento de fuerzas de seguridad que serán formadas por una misión internacional y que asegurarán el desarme y el desmantelamiento del Hamás. Con el tiempo, según Macron, los palestinos formarán su propio gobierno en democracia: “Gracias a este camino obtendremos un Estado palestino soberano, independiente y desmilitarizado reagrupando el conjunto de sus territorios, que reconozca a Israel y que sea reconocido por Israel en una región que conocerá finalmente la paz”, explicó. “Este es nuestro plan de paz que permite que la paz israelí-palestina sea la primera columna de una nueva arquitectura de paz y seguridad en Medio Oriente”, aseguró el mandatario. Derrota para Hamás y el antisemitismo El presidente francés consideró que el reconocimiento del Estado de Palestina es una derrota para el Hamás, pero también para quienes animan el odio antisemita, y desean la destrucción del Estado de Israel. Y precisamente fue a Israel a quien le dedicó las últimas palabras de su discurso: le dijo que la paz no será posible si sus autoridades no aplican la solución de dos Estados. “La paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”, enfatizó Emmanuel Macron.

El denominado E1, un proyecto de asentamiento diseñado por Israel hace 30 años pero pospuesto por presiones internacionales, fue aprobado hace un mes por el gobierno israelí. Su construcción partirá en dos a Cisjordania ocupada y, como asegura Netanyahu, enterrará la posibilidad de un Estado palestino. ¿Cómo se conjuga esta realidad sobre el terreno con el reconocimiento de Palestina por parte de varios países occidentales, entre ellos Francia? Reportaje de nuestra corresponsal en Jerusalén, Janira Gómez Muñoz. Aviv Tatarsky, veterano activista israelí, señala desde una colina los diez kilómetros cuadrados bautizados por Israel como E1. Es un plan de asentamiento ilegal y polémico que data de los años noventa. “Esta carretera corresponde con la línea de anexión… Jerusalén llega hasta la carretera y más allá está Cisjordania”, explica Tatarsky, miembro de la oenegé israelí Ir Amim. Ningún gobierno israelí se había atrevido a aprobarlo porque para Europa representaba una línea roja… hasta ahora. "Lo más importante del E1 es su ubicación: una gran colonia en el corazón de Cisjordania que divide en dos el territorio… Y el gran peligro ahora es que Israel se siente confiado de que Cisjordania está en sus manos y puede dar un paso más con expulsiones masivas y una limpieza étnica", advierte Tatarsky. La construcción de E1 separará Cisjordania ocupada de Jerusalén Este —entendida como futura capital de los palestinos— y la aislará de ciudades clave del norte, como Ramala, y del sur, como Belén. "No habrá un Estados palestino", asegura Netanyahu  Pero, sobre todo, como se jactó el primer ministro Benjamin Netanyahu, garantizará que solo haya un país entre el mar Mediterráneo y el río Jordán: Israel. "¡Dijimos que no habrá un Estado palestino y, por tanto, no habrá un Estado palestino!" Levantar este asentamiento implica expulsar a los cientos de beduinos que habitan la zona desde hace décadas, que viven en chabolas desperdigadas en lomas desérticas, sin agua corriente y expuestos a las agresiones de colonos israelíes que los cercan. Los habitantes sienten miedo, admite Yousef Jahien, beduino de Khan al-Ahmar, mientras da de comer a sus cabras y cuenta que los colonos, a pocos metros de su granja, le han robado tres. "No sabemos qué será de nosotros. Nos separan de la Autoridad Palestina y de la sociedad palestina. Es una separación completa. Esto, por supuesto, nos afecta. El gobierno israelí solo quiere judíos en esta área". Realidades como la que vive Yousef, así como la presencia de 700.000 colonos en Jerusalén Este y Cisjordania, plantean la pregunta de si aún es posible el Estado palestino que en estos días reconocen distintos países, o si décadas de ocupación lo han sepultado. "Por supuesto que es factible, siempre y cuando la empresa colonial israelí se desmantele. Y para llegar a eso no bastan declaraciones de buenas intenciones: hay que tomar acciones, hay que aplicar sanciones", afirma Xavier Abu Eid, analista político palestino. Xavier Abu Eid trabajó en el departamento de la Organización para la Liberación de Palestina que negoció la creación de ese Estado, cuando Israel aún aceptaba dialogar. Hoy pide mayor ambición a la comunidad internacional para impulsar la autodeterminación palestina antes de que sea demasiado tarde.

El enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna, entrevistó en Al Mughayyir, localidad situada a 50 km de Jerusalén, a su alcalde, Abu Waheed, quien denunció los ataques del ejército israelí contra el ganado y la agricultura de los palestinos, entre otros, 3.000 olivos arrancados por soldados israelíes, cultivos clave para la economía de la zona. También se refirió a la declaración sobre la creación de un Estado palestino. El pueblo de Al Mughayyir, en Cisjordania, ocupado ilegalmente por Israel según el derecho internacional, es uno de los ejemplos de la guerra económica entre israelíes y palestinos. En agosto pasado, más de 3.000 olivos fueron arrancados allí por soldados israelíes. Según el ejército israelí, la medida buscaba mejorar las defensas tras un ataque palestino en una zona cercana a un asentamiento no autorizado, en el que resultó herido un colono. Los habitantes del pueblo, rodeado por nueve pequeños asentamientos, ofrecen una versión muy distinta. "Toda esa montaña estaba plantada con olivos, así como toda esa tierra que usted ve allá. Algunos árboles fueron robados y lo que quedó se dejó así", afirma Abu Waheed, alcalde de Al Mughayyir. Muestra una parte de la tierra desolada, ya sin olivos, arrancados para pavimentar y proteger una ruta exclusiva para colonos, según él. "Dicen que hay razones de seguridad para crear esa ruta allí. Pero, ¿qué razones de seguridad pueden llevarlos a arrancar olivos que estaban lejos de la carretera? ¿Razones de seguridad? No. Todo esto es para encerrar al pueblo y no dejar entrar ni salir a nadie. Es para quedarse con todos los olivos. Es un cordón de seguridad. Es un asedio para presionar a la gente a que se vaya. Nada más y nada menos. Es asfixiar a la población", dice Abu Waheed.  Como numerosos pueblos de Cisjordania, Al Mughayyir depende casi por completo de la agricultura y el ganado, sus principales fuentes de ingreso. "Destruyen la economía y empujan a la gente a partir"  "Teníamos unas 30.000 cabezas de ganado; ahora tenemos menos de 10.000. La gente tuvo que vender la mayor parte de sus rebaños. Después de haber enfocado sus ataques en el ganado, pasaron a la agricultura. Saben que los olivos son lo más esencial para los campesinos palestinos, así que los arrancaron. Al destruir la economía, empujan a la gente a irse. Sin agricultura, sin olivos, la gente no puede vivir. Desde hace cuatro años, son los colonos quienes cosechan nuestras aceitunas, no nosotros", explica. Sobre el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, Reino Unido y otros países, Abu Waheed celebra el gesto, aunque se muestra escéptico sobre su impacto real. "En cuanto al reconocimiento por parte de los gobiernos, es principalmente simbólico y mediático, pero podría traer presión económica y política sobre Israel. Al menos muestra que si ellos [los israelíes] tienen un Estado, nosotros también queremos un Estado, nada más y nada menos", concluye el alcalde. 

Con el reconocimiento del Estado Palestino por Francia, Bélgica, Canadá y otros países, una de las preguntas cruciales es si un Estado palestino es viable con un territorio separado entre Gaza y Cisjordania. También si es viable una Cisjordania fragmentada entre asentamientos ilegales de colonos israelíes y una plétora de puestos de control que seccionan ese posible Estado. Reportaje del enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna.  Con más de 5.500 km², Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, alberga a unos tres millones de palestinos en pueblos y ciudades dispersos en un territorio fragmentado. En algunas zonas, la población queda en una suerte de limbo. Es el caso de Kufur Aqab, localidad que pertenece a la municipalidad de Jerusalén —administrada por Israel—, pero que está separada de la ciudad por un muro y un puesto de control a menudo saturado. Esto crea una situación en la que los habitantes pagan impuestos, pero no reciben servicios. "Vivimos en una situación de abandono y marginación tanto por parte del municipio como del gobierno. Sufrimos mucho", afirma Raed Abdallah, de 53 años, nacido en Kufur Aqab y dueño de un negocio de materiales de construcción a pocos minutos del muro que lo separa de Jerusalén. Larga espera para ser atendido en un hospital de Jerusalén  "No hay atención ni organización en las calles. La basura no se recoge adecuadamente. No hay alumbrado ni estacionamiento público. No hay ningún parque para niños. Sentimos que vivimos en un área aislada y marginada de Jerusalén. Cuando vamos allá, esperamos muchas horas para pasar por el puesto de control de Qalandiya. Esto genera presión psicológica, depresión. Por ejemplo, si quiero ir a un hospital de Jerusalén para recibir tratamiento médico, debo esperar muchas horas", explica Abdallah. Abou Ashraf, de 76 años, residente de la zona, intenta organizar a los vecinos en un territorio sin autoridad ni ley: "No hemos visto policías desde 2001. Ya son 24 años sin policías en la zona. Resolvemos nuestros problemas entre nosotros cuando hay peleas o conflictos. Traemos a los mayores de cada familia, nos sentamos y resolvemos el problema para hacer las paces, porque aquí no hay ley. En esta zona, si buscas gente que venda drogas, la hay. Si buscas gente que ejerza la prostitución, la hay. Tenemos de todo porque no vemos policías aquí. Nunca, jamás". En ausencia de autoridad, es difícil calcular cuántas personas viven en Kufur Aqab; las estimaciones varían entre 60.000 y 100.000, hacinadas en edificios construidos sin regulación. La mayoría no se marcha para no abandonar su identidad. "Estamos muy molestos de estar atrapados entre ambos lados. Pero, para preservar nuestra identidad palestina y jerosolimitana, estamos obligados a permanecer en nuestras casas de Jerusalén. Debemos mantener nuestra identidad", sostiene Raed Abdallah. Una identidad que busca afirmarse en una Cisjordania atravesada, además, por más de 800 obstáculos a la libre circulación —puestos de control, rutas bloqueadas y barreras en las carreteras—, según datos de la ONU.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero alberga una industria minera en rápido crecimiento porque posee las mayores reservas de litio del continente. Sin embargo, el negocio del litio, por ahora, está en manos de compañías extranjeras. Por Irene Savio, desde Bulawayo, Zimbabue  En una carretera polvorienta en las afueras de Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue, el alba apenas rompe el horizonte. Un grupo de hombres con cascos, ropa de trabajo y rostros marcados por el hambre se preparan para iniciar su jornada. Son mineros que, a pie o en autobuses desvencijados, se dirigen a las minas que salpican el paisaje, rodeados de chozas y árboles raquíticos. Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero también alberga una industria minera en rápido crecimiento, impulsada por la demanda mundial de litio, el mineral esencial para ordenadores, teléfonos y coches eléctricos que alimentan la nueva revolución tecnológica. Compañías extranjeras Grasian Mkodzongi, investigador del Instituto de Investigación de Tierras y Recursos Naturales de África Tropical, señala que el país posee las mayores reservas de litio del continente y es el cuarto productor mundial de este recurso. No obstante, dice Mkodzongi, “el negocio del litio está hoy en manos de compañías extranjeras, que lo extraen y se lo llevan a sus países”. Esta dependencia externa ha motivado al Gobierno zimbabuense a proponer, por primera vez en África, la construcción de plantas de procesamiento dentro del territorio nacional. La intención es que el valor añadido del litio beneficie directamente a la población local, creando empleos y fomentando la industrialización. “Quieren aumentar las oportunidades de empleo. Es una medida buena, pero solo si está vinculada a esfuerzos para industrializar”, advierte Mkodzongi. China, en el horizonte China, hasta la fecha, es el principal actor extranjero en la extracción de litio en Zimbabue, gestionando cinco de las seis minas más importantes del país. Sin embargos, muchos consideran esta relación no equitativa en igualdad de ventajas, como Farai Maguwu, director del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales de Harare, quien dice sin tapujos que “la población se ha beneficiado, por ahora, poco y nada de este valioso mineral”. Además, describe los salarios que reciben los trabajadores como “de esclavitud”, y subraya la precariedad de las condiciones laborales. Pero lograr que la población realmente se beneficie del litio puede que no sea tan fácil. Algunos analistas apuntan a la pesada carga de la deuda externa de Zimbabue, parte de ella en manos de China, como un factor que puede complicar los intentos de reforma. ¿Hacia un futuro mejor? En medio de este panorama, voces desde el propio sector minero relatan la peligrosidad de la actividad. Un exminero, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, cuenta: “Me fui a trabajar a una mina sin protección, y un día la mina colapsó y murió una persona. Entonces lo dejé, es muy peligroso.” En medio de estas dificultades, el Gobierno de Zimbabue asegura estar trabajando en la construcción de las infraestructuras que necesita. Esto, con el objetivo de que estos proyectos sentarán las bases para un desarrollo sostenible y una mayor distribución de la riqueza generada por el recurso. El tiempo dirá si esto era verdad. 

En un nuevo informe, una ONG documenta la presencia de una flota asiática de 343 barcos que captura grandes cantidades de calamar en el suroeste del océano Atlántico a 200 millas naúticas de las costas argentinas. Un experto en políticas oceánicas urge regular esta pesca para evitar que se acabe esta especie clave para la alimentación de varios mamíferos marinos. “Cada año descienden alrededor de unos 343 barcos poteros de banderas asiáticas, principalmente chinas, aunque también de Corea del sur y de Taiwán” a lo largo de la zona económica exclusiva de Argentina, constata alerta Jesús Uríos, coautor del informe que publica la Fundación para la Justicia Ambiental (Environmental Justice Foundation) sobre la sobrepesca china en la región. Esta investigación confirma nuevamente la depredación de la flota china en los stocks de calamares, un alimento clave para grandes mamíferos marinos - ballenas o focas- y pingüinos. Al contrario de las cuotas de pesca de calamares en las aguas nacionales argentinas donde se limita a entre 70 y 75 el número buques pesqueros-, la pesca de esta especie en aguas internacionales fuera de la zona de 200 millas náuticas carece de cualquier regulación, poniendo en peligro la supervivencia de la especie, alerta Jesús Urios, experto en politicas océanicas. “El incremento de la demanda de calamares nos ha llamado la atención”, indica Urios. Esta especia “está claramente amenazada” por esta pesca asiática intensiva, denuncia. “El problema es que no sabemos hasta qué punto, en el sentido de que como no tenemos información de lo que se pesca fuera [de la zona económica exclusiva argentina], entonces es muy difícil saber la población de calamares que se va quitando cada año”, apunta el especialista. “Con una sobrepesca excesiva, podríamos estar viendo un colapso de la especie. De hecho, en el año 2016 pensaron que se había acabado el calamar. Hubo una población de calamar bajísima y además aún no se ha recuperado desde entonces”, recuerda en entrevista con RFI Maltrato laboral Urios, quien participó en la investigación en la zona marítima de pesca de calamares, constató las maniobras agresivas de algunos barcos chinos para evitar los controles de los guardacostas. Su organización recopiló además 169 testimonios de trabajadores -sobre todo de nacionalidad indonesia- sobre las condiciones laborales de “esclavitud moderna” a bordo de estos buques factoría. “Hablamos de abusos físicos, de violencia física como golpes, puñetazos, amenazas, intimidación. También tenemos, pues, cosas como denegación de asistencia médica. Ha habido hasta 5 muertes a bordo de cuatro buques chinos durante el periodo de estudio y muchas veces por negligencias. Y también horas de trabajo excesivas, más de 14 horas diarias, a veces 18”, detalla Urios. La Fundación para la justicia ambiental llama a incrementar la transparencia sobre la cantidades pescadas en aguas interancionales y recomienda regular la pesca de calamares, emulando el sistema de cuotas instaurado para proteger el atún a nivel mundial.

Cada año, en el centro de Santiago de Chile, se rinde homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado en septiembre de 1973 tras el golpe militar de Pinochet. Víctor Jara fue torturado durante días y finalmente asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Se convirtió en un ícono político y un referente fundamental de la música chilena, donde es conocido como el “poeta de la revolución”. Víctor Jara (1932–1973) fue un destacado músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su música lo convirtió en una figura emblemática del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, torturado y ejecutado por las fuerzas militares del régimen de Augusto Pinochet. Su muerte lo consolidó como un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile. Un legado musical fundamental en Chile Amanda Jara, hija de Víctor Jara, ha dedicado su vida a preservar y difundir el legado artístico y político de su padre. A través de la Fundación Víctor Jara, organiza talleres, conciertos y actividades culturales que buscan mantener viva su memoria y promover la reflexión sobre los derechos humanos. Amanda destaca en una entrevista a RFI que su padre era "ante todo un creador y un artista", y explica que "es gracias al arte que se organizan las luchas". Música, memoria y política electoral Las elecciones presidenciales en Chile están programadas para el 16 de noviembre de 2025. Los principales candidatos son José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Jeannette Jara, del Partido Comunista. Ambos representan los extremos del espectro político y han protagonizado debates marcados por tensas confrontaciones.  En este contexto de polarización y tensión política, el legado de Víctor Jara cobra especial relevancia. Su música y su mensaje siguen siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la justicia, la memoria y los derechos humanos en Chile. Como señala Amanda Jara, "nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas que siguen cantando las canciones de mi padre". Un legado que sigue vivo en el corazón del pueblo chileno.

Mientras los jóvenes consumen menos cannabis, alcohol y tabaco, las organizaciones criminales amplían su control sobre el tráfico de cocaína y refuerzan sus métodos violentos en todo el país. En los últimos diez años se ha registrado una explosión del tráfico de cocaína y de prácticas violentas extremas de las redes criminales. El consumo de ciertas drogas disminuye en Francia entre los jóvenes, según el informe europeo ESPAD, que analiza las cifras en el continente. Francia es uno de los países de Europa donde esta caída en el consumo de drogas es más marcada. Lo que disminuye, sobre todo, es el consumo de cannabis, así como el de otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto se debe, según el presidente de la Comisión Interministerial de Lucha contra la Droga, Nicolas Prisse, a las medidas de prevención y a un cambio de comportamiento en los jóvenes, que cada vez salen menos y están más conectados a las redes sociales. Pero, del otro lado, las redes criminales se fortalecen, explicó Prisse a RFI. "Sí, el consumo de cannabis disminuye. Pero, al mismo tiempo, constatamos una oferta orquestada por las redes criminales y una demanda de la población de productos como la cocaína y drogas estimulantes, entre otros, el éxtasis y las anfetaminas. La población se inclina por las "drogas de rendimiento", como las denominan los consumidores, que se usan en diferentes circunstancias: en el trabajo, en el ámbito festivo o en las relaciones sexuales”. "Las redes criminales francesas utilizan métodos atroces"  Existe una penetración cada vez mayor de las mafias y de las redes de narcotraficantes. El ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, evocó incluso una "mexicanización de Francia" para referirse a las prácticas de estas redes criminales. Nicolas Prisse describe las características de estos nuevos delincuentes en Francia. "En lo que respecta a los estupefacientes, hemos constatado en los últimos años la influencia cada vez mayor de las redes de narcotraficantes en Francia, las cuales son poderosas económicamente, violentas y utilizan métodos de intimidación atroces. También reclutan menores que se convertirán en los ‘menos cualificados’ de la jerarquía criminal", subraya Prisse. Además de las medidas de prevención, están las de la lucha contra los narcotraficantes. En junio pasado se promulgó una ley para combatir estas redes. "Estamos actualmente en un momento clave en el que, por un lado, hay que luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, acentuar los esfuerzos de prevención difundiendo información sobre los riesgos del consumo", concluye Prisse.

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui. Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.   Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales. Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país. En defensa de los servicios públicos  En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública: "Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas". Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año. También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia: "Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje". Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio: "Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide". Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.   “Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015. Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo. “La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa.  “Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua.  A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales.  “Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua.  Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.   Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado.   

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México. Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural.  "Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadounidenses. Eso produjo, por supuesto, una crisis económica y a nivel de efectivo. Y eso tuvo consecuencias en términos de acceso a la canasta básica, a poder cubrir las necesidades básicas. Hoy, cuatro años después, la situación se agudiza con esta disminución al financiamiento de la USAID, que se hizo concretamente entre marzo y abril. Esta agencia de desarrollo internacional el año pasado aportaba el 45% de la ayuda a Afganistán. También redujo sus aportaciones el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, tenemos ese escenario en donde se han reducido las principales ayudas. Y no solo ha sido Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Esos países también han recortado sus aportaciones. Se han cerrado, por ejemplo, muchos hospitales y clínicas. Entonces, ahora con esta tragedia no se tienen esos recursos y esto, por supuesto, compromete la vida de las personas". Hasta ahora, las autoridades talibanas no han presentado un plan de emergencia para asistir a los damnificados ni para la reconstrucción. Su mensaje se limita a reconocer que no pueden afrontar la crisis sin apoyo externo. Según Cristina de Lucio, esa postura revela una estrategia velada: "Afganistán es un país que, en 2021 cuando los talibanes llegaron al gobierno, dependía en un 75% de la ayuda extranjera. Es verdad que el país está en una condición de crisis y que hay dificultad para gestionar en razón de esta dependencia económica. Esto es indiscutible. Ellos no están mintiendo. Pero sí creo que están aprovechando esta coyuntura para incentivar, por un lado, el reconocimiento de su gobierno. Al mostrarse de cara al público como incapaces de gestionar esa tragedia, también hay una velada búsqueda, en cierto modo, de un reconocimiento de los talibanes como gobierno. Esto podría permitirles no solo evitar que se sigan reduciendo los financiamientos provenientes del exterior, sino que también se les vea como un interlocutor válido".

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs. El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación. El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas. Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como Humvees y vehículos militares de transporte tipo MRAPs. Arthur Estupiñán, ciudadano latino de Washington, ve con buenos ojos esta presencia militar. "El despliegue de la Guardia Nacional y los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha sido sumamente exitoso. En los últimos 7 a 9 días, no ha ocurrido ningún asesinato. Es una victoria para el presidente Trump. Esto va a traducirse en un crecimiento económico extraordinario porque ya las personas no tienen miedo pues ven que las ciudades son seguras". Un despliegue que cuesta más de 1 millón de dólares diarios Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto, cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI y la DEA han patrullado barrios, realizado redadas migratorias e instalado retenes militares y de tránsito para detener a supuestos criminales. Según investigaciones de organismos privados, este despliegue cuesta más de un millón de dólares diarios. Para un latinoamericano que prefirió guardar el anonimato por seguridad, y que trabaja en una empresa de mudanza, la sociedad vive bajo temor: "Todos están asustados de venir a [Washington] D.C. Trabajo para una empresa en la que todos son latinos, todos tienen miedo y nadie quiere venir a trabajar a DC. Nadie quiere arriesgarse. Mi mujer ni siquiera se arriesgó a traerme hoy al trabajo. Todo esto es una mentira porque nunca hubo el gran crimen que Trump dice que había antes". Unas 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las operaciones, según cifras del Departamento de Justicia. Sin embargo, oficiales del gobierno citados por The Wall Street Journal aseguran que la mitad de las detenciones corresponden a migrantes indocumentados en colegios de mayoría hispana, iglesias latinas, restaurantes y retenes improvisados. Don Folden, quien pone música frente a la Casa Blanca, no parece impresionado por la operación: "He estado en DC desde hace 50 años y tuvimos varios años entre los 80 y 90 en donde fuimos la capital mundial de los homicidios. Lo que [la administración Trump] está haciendo ahora no tiene nada que ver con la seguridad. Yo diría en cambio que es una distracción. Fíjese, cuando llegué esta mañana, vi a la Guardia Nacional recogiendo basura del parque". Según la Policía Metropolitana de Washington, que hoy está bajo control federal, los crímenes violentos se redujeron 23% en comparación con las dos semanas previas al decreto de emergencia. Sin embargo, expertos advierten que la baja puede responder a un efecto de choque, a la inactividad de la ciudad durante agosto y a que la tendencia ya era descendente antes de la militarización.

Hace 20 años, a finales de agosto, el huracán Katrina azotaba las costas de Luisiana dejando 1800 muertos y cientos de miles de desplazados. Hoy en día, la ciudad, que se sitúa bajo el nivel del mar, está mejor preparada, pero enfrenta otro reto: las lluvias torrenciales. Y para reducir los riesgos, la ciudad apuesta por métodos naturales. Hace dos décadas, los diques de la ciudad de Nueva Orleans - ubicada en promedio a 1.8 metro por debajo del nivel del mar- colapsaron por la marejada ciclónica del huracán Katrina de categoría 5. Cerca de 80% de la ciudad fue devastada por las aguas de los lagos que la rodean. "La estructura anterior era muy inadecuada ante la magnitud del huracán Katrina. En muchos casos el nivel del agua subió entre 7 y 9 metros con olas de 3 metros. Entonces los diques de 4 metros que rodeaban Nueva Orleans no bastaron”, recuerda el ingeniero civil Lewis Link, de la Universidad de Maryland. La tragedia reveló también la segregación social de la ciudad donde viven muchos descendientes de esclavos. “Históricamente, los terrenos más altos, al lado del Misisipi, eran de las élites blancas. Y las comunidades negras y pobres fueron relegadas a las tierras pantanosas más bajas expuestas a las inundaciones”, detalla Ivis García, profesora asociada a la Universidad de Texas y especialista en temas de vivienda y justicia. Aunque las zonas mas acaudaladas de la ciudad también sufrieron de las inundaciones, la población más modesta sufrió más de la catástrofe por la falta de vehículos para evacuar los lugares. A raíz de la catástrofe, la ciudad edificó en un tiempo récord un sistema más robusto para disminuir el riesgo de inundación masiva. “El nuevo sistema que se construyó y que tenemos ahora es un sistema completo de reducción de riesgos. Hablo de reducción de riesgos y no de 'protección' porque podemos mitigar el riesgo, pero no eliminarlo. El sistema actual incorpora el riesgo de aumento del nivel del mar y el hundimiento de las tierras a causa de terreno húmedo y del bombeo de agua para mantener la ciudad seca. El sistema actual de la ciudad conecta estaciones de bombeos, diques, muros de contención y compuertas." Estas obras faraónicas de ingeniería civil, que tuvieron un costo 14,5 mil millones de dólares, mostraron su capacidad de resistencia en 2021 durante el paso del huracán Ida de categoría 4. Lluvias torrenciales, el otro reto Pero Nueva Orleans enfrenta otro reto. "Actualmente, Nueva Orleans es sobre todo vulnerable a las lluvias torrenciales. La ciudad es una cuenca. Y el nuevo sistema de bombeo ha mejorado sustancialmente, pero no tiene la capacidad para luchar contra un evento extremo de lluvias", apunta el ingeniero Lewis Link, en entrevista con RFI. Entonces la ciudad ha apostado por infraestructuras verdes, desde 2007, por un total de 1710 millones de dólares en el marco del Plan Director Costero. Las obras de creación de humedales y la restauración de la vegetación costera permiten amortiguar las olas de los huracanes, por ejemplo. Se han impulsado también tres proyectos de litoral vivo, que consiste en fomentar la multiplicación de arrecifes de ostras o de vegetación, mediante la colocación de estructuras de concreto en los que se fijan los organismos vivos, creando una barrera natural contra las olas. En el entorno urbano, para atenuar las lluvias torrenciales cada vez más intensas, la ciudad construyó también calles con un pavimento permeable, así como una red de 8 parques esponja como el Parque Mirabeau, capaz de almacenar el equivalente de 16 piscinas olímpicas. "En el seno de la ciudad, Nueva Orleans ha desplegado una serie de iniciativas para manejar el agua, vivir con ella, como dicen los holandeses. Se trata de almacenar el agua y dejar que se infiltre, con la ayuda de la vegetación. Es algo muy eficaz contra la amenaza de las lluvias torrenciales". Un desafío ambiental y también social dado que el cambio climático impactará más duramente a la población afroamericana y pobre concentrada en las partes bajas de la ciudad.

Se trata de un hito memorable en el reconocimiento de la violencia de los crímenes coloniales perpetrados por Francia. Uno de los tres craneos devueltos este 26 de agosto a Madagascar sería el del rey Toera, último soberano independiente del reino Sakalava de Menabe. Es la primera vez que Francia aplica una ley aprobada en 2023 con el objetivo de simplificar la restitución de los restos humanos pertenecientes a colecciones públicas.  Se trata de la historia de una violenta traición. El rey Toera ya había aceptado deponer las armas e iniciar negociaciones con las fuerzas coloniales cuando las tropas francesas lo asesinaron y decapitaron en la masare de d’Ambiky, perpetrada a finales de 1897 y en la que perecieron cientos, quizá incluso miles, de malgaches Con la cabeza del soberano, cayó todo el reino. El pueblo sakalava se vio privado de sus rituales y de su duelo, mientras que el cráneo del rey fue llevado lejos de su isla ancestral, a la tierra del colonizador. 128 años después, tras permanecer en el Museo del Hombre,  estos restos humanos expoliados y exiliados son devueltos oficialmente por Francia a Madagascar.  Para el historiador Jeannot Rasoloarison, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Antananarivo y especialista en las luchas anticoloniales en Madagascar. se trata de un reconocimiento a la emancipación colonial   "Lo que queremos sobre todo con la restitución del cráneo de Ampajaka Toera y de los demás guerreros sakalava es una reparación memorial y material de los crímenes que los franceses cometieron durante la colonización. Es una forma de reconocer la existencia de las luchas anticoloniales". Madagascar presentó una solicitud de restitución en 2003, pero tuvo que esperar 15 años antes de se empezara la búsqueda del cráneo real. Sin embargo, fue imposible una identificación científica definitiva de esta reliquia debido a la mala calidad del ADN de los restos. El rito remplazó a la ciencia. Los restos fueron llevados a una ceremonia tradicional en Madagascar en la que alma del propio rey descendió al cuerpo de una mujer en trance, que pudo identificar su cráneo en una foto. Durante su visita a la Gran isla en abril, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que esta restitución podría «crear las condiciones para el perdón por las páginas sangrientas y trágicas de la historia entre los dos países» ... Para el actual rey malgache , Georges Harea Kamamy es un momento importante de restitución de la memoria, pero sobre todo es un momento crucial en la historia del pueblo sakalava  "Para los sakalava, el regreso del rey Toera encarna dos dimensiones esenciales, la espiritual y la identitaria. Espiritual porque restablece el vínculo sagrado que faltaba en el linaje de losantepasados. Este eslabón perdido recupera por fin su lugar en la cadena del tiempo. Identitaria, porque el pueblo sakalava puede ahora reconectarse con lo que constituye su fuerza, una identidad forjada en la rebelión digna" El cráneo llegará el último día de agosto a a la ciudad de Ambiky, donde será objeto de ritos funerarios y conmemorativos será objeto de ritos y funerarios. Luego será trasladado al oeste del país, para ser enterrado en la tumba real donde se reunirá con los huesos de su esqueleto y con su linaje.

Los estudiantes se preparan para pasar a una nueva etapa con responsabilidades políticas ante un movimiento que persiste desde hace diez meses contra el Gobierno de Aleksandar Vučić . Este verano, las imágenes que llegan de las repetidas protestas antigubernamentales en Serbia han cambiado de tono. Gobierno y activistas se acusan mutuamente de utilizar medios violentos en las manifestaciones que suceden en distintos puntos del país, donde es más habitual que opositores y seguidores de Vučić se enfrenten en las calles. El momento más álgido de la violencia se vivió la noche del lunes 18 de agosto, con la demolición de una sede del partido gobernante SNS y una veintena de manifestantes detenidos. Las protestas empezaron tras un accidente el 1 de noviembre de 2024 en la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad del país. El movimiento nació pidiendo responsabilidades por la supuesta corrupción del gobierno en obras públicas, pero su crecimiento y persistencia ahora hace tambalear el gobierno de Vučić, que lleva once años en el poder.  “La gente se ha organizado para organizar protestas locales, bloqueando las calles, y, desde el 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, se ha visto mucha violencia por parte de quienes no apoyan a los estudiantes y por parte de la policía, que está arrestando a personas en las calles”, cuenta Anica Stamenkovic, miembro de la Junta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia, un organismo que representa a 108 organizaciones juveniles y es el máximo órgano representativo independiente de la juventud en Serbia. “Las protestas y los bloqueos de las calles comenzaron a ser más violentos, y cuando decimos violentos, nos referimos a que la gente está siendo golpeada, atropellada por coches, les lanzan piedras, artefactos pirotécnicos...", sigue Anica. El presidente serbio ha pasado de criminalizar a los manifestantes a pedir un debate con los estudiantes en televisión, que se plantean formar un partido político. Algo que ellos rechazan mientras piden elecciones generales de inmediato. "Desafortunadamente, la hora del diálogo ha terminado. No puede haber debates televisivos mientras haya violencia en las calles. Creo que los estudiantes no quieren un duelo televisivo. Solo quieren derechos humanos básicos: vivir en un país con democracia y Estado de derecho", responde la líder estudiantil. Una encuesta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia revela que el 95% de los jóvenes de entre 15 y 30 años apoyan a los manifestantes. El mismo sondeo indica que el 60% de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.

Israel enfrenta una emigración sin precedentes. 84.000 ciudadanos israelíes abandonaron el país en 2024 tras el ataque de Hamás y la guerra del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. Un récord comparado con un promedio anual de 36.000 entre el 2009 y el 2021, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. En su mayoría, son profesionales laicos, de izquierda o artistas —o, incluso, las tres cosas a la vez—. Ya no se reconocen en su país, y menos aún en sus dirigentes. Una broma israelí dice que "un tercio de la sociedad va al ejército. Un tercio trabaja y un tercio paga los impuestos. El problema es que son los mismos". Y es a ese tercio de la población israelí al que pertenecen los más recientes 'Yordim', en hebreo: los que se van del país. Arie M. Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica las causas y el impacto de esta fuga de cerebros israelíes. RFI: ¿Quiénes se están yendo de Israel? Arie M. Kacowicz: Se habla de profesionales del sector de la sociedad israelí, que es la parte dinámica. Por ejemplo, trabajan en high-tech (alta tecnología), un factor esencial en la economía que explica la riqueza de Israel, un país desarrollado con un ingreso per cápita de niveles europeos. RFI: ¿Cuáles son las razones de este éxodo de israelíes profesionales diplomados en los últimos dos años? Arie M. Kacowicz: La razón más obvia es que no se quiere vivir en Esparta o en un país anormal que enfrenta una situación de guerra permanente. Y acá hay una gran paradoja porque, desde el punto de vista regional, se abren posibilidades a Israel, pero eso implica terminar la guerra en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno sigue empujando barranca abajo a Israel hacia una situación de guerra perpetua que va a debilitar completamente el tejido de la sociedad israelí. También viendo la transformación paulatina de Israel en una democracia no liberal camino a dictadura también explica por qué muchos israelíes del ámbito más liberal y progresista están prefiriendo mudarse a Portugal o a Italia o a Canadá, no necesariamente al Estados Unidos de Trump. RFI: ¿Qué impacto tiene? Arie M. Kacowicz: Eso tiene consecuencias muy graves para el futuro de la economía de Israel. Y también porque si va a haber elecciones, y espero que las haya en octubre o noviembre de 2026, se habla de la fuga de posibles votantes de la oposición al actual gobierno israelí.

Xi Jinping encabezó en Lhasa las grandiosas celebraciones del 60.º aniversario de la región autónoma del Tíbet, durante una visita excepcional en la que hizo un llamamiento a la 'unidad interétnica'. El presidente chino realizó el miércoles su segunda visita como jefe de Estado a la región autónoma del Tíbet, un territorio montañoso del suroeste de China cuya historia está marcada por una larga alternancia entre la independencia y la soberanía de Pekín. En esta ocasión, Xi Jinping no escatimó en festejos para celebrar seis décadas de control sobre el Tíbet. Obsequiado con la khata budista —el pañuelo sagrado tibetano que engalana las ceremonias— y ante 20.000 funcionarios y habitantes locales de “todos los grupos étnicos”, según las autoridades, el líder chino habló sobre la necesidad de "guiar el budismo tibetano en la adaptación a la sociedad socialista". Una "adaptación" que no es un mero ajuste cultural o teológico, sino una estrategia de control del Partido Comunista Chino, según cuenta Anna Ferrer, doctoranda en historia en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en el conflicto. "Xi quiere lograr con el budismo tibetano lo mismo que con el resto de religiones permitidas en China", afirma Ferrer. La República Popular China, aunque atea, permite la práctica de ciertas religiones bajo estrictos parámetros gubernamentales que regulan la jerarquía eclesiástica. Y es en este punto donde Pekín se encuentra con un reto mayúsculo. El Dalái Lama, líder espiritual de los budistas, ha cumplido 90 años en la India, donde reside el gobierno tibetano en el exilio desde 1959. El escenario para su sucesión es aún incierto y complejo. Él mismo "había llegado a apuntar a la posibilidad de no reencarnarse", dice Ferrer. Si se reencarnara, la historiadora advierte que "es posible que exista una fragmentación entre un candidato elegido por el gobierno tibetano en el exilio y otro que contaría con el apoyo del gobierno chino". Pekín, por su parte, se aferra a la legitimidad del "proceso de la urna de oro", un método de designación de sucesores que data de la dinastía Qing y que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, defendió como la única herramienta válida para designarlo. "El gobierno chino implementa una política de libertad de creencias religiosas, pero existen regulaciones sobre asuntos religiosos y métodos para gestionar la reencarnación de los budas vivientes tibetanos", dijo entonces Ning. La comunidad internacional y la propia comunidad tibetana se enfrentarían a la difícil decisión de reconocer a uno u otro, lo que podría conducir a una división religiosa. La dificultad de la sucesión de los líderes budistas ya se hizo patente con el Panchen Lama, la segunda autoridad del budismo tibetano. Anna Ferrer explica que "el candidato avalado por el exilio tibetano acabó desapareciendo en circunstancias que nunca han terminado de aclararse". En su lugar, el gobierno chino impuso su propio candidato, generando una división profunda: "el exilio tibetano sigue reconociendo la legitimidad de ese candidato, de ese niño al que las autoridades chinas hicieron desaparecer en 1995", mientras que el candidato apoyado por Pekín ejerce como Panchen Lama dentro del Tíbet. Históricamente, la relación entre Tíbet y China ha sido compleja, "alternando periodos de vínculo matrimonial o relaciones patrón-sacerdote con otros de 'independencia relativa'", cuenta Ferrer. Tras la proclamación de la República Popular de China en 1949 y de que el gobierno de Mao Zedong se propusiera recuperar el control sobre el Tíbet, los objetivos de Pekín se han cumplido exitosamente. Según Ferrer, el gobierno chino "quiere terminar de ejercer un control efectivo sobre la religión budista tibetana, desde lo que es la práctica de los fieles hasta la jerarquía religiosa y también las normas en cuanto al culto". De su éxito dependerá la autonomía espiritual del Tíbet.