Enfoque Internacional

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui. Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.   Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales. Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país. En defensa de los servicios públicos  En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública: "Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas". Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año. También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia: "Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje". Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio: "Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide". Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.   “Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015. Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo. “La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa.  “Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua.  A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales.  “Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua.  Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.   Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado.   

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México. Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural.  "Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadounidenses. Eso produjo, por supuesto, una crisis económica y a nivel de efectivo. Y eso tuvo consecuencias en términos de acceso a la canasta básica, a poder cubrir las necesidades básicas. Hoy, cuatro años después, la situación se agudiza con esta disminución al financiamiento de la USAID, que se hizo concretamente entre marzo y abril. Esta agencia de desarrollo internacional el año pasado aportaba el 45% de la ayuda a Afganistán. También redujo sus aportaciones el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, tenemos ese escenario en donde se han reducido las principales ayudas. Y no solo ha sido Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Esos países también han recortado sus aportaciones. Se han cerrado, por ejemplo, muchos hospitales y clínicas. Entonces, ahora con esta tragedia no se tienen esos recursos y esto, por supuesto, compromete la vida de las personas". Hasta ahora, las autoridades talibanas no han presentado un plan de emergencia para asistir a los damnificados ni para la reconstrucción. Su mensaje se limita a reconocer que no pueden afrontar la crisis sin apoyo externo. Según Cristina de Lucio, esa postura revela una estrategia velada: "Afganistán es un país que, en 2021 cuando los talibanes llegaron al gobierno, dependía en un 75% de la ayuda extranjera. Es verdad que el país está en una condición de crisis y que hay dificultad para gestionar en razón de esta dependencia económica. Esto es indiscutible. Ellos no están mintiendo. Pero sí creo que están aprovechando esta coyuntura para incentivar, por un lado, el reconocimiento de su gobierno. Al mostrarse de cara al público como incapaces de gestionar esa tragedia, también hay una velada búsqueda, en cierto modo, de un reconocimiento de los talibanes como gobierno. Esto podría permitirles no solo evitar que se sigan reduciendo los financiamientos provenientes del exterior, sino que también se les vea como un interlocutor válido".

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs. El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación. El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas. Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como Humvees y vehículos militares de transporte tipo MRAPs. Arthur Estupiñán, ciudadano latino de Washington, ve con buenos ojos esta presencia militar. "El despliegue de la Guardia Nacional y los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha sido sumamente exitoso. En los últimos 7 a 9 días, no ha ocurrido ningún asesinato. Es una victoria para el presidente Trump. Esto va a traducirse en un crecimiento económico extraordinario porque ya las personas no tienen miedo pues ven que las ciudades son seguras". Un despliegue que cuesta más de 1 millón de dólares diarios Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto, cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI y la DEA han patrullado barrios, realizado redadas migratorias e instalado retenes militares y de tránsito para detener a supuestos criminales. Según investigaciones de organismos privados, este despliegue cuesta más de un millón de dólares diarios. Para un latinoamericano que prefirió guardar el anonimato por seguridad, y que trabaja en una empresa de mudanza, la sociedad vive bajo temor: "Todos están asustados de venir a [Washington] D.C. Trabajo para una empresa en la que todos son latinos, todos tienen miedo y nadie quiere venir a trabajar a DC. Nadie quiere arriesgarse. Mi mujer ni siquiera se arriesgó a traerme hoy al trabajo. Todo esto es una mentira porque nunca hubo el gran crimen que Trump dice que había antes". Unas 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las operaciones, según cifras del Departamento de Justicia. Sin embargo, oficiales del gobierno citados por The Wall Street Journal aseguran que la mitad de las detenciones corresponden a migrantes indocumentados en colegios de mayoría hispana, iglesias latinas, restaurantes y retenes improvisados. Don Folden, quien pone música frente a la Casa Blanca, no parece impresionado por la operación: "He estado en DC desde hace 50 años y tuvimos varios años entre los 80 y 90 en donde fuimos la capital mundial de los homicidios. Lo que [la administración Trump] está haciendo ahora no tiene nada que ver con la seguridad. Yo diría en cambio que es una distracción. Fíjese, cuando llegué esta mañana, vi a la Guardia Nacional recogiendo basura del parque". Según la Policía Metropolitana de Washington, que hoy está bajo control federal, los crímenes violentos se redujeron 23% en comparación con las dos semanas previas al decreto de emergencia. Sin embargo, expertos advierten que la baja puede responder a un efecto de choque, a la inactividad de la ciudad durante agosto y a que la tendencia ya era descendente antes de la militarización.

Hace 20 años, a finales de agosto, el huracán Katrina azotaba las costas de Luisiana dejando 1800 muertos y cientos de miles de desplazados. Hoy en día, la ciudad, que se sitúa bajo el nivel del mar, está mejor preparada, pero enfrenta otro reto: las lluvias torrenciales. Y para reducir los riesgos, la ciudad apuesta por métodos naturales. Hace dos décadas, los diques de la ciudad de Nueva Orleans - ubicada en promedio a 1.8 metro por debajo del nivel del mar- colapsaron por la marejada ciclónica del huracán Katrina de categoría 5. Cerca de 80% de la ciudad fue devastada por las aguas de los lagos que la rodean. "La estructura anterior era muy inadecuada ante la magnitud del huracán Katrina. En muchos casos el nivel del agua subió entre 7 y 9 metros con olas de 3 metros. Entonces los diques de 4 metros que rodeaban Nueva Orleans no bastaron”, recuerda el ingeniero civil Lewis Link, de la Universidad de Maryland. La tragedia reveló también la segregación social de la ciudad donde viven muchos descendientes de esclavos. “Históricamente, los terrenos más altos, al lado del Misisipi, eran de las élites blancas. Y las comunidades negras y pobres fueron relegadas a las tierras pantanosas más bajas expuestas a las inundaciones”, detalla Ivis García, profesora asociada a la Universidad de Texas y especialista en temas de vivienda y justicia. Aunque las zonas mas acaudaladas de la ciudad también sufrieron de las inundaciones, la población más modesta sufrió más de la catástrofe por la falta de vehículos para evacuar los lugares. A raíz de la catástrofe, la ciudad edificó en un tiempo récord un sistema más robusto para disminuir el riesgo de inundación masiva. “El nuevo sistema que se construyó y que tenemos ahora es un sistema completo de reducción de riesgos. Hablo de reducción de riesgos y no de 'protección' porque podemos mitigar el riesgo, pero no eliminarlo. El sistema actual incorpora el riesgo de aumento del nivel del mar y el hundimiento de las tierras a causa de terreno húmedo y del bombeo de agua para mantener la ciudad seca. El sistema actual de la ciudad conecta estaciones de bombeos, diques, muros de contención y compuertas." Estas obras faraónicas de ingeniería civil, que tuvieron un costo 14,5 mil millones de dólares, mostraron su capacidad de resistencia en 2021 durante el paso del huracán Ida de categoría 4. Lluvias torrenciales, el otro reto Pero Nueva Orleans enfrenta otro reto. "Actualmente, Nueva Orleans es sobre todo vulnerable a las lluvias torrenciales. La ciudad es una cuenca. Y el nuevo sistema de bombeo ha mejorado sustancialmente, pero no tiene la capacidad para luchar contra un evento extremo de lluvias", apunta el ingeniero Lewis Link, en entrevista con RFI. Entonces la ciudad ha apostado por infraestructuras verdes, desde 2007, por un total de 1710 millones de dólares en el marco del Plan Director Costero. Las obras de creación de humedales y la restauración de la vegetación costera permiten amortiguar las olas de los huracanes, por ejemplo. Se han impulsado también tres proyectos de litoral vivo, que consiste en fomentar la multiplicación de arrecifes de ostras o de vegetación, mediante la colocación de estructuras de concreto en los que se fijan los organismos vivos, creando una barrera natural contra las olas. En el entorno urbano, para atenuar las lluvias torrenciales cada vez más intensas, la ciudad construyó también calles con un pavimento permeable, así como una red de 8 parques esponja como el Parque Mirabeau, capaz de almacenar el equivalente de 16 piscinas olímpicas. "En el seno de la ciudad, Nueva Orleans ha desplegado una serie de iniciativas para manejar el agua, vivir con ella, como dicen los holandeses. Se trata de almacenar el agua y dejar que se infiltre, con la ayuda de la vegetación. Es algo muy eficaz contra la amenaza de las lluvias torrenciales". Un desafío ambiental y también social dado que el cambio climático impactará más duramente a la población afroamericana y pobre concentrada en las partes bajas de la ciudad.

Se trata de un hito memorable en el reconocimiento de la violencia de los crímenes coloniales perpetrados por Francia. Uno de los tres craneos devueltos este 26 de agosto a Madagascar sería el del rey Toera, último soberano independiente del reino Sakalava de Menabe. Es la primera vez que Francia aplica una ley aprobada en 2023 con el objetivo de simplificar la restitución de los restos humanos pertenecientes a colecciones públicas.  Se trata de la historia de una violenta traición. El rey Toera ya había aceptado deponer las armas e iniciar negociaciones con las fuerzas coloniales cuando las tropas francesas lo asesinaron y decapitaron en la masare de d’Ambiky, perpetrada a finales de 1897 y en la que perecieron cientos, quizá incluso miles, de malgaches Con la cabeza del soberano, cayó todo el reino. El pueblo sakalava se vio privado de sus rituales y de su duelo, mientras que el cráneo del rey fue llevado lejos de su isla ancestral, a la tierra del colonizador. 128 años después, tras permanecer en el Museo del Hombre,  estos restos humanos expoliados y exiliados son devueltos oficialmente por Francia a Madagascar.  Para el historiador Jeannot Rasoloarison, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Antananarivo y especialista en las luchas anticoloniales en Madagascar. se trata de un reconocimiento a la emancipación colonial   "Lo que queremos sobre todo con la restitución del cráneo de Ampajaka Toera y de los demás guerreros sakalava es una reparación memorial y material de los crímenes que los franceses cometieron durante la colonización. Es una forma de reconocer la existencia de las luchas anticoloniales". Madagascar presentó una solicitud de restitución en 2003, pero tuvo que esperar 15 años antes de se empezara la búsqueda del cráneo real. Sin embargo, fue imposible una identificación científica definitiva de esta reliquia debido a la mala calidad del ADN de los restos. El rito remplazó a la ciencia. Los restos fueron llevados a una ceremonia tradicional en Madagascar en la que alma del propio rey descendió al cuerpo de una mujer en trance, que pudo identificar su cráneo en una foto. Durante su visita a la Gran isla en abril, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que esta restitución podría «crear las condiciones para el perdón por las páginas sangrientas y trágicas de la historia entre los dos países» ... Para el actual rey malgache , Georges Harea Kamamy es un momento importante de restitución de la memoria, pero sobre todo es un momento crucial en la historia del pueblo sakalava  "Para los sakalava, el regreso del rey Toera encarna dos dimensiones esenciales, la espiritual y la identitaria. Espiritual porque restablece el vínculo sagrado que faltaba en el linaje de losantepasados. Este eslabón perdido recupera por fin su lugar en la cadena del tiempo. Identitaria, porque el pueblo sakalava puede ahora reconectarse con lo que constituye su fuerza, una identidad forjada en la rebelión digna" El cráneo llegará el último día de agosto a a la ciudad de Ambiky, donde será objeto de ritos funerarios y conmemorativos será objeto de ritos y funerarios. Luego será trasladado al oeste del país, para ser enterrado en la tumba real donde se reunirá con los huesos de su esqueleto y con su linaje.

Los estudiantes se preparan para pasar a una nueva etapa con responsabilidades políticas ante un movimiento que persiste desde hace diez meses contra el Gobierno de Aleksandar Vučić . Este verano, las imágenes que llegan de las repetidas protestas antigubernamentales en Serbia han cambiado de tono. Gobierno y activistas se acusan mutuamente de utilizar medios violentos en las manifestaciones que suceden en distintos puntos del país, donde es más habitual que opositores y seguidores de Vučić se enfrenten en las calles. El momento más álgido de la violencia se vivió la noche del lunes 18 de agosto, con la demolición de una sede del partido gobernante SNS y una veintena de manifestantes detenidos. Las protestas empezaron tras un accidente el 1 de noviembre de 2024 en la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad del país. El movimiento nació pidiendo responsabilidades por la supuesta corrupción del gobierno en obras públicas, pero su crecimiento y persistencia ahora hace tambalear el gobierno de Vučić, que lleva once años en el poder.  “La gente se ha organizado para organizar protestas locales, bloqueando las calles, y, desde el 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, se ha visto mucha violencia por parte de quienes no apoyan a los estudiantes y por parte de la policía, que está arrestando a personas en las calles”, cuenta Anica Stamenkovic, miembro de la Junta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia, un organismo que representa a 108 organizaciones juveniles y es el máximo órgano representativo independiente de la juventud en Serbia. “Las protestas y los bloqueos de las calles comenzaron a ser más violentos, y cuando decimos violentos, nos referimos a que la gente está siendo golpeada, atropellada por coches, les lanzan piedras, artefactos pirotécnicos...", sigue Anica. El presidente serbio ha pasado de criminalizar a los manifestantes a pedir un debate con los estudiantes en televisión, que se plantean formar un partido político. Algo que ellos rechazan mientras piden elecciones generales de inmediato. "Desafortunadamente, la hora del diálogo ha terminado. No puede haber debates televisivos mientras haya violencia en las calles. Creo que los estudiantes no quieren un duelo televisivo. Solo quieren derechos humanos básicos: vivir en un país con democracia y Estado de derecho", responde la líder estudiantil. Una encuesta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia revela que el 95% de los jóvenes de entre 15 y 30 años apoyan a los manifestantes. El mismo sondeo indica que el 60% de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.

Israel enfrenta una emigración sin precedentes. 84.000 ciudadanos israelíes abandonaron el país en 2024 tras el ataque de Hamás y la guerra del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. Un récord comparado con un promedio anual de 36.000 entre el 2009 y el 2021, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. En su mayoría, son profesionales laicos, de izquierda o artistas —o, incluso, las tres cosas a la vez—. Ya no se reconocen en su país, y menos aún en sus dirigentes. Una broma israelí dice que "un tercio de la sociedad va al ejército. Un tercio trabaja y un tercio paga los impuestos. El problema es que son los mismos". Y es a ese tercio de la población israelí al que pertenecen los más recientes 'Yordim', en hebreo: los que se van del país. Arie M. Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica las causas y el impacto de esta fuga de cerebros israelíes. RFI: ¿Quiénes se están yendo de Israel? Arie M. Kacowicz: Se habla de profesionales del sector de la sociedad israelí, que es la parte dinámica. Por ejemplo, trabajan en high-tech (alta tecnología), un factor esencial en la economía que explica la riqueza de Israel, un país desarrollado con un ingreso per cápita de niveles europeos. RFI: ¿Cuáles son las razones de este éxodo de israelíes profesionales diplomados en los últimos dos años? Arie M. Kacowicz: La razón más obvia es que no se quiere vivir en Esparta o en un país anormal que enfrenta una situación de guerra permanente. Y acá hay una gran paradoja porque, desde el punto de vista regional, se abren posibilidades a Israel, pero eso implica terminar la guerra en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno sigue empujando barranca abajo a Israel hacia una situación de guerra perpetua que va a debilitar completamente el tejido de la sociedad israelí. También viendo la transformación paulatina de Israel en una democracia no liberal camino a dictadura también explica por qué muchos israelíes del ámbito más liberal y progresista están prefiriendo mudarse a Portugal o a Italia o a Canadá, no necesariamente al Estados Unidos de Trump. RFI: ¿Qué impacto tiene? Arie M. Kacowicz: Eso tiene consecuencias muy graves para el futuro de la economía de Israel. Y también porque si va a haber elecciones, y espero que las haya en octubre o noviembre de 2026, se habla de la fuga de posibles votantes de la oposición al actual gobierno israelí.

Xi Jinping encabezó en Lhasa las grandiosas celebraciones del 60.º aniversario de la región autónoma del Tíbet, durante una visita excepcional en la que hizo un llamamiento a la 'unidad interétnica'. El presidente chino realizó el miércoles su segunda visita como jefe de Estado a la región autónoma del Tíbet, un territorio montañoso del suroeste de China cuya historia está marcada por una larga alternancia entre la independencia y la soberanía de Pekín. En esta ocasión, Xi Jinping no escatimó en festejos para celebrar seis décadas de control sobre el Tíbet. Obsequiado con la khata budista —el pañuelo sagrado tibetano que engalana las ceremonias— y ante 20.000 funcionarios y habitantes locales de “todos los grupos étnicos”, según las autoridades, el líder chino habló sobre la necesidad de "guiar el budismo tibetano en la adaptación a la sociedad socialista". Una "adaptación" que no es un mero ajuste cultural o teológico, sino una estrategia de control del Partido Comunista Chino, según cuenta Anna Ferrer, doctoranda en historia en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en el conflicto. "Xi quiere lograr con el budismo tibetano lo mismo que con el resto de religiones permitidas en China", afirma Ferrer. La República Popular China, aunque atea, permite la práctica de ciertas religiones bajo estrictos parámetros gubernamentales que regulan la jerarquía eclesiástica. Y es en este punto donde Pekín se encuentra con un reto mayúsculo. El Dalái Lama, líder espiritual de los budistas, ha cumplido 90 años en la India, donde reside el gobierno tibetano en el exilio desde 1959. El escenario para su sucesión es aún incierto y complejo. Él mismo "había llegado a apuntar a la posibilidad de no reencarnarse", dice Ferrer. Si se reencarnara, la historiadora advierte que "es posible que exista una fragmentación entre un candidato elegido por el gobierno tibetano en el exilio y otro que contaría con el apoyo del gobierno chino". Pekín, por su parte, se aferra a la legitimidad del "proceso de la urna de oro", un método de designación de sucesores que data de la dinastía Qing y que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, defendió como la única herramienta válida para designarlo. "El gobierno chino implementa una política de libertad de creencias religiosas, pero existen regulaciones sobre asuntos religiosos y métodos para gestionar la reencarnación de los budas vivientes tibetanos", dijo entonces Ning. La comunidad internacional y la propia comunidad tibetana se enfrentarían a la difícil decisión de reconocer a uno u otro, lo que podría conducir a una división religiosa. La dificultad de la sucesión de los líderes budistas ya se hizo patente con el Panchen Lama, la segunda autoridad del budismo tibetano. Anna Ferrer explica que "el candidato avalado por el exilio tibetano acabó desapareciendo en circunstancias que nunca han terminado de aclararse". En su lugar, el gobierno chino impuso su propio candidato, generando una división profunda: "el exilio tibetano sigue reconociendo la legitimidad de ese candidato, de ese niño al que las autoridades chinas hicieron desaparecer en 1995", mientras que el candidato apoyado por Pekín ejerce como Panchen Lama dentro del Tíbet. Históricamente, la relación entre Tíbet y China ha sido compleja, "alternando periodos de vínculo matrimonial o relaciones patrón-sacerdote con otros de 'independencia relativa'", cuenta Ferrer. Tras la proclamación de la República Popular de China en 1949 y de que el gobierno de Mao Zedong se propusiera recuperar el control sobre el Tíbet, los objetivos de Pekín se han cumplido exitosamente. Según Ferrer, el gobierno chino "quiere terminar de ejercer un control efectivo sobre la religión budista tibetana, desde lo que es la práctica de los fieles hasta la jerarquía religiosa y también las normas en cuanto al culto". De su éxito dependerá la autonomía espiritual del Tíbet.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas. Al menos, así lo asegura una fuente cercana a la operación en el Caribe. Una operación que se produce después de que Nicolás Maduro fuera acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles. La prensa estadounidense publicó que Washington manda a 4.000 marines a la zona. Los operativos militares de Donald Trump en aguas latinoamericanas y del Caribe han encendido las alarmas en una región con un largo historial de intervenciones e invasiones estadounidenses. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el principio de no intervención. Entrevistado por Radio Francia Internacional, Víctor Mijares, profesor de Estudios Globales de la Universidad de los Andes en Colombia, considera que Estados Unidos está enviando un mensaje que corresponde a la llamada 'diplomacia coercitiva o diplomacia violenta'. Analizamos con el experto la situación. . RFI: ¿Hasta dónde se podría pensar que este escenario en el Caribe es el preludio de una nueva invasión de Estados Unidos en América Latina? Víctor Mijares: En primer lugar, esto tiene que ver sobre todo con una operación naval. ¿Hay marines? Sí. Es decir, hay soldados de infantería que son para tierra, pero hasta el momento se mantiene como una operación naval. Es, por supuesto, algo un poco inusual, el volumen y el poder de fuego de estos buques. Pero, claramente, se quiere mandar un mensaje político en cuanto a que Estados Unidos va a seguir y va a volver a tener presencia en el Caribe. En ningún momento se ha hablado de intervención directa a los países, ni siquiera en el caso venezolano. Se ha hablado sobre todo del tema de interdicción y si tomamos en consideración el volumen de marinos y de infantería de Marina que están involucrados en esto, en realidad no alcanza para hacer una invasión. Estamos hablando de 4.000 o 4.500. Y recordemos que, en el 89, cuando se invadió y se ocupó y se derrocó a Noriega en Panamá, llegaron a ser casi 30.000. RFI: ¿No hay capacidad militar suficiente para una intervención? De entrada, no parece haber un volumen suficiente como para una ocupación de un país para hacer un desembarco. Los barcos que están allí tampoco hacen desembarco. Además, tenemos otro precedente. El famoso taco, el Trump ‘always check out’, la posibilidad de que Trump siempre se echa para atrás. O sea, que se acobarda o como lo quieras traducir. RFI: La operación incluye marines, Comando Sur y un submarino nuclear, ¿porque un despliegue de tal magnitud para combatir las rutas del narcotráfico en el Mar Caribe? Víctor Mijares: En realidad esto parece ser un despliegue muy grandilocuente, muy exuberante, pero no lo es tanto desde el punto de vista operacional. Esto parece ser parte de lo que tradicionalmente hemos visto en el último año de la administración Trump que está dividida entre sectores petroleros mucho más pragmáticos que se entienden con Nicolás Maduro, que se entienden con cualquiera, con tal de hacer negocios minero energéticos. Y, por otra parte, un sector, cuya cabeza visible sería Marco Rubio, que trata constantemente de mantener agitadas las aguas en función de su base electoral que está principalmente en la Florida, sobre todo en el sur de la Florida. Estoy hablando de cubanos, pero también de colombianos, de venezolanos y otros latinoamericanos que quieren que haya presión militar contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, principalmente, y,en menor medida, Colombia, porque también ven a Gustavo Petro como una amenaza en ese sentido. El mensaje de esta operación militar estadounidense responde a la 'diplomacia coercitiva o diplomacia violenta' que consiste en mandar mensajes muy contundentes dicendo que 'Maduro es un fugitivo de la justicia y que no es el presidente legítimo de Venezuela'; pero, al mismo tiempo, renuevo las licencias y no envío ningún tipo de fuerza de desembarque creible como para lograr un cambio de gobierno. 

La operación 'Conquista de Gaza', aprobada por el Gobierno israelí, disparó la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu ante el peligro que corren los 49 rehenes aún en poder de Hamás y el  sufrimiento de los más de dos millones de habitantes del territorio palestino, amenazados por una "hambruna generalizada", según la ONU. Cientos de pilotos retirados de la fuerza aérea israelí se manifestaron el martes en Tel Aviv al grito de "¡Detengan la guerra!".  "Aterrador", así califica la ONU el plan israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza. "Un desastre anunciado» y "un paso hacia la guerra permanente", lamenta el presidente de Francia.  "Es casi imposible no provocar víctimas entre los rehenes y una gran catástrofe humanitaria" advierte International Crisis Group. El "costo humano será muy alto para los soldados israelíes", alertó el jefe del Estado mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, opuesto a la operación militar de Netanyahu. Conmocionada por el riesgo de muerte que corren los rehenes,  la opinión pública de su país, le exhorta a que pare la ofensiva militar.  No obstante, el primer ministro no cede. 'La conquista de Gaza' está decidida pese al alto precio humano y político que pagará Israel. Para Dario Teitelbaum*, analista y referente de la izquierda israelí, la tozudez guerrerista de Benjamin Netanyahu se explica desde lo  que está o no está dispuesto a hacer con tal de permanecer a la cabeza del gobierno de Israel. Darío Teitelbaum: “Se requiere una comprensión del ‘deal’ político que mantiene a Netanyahu y sus aliados en el poder. Por un lado, están los judíos ortodoxos que tienen dos intereses: no reclutar a los jóvenes ortodoxos y seguir recibiendo beneficios del Estado. Y, de otro lado, la extrema derecha israelí que tiene los ojos puestos en crear situaciones que permitan la ocupación de Cisjordania y la recolonización de la Franja de Gaza tras haber limpiado étnicamente parte de sus territorios y concentrado a la población solamente en una parte del territorio actual de la Franja. Estos dos condicionales son los que mantienen a Netanyahu en el poder”.  RFI: ¿Y por qué es tan crucial para él mantenerse en el poder? Darío Teitelbaum: “Porque tiene serios cargos en la justicia. En realidad, ya han sido juzgados. Eso es el primer motivo. El segundo es que Netanyahu se niega, junto con su gobierno, a establecer un comité o una comisión de investigación judicial que revise el previo al 7 de octubre. El 7 de octubre y el funcionamiento gubernamental antes de la masacre. Una comisión de esta clase no solamente acabaría con su vida política, sino que también lo sancionaría judicialmente, inhabilitándolo por vida de ocupar cargos públicos”. *Dario Teitelbaum, presidente de la Unión Mundial del partido de la izquierda israelí Meretz y residente en las cercanías   de la Franja de Gaza

Entre sábanas blancas varios hombres cargaban la mañana del lunes, los cuerpos sin vida de los cinco reporteros de la cadena Al Jazzeera, fallecidos en un ataque dirigido de las fuerzas israelíes en Gaza. Sobre el ataque, el mismo ejército del Estado Hebreo confirmó que su objetivo era Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de "terrorista" que "se hacía pasar por periodista". Por su parte la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que su asesinato hace parte de una estrategia “del gobierno israelí para controlar cómo se cubre este conflicto”. Reporteros Sin Fronteras pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante este caso del que se declaran horrorizados. Condena también de la Unión Europea y la ONU, que dice rechazar el asesinato de este grupo de periodistas y llama a Israel a "respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas". En la mañana del lunes, decenas de personas asistieron a los funerales celebrados en la ciudad de Gaza de los cinco periodistas del medio de comunicación Al Jazeera muertos en la Franja durante un bombardeo israelí. RFI entrevistó a Elena García, portavoz internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), quien anunció que ya habían alertado el peligro que corría el periodista Anas al Sharif. Leer tambiénLa cadena Al Jazeera anuncia la muerte de cinco de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza “RSF había alertado sobre el peligro que corría el periodista de Al Jazeera, Anas al Sharif, en octubre del 2024 y no se le protegió”, advirtió García y aseguró que ‘todo esto forma parte de una estrategia de lo que nosotros consideramos, un blackout mediático, una estrategia puesta en marcha deliberadamente por el gobierno israelí para controlar cómo se cubre este conflicto, para permitir el acceso únicamente a unas zonas muy precisas de la franja y para enmascarar todos los crímenes de guerra que se están cometiendo”. Estos reporteros se suman a una larga lista de víctimas fatales desde que se inició el conflicto. La situación para el periodismo en la Franja de Gaza es crítica y “ejercer esta profesión es cada vez más difícil” según datos de Reporteros Sin Fronteras. Desde octubre de 2023, cerca de 200 periodistas han sido asesinados en Gaza. “Ya no sabemos cuántas personas quedan allí para poder informarnos. Además, desde el inicio de la guerra hemos visto que los periodistas se enfrentan a diferentes amenazas”, aseveró la portavoz. “Sus redacciones, sus lugares de trabajo han sido totalmente destruidos. También sus casas. No tienen electricidad, no tienen acceso a Internet, ya no tienen material de trabajo, pero tampoco material de protección; por lo que son totalmente vulnerables”. Elena García añadió que “los periodistas que están allí encerrados ya no tienen fuerzas vitales para poder seguir cubriendo este conflicto”, en alusión a la falta de comida. Las acusaciones del ejército israelí contra Anas al-Sharif “No son creíbles”, denunció hace unas semanas el Comité para la Protección de los Periodistas. Estas acusaciones también han sido desmentidas por el canal catarí Al Jazeera y por el relator especial de la ONU para la libertad de expresión.

Un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) documenta los horrores padecidos por más de 1.300 palestinos, entre ellos 71 niños, atendidos en dos clínicas de la ONG en el sur de Gaza. El documento revela una violencia precisa y con un patrón claro de parte del ejército israelí y contratistas estadounidenses contra los civiles que buscan alimentos en los centros de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). Son “trampas mortales” asegura la organización humanitaria. Esto no es ayuda. Es una masacre orquestada, se titula el informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) hecho con base en los testimonios y documentación clínica de más de mil palestinos hambrientos heridos a bala en los lugares de distribución de alimentos de ña Fundación Humanitaria de Gaza, la polémica institución privada apoyada por Israel y EE. UU.         En entrevista con Radio Francia Internacional (RFI), José Mas, responsable en MSF de la Unidad de Emergencias en Gaza, explica por qué "en esos lugares la ayuda humanitaria no es cierta, no es digna y no es segura".  RFI: Médicos Sin fronteras califica a estos centros de distribución de ayuda apoyados por Israel y Estados Unidos de ‘trampas mortales’. ¿Por qué? José Mas: "Nosotros no estamos presentes en los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, como se hace llamar. Pero hemos recogido datos e informaciones a través de los testimonios de los  1.380 pacientes que llegaron entre el 7 de junio y el 24 de julio y también los datos médicos y en la observación directa de nuestros médicos y enfermeros en las dos clínicas o centros de salud que apoyamos tanto en Almawasi como en Al Atar. Lo que nuestros equipos han recogido de los testimonios y han podido ver muestra que hay una violencia inusitada en estos puntos de distribución que no hemos visto en ningún otro país del mundo en los 54 años que llevamos operando como Médicos sin Fronteras cuando se trata de civiles desarmados que van a buscar comida o ayuda humanitaria. Los análisis médicos han mostrado que esa violencia, en ocasiones, es intencional. En el 11% de los heridos de bala que recibimos en el centro de salud de Almawasi, las heridas de bala se produjeron en torno a la cabeza y al cuello. 19% en el tórax, que incluye espalda, pecho, cintura. En el centro de salud de Al Atar vimos una prevalencia de heridas de bala en las extremidades inferiores. Esto muestra que hay patrones en los diferentes sitios de distribución. Y lo que no podemos dejar de ver es que hay una precisión anatómica tal que difícilmente hace pensar en que sea al azar, en que sean disparos al aire. Tal precisión anatómica nos hace pensar que es más bien intencional".  RFI: ¿Qué relatan los heridos que llegan a sus clínicas? ¿Quiénes les disparan y por qué razón? José Mas: "La mayoría de pacientes o sus cuidadores, porque en ocasiones venían acompañados, es que les disparaban las tropas israelíes. Estos puntos de distribución se encuentran en zonas militarizadas bajo control de las tropas israelíes, lo que hace muy improbable que hubiese otros grupos armados en la zona, sin que estos fueran neutralizados por las tropas israelíes. Por esa razón, por los patrones que hemos visto en cuanto a las extremidades inferiores o en la zona alta del cuerpo, y también por otro tipo de heridas que estamos viendo, como, por ejemplo, el uso de gas pimienta a muy poca distancia de los individuos palestinos que iban buscando comida, pensamos que las medidas de control de multitudes no son apropiadas y que esconden cierta trampa mortal donde civiles desarmados son disparados cuando van a buscar ayuda".  RFI Es decir, que allí puede haber heridos civiles de todas las edades.  José Mas: "Efectivamente, dentro de los 1.380 pacientes que hemos visto en ese periodo, contamos con 71 niños heridos de bala. Entre ellos tenemos cinco niñas. Y hay un caso emblemático de un niño de 12 años que fue solo al punto de distribución para intentar conseguir algo de comida para su familia. Esto es perturbador porque vemos cómo las familias tienen que desarrollar mecanismos de supervivencia enviando a los componentes de la familia que todavía están vivos y que son los más aptos para luchar en esa jungla que se arma en estos puntos de distribución. La desesperación hace mella, evidentemente, y hay pacientes que relatan haber tenido que recorrer distancias de muchos kilómetros armados con cuchillos o con otras armas blancas, para acceder o poder defender lo poco que han conseguido arramblar en esos puntos de distribución. Vemos también estampidas. El pánico provoca que haya asfixia en las multitudes. Son lugares donde la ayuda humanitaria no es cierta, no es digna y no es segura".  RFI: ¿Qué pide Médicos Sin Fronteras, una de las pocas ONG que quedan en Gaza y ha sido receptáculo de las víctimas de estas violencias?  José Mas: “Hemos sido el receptáculo, efectivamente, junto con otras organizaciones organizaciones compañeras como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene un hospital de campaña también en la zona de Almawuasi, o el Ministerio de Salud, que también ha recibido heridos en sus hospitales. Desde Médicos Sin Fronteras pedimos que esto pare ya. Los puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza tienen que ser cerrados y desmantelados inmediatamente. Los estados que los apoyan, como Estados Unidos, deberían detener todo respaldo diplomático y financiero a esta entidad, dado que además hay serias alegaciones respecto a los llamados american contractors o contratistas que pueden haber cometido crímenes de guerra. Pedimos que todos los Estados, todos los gobiernos, utilicen todos los medios diplomáticos y políticos para presionar a Israel para que se permita la entrada de ayuda humanitaria sin ningún tipo de bloqueo ni restricción, cosa que no está ocurriendo hoy en día. Solo con ayuda humanitaria en cantidad suficiente que llegue a todas partes en la Franja de Gaza, lograremos que incluso los más vulnerables - ancianos, niños, familias en las que la uncia sobreviviente es la mujer y se tiene que encargar de todos los demás familiares y de todos los enfermos- se consiga descender la presión para que la gente no tenga que jugarse la vida cuando va a buscar un poco de comida a los puntos de distribución”.  MSF también pide el restablecimiento del mecanismo de ayuda coordinado por la ONU.  

Aún quedan muchos detalles por hacerse oficiales, pero Moscú ha confirmado que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán próximamente para tratar la paz en Ucrania. Un encuentro en el que no estaría presente el tercer implicado, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski. RFI habló con un experto sobre la posible reunión y qué consecuencias podría tener.   El propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, se aventuró a anunciar que Emiratos Árabes Unidos sería el posible punto de encuentro con su homólogo estadounidense Donald Trump para tratar la paz en Ucrania, todo ello después de que el Kremlin declarase que una reunión entre ambos mandatarios tendría lugar próximamente. Desde Washington no hay confirmación oficial y algunos medios norteamericanos explican que Washington quiere arrancar el compromiso de Putin de que también se reunirá con Zelenski. Donald Trump prometió en su regreso a la presidencia que terminaría con este conflicto rápidamente, pero de momento su presión no ha dado frutos y Putin parece seguir gestionando el conflicto a su ritmo. Radio Francia Internacional analizó el posible encuentro con Manuel Gazapo, doctor en relaciones internacionales por Universae.

En Japón, las ceremonias de conmemoración de los bombardeos atómicos de EEUU sobre Hiroshima y Nagasaki comienzan este miércoles 6 de agosto. Las bombas atómicas lanzadas por EEUU al final de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, el 6 y el 9 de agosto de 1945, causaron un más de 210.000 muertos, entre ellos cerca de 40.000 niños, y 150.000 heridos. Reportaje de Bruno Duval, enviado especial de RFI. Presentación, Angélica Pérez En estas dos ciudades martirizadas, más allá de la emoción, esta semana predominarán el resentimiento y la ira, ya que muchas de las personas que sobrevivieron a los bombardeos fueron víctimas de discriminación durante toda su vida. El propio Gobierno japonés sigue discriminando a algunos supervivientes. Matsuyoshi Ikeda tenía 7 años en agosto de 1945: “Muchos de los supervivientes de los bombardeos tuvieron grandes dificultades para encontrar trabajo. Como habían estado expuestos a la lluvia radiactiva, las empresas desconfiaban de ellos. La mayoría de los empleadores pensaban que no era buena idea contratarlos, ya que no serían empleados fiables. Corrían el riesgo de estar de baja por enfermedad con demasiada frecuencia si, debido a la radiación, tenían graves problemas de salud, como cáncer o leucemia, por ejemplo”. La segregación también afecto la vida privada. Tomoko Matsuo de 92 años da su testimonio: “Afortunadamente, no es mi caso, pero los estudios lo demuestran de manera indiscutible: muchas supervivientes nunca lograron casarse. Los hombres pensaban que, debido a la radiación a la que habían estado expuestas, serían infértiles. O que solo serían capaces de dar a luz a bebés débiles, con salud frágil o con malformaciones...  por ejemplo, sin dedos”. Leer también80 años después de Hiroshima y Nagasaki, los supervivientes se enfrentan al olvido Miles de habitantes de Hiroshima y Nagasaki que se encontraban en esas ciudades el 6 o el 9 de agosto de 1945 no están considerados oficialmente como víctimas de los bombardeos atómicos. debido a que no pudieron demostrar su presencia en las inmediaciones del punto de impacto de las bombas, es decir, en el muy estrecho perímetro delimitado por el Gobierno y donde la lluvia radiactiva fue más intensa. A ojos de las autoridades, estos habitantes solo “experimentaron los bombardeos atómicos, pero no los sufrieron”. Por lo tanto, no se benefician de la gratuidad de la asistencia sanitaria, a diferencia de las víctimas reconocidas como tales.   Una “discriminación estatal” indigna, afirman con enojo los habitantes.  Shiro Suzuki, alcalde de Nagasaki: “Una discriminación geográfica de este tipo no tiene sentido, ya que incluso personas que se encontraban a dos kilómetros del punto de impacto de las bombas se vieron afectadas por la radiación atómica. De hecho, estos supervivientes no reconocidos como víctimas están envejeciendo y muchos tienen graves problemas de salud, por lo que necesitan ayuda urgentemente. Por mi parte, en cualquier caso, no cederé y seguiré presionando sin descanso a las autoridades para que revisen su postura”.  A lo largo de las conmemoraciones, las víctimas de los bombardeos exigirán a las autoridades que pongan fin a esta discriminación. Lo mismo hará la asociación Hidankyo, que las agrupa y que el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Se acerca en Bolivia la elección presidencial, que será el domingo 17 de agosto, y entre los temas que están proponiendo los candidatos para salir de la crisis económica crónica del país se repite desarrollar la ganadería y la agricultura a gran escala. Es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer. RFI viajó a la región oriental de Santa Cruz para hablar con unos y otros.  Con nuestro corresponsal en Bolivia, Nils Sabin La agricultura a gran escala es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer. En San Javier, la campaña para la elección presidencial del 17 de agosto es seguida con mucha atención. Esta pequeña ciudad de 15.000 habitantes es la cuenca lechera más importante del departamento de Santa Cruz y los ganaderos locales tienen esperanza de ver su sector apoyado por el próximo presidente, como cuenta María Gloria Paz Tambare, presidenta de la asociación de ganaderos de San Javier : “Ojala, y dios quiera, que haya un cambio y que el nuevo gobierno que venga mire que la producción y el adelanto y el progreso están en el campo.” A pesar de las leyes ambientales muy permisivas y de los préstamos a tasas bajas, el agronegocio tiene la sensación de haber sido tratado muy mal por los gobiernos de izquierdas de los últimos 20 años. Para la ganadera, es urgente que un presidente aún más favorable a este sector llegue al poder. “Nosotros la tenemos muy clara la figura de que si no hay exportación, si no hay liberación de aranceles, si no hay apoyo, con seguridad que este país se va a ir al bombón” Es también el punto de vista de Mauricio Tambare, un ganadero encontrado en su estancia, a unos kilómetros de San Javier. Para el, los candidatos tienen que inspirarse de otros presidentes de derecha del continente : “Nos gusta lo que hace Milei, nos gusta lo que ha hecho Bukele y nosotros aspiramos a que, no digo que sea lo mismo pero que sea muy parecido a lo que hace Milei” Pero dentro la Central indígena Païkoneka, que agrupa alrededor de 60 comunidades autóctonas en San Javier,  hay preocupación por estas propuestas, ya que no son cuestionadas por los candidatos de izquierdas, indica Brian Baca Talamas, “le hemos analizado todas las propuestas de todos los candidatos y en ni una favorece de ninguna forma a los pueblos indígenas o al medio ambiente”. De hecho, reforzar el peso del agronegocio en la economía boliviana significa ampliar la frontera agrícola, lo que favorecerá la deforestación y los incendios. Para oponerse a eso, la Central indígena païkoneka ya está pensando en movilizaciones para después de la elección contó a RFI Maria Suarez Macoño, una de los dirigentes de la organización: “Estamos unidos, todos los pueblos de las tierras bajas, que cuando pase este 17 de agosto y quien salga presidente, hacer una marcha para decir que se respeten nuestro territorio y que se respeten nuestros derechos.” En 2024, Bolivia fue el segundo país con más pérdidas de bosque primario a nivel mundial, después de Brasil, y por el momento, parece que ningún candidato está dispuesto a cambiar este rumbo.

La presión internacional y doméstica ha aumentado en las últimas semanas para que el Gobierno ucraniano aplique las esperadas reformas en políticas anticorrupción, tras la aprobación de una medida que amenazaba la independencia de las agencias anticorrupción. Volodimir Zelenski estrecha el cerco contra la corrupción tras la presión internacional. El Parlamento de Ucrania vota hoy la contrarreforma sobre la independencia de las agencias anticorrupción del país después de que los mismos diputados centralizaran esos poderes a la Fiscalía hace solo una semana. Ahora el presidente ucraniano da marcha atrás siguiendo la petición directa de Ursula von der Leyen -que lo llamó el pasado domingo-, las manifestaciones en Kyiv y la decisión de la Comisión Europea de bloquear 1.500 millones de euros de ayuda. “El debate sobre los movimientos efectivos hacia la Unión Europea y la reforma anticorrupción está ahora definitivamente en crisis en Ucrania”, dice Kateryna Ryzhenko, directora adjunta de Transparencia Internacional Ucrania, al micrófono de RFI. Según informa la ONG estadounidense OCCRP (Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción, en inglés), las agencias anticorrupción investigan actualmente a “figuras próximas a Zelenski, incluyendo cargos de la Oficina Presidencial liderada por Andrey Yermak”. Tres promesas incumplidas La independencia de los organismos encargados de perseguir la corrupción no es el único dosier caliente en la mesa de Zelenski. El viernes pasado, la Comisión Europea bloqueó el pago de un tercio de los 4.500 millones de euros en ayuda a Kyiv debido al incumplimiento de tres de las reformas prometidas: la descentralización de la organización territorial, la selección de jueces en el Tribunal Superior Anticorrupción y la regulación de la agencia ARMA, la entidad responsable de recuperar activos procedentes de tramas corruptas. En respuesta a la creciente presión, el domingo Zelenski firmó la tercera de la lista, tras dos semanas de espera de la ratificación y meses de bloqueo en el Parlamento. La reforma de esta agencia es una petición “histórica” de las organizaciones no gubernamentales, “desde antes de la invasión rusa”, según cuenta Ryzhenko. La firma final llegó con reticencias por parte de muchos diputados. “Hubo mucha oposición política durante mucho tiempo y fue imposible de hacer la reforma. No había apoyo en el Parlamento, ya que se trata de activos de procesos penales de casos de corrupción, y el Parlamento está lleno de diputados que automáticamente se verían afectados por el buen funcionamiento de la oficina de recuperación de activos”, dice Ryzhenko. Deberes pendientes Con la reforma ARMA en la mano, la entidad entra un periodo de transición en el que deberá renovar los cargos ejecutivos y colaborar con mayor eficacia con las autoridades judiciales en perseguir casos de corrupción, trazar los activos malversados, gestionarlos y devolverlos al Estado. Pero la lista de deberes pendientes no termina aquí. El Ukrainian Facility Plan y las Hojas de Ruta que Kyiv desarrolló junto con la Unión Europea “contienen casi todo lo que se necesita abordar en los próximos cinco años para que Ucrania avance con éxito hacia la Unión Europea”, continúa Ryzhenko. Entre las tareas que siguen incompletas destaca la nominación de un jefe de la Oficina de Seguridad Económica, la resolución de las vacantes de jueces en concurso público y una ley acompañando los cambios de ARMA en el Código Penal que todavía no está registrada, según relata el equipo de Transparencia Internacional en Kyiv.

Solo este julio, 68 personas han muerto en Gaza por causas relacionadas a la desnutrición, según el Ministerio de Salud local. Veintiséis eran bebés y niños. Por su edad y complexión, los más pequeños están sufriendo aún más la hambruna inducida por el bloqueo de Israel que, presionado por esta alarma internacional, estableció este domingo treguas diarias en tres zonas de la franja para una entrega "mínima" de ayuda Cada día, al hospital Al-Shifa de ciudad de Gaza llegan más personas con desnutrición. Musab, de 14 años, yace en una de sus camas. En mayo, una bomba israelí lo hirió en el cráneo y lo dejó paralizado. Solo puede alimentarse por sonda, pero la falta de nutrientes, debido al cerco alimentario de Israel, lo ha dejado en los huesos… Ali Musab Al-Dibs, padre de Musab, cuenta: “Musab sufre fiebre alta, convulsiones, problemas para respirar y ahora una grave pérdida de peso debido a la falta de comida, agua, leche y de todo en Gaza. Musab pesaba 35 kilos, y ahora no supera los 15”. Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros” Shaza, desplazada de la Franja de Gaza Su padre, Ali, describe una hambruna que se está extendiendo. Las muertes ligadas a la desnutrición superan el centenar desde octubre de 2023, y la mitad ocurrieron este julio. De la cifra total de fallecidos, un 70 % eran bebés y niños. Ali teme por su pequeño y ruega, impotente, que lo evacúen de la franja: “Lloro mucho porque no puedo hacer nada por Musab. No puedo ofrecerle nada. Apelo a la comunidad internacional para que le ayude a recibir tratamiento en el exterior”. "Incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde" En la capital gazatí también está Shaza. Desplazada del norte por la fuerza, se refugia con su hijo, su marido y otros 12 familiares. Está desesperada, porque conseguir comida es casi imposible: “Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros”. Leer tambiénLa población israelí cuestiona la pausa 'táctica' para la entrada de ayuda en Gaza Sin alimentos y con escasez de insumos, los médicos tratan esta desnutrición como pueden. Daniela de Oliveira Mota, responsable de enfermería de Médicos sin Fronteras, explica que están desbordados, y que el suplemento nutricional que dan a los niños no solo no es efectivo sin una alimentación adecuada, sino que para la mayoría hoy sirve de única comida. “Los niños que atendemos, en muchos casos, llegan con un aspecto esquelético, casi cadavérico. Con frecuencia esos bebés son hijos de madres que ya sufrían desnutrición durante el embarazo”, explica Daniela. Leer tambiénIsrael anuncia que autorizará el lanzamiento de ayuda desde el aire en Gaza Daniela agrega que, en la teoría, esta crisis podría resolverse con el ingreso irrestricto de ayuda. Pero, en el terreno, sus secuelas pueden ser irreparables en niños menores de 5 años.La responsable de MSF no duda al decir que la desnutrición puede tener consecuencias permanentes a largo plazo; puede afectar seriamente su desarrollo físico y cognitivo; y que, en algunos casos, "incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde".

En octubre próximo empezarán a llegar las primeras familias en los apartamentos de los edificios construidos para los Juegos Olímpicos de 2024, en Saint-Ouen, ciudad de la periferia parisina. Un proyecto ambicioso que, a pesar de no convencer a todos, infunde optimismo en la zona. Una larga decena de edificios, de colores luminosos y estilo neo industrial, sobresalen entre antiguas tabernas y las casas bajas del viejo Saint-Ouen. Estas calles fueron protagonistas, hace un año, del ajetreo de 14.000 atletas que llenaban de maletas el departamento más pobre de la región parisina. Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, aquí el paro es cerca del doble que en París capital y más de la mitad de la población recibe prestaciones sociales para pagar el alquiler. “Gentifricación planificada” Ahora, el nuevo barrio -que ocupa un terreno equivalente a 70 campos de fútbol- se prepara para acoger las familias que vivirán en 2.800 pisos de nueva construcción. Los baños de las minúsculas habitaciones de los atletas dan paso a amplias cocinas de viviendas familiares. En las calles vacías, los carteles anuncian la recta final de la “phase héritage” (fase herencia) de la Villa de los Atletas mientras se observan unas pocas parejas de obreros que ultiman los acabados desde terrazas de lujo. Algunas de ellas tienen unas espectaculares vistas al Sena y al distrito de la Defensa, el centro corporativo de París. Los emblemas de la capital se ven lejanos desde la periferia. Pero, a pesar de la distancia con el centro de la capital, los precios de las nuevas viviendas salieron a la venta alrededor de 7.000 euros el metro cuadrado, por debajo de los 9.500 euros de media en París capital, y cerca del doble del conjunto del departamento norte de Seine-Saint-Denis, según datos de la Cámara notarial de París. Durante los juegos, el proyecto levantó algunas críticas de colectivos como Saccage 2024, que argumenta que han subido los precios de la vivienda en el área y tachan el proyecto de gentrificación planificada. Leer tambiénVilla Olímpica de París 2024, un laboratorio XXL de los barrios del futuro “Proyecto de desarrollo del espacio público” Henri Specht, director de operaciones de la empresa publica SOLIDEO, argumenta que el proceso se ha realizado siempre en consultación con la comunidad local, mediante múltiples reuniones públicas, y que busca cohesionar socialmente la comunidad. “Es más que un proyecto inmobiliario. Se trata de un proyecto de desarrollo del espacio público. Organizamos dos grupos escolares que acogerán niños de dentro y fuera del perímetro de la Villa olímpica”; asegura Specht. De las 2.800 nuevas viviendas, 1.500 han sido compradas directamente por CDC Habitat, una sociedad pública de gestión de vivienda, que los alquilara en diferentes regímenes. El compromiso es que el 25% del total sea de alquiler social. Los vecinos con quien hablamos en los alrededores de Saint-Ouen se muestran optimistas. “Es un barrio hermoso, edificios bonitos. Sobre todo, nos permitió obtener nuevas infraestructuras, la construcción de la nueva escuela Aretha Franklin y la reconstrucción del estadio Pablo Neruda”, nos explicó Zhor en un centro deportivo. “Si son familias con niños, van a poner un poco de ambiente”, dice Montse, de origen ecuatoriano. El proyecto implica mejoras en equipamientos públicos. La nueva macroestación de metro Saint-Denis Pleyel -inaugurada poco antes de los Juegos- ya opera con normalidad atravesando el centro de París. Progresivamente, y hasta 2030, el Gran París Express estrenará cuatro nuevas líneas de metro y 68 estaciones con el objetivo de establecer una red de conexión que permita moverse entre las banlieues (periferias). El resultado de esta transformación metropolitana se empezará a ver a partir de octubre, cuando los primeros habitantes de la Villa Olímpica dejen atrás el sonido de la obra.

Un informe publicado por la ONG relata prácticas en tres centros de detención de Florida que vulneran los derechos humanos y la legislación estadounidense en materia de migración.  Hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó el lunes 21 de julio un informe acerca de las violaciones de derechos humanos en tres centros de detención de migrantes en Estados Unidos, en el estado de Florida, entre los meses de enero y junio de 2025. Estos abusos, resultado de la actuación sistemática y deliberada de los guardias de seguridad y de los agentes de inmigración del gobierno estadounidense en estas cárceles, son "el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", según el informe, elaborado a partir de entrevistas con reclusos del Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami. "Algunas de estas personas estaban detenidas en los lugares donde hacen el procesamiento hasta 11 días, donde no había camas, el aire acondicionado estaba muy alto y tenían que dormir en el piso, sobre el cemento", señala Vicki Gaubeca, directora asociada de HRW para temas de migración. El texto recoge casos en los que se obligaba a los presos a comer en el suelo como si fuesen perros, y también de mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Sin embargo, los abusos comienzan antes de llegar a las instalaciones, dentro de los autobuses en los que transportan a los detenidos. "Los trasladaban a todos encadenados, amarrados de pies, manos y cintura. También descubrimos que, en algunas ocasiones, los tuvieron detenidos en un autobús durante una noche entera, sin darles agua, ni comida ni la oportunidad de ir al baño. Es casi tortura", deplora Gaubeca. Saturación de cárceles En los tres centros de detención se supera la capacidad operativa. De acuerdo con el informe, en marzo, el número de detenidos en Krome era un 249% superior al nivel previo a la toma de posesión de Donald Trump, y en junio, los tres centros registraban una población un 111% más alta que antes de la investidura. Esto se debe principalmente a que el número de personas arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha hecho más que aumentar desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. A finales de junio eran 56.000, un 40% más que hace un año. Es la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, 7 de cada 10 detenidos no tenía antecentes penales. Desde Human Rights Watch observan una vuelta de tuerca respecto de la primera administración Trump. "Lo que ahora estamos viendo es una intención por parte del presidente en cuanto al maltrato y la crueldad en contra de los inmigrantes. Lamentablemente, creo que vamos a observar un aumento en los abusos a los derechos humanos de los inmigrantes. De todos, no sólo de los detenidos, sino también de los que están en la comunidad". A nivel estatal, 45 de los 181 centros de detención autorizados superaban su capacidad, según datos del ICE. La superpoblación de las cárceles "va a servir de pretexto a Trump para construir nuevas instalaciones como la de Miami", advierte Gaubeca, refiriéndose a la reciente y polémica "Alligator Alcatraz", situada en el parque nacional de los Everglades, al sur de Florida, con capacidad para 5.000 personas. Human Rights Watch está investigando otros centros en los estados de Tejas, Arizona y California, donde ya se han detectando abusos similares.