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GatoEncerrado, el periodismo explicativo para entender lo que está pasando en El Salvador. Visita nuestro sitio web: https://gatoencerrado.news/
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Nayib Bukele anunció en la madrugada del 28 de octubre la instalación de un cerco de seguridad en la colonia 10 de Octubre, del distrito de San Marcos, por la supuesta presencia de pandilleros en ese lugar. Al día siguiente, GatoEncerrado hizo un recorrido por la zona y conversó con algunos residentes, quienes expresaron estar de acuerdo con las medidas de seguridad implementadas por el gobierno, aunque estas vulneren los derechos humanos de la población. Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, atribuye esta postura al miedo que puede significar para muchos estar en contra de las medidas del gobierno. Los habitantes también manifestaron su resentimiento por el abandono de los gobiernos de ARENA y del FMLN en materia de seguridad y se mostraron dispuestos a respaldar la continuidad del régimen de excepción.
El mapa municipal de El Salvador fue rediseñado, según el bukelismo, para procurar austeridad e invertir los fondos públicos en obras y no solo en planillas salariales. Sin embargo, los datos oficiales revelan que los alcaldes ganan elevados salarios, incluso ganan más que el presidente de la República y se recetan jugosos gastos de representación. Algunos también ocultan lo que ganan. La economista Julia Evelyn Martínez sugiere que en el país se deberían establecer techos máximos salariales para los funcionarios y empleados públicos, de manera que las remuneraciones no sean antojadizas ni riñan con la realidad económica salvadoreña.
Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía Nacional Civil y exministro de Justicia y Seguridad durante el último gobierno del FMLN, ha enfrentado un proceso judicial bajo la acusación de desviar $14 millones provenientes de las tiendas institucionales de los Centros Penales. Tras esta imputación, pasó casi tres años en prisión preventiva, tiempo en el que, según dijo en una entrevista con GatoEncerrado, enfrentó una serie de irregularidades. Entre ellas, la vulneración de sus garantías legales y la imposibilidad de defenderse adecuadamente tanto en los tribunales como en un proceso simultáneo de expulsión de la Policía. El juicio ya terminó, solo falta que este 25 de octubre el Tribunal Quinto de Sentencia anuncie su decisión de absolver o condenar a Ramírez Landaverde y otros nueve acusados.
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Créditos
Nota: Francisco Otero
Audionota: Verónica Blanco
Edición: Ezequiel Barrera
Un día de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Nayib Bukele cumpliera la mitad de su mandato, la Policía Nacional Civil generó un reporte que vinculaba a agentes policiales con el asesinato de 279 personas en los 33 meses transcurridos desde enero de 2019. Para entonces, la Fiscalía ya tenía años siguiendo la pista a una organización a la que se conoció como Los Exterminio, que había iniciado en 2015 a asesinar pandilleros, pero que después diversificó sus operaciones criminales y comenzó a asaltar todo tipo de negocios, a extorsionar, al sicariato y hasta a matar a policías sospechosos de estarles investigando.
Tras haber participado en una "marcha blanca" para denunciar el congelamiento del escalafón salarial para el sector Educación y Salud, la docente y sindicalista Idalia Zúniga fue despedida bajo el argumento de que su plaza es innecesaria y, por lo tanto, ha sido suprimida. La profesora, según relató, fue la única representante de sindicatos de Educación que no quiso firmar un compromiso con el gobierno para disolver la marcha. En una entrevista con GatoEncerrado, Zúniga explicó que su despido es el clímax de un hostigamiento que ha enfrentado en los últimos dos años por denunciar y no ser sumisa al régimen bukelista.
Créditos:
Nota: Óscar Hernández y Ezequiel Barrera
Audionota: Verónica Blanco
El Gobierno de Nayib Bukele se ha caracterizado por mantener bajo secreto la información sobre el manejo de los fondos públicos. Como una evidencia más de que esta práctica de ocultar información sigue vigente, Acción Ciudadana presentó un nuevo informe en el que explica que solicitó documentos y detalles de 23 proyectos millonarios de infraestructura pública y que la respuesta de las instituciones encargadas de manejar los fondos y ejecutar las obras fue que no podía entregar información porque eso podría "poner en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública" y también que "la información es inexistente".
Aunque el gobierno publicita a escala internacional proyectos como Surf City, la megacárcel (Centro de Contención del Terrorismo CECOT), la Biblioteca Nacional de El Salvador, remodelación del Estadio "Mágico González", construcción de un nuevo Hospital Rosales, el Aeropuerto del Pacífico, entre otros; en la escala nacional la norma ha sido la ocultación de la información sobre el manejo de los fondos millonarios invertidos.
Créditos:
Audio - Verónica Blanco
Nota - Eugenia Velázquez
Edición - Ezequiel Barrera
En su cruzada por controlar absolutamente todo el aparato estatal, el partido oficialista Nuevas Ideas nombró a Roxana Soriano como la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que dirija los próximos procesos electorales de 2027, cuando se eligirán alcaldes y diputados; y de 2029, cuando se decidirá quién se queda con la Presidencia de la República.
Soriano es una abogada, con título sospechoso, de confianza del bukelismo. Casi cinco meses después de que fracasó en su intento por conseguir una de las 24 candidaturas a diputada en 2020, Nayib Bukele la nombró comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), donde promovió ocultar información de los comisionados y desnaturalizar el mismo IAIP. Luego, la Asamblea controlada por Nuevas Ideas la ascendió a magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), donde no se pronunció ni mostró públicamente esa institución había iniciado alguna auditoría o investigación por los abundantes casos de corrupción del Gobierno de Bukele que el periodismo ha sacado a la luz.
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Nota: Eugenia Velásquez
Audio: Verónica Blanco
Editor: Ezequiel Barrera
Los diputados de Nuevas Ideas, y sus aliados en la Asamblea Legislativa, eligieron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a personas afines al Gobierno de Nayib Bukele. Dicho de otra manera: El partido del presidente de facto de El Salvador se aseguró de juramentar como nuevos magistrados de la CSJ a los abogados cuyos perfiles permiten inferir que no harán contrapeso —en palabras más sencillas: no estorbarán— al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, permitiendo así que el país siga controlado por el bukelismo y sin separación de poderes del Estado. Entre esos abogados están Óscar López Jerez, quien fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por su complicidad en el golpe al Poder Judicial que hizo el bukelismo en 2021; y Lidia Patricia Castillo Amaya, empleada de la Presidencia de Bukele.
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Desde que llegó al poder, en 2019, Nayib Bukele ha dirigido un gobierno que discrimina, atropella derechos, censura, expulsa y despide a la población LGBTIQ+. Es más, se jacta de hacerlo, mientras la derecha internacional y algunos religiosos conservadores le aplauden. Argumenta que así defiende los valores de la familia tradicional y se refiere a las defensoras de derechos, de forma despectiva, como promotoras de una supuesta agenda para imponer una "ideología de género" que no existe. Activistas concluyen que este tipo de discurso es incoherente y además es utilizado por gobiernos autoritarios para distraer a las masas de los problemas realmente importantes del país.
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En un nuevo intento por mostrar a la comunidad internacional que el régimen de excepción respeta los derechos humanos de los salvadoreños, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se reportan muertes violentas en los centros penales y que todos los casos que han registrado son muertes por causas naturales. Sin embargo, existen decenas de casos documentados por organizaciones de la sociedad civil y testimonios de familiares de víctimas del régimen que desmienten la versión del comisionado.
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Audio: Verónica Blanco
Nota: Guillermo Cartagena
Edición: Ezequiel Barrera
El helicóptero UH-1H en el que cuatro miembros de la cúpula policial salvadoreña, tres militares y un comunicador gubernamental trasladaban al exgerente de Cosavi hacia San Salvador, para que enfrentara la justicia por un caso de desfalco millonario, se estrelló mientras volaba desde la frontera con Honduras. Tras el accidente aéreo, ninguna de las nueve personas que iba a bordo sobrevivió, incluido el director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas. El Gobierno de Bukele ha calificado a los funcionarios como "héroes de la patria" que fallecieron en el cumplimiento del deber y que eran "incorruptibles". Sin embargo, el director y los subdirectores de la Policía tienen antecedentes de haber sido investigados por diferentes delitos, incluso por supuestos vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, las víctimas del caso Cosavi exige a las autoridades salvadoreñas que no mienta sobre el caso y que procuren la recuperación de los ahorros que les fueron robados.
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Nota: Cristian Meléndez
Audionota: Verónica Blanco
Edición: Ezequiel Barrera
Los diputados de Nuevas Ideas mintieron en el periodo anterior. Aseguraron que no tenían asignados $14 mil para gastos de funcionamiento. Cuando inició la actual legislatura, la narrativa oficial fue insostenible y hasta sus simpatizantes comenzaron a exigir transparencia. La mitad de los diputados oficialistas reaccionó ante la presión de la opinión pública y compartió el listado de sus empleados, sus cargos y salarios; mientras que la otra mitad sigue en silencio. La información que compartió la mitad de la bancada oficialista, sin embargo, está incompleta, ya que aún se desconoce cuántos vehículos tienen asignados, vales de gasolina y gastos de viajes o representación.
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GatoEncerrado hace periodismo explicativo para entender lo que está pasando en El Salvador.
En esta nota te contamos cómo se frustró el intentó del partido oficialista Nuevas Ideas por aumentar las tarifas que pagan los salvadoreños por el servicio de agua potable.
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Créditos:
Esta nota es una producción de GatoEncerrado.
Locutada y editada por Verónica Blanco, a partir de una nota periodística de Cristian Amaya. La edición editorial estuvo a cargo de Ezequiel Barrera.
Hombres y mujeres de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, se organizaron para recaudar fondos y luego con sus propias manos se encargaron de arreglar las calles que estaban abandonadas por el Estado. Esta comunidad no es la única en todo El Salvador que ha tenido que arreglar sus propias calles ante la inoperancia de las autoridades responsables que cobran impuestos cada mes, pero no atienden las necesidades de las comunidades.
Este es un trabajo de Radio Victoria en conjunto con la Revista GatoEncerrado de El Salvador.
Este podcast recoge el testimonio de una joven madre soltera salvadoreña que fue condenada en un proceso judicial irregular en su captura, y que vivió y atestiguó durante una década los malos tratos de la excárcel de mujeres. Dice que experimentaron con ellas en pandemia durante 2020, les racionalizaron las toallas sanitarias y artículos de higiene personal, y al salir en libertad condicional, debió enfrentar un régimen de excepción de un gobierno que no tiene intenciones de prevenir y sancionar las torturas y malos tratos a privados y privadas de libertad.
La empresa Avícola Salvadoreña está construyendo una granja para engordar 3.4 millones al año en Suchitoto. El alcalde del municipio señala que la empresa no cuenta con el permiso municipal y habitantes de las comunidades aseguran que esa granja puede acelerar la escasez del agua en la zona y contaminar el aire.
Más detalles en: https://gatoencerrado.news/2023/06/29/avicola-salvadorena-construye-una-granja-en-suchitoto-sin-permiso-municipal/
Los habitantes de la comunidad Nuevo Amanecer, en Tecoluca, temen ser desalojados por el Estado salvadoreño luego de que el Gobierno de Nayib Bukele construyó su nuevo megapenal. La mayoría de los que viven en la zona son desplazados que se reubicaron en el lugar después de ser amenazados por pandilleros en los zonas donde antes vivían.
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En este episodio especial de Semana Santa platicamos con el teólogo católico Gonzalo Ortega, quien es claro para exigir justicia para las personas inocentes que han sido capturadas en las masivas redadas del régimen de excepción. Ortega es un creyente de las segundas oportunidades y por eso insiste en que las cárceles no deben tener un enfoque simplemente punitivista (castigar solamente), sino que eso se acompañe de un verdadero programa de reinserción social.
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Este 27 de marzo, El Salvador cumple un año bajo Régimen de Excepción. En este tiempo, organismos que defienden derechos humanos y periodistas han documentado cientos de casos en los que las autoridades violan derechos humanos de personas inocentes bajo el argumento de que están en una guerra contra las pandillas. En este periodo, el país ha sido el escenario de capturas arbitrarias, donde policías y militares mienten en las actas de capturas y donde los jueces sin rostro son tozudos para mantener en prisión a los jóvenes que pueden demostrar que son inocentes o que tienen arraigos para enfrentar en libertad un proceso judicial en el que no existen pruebas en su contra para acusarlos de pertenecer a una pandilla. Este es un breve relato de uno de los casos que todos los días llegan al correo de GatoEncerrado o en mensajes privados de nuestras redes sociales.
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El Salvador está por cumplir un año bajo un régimen de excepción que ha servido al Gobierno de Nayib Bukele para declararle la guerra a las pandillas con las que antes tuvo un pacto. Este régimen ha dejado graves violaciones a los derechos humanos de familias que no tienen ninguna relación con pandillas. Los periodistas hemos estado allí, en primera fila, cubriendo todos esos casos y hemos documentado torturas y abusos policiales. Esto ha hecho que el Gobierno también esté persiguiendo a los periodistas. Este podcast relata los riesgos y las limitaciones que han vivido los periodistas mientras hacen su trabajo en el régimen y bajo condiciones hostiles para ejercer la libertad de prensa.
Agradecimiento especial a las fotoperiodistas de EDH: Jessica Orellana y Yessica Hompanera por haber participado en este podcast. Asimismo, un agradecimiento a la periodistas de judiciales de LPG, Claudia Espinoza; y a la presidenta de la Asociación de Periodistas, Angélica Cárcamo.
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