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Bukele se ofreció como el carcelero de Trump, por una tarifa barata. Analistas consideran que la oferta no tiene asidero legal en Estados Unidos ni en El Salvador, pero que el anuncio rimbombante tenía otro propósito: congraciarse con el líder de la primera potencia mundial para retener su popularidad internacional, mostrar que El Salvador es un buen negocio para el gobierno norteamericano y evitar ser expuesto en los tribunales de Nueva York como el dirigente de un gobierno que ha negociado con pandillas. La visita de Rubio a El Salvador también tenía como misión marcar territorio ante la influencia de China en el país.
El partido de derecha se encuentra lejos de lo que alguna vez fue, y su propia existencia está en peligro debido a las constantes pugnas internas que dividen en bandos a los pocos miembros que se han quedado en un barco que parece hundirse cada vez más.
La Asamblea Legislativa trabaja al ritmo de lo que va ordenando Nayib Bukele desde Casa Presidencial. La reducción del número de comisiones, que se aprobó bajo el argumento de una mayor productividad, no tuvo el efecto prometido y la deficiencia sigue siendo una de las características del nuevo periodo legislativo controlado por Nuevas Ideas.
En este podcast platicamos con Adriana Ramírez, de Reverdes, sobre las consecuencias de la reactivación de la minería para un país como El Salvador y la reacción de las juventudes que se están auto convocando para realizar muestras de rechazo a la minería, como el plantón frente a la Biblioteca Nacional. En esta edición, como todos los viernes, hacemos un repaso periodístico de lo más destacado de la semana.
El valiente y crítico experiodista Mauricio Funes representó una esperanza para los pobres históricamente marginados por las dictaduras militares y gobiernos de derecha que servían a las élites económicas del país. Pero la esperanza duró poco. Los programas sociales que impulsó quedaron opacados muy temprano en su gestión presidencial, ya que sus actos de corrupción hacían un ruido imposible de ignorar. Dos años después de entregar la Presidencia de la República, Funes buscó asilo político en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega. En El Salvador lo estaban investigando por hacer de la "partida secreta de la Presidencia" su chequera personal y por conceder tratos privilegiados a los cabecillas de las pandillas en las cárceles a cambio de una reducción de homicidios. Dos de los seis procesos judiciales en su contra concluyeron en condenas que sumaban 20 años de prisión. Para evitar ser extraditado y cumplir las condenas, el régimen de Ortega le otorgó la ciudadanía nicaragüense. Así, en el exilio y con condenas pendientes, Funes falleció en la impunidad.
El Salvador se sometió al escrutinio internacional durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el régimen de excepción, la medida de seguridad insignia del gobierno, dividió opiniones. Mientras el gobierno defendió como logros la reducción de homicidios y delitos, países como Alemania, Canadá y Reino Unido expresaron su preocupación por los abusos en materia de derechos humanos, la falta del debido proceso y el impacto en sectores vulnerables como mujeres, niñez y defensores de derechos humanos. Con más de 200 recomendaciones sobre la mesa, el Gobierno de Nayib Bukele debe elegir si acatarlas o simplemente tomar
En este episodio analizamos junto a nuestra periodista de la sección política, Eugenia Velázquez, la situación de la raquítica oposición política de El Salvador, que en vez de levantarse, parece que se hunde más. El FMLN insiste en su discurso incoherente de apoyar dictaduras como la de Nicolás Maduro, mientras critica circunstancias similares en las que gobierna Nayib Bukele. Arena sigue con sus pleitos internos que lo ponen en riesgo de desgastarse y perder las últimas migajas de poder que aún conserva en la Asamblea Legislativa. La situación de la única diputada de Vamos será un análisis aparte.
En este episodio hacemos un análisis del presupuesto general de la nación para saber cuáles son las prioridades del bukelismo para este 2025. También hablamos del nuevo disco de Bad Bunny.
El gobierno salvadoreño comenzó este año con una deuda que supera los $32 mil millones. En el último quinquenio, bajo la administración de Nayib Bukele, la deuda creció a un ritmo acelerado, aumentando más de $11 mil millones. El gobierno también adeuda $10,413 millones a los trabajadores que cotizan a las AFP, con lo que ha puesto en riesgo la jubilación de miles de personas que esperan tener un retiro digno. En 2024, la Asamblea Legislativa, dominada por el bukelismo, aprobó $3,500 millones en emisión de títulos valores para recompra de deuda a una tasa más alta y para gastos operativos o emergentes del Estado que no fueron detallados con certeza.
El primer presupuesto del periodo inconstitucional de Nayib Bukele recorta $4 millones al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este sería el cuarto recorte presupuestario que hace la administración Bukele a este ministerio desde 2019. Según expertos y defensores ambientales, esta disminución deja a la institución con menos capacidad para actuar e intervenir en situaciones que pongan en riesgo los recursos naturales del país y la vida de los salvadoreños. El recorte presupuestario ocurre en un contexto en el que el bukelismo ha reactivado, de forma exprés, la minería metálica.
El Ejército salvadoreño es utilizado por el bukelismo para funciones de seguridad pública que no le corresponden constitucionalmente y bajo las que ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos. Los militares también han sido instrumentalizados para los intereses político partidarios de Nayib Bukele. Por esa razón, según analistas políticos, no es una sorpresa que el Ministerio de la Defensa Nacional sea una prioridad para un mandatario autoritario como Bukele.
El Presupuesto General de la Nación es un documento en el que se puede notar cuáles son las prioridades del gobierno cada año. Para 2025 no hay sorpresas. El bukelismo seguirá apostándole a la publicidad de su imagen y al Ejército, mientras que para Salud y la Educación habrá menos presupuesto.
Las instituciones que deberían auditar y vigilar los fondos públicos utilizados para financiar a partidos políticos, a través de la deuda política, no hacen su trabajo. Al contrario, colaboran con el secretismo del Gobierno de Nayib Bukele y consienten que la información esté oculta a la población. Entre esas instituciones está el Ministerio de Hacienda, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas de la República. La organización Acción Ciudadana señala que esta falta de transparencia y los retrasos en el pago de la deuda política pone en desventaja a los partidos de oposición y provoca que las elecciones no ocurran en condiciones igualitarias.
En esta edición del GatoPodcast de los viernes, platicamos con el abogado ambientalista de la UNES, Luis González, sobre la crisis ambiental de El Salvador en 2024. También hablamos sobre el estreno de la serie de Netflix "Cien años de soledad" y el estreno de la película salvadoreña "La balada de Hortencia".
La Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia que el Gobierno de Nayib Bukele está acosando a periodistas que denuncian la corrupción y las violaciones a derechos humanos. Señala que los casos que ha registrado, analizado y acompañado comparten un patrón de irregularidades y procedimientos que no cumplen con lo establecido en el Código Procesal Penal. Entre los casos más recientes de acoso hay allanamientos irregulares en casas de reporteros, confiscación ilegal de herramientas de trabajo, intimidaciones para que revelen la identidad de sus fuentes, acoso a familiares de periodistas, capturas arbitrarias y espionaje en teléfonos celulares.
Los GatoPodcast de los viernes vuelven a Spotify, para hablar de la realidad salvadoreña con una mirada crítica. En esta edición platicamos con Pedro Cabezas, miembro de ACAFREMIN, sobre los absurdos caprichos presidenciales de Nayib Bukele de reactivar la minería en El Salvador.
El presidente Nayib Bukele ha insistido en que es “absurdo” que El Salvador sea el único país del mundo en prohibir la minería metálica y por eso ha mostrado sus intenciones de reactivarla apelando a argumentos como permitirla bajo supuestas tecnologías de “minería sostenible y responsable”. Tras sus declaraciones, ambientalistas han denunciado que la minería es inviable en el país. Pero no solo los ambientalistas, también los académicos de las dos principales universidades del país y hasta el líder de la iglesia católica en El Salvador llegan a la misma conclusión: reactivar la minería equivale a una destrucción ambiental del país y pone en riesgo la vida de los salvadoreños.
Esta es la postura editorial de nuestra Sala de Redacción sobre las insinuaciones de Nayib Bukele para reactivar la minería metálica en El Salvador.
El concejo municipal de San Salvador Centro, dirigido por el alcalde oficialista Mario Durán, aprobó nuevas tarifas y aumentos en las tasas que pagarán los vendedores informales que solicitan permiso para aprovechar las temporadas altas. Asimismo, los vendedores ambulantes tendrán que pagar por ofrecer sus productos en las calles de la ciudad capital y sus distritos. Mientras tanto, los grandes inversores están exonerados de impuestos por 10 años en el Centro Histórico de San Salvador, gracias a una ley que el partido Nuevas Ideas aprobó en 2023.
Nayib Bukele anunció en la madrugada del 28 de octubre la instalación de un cerco de seguridad en la colonia 10 de Octubre, del distrito de San Marcos, por la supuesta presencia de pandilleros en ese lugar. Al día siguiente, GatoEncerrado hizo un recorrido por la zona y conversó con algunos residentes, quienes expresaron estar de acuerdo con las medidas de seguridad implementadas por el gobierno, aunque estas vulneren los derechos humanos de la población. Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, atribuye esta postura al miedo que puede significar para muchos estar en contra de las medidas del gobierno. Los habitantes también manifestaron su resentimiento por el abandono de los gobiernos de ARENA y del FMLN en materia de seguridad y se mostraron dispuestos a respaldar la continuidad del régimen de excepción.
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