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La extracción ilegal de oro se ha vuelto más rentable en Ecuador que el narcotráfico por el aumento del precio. La extracción ilegal de oro representaría ingresos por unos 1000 millones de dólares anuales en ese país, más del cuarto de todas las exportaciones legales de minerales, según documentos militares. La minería ilegal, en manos de bandas criminales, se ha disparado y aunque oponerse a ellas puede ser peligroso, las "mujeres hormiga" en el Amazonas andino resisten. Reportaje de nuestro corresponsal en Ecuador Eric Samson. En la pequeña comunidad amazónica de La Serena, en la provincia del Napo, las mujeres han tomado la batuta de la resistencia anti-minera. Se hacen llamar las “mujeres hormiga” o “Yuturi Warmi”. Elsa Cerda, co-fundadora con otras 13 mujeres de esta guardia indígena femenina, explica el origen de su nombre. “Yuturi es una conga, una hormiga grande que tiene sus agujones. Puedes ver las madrigueras en los troncos de los árboles. Tú golpeas en su puerta. Salen unas tres o cinco hormigas, pero alrededor ya han estado subiéndote y pinchándote. Es muy doloroso y puedes morir. Así como esas hormigas, nosotros estamos cuidando nuestro territorio alrededor”, nos cuenta. Pero, ¿por qué una "guardia femenina"? La primera razón es económica y práctica. "Las mujeres nos quedamos en casa, estamos en el territorio mientras que nuestros esposos, como no hay medios económicos en la comunidad, migran a otras comunidades, a otras ciudades, a otras provincias, algunos salen incluso fuera del país. Entonces los que estamos siempre aquí en casa, todo siempre… somos las mujeres". La segunda razón tiene que ver con el machismo todavía muy presente en las comunidades. A la creación de Yuturi Warmi, en el 2020, los compañeros y parejas de las mujeres hormigas no se mostraban muy entusiastas. "¿Para dónde se van?, nos preguntaban. ¿Qué van a hacer en las reuniones? ¿Qué conversan si no tienen nada que conversar? ¿Cuándo han estado ustedes en instituciones? Era feo", comenta. Por suerte las mentes van cambiando. Cerca de La Serena, la comunidad de Yutzupino, al borde del río Jatunyacu, es además un recordatorio visual de la devastación provocada por la minería ilegal. Durante años, sus 500 habitantes se han adaptado a la presencia de los mineros ilegales y de su plata. Hoy los mineros se han ido, dejando un río devastado, algunas retroexcavadoras abandonadas y un campamento de la compañía Terraearth que debe supuestamente recuperar la zona, pero cuyas actividades están suspendidas. La comunidad está abandonada, lamenta su presidenta Tania Shiwango. "La explotación estaba hecha por los ilegales. Ellos iban haciendo hueco, hueco, hueco. Había pozos y agua empozada. Entonces qué hizo la empresa Terraearth, iban relavando, relavando. La idea era que la empresa explotara de nuevo la zona buscando mineral todavía presente, pero que volviera a tapar los huecos y recuperara la zona. De las 130 hectáreas afectadas por los ilegales, más o menos hay un avance de 40 hectáreas que sí han sido recuperadas por Terraearth", explica. Lo demás queda destruído y para Yutzupino, la bonanza minera no ha sido más que un espejismo. Para evitar que pase lo mismo en La Serena, una caseta de guardia bloquea el acceso a la comunidad. Las mujeres de Yuturi Warmi organizan rondas por tierra y bote cuando hay plata para el combustible. Todo está bien organizado, explica la mujer hormiga Sonia Tanguila. "Acá hay veces la gente minera la ingresan a la comunidad. Nos comunican primero a nosotros. Es que aquí en la comunidad conocen cuál es gente de la minería, qué gente trabaja en la minería, conocen a los ingenieros". Sentada en la terraza del pequeño "lodge" que ha construido en su casa, Elsa Cerda solo tiene que levantar la mirada hacía el bosque y las aguas todavía limpias del río Iluculin para recordar por qué lucha. "Nosotras las mujeres nos hemos dedicado a cuidar el medio ambiente, la biodiversidad, porque queremos que después, en un futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, puedan nadar, puedan tomar agua del río, puedan correr en la selva sin ningún miedo de contaminación". Por el momento, los mineros ilegales evitan La Serena donde saben que la oposición está organizada gracias a las mujeres de Yuturi Warmi y a la ONG Hacku que les apoya. Desafortunadamente, los yacimientos de oro no faltan en la zona, por ejemplo, cerca de la comunidad de Capirona al sur del río Napo. Aquí la población trata de organizarse para bloquear la entrada de mineros ilegales. Ellos se encuentran muy cerca, en la comunidad de Punicotona, un pueblo dónde los mineros son bienvenidos, pero no los periodistas y las ONGs. Para saber dónde se encuentran las minas que contaminan las aguas de su río, los habitantes de Capirona han pedido el apoyo de la ONG Hacku que ha decidido mandar un dron. Creada en 2016 por Leonardo Cerda, originario de La Serena, Hacku que significa "Vamonos" en quichua es una ONG dedicada inicialmente a mejorar el nivel de vida de las mujeres indígenas de la provincia del Napo. Sin embargo, la ONG se ha dado cuenta rápidamente que eso iba a ser muy difícil de lograr si no se frenaba la minería ilegal. Encargado de programas y trabajo territorial de Hacku, Alejandro Muñoz de repente señala algo preocupante detectado por el dron. Estamos a menos de 2 kilómetros de las excavaciones mineras. Se ven un par de retroexcavadoras trabajando en el río, pero es imposible acercarse. Aquí no se entra sin autorización, ni siquiera las autoridades como recientemente la prefecta de la provincia. Oponerse a los mineros puede ser peligroso, según Maximiliano, habitante de la zona. Miedo de la vigilancia permanente "Nos da miedo. Los mineros ilegales tienen ojos por todas partes. A ellos les informan incluso cuando vienen los militares. Los mineros ilegales tienen la información primero. Nuestras vidas corren riesgo", dice Maximiliano. Eso lo sabe bien esta mujer de la zona del Alto Punino que requiere el anonimato para testificar en la ciudad de Tena. Es que la zona es caliente… El 9 de mayo del 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en la zona del río Punino por hombres armados de los Comandos de la Frontera, un movimiento disidente de las guerrillas colombianas de las FARC. Esta mujer vive con miedo por oponerse a la entrada de los mineros ilegales en su comunidad. "Al menos yo he tenido mucha amenaza. ¿Y sabe lo que me han dicho? Esa gente que está ahí minando, que están ligados con todos esos malos, me han dicho: ‘Usted anda poniendo mucha denuncia’. Porque es cierto que yo sí he puesto denuncias para protegerlo. Y me han dicho: ‘A usted lo que le van dar son balas en la frente", manifiesta. Esta es una realidad que lamenta Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. "Cuando algo no va bien, cuando algún servicio no se da, cuando alguien habla de más, cuando el material que tenían que traer se retrasa un poquito, ellos no se sientan a conversar, sino que hay un tiro en la cabeza", dice. Esa tensión no se siente solamente en el campo sino también en ciudades como Tena o Lago Agrio dónde los mineros y los carteles blanquean su dinero en tiendas y restaurantes de lujo. Alejandro Muñoz, de la ONG Hacku, explica: "La última semana trataron de hacer explotar un comercio. Le pusieron una bomba. Este tipo de actividad ya es muy común, lo que no era habitual hace unos cinco años. La vacuna, la extorsión, los asesinatos, este tipo de actividad se ha vuelto mucho más común. Con la minería, en vez de desarrollo, lo único que se ve son esas camionetas grandes, sin placas, que pasean por la comunidad y por la ciudad", denuncia. Si bien la minería ilegal siempre ha existido en Ecuador, se ha vuelto mucho más poderosa desde hace unos 10 años, según Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. "Es evidente también la penetración de los grandes cárteles de la droga en el país, que ahora no solo trafican droga. Una vez establecidos los aliados locales, una vez establecidos los canales de distribución, han diversificado su producción, lo cual pasa también por minería ilegal. El oro hace apenas un año estaba a 2.500 $ la onza, unos seis meses que está bordeando los 5.000, lo cual se hace muy atractivo también para la economía criminal". Economías criminales que son responsables de una competencia desleal para las compañías mineras legales, agrega Silva. "Fíjate que la minería ilegal es un fenómeno que sucede en Sudamérica, Centroamérica y África. Siempre siguen exactamente el mismo esquema: el crimen organizado es la base. Empiezan por campañas de desprestigio a la minería formal, logran frenar proyectos cuando, obviamente, los recursos ya están descubiertos. Luego entran y devastan el ambiente, se llevan los minerales solamente. Los pasivos ambientales que dejan son enormes. La descomposición social que dejan en los territorios son enormes", sostiene. Un ejemplo de esto es la zona de Río Blanco en el sur del país. "Río Blanco ya era una mina. En realidad, ellos ya empezaron a producir. Empezó un grupo de activistas diciendo que no se había hecho la consulta previa. En realidad, ahí no procedía la consulta previa porque no eran pueblos ancestrales. Sin embargo, lograron que un juez provincial parara el proyecto. Esto fue en el 2018, ahora estamos en 2026. El proyecto está tomado por la minería ilegal", precisa. Consciente de no enfrentarse solamente a mineros buscando ganarse la vida sino a bandas poderosas, cmo los Lobos, Choneros, Tiguerones, Comandos de la Frontera, el gobierno ha declarado que todos los sitios de minería ilegal son ahora objetivos militares. Una mañana de junio pasado, una patrulla sale para destruir una instalación de procesamiento de oro en la zona de La Merced de Buenos Aires, en los Andes al norte del país. Un campamento pequeño pero estratégico, según el teniente coronel Christian Ruales, comandante del grupo de Caballería 36 Yaguachi, parte de
En 2026 estos dos países festejan 200 años de relaciones diplomáticas, con una manifestación artística de tres meses de duración. La han llamado la Gran Fiesta franco-mexicana, fruto de años de preparación y de trabajo conjunto. Pero también un ejemplo de la diplomacia cultural impulsada por Francia. En este programa exploramos algunos de los pilares de esta tradición histórica, las instituciones que hacen posible este “soft power” a la francesa, y escucharemos a quienes trabajaron este magno festejo entre Francia y México. Estrechar lazos e intercambios entre países a través de las artes, el patrimonio, las ideas y la creación. Así podrían definirse los objetivos de la diplomacia cultural, una herramienta fundamental de la política exterior que Francia. Luis XIV hizo alarde de todo esto para asentar su influencia y dar brillo a su figura por toda Europa. El suntuoso Palacio en Versalles sirvió para promover la música, el ballet, el teatro, las artes plásticas o decorativas. Hoy en día, Francia sigue apostando por la diplomacia cultural para proyectar su imagen, generar confianza y tender puentes con otras naciones. Su actual relación cultural con México es un ejemplo de esta política. Los dos países trabajaron en la organización de un vasto festival artístico en 2026, la Gran Fiesta franco-mexicana. Un evento en 21 ciudades mexicanas organizado entre otros por el Instituto Francés, organismo que promueve la cultura y la lengua francesa en el mundo. “Desde hace siglos, Francia considera a la cultura como un elemento importante de su diplomacia. El gobierno francés creó instituciones para implementar su política cultural a nivel internacional, su diplomacia cultural. Tenemos el Instituto Francés con una sede central en París, y un centenar de sedes alrededor del mundo. A esto se suman las Alianzas Francesas que, en realidad, no son instituciones del gobierno francés sino asociaciones locales. Sin embargo, las Alianzas francesas funcionan como centros culturales para promover la cultura y la lengua francesa”, explicó a RFI Eva Nguyen Binh, presidenta del Institut Français. Nguyen Binh también considera que lo que emprende Francia en materia cultural a nivel internacional está condicionado a su red masiva de instituciones compuesta por 101 institutos franceses y más de 800 alianzas francesas. “Es una red cultural excepcional. Cuando se creó este conjunto, hace más de un siglo, la misión era difundir lo que se creía era la ‘buena cultura y la buena lengua’. En esa época, se consideraba que eran a cultura y las lenguas francesas. Hoy en día, la mentalidad es otra. Trabajamos para promocionar la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Es lo que hemos construido con México en el marco de la Gran Fiesta franco-mexicana. Hoy pensamos que Francia tiene mucho para aportar, pero también mucho por recibir”, agregó la presidente del Institut Français. Temporadas cruzadas y festivales Francia ha organizado más de 30 temporadas culturales y años cruzados con distintos países o regiones desde hace 20 años. En 2011 estaba previsto un año cultural de México en Francia, programa que fue anulado tras el estallido de una profunda crisis diplomática entre las dos naciones. Se necesitaron 15 años de esfuerzos políticos al más alto nivel y una buena dosis de diplomacia cultural para apaciguar las relaciones y reanudar la cooperación cultural a largo plazo. Estos esfuerzos han hecho posible la Gran Fiesta Franco-mexicana en 2026. “No es Francia que llega a México. Es un programa que se construyó durante un año y medio entre franceses y mexicanos, en todos los campos de la cultura. Y el objetivo es construir puentes y lazos para el futuro”, aseveró en Guanajuato Jean-François Guéganno, consejero cultural de la Embajada de Francia en México y director del Ifal, Instituto Francés de América Latina. Con esa línea, Francia apostó por una programación con numerosos espectáculos y eventos binacionales. Fue el caso de los espectáculos presentados en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, donde Francia fue el país invitado de honor en 2026. Matrimonio con altos y bajos Entre Francia y México las cosas no han sido siempre color de rosa. En el siglo XIX Francia intervino militarmente en dos ocasiones en México, la primera en 1838; la segunda en 1861 durante la presidencia de Benito Juárez, conflicto que se saldó con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo. Y más recientemente, en 2011, una crisis diplomática mayor con trasfondo de narcotráfico. Los dos países hacen alarde hoy de un diálogo constructivo a nivel diplomático, lo que se puso de relieve durante la visita de Emmanuel Macron a México en noviembre de 2025. ¿La diplomacia cultural movió sus hilos para reconstituir este matrimonio franco-mexicano? Sí, en opinión de la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione. “Creo que ya habíamos dejado atrás la crisis con México desde 2014, cuando el expresidente francés François Hollande hizo una visita de Estado a México. Eso permitió reanudar el Consejo Estratégico franco-mexicano, por ejemplo. Así que se han hecho muchas cosas desde entonces. Pero sí, a nivel cultural, ha habido mucho movimiento para lograr esta Gran fiesta franco-mexicana en 2026. Son 200 eventos durante tres meses. Podemos decir entonces que hemos pasado definitivamente la página de la crisis diplomática; de hecho, nuestros interlocutores mexicanos nos lo han dicho”, explicó Borione. En el marco de la Gran Fiesta franco-mexicana, Francia estuvo en varios festivales en México, como la Feria del Libro de Monterrey, el Festival de cine de Morelia o el multidisciplinario Festival Cervantino de Guanajuato, donde se presentó una docena de espectáculos franceses. Intercambios provechosos Uno de los mayores logros de esta Gran Fiesta franco-mexicana fue un doble préstamo temporal decidido por los presidentes Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron. México prestó el Códice Boturini exhibido en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, y Francia consintió enviar el Códice Azcatitlan en el Museo Nacional de Antropología de México, un documento de gran valor sobre la historia de los Mexicas, la última civilización antigua de México. Para el historiador mexicano Baltazar Brito este préstamo es histórico. "Que un códice como este pueda regresar a México, después de 186 años, es una reivindicación de los pueblos cuya voz no ha sido escuchada. Yo creo que si me hubieran preguntado hace cinco años si en México podía verse un códice de los que están en Francia, yo habría dudado un poco”, dijo el experto, quien considera probable que este códice regrese definitivamente a su país de origen. “Eso dependerá del acuerdo al que puedan llegar ambos países. En un marco de amistad se puede todo”, concluyó. Un marco de amistad que hace posibles los intercambios, las colaboraciones artísticas, científicas, educativas, entre México y Francia, y que en definitiva enriquece a ambas naciones. ¿Qué importancia tiene, entonces, la cultura en un mundo plagado de conflictos y tensiones? Eva Nguyen Binh aportó una respuesta. “Creo que esa pregunta es filosófica, incluso ideológica: ¿cuál es el lugar de la cultura en una sociedad? Yo creo profundamente que la cultura es aquello que nos eleva y que nos lleva lejos. No concibo una sociedad donde no haya libros, donde no se puedan ver películas o espectáculos. No son actividades secundarias. Cuando desaparecen nos damos cuenta de que son esenciales. Los artistas, los creadores, lo que hay en un museo, nos permite conocer nuestra propia historia y tener herramientas para entender nuestro presente, e incluso, entendernos a nosotros mismos. En los regímenes totalitarios, lo primero que se busca destruir son los libros. Porque la importancia de las ideas es fundamental”, expresó Nguyen Binh.
Las quiebras de las pymes en EE. UU. aumentaron un 67 % interanual en el primer trimestre de 2026 según la consultora Epiq Global. Es un dato preocupante para las aspiraciones electorales de los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato. Los efectos internos de las políticas migratoria y arancelaria, sumada al histórico aumento de los combustibles, por la guerra contra Irán, están lastrando las ambiciones del republicano para sus dos últimos años de mandato. Para las pequeñas y medianas empresas, la situación se vuelve insostenible. RFI habló con algunos de ellos en Arlington, Virginia. Jessica Córdova es co-dueña del restaurante mexicano Cafecito, en Arlington, Virginia, a las afueras de la capital estadounidense. Los pequeños negocios como el de ella generan la mitad de los empleos en Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el alza en la inflación derivada de los aranceles está limitando su capacidad de operar el negocio. “El aumento de los precios, directa e indirectamente, nos pega muchísimo. Nos han estado pegando mucho porque, si bien no estamos importando nosotros de países latinoamericanos, pues toda la compra que hacemos es local. Pero la compra local no significa que realmente se haga aquí. Nos acaba de llegar esta semana dos correos de nuestros principales proveedores diciéndonos que, a partir de ya, hay un nuevo incremento de entre un 6 y un 10% en todos nuestros productos. Obviamente ellos también han venido absorbiendo los sobrecostos; y como ya no pueden seguir absorbiéndolos, entonces nos los están pasando a nosotros. Y eso complicado”. Jessica ha tenido que reducir las horas de empleo a su personal en el restaurante y hacer otros ajustes para confrontar las presiones económicas. “Me hace falta comprar equipo y todo, entonces no nos hemos querido meter en préstamos justamente por la incertidumbre. Pero sí, o sea, inevitablemente con nuestros precios vamos a tener que hacer un pequeño ajuste”, explica. A pesar de que las empresas pequeñas latinas crecen a una tasa anual promedio de un 7,7%, para José Arturo Encarnación, socio de Jessica en Cafecito, los planes de expansión están suspendidos por ahora. “Quisiéramos abrir una segunda ubicación, un segundo negocio, el próximo año. Pero, de momento, en estos tiempos tan inciertos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pasos porque un paso en falso nos puede llevar a una quiebra”, subraya. En Estados Unidos hay cerca de 5 millones de empresas latinas que se concentran en los sectores de la construcción, restaurantes y servicios, sectores muy vulnerables a los cambios económicos. “No me gustaría ser negativo, pero en los pequeños y medianos negocios en estos momentos somos muy susceptibles a que en cualquier momento pueda haber un cierre total, ya que, de no haber mano de obra disponible, de que los precios sigan aumentando y de que nosotros no podamos ofrecer productos en un rango de precio adecuado, entonces los clientes simplemente no van a venir”. Todos los negocios sufren por igual. Rebecca y Eva Saint Clair son dueñas de Princess Awesome, una empresa que importa tela de varios países y hace vestidos para mujeres y niñas. “Hay gente que se ha casado con nuestros vestidos. Eso es increíble”, dice Rebecca. Las dos forman parte de la iniciativa Pequeñas Empresas contra los Aranceles, que aboga por eliminar este impuesto a la importación de al menos un 10% a la mayoría de productos que entran a Estados Unidos. “Estamos pagando mucho más por los mismos productos que seguimos vendiendo prácticamente al mismo precio que antes. Yo me pago menos dinero, y la gasolina ahora cuesta 4,50 dólares. Así que sí, sin duda estábamos mejor hace dos años”, nos explica Rebecca Saint Clair. Desde la mesa de su cocina, que también es el centro de operaciones, Rebecca dice que, además de ser injusto, es ilegal y por eso impusieron una demanda contra los aranceles del gobierno de Trump. La Corte Suprema de Justicia falló a su favor. “Creo que la estrategia económica de Trump consiste en dar recortes de impuestos a los multimillonarios y no subir los impuestos a nadie más. Así que se reponen mediante aranceles. No lo sé, pero realmente espero que quien llegue al poder dentro de dos años elimine esos aranceles, porque van a arruinar a las pequeñas empresas. Si el país necesita ingresos, hay otras maneras de obtenerlos, además de imponer aranceles a las pequeñas empresas”, agrega Rebecca Saint Clair. Para Eva Saint Clair, cofundadora de Princess Awesome, no se puede guardar silencio frente a las decisiones comerciales arbitrarias de Donald Trump. “Lo que más me ha deprimido en los últimos 18 meses ha sido ver a muchas empresas grandes y pequeñas que se niegan a pronunciarse por temor a las represalias de la administración Trump. Y eso es vergonzoso. Pero, de nuevo, no pueden auditar a todo el mundo. Así que, si todos alzan la voz, ¿a quién van a perseguir? Todo el mundo está furioso con los aranceles. Si tienes un negocio, estás furioso con los aranceles, así que di algo”, sostiene El contrapeso que se puede hacer a los aranceles desde el Congreso será clave, dice Eva Saint Clair. “El año pasado dediqué muchísimo tiempo al Congreso y a defender a las pequeñas empresas, y eso es lo que seguiremos haciendo, porque no hay mucho más que podamos hacer. Podemos elegir representantes que voten como queremos. Podemos hacer todo lo posible por gestionar nuestros costos y recursos, pero nuestro lema es que luchamos donde podemos luchar y aquí es donde podemos luchar”, precisa. Para estas empresarias, además del costo económico de los aranceles, los constantes cambios regulatorios hacen que sea difícil planificar, incurriendo en altos costos logísticos y legales. “Lo más difícil ha sido el caos que se ha generado en los últimos dos años. No se sabe cuánto va a costar todo ni de qué país procede. Y los precios pueden cambiar de una semana a otra. Eso ha sido lo más complicado de navegar. Así que, pase lo que pase en el futuro, incluso si nos aplican aranceles del 100% a todo, al menos lo sabríamos”, dice Eva Sait Clair. Sin embargo, el presidente Trump afirma en sus alocuciones en televisión que los aranceles están trayendo prosperidad e inversión histórica para el país. Y es que ofrece excepciones de aranceles a las empresas extranjeras y países que decidan invertir en montar en suelo americano fábricas de producción de los bienes que importan. A este propósito el presidente Trump manifestó: “He conseguido una inversión récord de 18 billones de dólares en Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado mediante aranceles. Mi palabra favorita: aranceles, que durante muchas décadas otros países han utilizado con éxito contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que, si construyen en Estados Unidos, no hay aranceles y por eso están regresando a Estados Unidos en cifras récord”. Trump impuso tres rondas de aranceles globales justificadas por el déficit comercial, la seguridad nacional y el abuso laboral de algunos países. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó las dos primeras rondas y obligó a devolver 166 mil millones de dólares. Esta disputa legal ha generado mucha confusión entre empresarios. Así lo afirma Kimberly Daniels, fundadora de la consultora mercantil Logistics e intermediaria comercial aprobada por Estados Unidos. “La intervención del gobierno conduce al corporativismo y a todo tipo de males. Así, tenemos empresas que se han consolidado a lo largo de 30 años y que ahora se ven completamente confundidas y no saben qué hacer en los próximos dos años. Lo que funcionó ayer no funciona hoy y probablemente no funcionará mañana. Así son las cosas ahora, en este nuevo mundo en el que vivimos”, dice Daniels. Kimberly, que también hace parte de la iniciativa Pequeños Negocios en contra los Aranceles, recomienda asesorarse en medio de tanto cambio regulatorio y evitar importar productos a suelo estadounidense. “A cualquiera que esté empezando en esto le diría: no lo hagan, simplemente no lo hagan. No es el momento. Es un mal momento. Hoy mismo recibí un correo de una empresa totalmente nueva con sede en China que quiere importar mil contenedores al mes a Estados Unidos. Y mi respuesta es: no lo hagan, simplemente no lo hagan”, dice Kimberly Daniels. Los constantes cambios en los aranceles y la regulación aduanera hacen difícil mantenerse dentro del marco legal y, según Kimberly, el panorama se hace cada vez más sombrío. “Sinceramente, en el peor de los casos, y ya lo he dicho un par de veces, nos convertiremos en una especie de Corea del Norte, la Corea del Norte de Norteamérica. La verdad, creo que eso irritará y enfurecerá a tanta gente que simplemente dirán: "¿Sabes qué? Ya no queremos saber nada de su economía. No vamos a perder más el tiempo con ustedes", apunta Kimberly Daniels. Aranceles, inflación y guerra en Irán, principales dificultades para los republicanos Sobre las consecuencias que pueda tener esta situación en las elecciones de medio mandato, fuimos a entrevistar a Abel Núñez, quien dirige “Carecen”, una ONG que impulsa los derechos y los emprendimientos de los latinos en Washington. Según él, los aranceles, la inflación y la guerra en Irán, que afecta los precios de la energía, terminarán afectando a los republicanos en las elecciones de medio mandato. “No, disculpa por la puerta cerrada. Es que ahorita, por el ICE, no la dejamos abierta”, nos dice Núñez al llegar. “No han entrado aquí ni nos han visitado, pero ahora no se sabe. Ahorita hasta a los clientes les decimos que nos llamen si tienen cita para nosotros abrirles la puerta porque, si está cerrado, ellos no pueden entrar. Se tendrían que presentar y decir qué es lo que están haciendo”, dice Núñez. Abel Núñez resalta el papel de los inmigrantes en la economía de Estados Unidos. “Hay que reconocer que en este país el crecimiento del negocio p
¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 51 mil inmigrantes detenidos en el mes de agosto y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones? Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño o comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández. Es martes 12 de mayo y acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas deportados desde EE. UU. Semanas atrás, había sido arrestado en Dallas (Texas) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo armado de la política anti inmigración del presidente Donald Trump. La familia no supo de su paradero durante varios días hasta que lograron localizarlo a 800 kilómetros de distancia en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason), una prisión federal gestionada por la mega empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de inmigración, optó por firmar su propia expulsión. David entró legalmente a EE. UU. en 2018 y tenía un permiso de trabajo vigente junto a un proceso de asilo abierto para regularizar su situación. Pese a ello, fue expulsado a El Salvador donde lo espera el régimen de excepción vigente desde 2022, un modelo de seguridad que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian por sus detenciones masivas y arbitrarias, torturas y otros malos tratos en detención, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. “Me pidieron firmar unos documentos, pero me negué. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”. Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de RDC para enviar al país africano a personas de otras nacioalidades deportadas por Estados Unidos. José había sido detenido por el ICE y enviado a una prisión en el estado de Luisiana a pesar de contar con la protección de la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad correrían peligro. En su informe “En medio de la noche, vienen y te llevan”, Human Rights First revela que la administración de Trump ha trasladado por la fuerza al menos a 310 personas con “Withholding of Removal” (suspensión de expulsión por orden de un juez estadounidense) y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) a 15 terceros países, incluidos algunos de los lugares más peligrosos del mundo. La historia de David, —salvadoreño de 25 años a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador— y de José —colombiano ubicado por RFI en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen— son el reflejo crudo de la maquinaria de persecución migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2. ►► Escuche el gran reportaje "Ofensiva jurídica de Trump contra los migrantes, el gran negocio para el oligopolio carcelario privado". Los testimonios que recogimos de inmigrantes arrestados y deportados, con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, dejan al descubierto que detrás de la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación en la historia de EE. UU., se esconde un agresivo rediseño institucional que convierte al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía. El plan transfiere totalmente el control migratorio al oligopolio carcelario privado. De esta forma, se desmantelan las funciones sociales del Estado y se consolida la lucrativa industria del confinamiento y la expulsión masiva. Para ello, se ha implementado una ofensiva jurídica -en varias ocasiones calificada de ilegal por los tribunales – dirigida a criminalizar la inmigración irregular, que en realidad es una falta administrativa y no un delito penal. La ofensiva jurídica silenciosa "David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico". Es lunes 4 de mayo de 2026. Hace cinco meses que Isabel lucha dede Mineápolis por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU. A pesar de estar en proceso de ajuste de estatus por su matrimonio con una ciudadana estadounidens— Isabel—, este salvadoreño fue arrestado el 9 de enero de 2026 por el ICE durante Metro Surge, la brutal operación antiinmigrantes en Minnesota. Esta pareja ha sido blanco de una ofensiva jurídica que, aunque menos ruidosa que esas redadas de comienzos de 2026 en las que cayó José David, igualmente busca masificar las detenciones de inmigrantes y prolongar su cautiverio para desgastarlos y acorralarlos. La estrategia es inducirlos mientras están bajo arresto a firmar su propia repatriación o, si el derecho internacional no lo permite, deportarlos a uno de la treintena de países con los que se han suscrito contratos para recibir en su territorio a inmigrantes no originarios de dichas naciones. La clave de la estrategia reside en una interpretación inédita de la ley de Inmigración por parte de la administración Trump. Durante treinta años, la detención obligatoria y sin derecho a fianza se aplicó exclusivamente a personas capturadas al intentar cruzar la frontera de forma irregular. Sin embargo, la actual Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que dicha medida se aplica a todo inmigrante que haya entrado al país de manera irregular en cualquier momento de la historia. De esta forma, incluso quienes llevan años residiendo en el país o se encuentran en trámites de regularización mediante matrimonio con ciudadano (a) estadounidense, demanda de asilo o visas T y U. son detenidos sin derecho a fianza y, en la mayoría de los casos, expulsados del país. "Esto es demasiado difícil: tener que dejar a mis hijos pequeños, a mi esposa y a mis padres ancianos y enfermos. Yo soy el único sustento económico de toda la familia. He intentado hacer todo bien en este país. ¿Qué voy a hacer en El Salvador si allá no tengo nada?". Todo lo que José Mariano Vásquez tiene está en EE. UU., a donde llegó siendo un adolescente que huía del yugo de las pandillas salvadoreñas. Es miércoles 6 de mayo de 2026, un juez de inmigración de Mineápolis acaba de denegarle la solicitud de asilo y de ordenar su expulsión inmediata del país sin darle posibildad de responder a los cargos. Tras ocho años de espera en los tribunales, el juez le otorgó un plazo mínimo para apelar. José Mariano tiene permiso de trabajo, es dueño de un restaurante y paga sus impuestos sin falla, pero el juez basó su decisión en una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol hace un par de años, Menos de un 1% de peticiones de asilo están siendo aprobadas por esta administración, lamenta su abogada Gloria Contreras. El mismo día que asumió su segundo mandato, Donald Trump prohibió las solicitudes de asilo en la frontera, medida que tras una batalla judicial fue respaldada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Además, eliminó el programa CBP One de su antecesor —que permitía ingresar al país con permiso de trabajo mientras se resolvía el caso en las cortes— y canceló el estatus legal de más de 900,000 beneficiarios, convirtiéndolos en blanco de detención y deportación. Dos meses después, creó la aplicación CBP HOME que consiste en la firma de la propia expulsión con un estímulo de 2600 dólares para el inmigrante detenido que se acoja. Al menos 135 jueces de inmigración —empleados administrativos del Poder Ejecutivo de libre nombramiento y remoción— han sido destituidos desde enero de 2025, según denunciaron relatores de la ONU en julio. Los datos públicos revelan que la gran mayoría concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional. Como parte de la ofensiva jurídica, los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigrantes detenidos por el ICE son trasladados sistemáticamente a prisiones en estos estados. Además, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales y dejándolas en riesgo de enfrentar un proceso de deportación en la corte de inmigración. Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con una orden final de deportación, incluyendo a aquellos protegidos por la Retención de Deportación o la Convención contra la Tortura. Aunque la Suprema Corte —con una mayoría de 6 magistrados conservadores frente a 3 liberales— ha respaldado la mayor parte de la agenda del Ejecutivo, los tribunales federales de distritos inferiores han emitido fallos clave para bloquear o limitar varias de sus medid
El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema. A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron. Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados. "La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica. "Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta. Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica. Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando. Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta. "Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica. Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo. Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado. "La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente. Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar. "Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca del mercado justamente por estos costos en dólares elevados y estos costos en pesos que no bajan. Entonces, el costo en dólares subió, el costo en pesos no bajó, y a eso le agregamos la apertura de la economía, y las empresas dicen abrí la economía, pero no inclines la cancha a favor de las importaciones, porque estamos haciendo una apertura de la economía con la cancha inclinada al revés", analiza Zack. En este contexto, cierran miles de empresas, la inversión total de la economía argentina cae, se contrae el consumo masivo, y crece la morosidad de las familias. El crecimiento del PIB crece gracias al sector agropecuario, la minería y la energía Sin embargo, al mismo tiempo se está dando una consolidación de sectores primarios, como el agropecuario, la minería y la energía. De hecho, su fortaleza está impulsando el crecimiento del producto bruto interno y de las exportaciones. Entre esos sectores están los beneficiados por políticas específicas, particularmente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, o RIGI, una norma que le otorga beneficios cambiarios, tributarios y jurídicos a quienes comprometan grandes desembolsos. "Ya por sus resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", así hablaba el propio presidente Milei del RIGI en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026. "Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir", agregó. Hasta fines de agosto los proyectos aprobados en el RIGI sumaban promesas de inversión por más de 46.700 millones de dólares. El auge de la minería: una proyección de 25.000 millones de dólares de exportación El sector que más proyectos ha presentado al RIGI es el minero, que espera despegar en los próximos años, dice Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. "Nosotros estimamos que para el 2034-35 Argentina esté en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportación para la minería, lo cual significa estar mucho más cerca de lo que exporta el agro", vaticina Cacciola. Aunque históricamente el principal generador de divisas en Argentina ha sido el complejo agroexportador, la energía, beneficiada por el régimen de incentivos, y de la mano de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y cuarta de petróleo, se le acerca cada vez más. Tan es así que en 2026 el petróleo crudo superó a la harina y pellets de soja como principal producto de exportación, si bien todo el complejo agroexportador sigue siendo líder en ventas al exterior. La minería espera seguir el mismo camino que la energía, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Roberto Cacciola, de la cámara minera, espera que en menos de diez años se multipliquen varias veces los 1.300 millones de dólares de inversión que el sector tuvo en 2025. "Las definiciones más fuertes de inversión van a empezar paulatinamente. Yo creo que los años más fuertes van a ser entre 2028 y 2030 estabilizándose en una meseta para llegar a esa cifra que hoy conocida ronda los 40.000 millones de dólares y con la posibilidad de que haya otros RIGIs adicionales que se presenten", analiza. "¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?" La coexistencia de sectores que se fortalecen, como el energético y el minero, y otros que se contraen, como el industrial, está creando lo que algunos denominan una economía de dos velocidades, pero Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, disputa esa lectura. "Eso no es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay algunos sectores que crecen y que están creciendo fuerte, pero hay otros sectores que están cayendo. Son más que dos velocidades, son dos economías en una o una economía partida en dos. Y además se da la particularidad que los sectores que crecen aportan dólares a la economía, cosa muy necesaria, pero no empleo, cosa casi más necesaria que los dólares. ¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?", se pregunta Guyido Zack. Se está dando, por otra parte, una informalización del empleo en Argentina. Personas que tenían trabajos en relación de dependencia, pasan a trabajar por su cuenta. "Y dependía en lo económico sobre todo que era un laburo estable. Y era el sustento de mi hogar", comenta José Orellano mientras maneja su viejo Ford Fiesta. Está circulando por la zona de la fábrica de Fate, en la que fue operario durante 14 años. Ahora trabaja por su cuenta, en aplicaciones de transporte de pasajeros y de reparto de mercadería. "Y aparte yo tengo una hija con parálisis cerebral y dependía de la obra social. Su bienestar, su salud, su vida depende de la obra social, por todos los gastos que tengo con ella", afirma. Dos trabajos para sostener a una familia La obra social de la que habla José Orellano es la cobertura de salud que le daba el empleo formal, algo de todo lo que perdió con el cierre de la fábrica de neumáticos. "Esto es horrible. Estoy haciendo dos trabajos para poder sostener algo del gasto diario de la casa. Porque tampoco es rentable tener que estar arriba de un auto 10, 12 horas manejando para por lo menos llevar la comida", se queja. Orellano realmente no se esperaba lo que ocurrió. "Veía que la situación del país estaba mal con el gobierno nuevo, pero nunca pensé que una empresa como Fate iba a cerrar", reconoce. Este cambio abrupto de una vida previsible y ordenada es un fuerte sacudón para las familias, no solo en lo económico, sino también a nivel emocional. En el acampe de Fate, Pablo Olivera, el primer exoperario de la planta con el que hablamos, siente que son pocas las oportunidades que puede tener ahora. "Hoy estamos en un momento difícil del país, donde no hay trabajo y yo con 52 años, mucho más difícil, porque si no hay empleo para jóvenes, menos para mí. Por más que yo era un operario calificado, donde yo realmente he manejado una máquina muy compleja, m



