Vemos este martes las perspectivas económicas internacionales e internas del año que va feneciendo. En el plano internacional una economía estable pero con riesgos geopolíticos presentes como las guerras comerciales y tecnológicas y las altas tasas de interés. En cuanto a la pequeña economía nuestra el crecimiento en general es satisfactorio; pero al desagregar los datos encontramos el impacto en la generación de empleo no calificado, el hecho de que personas en edad productiva salen del mercado laboral por falta de oportunidades y todo ello refleja distorsiones en la tasa de desempleo. Debido al desempeño general de la producción nacional, la permanente baja del precio del dólar y la creación de nuevas, pero insuficientes fuentes de trabajo, el resultado fue de disminución en la recaudación fiscal, lo que obviamente afecta las finanzas públicas. A este panorama se debe agregar que el país enfrenta una baja competitividad y hay signos de debilidad en la atracción de la inversión extranjera directa. En esas condiciones, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año con campaña electoral incluida? Lo conversamos con el economista Gerardo Corrales.
Ante el deterioro de los servicios de salud y la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana hay que plantearse, con total responsabilidad, si estamos haciendo bien en privilegiar únicamente la estabilidad fiscal o si debemos obligarnos también a buscar soluciones para resolver el problema de los salarios de sectores esenciales del funcionariado. Es el caso de la renuncia de especialistas médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como la dimisión de policías (tanto del Ministerio de Seguridad como del OIJ) que no logran resolver la aplicación de las normas de transición del salario compuesto al salario global. El asunto es complejo. Hay que analizar los desafíos de la Ley Marco de Empleo Público que buscaba (y busca) equiparar los salarios del sector para frenar el crecimiento de los más onerosos que acumulaban anualidades y otras previsiones, con la necesidad de contratar nuevos empleados con un salario competitivo. Pero en el proceso quedaron en entredicho segmentos de funcionarios a quienes se les congeló el estipendio con lo que en la práctica se produjo una discriminación entre las personas que ingresan a trabajar bajo el esquema de salario global respecto de otros que quedaron ganando salarios con el viejo esquema de compensación. La renuncia de médicos especialistas, para ser recontratados un mes después por la Caja, no tiene asomo de solución, con lo cual se agrava la atención de servicios de salud en todo el país. Por su parte, los médicos forenses del Poder Judicial declinaron trabajar horas extras y aunque depusieron su movimiento de protesta no han llegado a un arreglo, de modo que aún se podrían complicar las autopsias y labores periciales que son de su exclusiva responsabilidad. Por otro lado, no resultó suficiente el aumento a los cuerpos policiales de la Fuerza Pública para detener la renuncia de casi 800 oficiales (entre enero 2023 y agosto 2024). Igualmente, se retiraron en el 2023 más de 300 oficiales experimentados por las mismas razones. Para profundizar al respecto conversaremos mañana con el economista José Luis Arce.
Llevamos dos años consecutivos padeciendo una aguda crisis de seguridad ciudadana. Es cierto, los homicidios han disminuido un poco respecto del 2023. A estas alturas del 2024 tendremos el segundo más violento en la historia, con un registro al 5 de diciembre de 807 asesinatos. Bajamos, sí, pero no lo suficiente. Sin duda debemos hacer un esfuerzo mucho mayor por articular las tareas de combate en lugar de continuar la senda de la polarización y las acciones unilaterales del Ejecutivo. El año pasado fueron las polémicas con la Policía de Control de Drogas (PCD) y este fueron los cambios en el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG); primero por trasladar ese cuerpo de Quepos a Pococí, y luego por sacar de Bahía Drake al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). Las dudas acerca de estas decisiones del Ejecutivo y los enfrentamientos entre Poderes del Estado desembocaron en la conformación de una comisión especial legislativa para investigar los presuntos vínculos del gobierno con el narcotráfico. De fecha reciente otro hecho vino a sumarse a la ya candente discusión: los cambios al reglamento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), policía especializada en operativos de alto riesgo, terrorismo y narcotráfico que opera en el Ministerio de la Presidencia, que le permitirán realizar allanamientos e intervenciones en las comunicaciones por encima de las atribuciones judiciales, tal y como establece hasta hoy la legislación vigente. Se suman a este clima de incertidumbre en las políticas públicas de seguridad, diversas publicaciones de medios de comunicación internacionales que sitúan a Costa Rica como una de las principales rutas y bodegas globales de drogas con destino a Estados Unidos y Europa. Para hacer repaso de este año y prever el próximo conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.
Costa Rica tiene dos décadas de aprobar legislación especializada para atender la violencia contra las mujeres. Esto es un gran avance, pero es necesario analizar la eficacia y la efectividad que tiene la implementación de estas normas, para tener la información necesaria y las acciones de mejora que se requieran. Las denuncias por estos delitos se contabilizan y se realiza un monitoreo cada vez mejor, pero el país adolece de información de cómo se judicializan estos casos y cómo responde el Poder Judicial, a los procesos que deben garantizar los mecanismos de aplicación de justicia pronta, cumplida, independiente y equitativa. Con el objetivo de solventar este vacío el Informe Estado de la Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el “Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres”, para poder analizar y aportar información en relación con los mecanismos que garantizan el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos de las mujeres en la tramitación de las denuncias penales por violencia. La base de datos usada para el estudio tiene un total de 56.421 registros de expedientes cerrados entre los años 2019 y 2022, Se incorporan los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los delitos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, para un total de 12 tipos penales que son más frecuentes. Para ahondar en los resultados, aprender acerca del proceso judicial y ampliar acerca de las recomendaciones que se aportan conversaremos mañana con la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal.
El Salvador es un país que tiene una de las legislaciones más estrictas en contra del aborto, al prohibir totalmente cualquier tipo de procedimiento. No hay ninguna consideración si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o si este viene de graves delitos como son la violación o el incesto. Se penaliza tanto a la mujer como al personal médico. El caso de Beatriz una joven mujer de 22 años se ha convertido en uno, que tras su vivencia ocurrida una década atrás, es analizado por la Corte IDH para determinar la responsabilidad del Estado salvadoreño ante una violación a sus derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud. Ella fue diagnosticada con lupus eritamoso sistémico, que le provocó complicaciones en su primer embarazo. Tras este el médico le indicó que no podía seguir embarazándose y le programó una esterilización quirúrgica; ella tuvo temor y no asistió. Volvió a quedar embarazada y le advirtieron que ambos corrían peligro. Ella solicitó a las autoridades la interrupción terapéutica del embarazo y se le negó. 10 años después el caso está en la sede de la Corte. Este es un tema que concita a grupos conservadores, religiosos y políticos que se niegan a cualquier tipo de interrupción. El lunes pasado 33 diputaciones rechazaron una moción de la fracción de Nueva República que solicitó al gobierno salirse de la jurisdicción de esta Corte por el caso Beatriz. Para aportar información fehaciente y apartar información parcializada conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.
Los tambores de la campaña electoral no bajan la intensidad, dada la práctica del actual gobierno de que actos oficiales tengan más de arenga política, que de rendición de cuentas de la gestión. No desaprovecha el presidente Chaves ninguna visita o gira territorial, para seguir en lo que pareciera una permanente plaza pública. Esa forma, esa narrativa y ese comportamiento intenta tapar los resultados del mandato y seguir, a pie juntillas, una estrategia que le rinda réditos de cara a las elecciones de febrero del año 2026. Es por eso por lo que no extrañan los resultados del informe presentado este lunes en la noche, de la firma Economía Hoy, que presentó los datos del estudio “Situación país y coyuntura actual. Suenan tambores electorales”. A la par de la popularidad del mandatario se codean las cifras de las preocupaciones por los problemas que enfrenta Costa Rica en materias como la ola de violencia y criminalidad, los referidos a las circunstancias económicas, de prestación de servicios a la ciudadanía. Para ampliar este informe y poner en perspectiva el arranque del año 2025 en esta materia conversaremos mañana con el consultor, Iván Barrantes Ruiz.
La abolición del ejército, en 1948, es otro de los hechos históricos que han dado fisonomía a la Costa Rica que se ha construido en los últimos 76 años junto al trabajo continuado de defensa de la libertad, la paz, la democracia y el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas. Las décadas de los años 30 y 40 del siglo pasado, un proceso importante de reformismo en el país logró tener una serie de transformaciones derivadas del esfuerzo, de fuerzas políticas y económicas que eran antagónicas, pero que tuvieron la madurez de llegar a dialogar, negociar, ceder y llegar a acuerdos básicos, para sentar las bases de acciones políticas en favor de las grandes mayorías ciudadanas. En ese marco la abolición del ejército vino a sellar conquistas fundamentales en el marco político, electoral, social y económico. Estos acontecimientos han marcado la vida y es parte de la identidad nacional para convivir en paz y en democracia. Hoy Costa Rica sigue celebrando esta decisión, pero nos concitan una serie de desafíos que requieren de decisiones oportunas que nos permitan un escenario de discusión sana y transparente, que derive en acuerdos de preservación y revisión democrática, desde las bases que fundaron nuestra República, de los dilemas actuales que se deben resolver. Una serie de problemas estructurales como la inequidad, altos índices de violencia asociada al crimen organizado, la lucha contra la pobreza, el deterioro del sistema educativo, la calidad de servicios públicos esenciales como la salud son hoy amenazas reales que alejan a parte de la población de una defensa integral de nuestro sistema. Para hacer una revisión histórica del ayer, del hoy y del futuro próximo de esta proeza de abolir el ejército conversaremos mañana con la historiadora, Ana María Botey.
Realizar una revisión histórica para aprender y entender el papel fundamental de nuestro Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), es una auténtica forma de celebrar su 75 aniversario, como uno de los pilares fundamentales de la democracia costarricense. Muchas veces los hitos tienden a ser mitificados, pero al hacer el esfuerzo de conocer los contextos en que se fraguaron, la naturaleza humana de quienes los impulsaron y las fuentes que los nutrieron logramos poner perspectiva real a hechos e instituciones que nos garantizan la convivencia colectiva. El TSE se inspiró en los órganos electorales de Cuba, Nicaragua, Uruguay, Chile y Brasil, que tenían ya raíces en esas naciones y que dieron luz a los constituyentes que perfilaron el nuestro. Y así como es de dinámica la realidad, hoy Cuba y Nicaragua no son democracias a pesar de ser pioneros en la promulgación de las reglas electorales. Instaurado el TSE logró sumar dos características esenciales como son el manejo total del Registro Civil, lo que le ha permitido controlar un padrón electoral que garantiza la transparencia del proceso, así como otras normativas que le da independencia con pesos y contrapesos de los poderes del Estado y cimentando la custodia del derecho electoral de la ciudadanía. Hoy nuestro Tribunal ha servido de inspiración a otros países, como es el caso de Panamá. La garantía electoral y la democracia se deben cuidar, sobre todo en tiempos que campea el populismo y líderes personalistas, autocráticos que ponen en riesgo el sistema, por lo cual es necesario ciudadanos atentos, críticos, comprometidos y que no solo escuchen cantos de sirena, de manera acrítica. Para profundizar este tema conversaremos con base en las reflexiones que, para esta celebración, realizó el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.
Estamos prácticamente en las postrimerías del año y aún no hay una solución para otra crisis que podría darse en la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué sucede ahora? Pues resulta que centenares de médicos especialistas se verían compelidos a renunciar entre finales de este 2024 e inicios del 2025, para obtener mediante una nueva contratación el acceso al salario global establecido por ley que les mejoraría los ingresos que ahora sí tienen los profesionales que están entrando a la institución bajo esas nuevas estipulaciones laborales. El Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) formuló una consulta a 1,150 de sus asociados, y determinó que el 68% de los galenos están ganando por debajo del salario global. Y el 60% de ellos manifestó estar dispuesto a renunciar con tal de resolver su situación, lo que significa que ni más ni menos 680 especialistas podrían abandonar sus labores entre diciembre y enero. ¿Por qué no hay acuerdo? Resulta que después del movimiento de suspensión de trabajo de horas extras del primer semestre pasado, se acordó una mesa de diálogo con las autoridades de la Caja para resolver el problema, pero con tanto sobresalto en la institución, incluyendo la imposibilidad de sesionar por los efectos del caso barrenador, muchos asuntos neurálgicos han quedado irresueltos (al garete). ¿Todavía hay margen para un arreglo? El Ejecutivo no quiere ceder y no parece dispuesto a convocar un proyecto de ley para que los especialistas pasen del salario compuesto al global, así que por esa vía no se ve luz al final del túnel, sobre todo porque estamos en sesiones extraordinarias y Zapote tiene la iniciativa de ley. No obstante, los médicos aún le apuestan a una solución administrativa que formó parte de los acuerdos pasados. Se trata del PRAME, el Programa de Retención y Atracción de Médicos Especialistas, que permitiría resolver el asunto salarial técnicamente, de la misma forma que el Presidente Chaves duplicó los salarios de los jerarcas al inicio de su administración. Para ello falta un criterio de la Procuraduría. A pesar de la poca paciencia de los médicos y de que hay tantos dispuestos a renunciar, lo cual obviamente sería un descalabro en la atención de los enfermos, el 81.5% de los consultados por el sindicato (937 en total) afirman estar dispuestos a esperar un poco más siempre que se les asegure con un acuerdo serio y formal que se resolverá su situación. Para hacer un diagnóstico del momento, conversamos con el vicepresidente del SINAME, Dr. Maikel Vargas.
Uruguay es la democracia más sólida y estable de América Latina, así signado por su evolución como una nación que observa rigurosamente sus reglas de convivencia y con una institucionalidad consolidada, tal y como lo señalan todos los índices que miden la protección de las libertades, la paz y la defensa de los Derechos Humanos. De acuerdo con el último informe de calidad democrática de ‘The Economist’ 2024, Uruguay -de 3.5 millones de habitantes- se destaca por tener un sistema de partidos fuerte que “evita la emergencia de líderes populistas y desviaciones autoritarias”. Es una de las pocas naciones que obtuvo un puntaje perfecto en su medición electoral y de pluralismo. Acorde con su praxis, el domingo pasado volvió a hacer gala de cultura política en la culminación de su proceso electoral que en segunda ronda (a la que asistieron prácticamente el 90% de los uruguayos a las urnas) se decantó por la alternancia en el ejercicio del poder. Con 49.8 % de los votos el Frente Amplio, una coalición progresista de izquierda moderada, obtuvo la victoria. Así que bajo el liderazgo de Yamandú Orsi y Carolina Cosse (los herederos políticos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica) gobernarán los próximos cinco años. El presidente electo resaltó en su discurso que el diálogo será la herramienta clave de su gobierno. El ejemplo uruguayo es impresionante. Apenas hace 40 años retornó a la democracia, luego de una dictadura cívico militar de 12 años que produjo guerra y violencia política. Sin embargo, tras esos oscuros episodios instauró su sistema democrático distribuyendo el poder, equilibrando gobernabilidad y eficiencia, construyendo partidos políticos estables, ayudando al sistema político con los criterios técnicos y consolidando la democracia directa con la representativa. Para conocer más de este proceso de evolución conversamos mañana con el ciudadano uruguayo costarricense, Claudio Ciccia y el politólogo, Federico Irizabal.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, designado así por las Naciones Unidas precisamente con el afán de generar conciencia y acciones contra este flagelo. Aquí en el país, una iniciativa en agosto pasado, logró recuperar y digitalizar la letra de 10 víctimas de femicidio y plasmarla en 12 proyectos relacionados con esta lucha e impulsar así mejoras necesarias respecto del marco de legislación vigente. De esas iniciativas, ya fue posible que dos se convirtieran en leyes de la República. Los proyectos abordan tres ejes principales de política pública: la seguridad para las mujeres, condiciones para su empoderamiento económico y la prevención de la violencia de género. Las 10 víctimas cuyas letras se utilizaron para estos 12 proyectos son Eva Morera, Marisol Estrada, Grettel Tatiana Téllez, María Fernanda Quesada, Natali Madriz, Wendoly Vargas, Karolay Serrano, Fernanda Sánchez, Raisha Ríos y María Tacsan. Al 13 de noviembre de 2024, según reportan datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, habían ocurrido 70 muertes violentas, de las cuales 21 habían sido determinadas ya como femicidios y 41 estaban pendientes de recibir esa clasificación. Para hacer repaso de cómo avanzan estos proyectos de ley y las acciones para atender la violencia de género conversamos con Rafaela Sánchez, experta en género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con la diputada Monserrat Ruíz que lidera esa lucha.
Con un saldo de 14,000 muertos, 15,000 heridos y 16 millones de desplazados, la invasión rusa contra Ucrania cumplió este martes 1,000 días y el mundo teme una posible escalada mayor del conflicto justo en las postrimerias del mandato gubernamental del estadounidense Joe Biden que esta semana autorizó por primera vez a Kiev a utilizar sus misiles de largo alcance contra territorio enemigo, así como de las denominadas minas antipersonas. Al mismo tiempo está acelerando el ritmo de entrega de equipamiento y promete terminar de trasladar 6,000 mil millones de dólares pendientes del paquete de 61,000 millones aprobado meses atrás. La estrategia es clara, quedan dos meses para la toma de posesión de Donald Trump y Biden pretende asegurar en todo lo posible el apoyo a Zelensky. Con todo, los especialistas aseguran que Moscú sigue teniendo la iniciativa de la guerra. Lo mismo que el tiempo a su favor. Después de todo los rusos no necesitan escalar el conflicto ahora que precisamente esperan la entrada de Trump en el escenario, el 20 de enero. Claro que eso no implica no dar golpes en la mesa. Putin aprobó un decreto para actualizar la doctrina nuclear rusa, la amenaza más significativa de cuantos armamentos existen. Además, la Duma aprobó un incremento de casi el 25% en los gastos de defensa para el trienio 2025-2027. El temor de Occidente, que cerró temporalmente algunas de sus embajadas en la capital ucraniana ante la posibilidad de un ataque, es que, como dijo el vicepresidente electo JD Vance, "Ucrania tendría que resignarse a perder parte de su territorio" para acabar el conflicto como lo prometió tantas veces en campaña el impredecible Donald Trump, que hasta ahora no se ha pronunciado respecto del tema. Para tomarle la temperatura a este momento de la guerra conversamos mañana con Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales.
La violencia homicida que provoca la delincuencia criminal organizada y particularmente el narco, no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. En el 2023 la mitad de los asesinatos se concentró en 27 distritos que presentaron más de 10 muertes violentas, aunque hubo ajusticiamientos en una gran mayoría pues del total de 478 solo 265 salieron ilesos, es decir sin ese tipo de ejecuciones en las que 7 de cada 10 fueron contra miembros de otras organizaciones delictivas. Esa cifra incluye las lamentables víctimas que no tenían relación alguna con la actividad. La dinámica de estas muertes ha variado en los últimos años, tanto por su desmedido aumento como por un patrón territorial que se extendió a otras zonas que antes no estaban afectadas. El XXX Informe del Estado de La Nación, en su capítulo especial de este año sobre Seguridad, identifica variables socioeconómicas que sin ser concluyentes, tienen relación con lo que sucede en los cantones más calientes que son los que tienen más bajo desarrollo humano, menor promedio de personas aseguradas a la CCSS, hogares en asentamientos informales, personas jóvenes que contrata el crimen como sicarios, hogares con jefaturas femeninas y bajos niveles educativos. Peor aún , así como la presencia territorial de la violencia delictiva es detectable claramente en zonas tradicionalmente rezagadas y eso tiene impacto en el desarrollo humano, también se convierte en un doble castigo , pues esa mayor actividad delictiva propicia un desplazamiento de la actividad económica legítima y por ende , un incremento de las brechas territoriales. Para aportar más elementos a este fenómeno conversamos con Evelyn Villarreal coordinadora del capítulo y con Mauricio Viera especialista en combate al crimen organizado y prevención del comercio ilícito, de la Universidad para la Paz .
“Existe una similitud importante entre las políticas de este periodo, con los paquetes de “austeridad fiscal” del FMI implementados en muchos países del mundo durante los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estas últimas consisten en reformas fiscales con ausencia de objetivos explícitos de política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental”. Contundente como se lee. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del XXX Informe del Estado de la Nación 2024. Establece además que la deuda del Gobierno Central sigue en el límite más crítico que nos ha impuesto la regla fiscal, con lo cual se estrechan todas las posibilidades de inversión en infraestructura y políticas sociales que permitan condiciones de generación de empleo, reactivación económica y bienestar para la ciudadanía. Y mientras la economía ha crecido en los últimos 30 años, no así los ingresos de los hogares, potenciando la desigualdad y la falta de oportunidades. Lo que nos muestra el espejo de la realidad de la inversión social también es preocupante. El informe señala que los servicios sociales con mayores recortes fueron los de educación y salud, con un deterioro evidente tanto en términos totales como por habitante. La inversión en educación por persona disminuyó un 1,6% afectando a todos los niveles educativos, sobre todo en preescolar, primaria y universitaria. Otros datos dramáticos son la disminución de estudiantes beneficiados con becas de Avancemos que pasaron de 417,000 en el 2021 a 290,000 en el 2023. En tanto, la inversión en salud se redujo en un 1,4% por habitante. Para continuar el repaso de los resultados del EN 2024 abordamos este miércoles los desafíos socioeconómicos con los investigadores Natalia Morales y Steffan Gómez.
La imagen de Costa Rica como país que consolidó un liderazgo ecológico responsable con el ambiente y promotor de políticas públicas tendientes a la sostenibilidad, se está destiñendo. Esta responsabilidad recae en una serie de acciones que ha adoptado la administración Chaves Robles, tales como rebasar los aforos de áreas protegidas, promover la exploración y explotación de gas natural y petróleo, retornar a la práctica de la minería a cielo abierto, así como reducir o retirar metas ambientales asumidas en compromisos internacionales. Estos y otros elementos que ponen en riesgo las conquistas ambientales se identifican en el XXX Informe del Estado de la Nación 2024, que determina que con esta administración van quedando en evidencia posturas contrarias a la sostenibilidad ambiental y la conservación, que han sido parte esencial de la política exterior, que en el pasado reciente redituó en liderazgo global, cooperación internacional, atracción de inversiones y turismo calificado. Para el Estado de la Nación se puede establecer una perjudicial tendencia a priorizar criterios políticos por encima de fundamentos técnicos. Para ahondar comprensivamente en el tema conversamos con Karen Chacón, del equipo coordinador del informe.
Cómo se sabe, para su segundo mandato Donald Trump prometió ejecutar deportaciones de millones de personas, imponer fuertes aranceles a las importaciones, revertir las políticas que intentan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, detener la guerra en Ucrania y perdonar a los acusados del asalto al capitolio del 6-2021, entre otros asuntos. Tendrá enorme poder discrecional para moverse con soltura y los primeros anuncios de su gabinete confirman sus pretensiones. Las designaciones premian la lealtad absoluta. El cargo de mayor poder lo ostentará Susie Wiles la Jefa de Gabinete, apodada "doncella de hierro" por el mismo Trump. Un secretario de Estado, Marco Rubio con la misión de ejercer mano dura con China, Irán, Venezuela y Cuba. Un secretario de salud, Robert Kennedy Jr. excéntrico antivacunas. Un fiscal general, Matt Gaetz, acusado de tráfico sexual de menores y quien se define como un agitador. Y como Fiscal Adjunto, Todd Blanche, su abogado de confianza. Para la política migratoria escogió un triunvirato: Tom Homan “zar fronterizo” un duro con décadas de experiencia. Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y Stephen Miller, Adjunto a la jefatura de gabinete, quien será el cerebro coordinador de la estrategia antiinmigrante. También reúne a un grupo de multimillonarios que harán de consejeros para la reducción del estado, que no es otra cosa que la pretensión de minar las capacidades de las agencias federales de regulación. Douglas Burgum liderará el Departamento del Interior. Elon Musk y Vivek Ramaswamy pondrán a funcionar el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” que no será una dependencia, sino un grupo asesor. Repasamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.
Nuestra democracia y sus consecuentes logros en desarrollo humano sostenible atraviesan una situación peligrosa que de seguir mal atendida constituyen un riesgo mayor que puede desestabilizar nuestra convivencia como Nación. Así de contundente es la conclusión del Trigésimo Informe del Estado de la Nación, que apunta que las transformaciones políticas, sociales y económicas que lograron generar bienestar colectivo, concretar derechos, libertades y afianzar un régimen de pesos y contrapesos, en estas tres décadas, se encuentran hoy amenazadas por un sistema político estancado en un conflicto entre poderes, cuyo principal impacto es frenar la atención que requieren muchos de los desafíos de una ciudadanía que muestra desconfianza y desafección a la democracia. Dos datos muy relevantes de los cambios en estos 30 años: en 1994 el 98% de la población tenía afinidad con algún partido político, mientras que para el 2022 esa cifra había caído a tan solo un 16%. Otra cifra significativa: el PIB pasó de ₡10.8 billones a ₡40.9 billones, pero con una distribución que nos ubica como un país de gran desigualdad. No es la primera vez que atravesamos aguas turbulentas, pero con el advenimiento de la administración Chaves Robles el informe destaca los drásticos recortes a la inversión social y advierte las acciones del gobierno dirigidas a una permanente discusión y señalamientos contra el Poder Legislativo con el "poder del megáfono", a lo que responden por su parte los partidos opositores. Para hacer un primer abordaje de este trigésimo Informe conversamos con su director, el Dr. Jorge Vargas Cullel.
incidentes. La atención de una emergencia como la que atraviesa Costa Rica por las intensas lluvias y la información de nuevos eventos meteorológicos en formación para los próximos días requiere de la experiencia que nuestro Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha puesto a prueba en otras ocasiones. Las improvisaciones o el aprovechamiento político no deberían estar en la agenda de atención de los incidentes. Apenas termina la visita del presidente de El Salvador se envían dos mensajes: la declaratoria de alerta roja (aún no se ha decretado emergencia nacional a la hora de escribir este texto) para la zona de Guanacaste, Pacífico Central y Sur, sitios en los que se concentran los más impactos más significativos. El otro mensaje es el traslado de la habitual conferencia de prensa de miércoles para jueves y no en la Casa de Gobierno sino en la Zona Sur, con la presencia del presidente y su equipo. Horas antes, la sorpresiva llegada al país de un primer equipo de 100 rescatistas salvadoreños -incluidos miembros de las Fuerzas Armadas- que habían sido ofrecidos a España (y que España declinó aceptar, es menester señalarlo) generan una serie de suspicacias que nos distraen de la atención de los estragos de lluvias, deslizamientos e inundaciones. Este grupo de personas y las labores que harán, están bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) que igual deberá continuar con el trabajo que estaba realizando con los cuerpos nacionales de atención de la Cruz Roja, Bomberos, policía y comités municipales de emergencias. Sin un inventario definitivo de las repercusiones -ya que la emergencia está en proceso- ¿cómo deben ajustarse los protocolos que establece nuestra legislación para proteger la vida de las personas, sus pertenencias y las atenciones inmediatas de manera correcta y fluida, para que sean las requeridas? Para aportar en este momento más información conversamos mañana con la ex presidenta ejecutiva de la CNE, Vanesa Rosales.
Costa Rica se ubica en la segunda zona de mayor vulnerabilidad del mundo. Eso lo hemos experimentado por emergencias climatológicas (sequías e incendios), hídricas (inundaciones y deslizamientos), meteorológicas (huracanes, ondas tropicales, mareas altas) y geofísicas (actividad sísmica). De todas ellas, se calcula que el 80% de los impactos han sido por eventos hidrometeorológicos. El investigador de la Escuela de Geografía UCR, Adolfo Quesada Román, estima que cada año se debería invertir hasta un 2% del PIB en reconstrucción, equivalente a $1.650 millones. El Estado de la Nación 2023, con datos del año anterior, indicó que desastres asociados a eventos climáticos afectaron a 4.879 personas. Fueron percances asociados a inundaciones (4.450) y deslizamientos (394) que encuentran infraestructuras débiles, poblaciones expuestas y vulnerables que se ubican en todas las regiones del territorio nacional. Los especialistas concluyen que esta situación es muy peligrosa porque cada vez nos estamos volviendo más vulnerables ante eventos cada vez más extremos debido al cambio climático. Dadas las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de estas dos semanas de noviembre se declaró -sostienen expertos que de manera tardía- una nueva declaratoria de emergencia que se suma a los decretos vigentes por la tormenta Bonnie, el huracán Julia y las lluvias de enero 2023. Estos tres decretos implican planes de reconstrucción por ₡176 mil millones. Lo que se debe invertir al año se podría reducir si se tomarán medidas de prevención, con especial foco en el ordenamiento territorial, lo cual se hace, pero de forma insuficiente. Para analizar cuánto nos afectan los efectos acumulativos que nos hacen más vulnerables, menos resilientes y de qué manera variar esa situación, conversamos con el geólogo y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.
La Constitución Política establece los límites y define las relaciones entre los tres poderes del Estado y de estos con la ciudadanía; es, por tanto, el marco que delimita la convivencia en nuestro Estado de derecho con garantías claras y precisas. La actual, que nos rige desde 1949, es la décima quinta en la historia de Costa Rica y la que tiene mayor cantidad de años de vigencia en la toda región centroamericana. En estos 75 años, la Carta Magna ha mantenido y ampliado los derechos y garantías individuales, sociales y políticos. Se le han hecho 62 reformas incorporando significativas mejoras como la gratuidad de la educación general básica y diversificada, la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las universidades públicas, el derecho al voto de las mujeres, la creación de la Sala Constitucional, el carácter multiétnico y pluricultural del Estado, el derecho del pueblo a legislar por la vía del referéndum y el derecho humano al agua, entre otras. En tiempos de turbulencia y desilusión acerca de la eficacia de la democracia es vital comprender el valor de la Constitución Política para no caer presas de cantos de sirena que surgen cada tanto, reclamando la supuesta urgencia de cambiarla por completo, sin saber de ulteriores intenciones que podrían ocasionarnos un costo altísimo como una sociedad acostumbrada a gozar de preciados derechos y garantías. Para discutir acerca de las fortalezas constitucionales y de cómo enfrentar las circunstancias actuales, conversamos con el especialista en derecho constitucional Rubén Hernández Valle.