Noticias de América

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día.“Derecho de pedir asilo”Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia.“La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes.Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza.Faltan “formas correctas de abordar esto”En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras.La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba.De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto.No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania.“Intencionalidad de provocación”“Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont.Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”.“Resistencia ante la influencia norteamericana”Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont.El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia.Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”.Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas. “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”. Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas.Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

En Amarillo, una pequeña ciudad conservadora de Texas donde el aborto está prohibido, un grupo de habitantes quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan acceder a este procedimiento en estados vecinos que sí lo autorizan. La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos. Bajo acusaciones de no ser lo suficientemente provida, varias organizaciones de extrema derecha presionan a los alcaldes de localidades del sur de Estados Unidos para que aprueben la denominada “prohibición de viaje para abortar”. “Vulnerables a los ataques”Esta iniciativa, creada por el activista provida Mark Lee Dickson, ya suma unos 70 pueblos, ciudades y condados a los que califica de santuarios, donde algunos ciudadanos impiden el libre tránsito por carretera a aquellas mujeres que intentan viajar a otros estados donde abortar sí es legal.“Creo que los alcaldes de estos pueblos y ciudades son elegidos estratégicamente. Son elegidos porque son vulnerables a los ataques, no de la izquierda sino de la derecha. Creo que las ordenanzas se aprueban con el fin de demostrar una falsa sensación de fuerza entre las ciudades que son vulnerables y el liderazgo es débil a las presiones de estos colectivos provida”, afirma Rachel O’Leary, líder de la organización por los derechos de la mujer Women’s March.Tras recibir una oleada de críticas por parte de los grupos conservadores, Cole Stanley, el alcalde de la localidad de Amarillo, en el sur de Texas, pidió a los activistas que reformularan la propuesta y esta podría ser llevada a votación en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales.Vínculos con TrumpPara la activista, esto no es casualidad, ya que uno de los actores que está detrás de todo esto es el propio abogado del expresidente y candidato a las elecciones, Donald Trump: “[Trump] se ha rodeado de gente que está probando algunas de las políticas más extremistas tanto en cuestiones como el aborto como en temas relacionados con la raza, la inmigración o los derechos trans”, dice.“Por lo tanto, no sólo se trata del aborto, ya que muchas de las organizaciones cuyo objetivo principal era prohibir el aborto han pivotado sus misiones para incluir esas otras cuestiones”, subraya.  En mayo de este año, el Tribunal Supremo de Texas rechazó de forma unánime la demanda de cinco mujeres que alegaban haber sufrido graves complicaciones en sus embarazos y a las que se había negado el acceso al aborto, a pesar de las pruebas aportadas.“Esto es una prueba de que la aplicación de las excepciones se decide arbitrariamente, siempre que no se concedan, lo que deja a los proveedores de servicios médicos en una situación muy complicada, por lo que les cuesta entender lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que es y no es legal. Además, la mayoría de los juristas que tratan este tema creen que este factor es incluso una parte de la estrategia”, indica O’Leary.La iniciativa “prohibición de viaje para abortar” ha sembrado la polémica tanto entre conservadores y demócratas, como entre los propios conservadores. Un síntoma más de la extrema polarización que vive el país y que detonará en las elecciones presidenciales de noviembre.   

El enclave fundado por el ex millitar nazi, Paul Schaffer y funcionó hasta el retorno de la democracia en Chile. RFI habló con uno de los abogados de las víctimas de Colonia Dignidad, Winfried Hempel.  “Hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso”, dijo en su rendición pública a la nación, el presidente chileno, Gabriel Boric, al anunciar la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, una secta en donde se obligó a colonos alemanes y chilenos a trabajo forzado, se abusó sexualmente de algunos de ellos y que también sirvió como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet.  El Gobierno chileno pretende convertir el lugar en un Memorial.“Saludamos esa iniciativa. Nos satisface enormemente, sin perjuicio del otro gran tema que surge inmediatamente, que es el tema del destino de la plata. La verdad. La expropiación es una venta forzosa jurídicamente hablando, y una venta forzosa significa que va a correr plata por el valor comercial de la parte expropiada. Esa plata legalmente correspondería a los hijos de los ex jerarcas. No puede ser que el Estado, por un lado, con la derecha, esté expropiando, instaurando un centro de memoria en el fondo reparando y materialmente, pero con la izquierda esté dando esa plata a quien no hay que darle ni un solo peso”, denuncia Winfried Hempel es un ex colono alemán y ahora es el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad.Colonia Dignidad fue fundada en 1961, en el sur de Chile, por el alemán Paul Schafer y fue desmantelada solo en 1991. Todavía viven en el lugar decenas de colonos y parte de ellos denuncian que aún se mantiene la estructura económica que creó el fallecido líder, que alcanzó a cumplir condena en Chile, acusado por abusos sexuales, condena que las víctimas piden para otros dirigentes del ex enclave alemán.“Dos generaciones de culpables. Unos son los jerarcas históricos, quienes en su mayoría cumplieron condena de cárcel y murieron. Y después hay jerarcas de una segunda línea, un poquito más jóvenes que se han fugado todos a Alemania y viven en tranquilamente porque en Alemania no son juzgables y no son extraditados a Chile. Estamos frente a un caso de impunidad en esa segunda generación de jerarcas. Es bastante frustrante esa situación, sobre todo porque Alemania en ese sentido, no colabora en nada”, afirma Hempel a RFI.Un tema que el presidente Boric podría volver a tratar esta semana cuando se reúna nuevamente con el canciller Scholz durante su visita oficial a Alemania.

Las autoridades migratorias empiezan a aplicar las nuevas restricciones al asilo en la frontera con México promulgadas por el presidente Joe Biden, que dio un giro a su política migratoria al anunciar, entre otras cosas, el cierre de su frontera con México. Unas medidas denunciadas por las organizaciones civiles y que los analistas describen como electoralistas. “Hoy anuncio acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo”: estas palabras del presidente estadounidense sorprendieron a muchos. Joe Biden daba a conocer así la emisión de una orden ejecutiva para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales. Más temprano ordenaba el cierre temporal de la frontera con México, cuando la cifra de entradas irregulares supera los 2.500 casos en un día.Un propósito político“El propósito es eminentemente político”, dice a RFI Tony Payan, director del Centro Estados Unidos-México de la Universidad Rice en Estados Unidos. Es una decisión política del demócrata acorde a la agenda de campaña de su rival Donald Trump para quien la inmigración ilegal es tema central, pero también al interés del estadounidense promedio. Según recientes sondeos, un 27% de la población dice que la inmigración es el tema más importante que enfrenta el país.“La pieza central de la campaña van a ser los ataques centrales a su desempeño como presidente de Estados Unidos. Siente que es el punto más vulnerable y obviamente, ahora tiene que de alguna manera corregir esa impresión que los republicanos han estado cultivando y machacando por todo el país durante todo este tiempo”, subraya Payan.Otro estiloEl nuevo plan migratorio de Biden hace uso de la misma autoridad ejecutiva que usó Trump para prohibir, en 2017 y 2018, la entrada de solicitantes de asilo. Pero según el analista Tony Payan, no se trata de copiarlo.“Cuando Donald Trump era el presidente, esta política vino acompañada de una crueldad inusitada, separaban a familias, separaban a niños de sus madres. Todavía hasta esta fecha, algunos de esos niños no han podido ser unificados con sus familias. Había un maltrato. A los migrantes se les guardaba en jaulas prácticamente en temperaturas que los congelaban. El presidente [Biden] no está haciendo eso, sencillamente está diciendo que si los números exceden 2.500 se van a tener que esperar en México y se van a suspender las audiencias de asilo. Entonces los migrantes tendrán que quedarse en México”, explica.En busca de votosLas medidas anunciadas por Biden, que serán impugnadas por organizaciones civiles, también molestan a su electorado tradicional. La pregunta es, ¿ganará votos con esto? “El presidente Joe Biden obviamente no está tomando esta medida para su base electoral. Esta es una medida diseñada precisamente para proveerle al presidente la capacidad discursiva de dirigirse al público estadounidense en general, a la gente en Wyoming, en Ohio, en Carolina del Sur, en Nebraska, y decirles ‘estoy tomando medidas claras, estoy asegurando la frontera y estoy deteniendo el flujo migratorio’”, responde Payan.“Aquí, la pelea, la lucha es por los indecisos. La lucha es por aquellos que dicen que es preocupante la situación en la frontera. Aquí son los votantes intermedios. A esos se dirige el expresidente Trump, y a esos se dirige el presidente Joe Biden por supuesto”, recalca.Actualmente Donald Trump le saca varios puntos de ventaja a Biden en las proyecciones electorales. El voto de los indecisos será clave para definir al ganador en noviembre próximo.

La World Weather Attribution (WWA) publicó un estudio de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años. El equivalente de tres meses de lluvia en dos semanas dejan como resultado 28 mil toneladas de escombros, muebles despedazados y miles de electrodomésticos inservibles arrastrados por potentes corrientes de agua. Las imágenes del diluvio que azotó el sur de Brasil el pasado mayo le dieron la vuelta al mundo y la ciencia estima que esto es una consecuencia del cambio climático. “Cuando la atmósfera está más caliente, hay más humedad en el cielo, es lo primero hay que entender. Y este fenómeno es un fenómeno físico de la tierra qué sucede con o sin cambio climático. Así funciona la naturaleza.Sin embargo, actualmente tenemos una atmósfera mucho más caliente y por lo tanto hay más lluvia, pero ojo, que serán más intensas y se producirán en un período de tiempo más corto como consecuencia directa del cambio climático”, explica Regina Rodrigues, climatóloga de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Leer tambiénVuelven las lluvias y prolongan el desastre por inundaciones en BrasilLimitar el aumento de la temperatura del planeta es el objetivo del siglo, no rebasar los 2°C de la media, pues los desastres naturales podrían agravarse. “Cuando hicimos este análisis, nos dimos cuenta de que este evento es muy extremo, porque ocurría una vez cada 100 a 250 años. Pero en una atmósfera por arriba de los 2 °C todo indica que las lluvias serían más frecuentes y podrían ocurrir cada 20 a 30 años. Y esto es muy problemático porque pasarán muchos años para reparar los daños”, insiste la climatóloga Rodrigues tras el reciente estudio de World Weather Attribution (WWA) de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años.Y aunque hoy la humanidad deje de emitir gases de efecto invernadero, el clima ya está alterado, ya no hay vuelta atrás, advierten los expertos. Ahora lo que se necesita, según Regina Rodrigues, es que los países se adapten, invirtiendo en la tecnología que permita mitigar los daños. “Los daños, sin duda, habrían sido menores si se hubieran destinado recursos tecnológicos para la adaptación. Incluso los países ricos no invierten lo suficiente en tecnologías. Es el caso de los Estados Unidos o los países europeos. Vemos cada año como los efectos del cambio climático les provoca problemas muy grandes, devastadores, porque no invierten lo suficiente para mitigar el cambio climático y su adaptación”, concluye.  Leer tambiénLa situación se vuelve cada vez más crítica en Sudamérica por las inundaciones

En entrevista con RFI, David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París, estima que la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, 'sabrá cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal' y recuerda que ella tiene 'su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda'.  La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, afronta un mandato con una serie de desafíos ya habituales en México, como la lucha contra la violencia, ya sea ligada al narcotráfico o contra las mujeres, así como la inmigración o la falta de fondos públicos.Sin embargo, hay otro aspecto que puede resultar singularmente complicado: la relación con el estamento militar. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una buena relación con los militares, formalizada en una serie de concesiones en la gestión de grandes infraestructuras como el Tren Maya o empresas como aerolíneas e incluso en la seguridad pública.Sheinbaum ha dicho que esos acuerdos podrían ser revisados. Cualquier cambio podría tensar la situación, advierte a RFI David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París."Lo más delicado es el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero también en el manejo de ciertas obras de infraestructura, aeropuertos, aduanas y el famoso Tren Maya. Es una situación difícil. Quizá sea muy difícil que pueda realmente deshacer el arreglo que hizo el presidente saliente y decir que tiene que revisarse. Para ello, tendría que darle al ejército ciertas garantías. Conservar lo que han tenido hasta ahora, esencialmente, manejar el presupuesto relativo a la defensa y los presupuestos que corresponden no lo veo demasiado complicado, si bien pueden presentarse resistencias si se trata de reducir de alguna manera la intervención del Ejército en ciertos ámbitos de la economía".Sheinbaum tiene su propio capital políticoLa popularidad del presidente saliente, López Obrador, sirvió a Sheinbaum para cimentar su victoria, pero, ¿hasta qué punto puede desligarse de las políticas de AMLO, su predecesor?"Sheinbaum no ha dado una señal clara de divergencia o de cambio de orientación en comparación con lo que ha hecho hasta ahora Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podemos decir es que ella tiene su propio capital político. Sheinbaum no es alguien que le deba a AMLO la posición que tiene ahora. Ella no le debe toda su legitimidad al presidente saliente. Ella tiene su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda. Por eso, ha ganado la posición que tiene. Va a saber, yo creo, cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal".

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios del domingo 2 de junio. Los asesinatos, extorsiones y amenazas registradas en 2024 levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos.  Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo. Elegirán nuevo presidente así como a 20.000 personas aspirantes a cargos públicos. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios en medio de una ola de asesinatos, extorsiones y amenazas a candidatos y votantes.Según cifras oficiales, más de 20 candidatos a alcaldías locales han sido asesinados desde que inició la campaña en septiembre pasado. Se levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos. En ciertas regiones, los municipios son los más frágiles, aquí el crimen organizado somete a funcionarios y a partidos políticos. También existe la 'narcopolítica' y es un problema que preocupa a los especialistas en seguridad. En estas elecciones de 2024, el número de asesinatos se acerca a 100 y se estima que fueron cometidos por el crimen organizado.Leer tambiénViolencia electoral en México: 'Intentan hacerlos pasar por ataques del crimen organizado'En algunas regiones los partidos políticos pueden estar subordinados al narcotráfico e incluso operar al interior de ellos. Tan grave es el problema que el gobierno mexicano considera la lucha contra el crimen organizado como una variable al momento de tomar decisiones, lo que preocupa a diversos a diversos analista como Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en temas de seguridad: “¿En qué democracia estable pones en la mesa de análisis la variable del crimen organizado? Algo estamos haciendo mal en la democracia mexicana porque imagínate tú que estuviéramos hablando en estos términos de la democracia en Estados Unidos o en Francia o en Italia o en Japón. No digo que no exista la violencia política, pero no, no forma parte de las incidencias que puedan afectar los resultados de los propios comicios”.A diferencia de otros países, en México son los ciudadanos quienes aseguran el desarrollo de las jornadas electorales, no la policía ni el Ejército. Pero en 2024 será diferente. El presidente Obrador anunció que se movilizarán más de 260.000 hombres para evitar incidentes el día de la jornada electoral. “Existe la posibilidad de que en algunas partes remotas del país pueda haber algún tipo de violencia para impedir o alterar el desarrollo de la jornada electoral, pero no es nuevo. O sea, porque no solamente se trata de la violencia criminal relacionada en la política, también entre los grupos políticos, aunque no estén relacionados con el crimen organizado, también ejercen su grado de violencia entre sí. No toda la violencia que estamos viendo en torno al proceso electoral tiene que ver con la intromisión del crimen organizado y complicidades con las estructuras políticas locales”, indica el investigador Oliva. Leer tambiénLas elecciones de México 2024 serán 'las más violentas de la historia'

Este miércoles 29 de mayo concluyó la campaña electoral mexicana, la más grande de toda su historia, pues se renovarán unos 20.000 cargos. Por primera vez, será una mujer quien tome las riendas de este país. Las encuestas le dan ventaja a Claudia Sheinbaum, la abanderada del partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero esta contienda dejó muchas víctimas en el camino: casi 90 políticos fueron asesinados, según el último reporte del Laboratorio Electoral. Sin importar el color del partido, unos 90 políticos de la contienda electoral en México fueron asesinados durante la campaña. De esta cifra, al menos 34 eran candidatos.Este miércoles fue asesinado el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Alfredo Cabrera recibió disparos durante un mitin en medio de la muchedumbre.Los crímenes no tienen que ver con ideologías o posiciones políticas. "Nadie tiene claridad sobre de qué lado viene la violencia. Pero hay grupos de crimen organizado, del narcotráfico y por supuesto algún nivel de violencia dentro de los partidos políticos que hemos identificado. Están tratando de hacerlos pasar por ataques del crimen organizado, pero perpetuados por grupos partidistas", explica a RFI Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Este laboratorio ha seguido los crímenes desde que comenzó la contienda electoral, en 2023, con las internas de los partidos, y hasta esta última etapa, que concluye el 2 de junio."Un limbo los dejó vulnerables"No obstante, Arias observa que la violencia electoral se transformó justo ahora en la recta final. "Se han registrado muchos ataques a candidaturas sin que pierdan la vida pero específicamente dirigidas a sus equipos más cercanos de campaña. Nos preocupa el efecto sobre la inseguridad no solamente durante la jornada electoral pero también en el periodo electoral", resalta.Ante esta vorágine de violencia, la seguridad por parte del gobierno llegó demasiado tarde. "La violencia sorprendió a las autoridades locales en un momento en el que estaban desprotegidas: es decir, cuando eran precandidaturas o aspirantes a un cargo de elección popular. Ese limbo las dejó vulnerables", reitera Arias.Muchos candidatos optaron hacer campaña portando chalecos antibalas y los candidatos a la presidencia de México son acompañados por 24 agentes de seguridad encargados de proteger sus vidas.  Algo nunca antes visto.

El presidente Javier Milei sigue intentando avanzar con sus reformas en Argentina, y para ello ha designado a un nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apostándole al diálogo. Desde la elección del mandatario argentino, el panorama era claro: Javier Milei no tendría tan fácil llevar a cabo toda su maquinaria de cambios, al asumir el poder con minoría en ambas cámaras del poder legislativo. Para lograr sus objetivos, acaba de nombrar a Guillermo Francos, anteriormente ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno.“El más dialoguista”Milei generó un Gobierno bastante débil, pero con ambiciones de reformas muy grandes, dice Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, quien asegura que Guillermo Francos será esa pieza clave que destrabará los proyectos reformistas del mandatario.“Francos es el más político del Gabinete de Milei, junto con Patricia Bullrich. Son las figuras con mayor peso político, pero claramente Francos es el más dialoguista de un Gobierno que surge denostando a lo que concibe como la casta que es la política tradicional, pero que se encuentra ante la necesidad de negociar”, explica Aguiar.“El más negociador de los ministros, claramente el más dialoguista, el menos propenso a descalificaciones, es Guillermo Francos, contrastante con las características personales de Milei, que es un confrontador nato”, recalca.Ley Bases¿Y cómo un confrontador nato como Milei llegó a decantarse por el diálogo? Para Aguiar, todo empezó con la llamada “Ley Bases” que en sus inicios tenía 664 artículos y se refería a diversos temas: emergencia económica, reorganización administrativa, seguridad y defensa, justicia, interior, ambiente, turismo y deporte, capital humano, salud pública, infraestructura y servicios… Un texto que según el consultor político, toca casi todas las fibras de la vida de los argentinos.“En una primera instancia, esta ley de base fue rechazada por el Congreso y esto generó la necesidad de llevar adelante una enorme cantidad de negociaciones en un contexto de una sociedad polarizada, con bancadas opositoras, con gobernadores de otro signo político, ya que Milei no cuenta con un solo gobernador que sea de su propio signo político, para intentar que esa ley sea aprobada”, comenta el politólogo.“En ese contexto, Guillermo Francos desde el Ministerio del Interior ha tenido, al menos hasta ahora, una labor de fuerte visibilidad pública en la búsqueda de la aprobación de ese cuerpo normativo de más de 250 artículos hoy, que inicialmente tenía más de 600”, precisa.El cambio en el Gabinete se produce en una semana clave para el Gobierno de Milei, pues el Senado puede definir la fecha para el debate de la llamada Ley Bases, que ahora se redujo al tercio de su propuesta inicial y cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Está por verse qué pasará en la Cámara de Senadores.

Con ocasión del 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes de Colombia y Estados Unidos a partir de este martes, Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, dijo a RFI que 'todo ha sido probado en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero nada ha funcionado'. Al mismo tiempo, en este frente es 'poco probable' que Bogotá convenza a la administración Biden de 'cambiar sus políticas', apunta Sergio Guzmán, de Colombian Risk Analysis.  Este martes empieza en Bogotá el 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes del gobierno de Colombia y Estados Unidos, un encuentro en el que se abordarán temas como la paz, las relaciones bilaterales y la lucha antinarcóticos.La lucha antinarcóticos, tema central en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, es uno de los puntos de la agenda en el Diálogo de Alto Nivel (DAN) que sostendrán el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma.Ambos países estrecharon sus lazos en los años 70 con la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de perseguir la producción, el comercio y el consumo de sustancias psicoactivas. Esta política, según el presidente colombiano Gustavo Petro, ha fracasado. Por eso su gobierno está buscando otras soluciones, explica Julian Quintero, director de Acción Técnica Social, una organización que busca reformar la política de drogas."Definitivamente, la conversación tiene que abrirse a la regulación del mercado de la coca y de la cocaína. En Colombia se han evaluado y se han probado todas las fórmulas del prohibicionismo para contener el crecimiento del narcotráfico y todas han fracasado. Cualquier fórmula que usted se pueda imaginar: fumigación, extradición, extinción de dominio, persecución, proceso de paz, todas han fracasado frente al poder del narcotráfico. Por eso es hora de que se abra la conversación sobre la regulación de la cocaína, como lo está haciendo ya Europa y como se viene hablando en los escenarios internacionales".El analista político Sergio Guzmán, director de Colombian Risk Analysis, estima que la visión del presidente colombiano de modificar la llamada guerra contra las drogas es muy ambiciosa."El presidente Petro quiere impulsar unos cambios muy robustos, estructurales, globales. No solo impulsar el tema de la política antidrogas, sino también, por ejemplo, la forma en que los bancos multilaterales emiten crédito. Pero yo creo que para Estados Unidos esos son temas inamovibles. Estados Unidos no va a desistir de sus políticas antidrogas. Estados Unidos tampoco va a favorecer cambios súbitos a la gobernanza de las instituciones multilaterales. Por eso creo que [el DAN] va a ser un diálogo de sordos".Quintero coincide con Guzmán en que una reforma de política de drogas no será fácil y asegura que el mayor reto para el gobierno colombiano es encontrar países aliados."Desafortunadamente, aunque Colombia está haciendo un buen trabajo, está dando unos buenos argumentos y está convenciendo, todavía le falta que muchos [países] en la región entiendan la necesidad del cambio. Por ejemplo, Ecuador sigue radicalizándose con el tema de la prohibición, como lo está demostrando el nuevo presidente, y México fue una desilusión en términos de reforma de política de drogas".Además de la lucha antinarcóticos, el Diálogo de Alto Nivel también tratará temas como la paz, el medio ambiente, la energía, la minería, la infraestructura, las relaciones bilaterales, los derechos humanos, la justicia, entre otros. Este mecanismo bilateral se estableció en 2010 y, según la cancillería colombiana, es la instancia más relevante para "abordar los temas de interés mutuo, acordar las áreas de trabajo y los programas específicos de cooperación técnica bilateral".

Tras su gobierno de política antiinmigración, el exmandatario estadounidense Donald Trump busca conquistar al electorado latinoamericano para intentar volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo.   “No importa de qué color eres, todos somos estadounidenses y vamos a unirnos”, sostuvo Donald Trump, decidido a seducir a los votantes afro y latinoamericanos. Sus mítines políticos hacia estos grupos aumentan y el jueves estuvo en el Bronx de Nueva York. En el sur de este barrio al menos el 64% de habitantes son hispanos y suele ser un bastión demócrata. Trump está aprovechando el desencanto de los votantes por la administración Biden, estima el Director Ejecutivo de la red de organizaciones Alianza Américas, Oscar Chacón.“Hay un genuino desencanto con lo que muchos perciben como muy pocos logros bajo la administración de Joe Biden, y eso hace que haya una ligera tendencia que gravita hacia la posibilidad de apoyar a Donald Trump”, explica a RFI.“En el caso de la población de origen latinoamericano -el segundo bloque más numeroso de votantes-, ha mostrado desde la elección del año 2016 una inclinación leve de apoyo hacia los candidatos republicanos en general y Donald Trump en particular. Obviamente hay un interés de Del Partido Republicano y De Trump directamente de atraer más a estos votantes”, asegura.Cabe preguntarse a qué se debe este giro en el voto latino. “Yo creo que ahí lo que pasa es que el Partido Republicano está haciendo una labor exitosa”, dice Chacón. “En el plano del mercadeo político electoral, crean la percepción de que las cosas andan mal, cuando los datos duros no respaldan que las cosas vayan mal, y esto no solo es cierto con relación a las personas votantes de origen latinoamericano, sino que es cierto con los votantes en general. Creo que esto hay que verlo también a la luz de una falla grave que está teniendo el Partido Demócrata, y es que tienen una estrategia de mercadeo electoral terrible. O sea, no han sabido capitalizar los logros que ha tenido Biden en lo a lo largo de su gestión presidencial”, enfatiza. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Pure Research muestran un retroceso de popularidad del mandatario Joe Biden ante los latinos. En 2020, esta Comunidad votó un 33% más por Biden, mientras para noviembre los sondeos indican que la ventaja de Biden frente a Trump sería solo del 8%. 

Según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el fentanilo está provocando un número récord de muertes de jóvenes por sobredosis, que ha ido incrementando desde la pandemia del Covid-19. En Estados Unidos, el fentanilo ha provocado una duplicación de las muertes por sobredosis entre jóvenes de 12 a 17 años desde el inicio de la pandemia de Covid 19, según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esta situación afecta principalmente a poblaciones vulnerables que difícilmente logran acceder a los servicios de salud. Este preocupante fenómeno es también analizado por el Instituto RIA, una organización mexicana dedicada a investigar las políticas de la lucha antidrogas. Zara Snapp es su directora, ella indica que algunas de las causas del aumento en el consumo es el desconocimiento del este tipo de sustancias así como la facilidad que tienen los grupos ilegales de ingresar dicha droga. “No hay un conocimiento de las personas usuarias sobre cuáles son las sustancias que están recibiendo. Esto es una consecuencia de la prohibición. Hay algo que se llama la ‘ley de hierro de la prohibición’, que hace que los mercados ilegales giren en torno a sustancias más potentes, más compactas, con mayor dificultad de identificar la sustancia por su olor, por ejemplo. La introducción del fentanilo al mercado de opioides en Estados Unidos es porque es una sustancia más potente, más compacta, más fácil de transportar y como una sustancia sintética, es más fácil de producir en laboratorio”, explica Snapp. Existen dos mercados de fentanilo. El de consumo recreativo que es ilegal, y el legal con fines médicos, producido “en laboratorios legales y donde desde hace décadas se prescribe fentanilo”, recuerda Zara Snapp.La experta en políticas de drogas resalta que las sobredosis por fentanilo se presentan principalmente en adultos, pero que este aumento en los jóvenes es un llamado para fortalecer la educación en la materia. “Personas jóvenes van a experimentar con las drogas. Esto es una realidad. Es aún más urgente mejorar la educación sobre las drogas legales, las drogas ilegales, los riesgos, los efectos y que todo eso lo podemos basar en la verdad y en la evidencia y no en el miedo, en el estigma”, concluye. Leer también'Después de dos años consumiendo fentanilo, estás muerto'El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. En el continente americano tiene fuerte presencia en Canadá, en Estados Unidos y en el norte de México.

Este miércoles tuvo lugar en París la edición número 16 del Foro Económico internacional sobre América Latina y el Caribe. Un encuentro entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que en esta edición se centró sobre el desarrollo sostenible. Ahí estuvo la periodista de RFI, Paola Ariza. Esta semana se celebra en París el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, donde se debate una pregunta: ¿cómo financiar las políticas de desarrollo sostenible en Latinoamérica? Las necesidades de inversión en la región son gigantescas, precisamente, el dato se acerca al 20% del Producto Interno Bruto, la mitad de la inversión en economías asiáticas. Así lo explicó Sebastián Nieto, jefe de la unidad de América latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE para RFI, a la vez que se refirió a los ejemplos positivos que ya existen en la región: “Todos los esfuerzos que se quieren hacer en Chile con el litio. Que sea no solamente una explotación, pero también que ayude a esto a generar empleo formal y a una transformación productiva”.  Nieto reconoce que los desafíos son grandes, pero resalta algunos escenarios que facilitarían una transición verde y justa: “No hay que olvidar. 60% de la diversidad mundial está en América latina. Tenemos 1/3 de energía renovable en América latina, mientras que en en los países desarrollados estamos hablando de menos del 15% de energías renovables”. Para Félix Fernández, director para América latina y el Caribe en la Comisión Europea, el diálogo más importante debe darse con el sector privado: “Hay una parte de financiación y hay una parte de inversión y para financiar objetivos de política pública en Europa pensamos que tenemos que empujar empresas, tenemos que empujar a inversión, con lo cual hay que buscar”.  Para ello, durante el foro se ha resaltado la importancia de hacerse preguntas para seguir avanzando y progresando en el desarrollo y en la inversión. Tal y como explica Féliz Fernández, preguntarse “¿qué quieren hacer las empresas y cuales son las prioridades de sus gobiernos” es básico para definir mecanismos de financiación que puedan ayudar a potenciar los proyectos privados, que acaban teniendo una repercusión positiva en los países de la región.  Además, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, los presentes han puesto sobre la mesa uno de los aspectos más importantes en la actualidad: la digitalización dentro de la industrialización. Un equilibro nada fácil que debe partir de unas sinergias que busquen el desarrollo nacional.  Trabajo y alineamiento que, más allá de los planes de desarrollo nacionales, también pasa por la materia fiscal, pues en la región se recauda cerca del 22% del PIB, según la OCDE, mientras los países desarrollados llegan a un recaudo del 34%. 

En Bolivia, la escasez de dólares tiene en jaque al país y lo está llevando al borde de una crisis social. El abastecimiento de varios sectores, como el farmacéutico y combustibles, se están viendo afectados, y ello incrementa las preocupaciones de la población. Los comerciantes, transportistas e importadores en Bolivia han sido los primeros en denunciar la restricción en el acceso a dólares por parte de los bancos. “Arce, no hay dólares”, decían las pancartas de las manifestaciones de esta semana. Y es que, aunque el Gobierno lo niegue, es una realidad. En Bolivia se están acabando los dólares.Gonzalo Chávez, economista y profesor en la Universidad Católica Boliviana, explica que la crisis tiene origen en la caída de las exportaciones de gas desde 2014, sumada a la mala gestión del gobierno. “Bolivia sufrió un shock externo negativo muy fuerte debido a la caída de los precios, especialmente del gas. Bolivia exporta gas a Brasil y a Argentina. Lamentablemente el Gobierno no hizo un ajuste con la caída de los ingresos y los gastos siguieron aumentando de manera importante”, explica el economista y añade que “el Gobierno utilizó las reservas internacionales del Banco Central Bolivia en dólares que había acumulado hasta el 2014, que llegaban a 15 mil millones de dólares. Entonces, el Gobierno no solamente perdió fuentes de ingresos por el tema de los dólares de exportación, sino también utilizó sus reservas internacionales, que en la época eran 15 mil millones de dólares y ahora ha llegado a algo como mil 800 millones de dólares, siendo que buena parte de eso es en oro y no en efectivo”.Para el economista los sectores más afectados son el farmacéutico, pues Bolivia importa el 90% de sus medicinas y los combustibles, pues según él, el gobierno de Luis Arce tendrá difícil sostener los altos subsidios.“El gobierno está frente a un trilema: ya no es posible tener una inflación baja, un tipo de cambio fijo y subsidios al precio de la gasolina, que son muy fuertes en Bolivia”. Según datos del profesor Chávez, en Bolivia cada año se gasta mil 700 millones de dólares en subsidios a los hidrocarburos. El litro de gasolina cuesta 0,60 centavos de dólar “cuando ya debería costar tres o cuatro dólares”. Las consecuencias es que el gobierno tiene enormes dificultades para mantener el subsidio porque “además depende de la importación de diésel y gasolina. Bolivia es un país que tiene gas, no tiene petróleo y esas exportaciones de gas están cayendo”, concluye.Desde 2011 el dólar se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos, pero ante la escasez en el mercado negro se cotiza a nueve bolivianos y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.

Luis Abinader logró cómodamente su reelección en primera vuelta este domingo al obtener el 57% de los votos. Una cifra arrolladora que se interpreta como un espaldarazo a sus políticas económicas y su fuerte posición contra la migración proveniente de su vecino Haití, país sumido en la crisis y la violencia. Luis Abinader no sólo renovaba su presidencia al frente del gobierno dominicano en la primera vuelta electoral, sino que arrasaba en unas elecciones donde el pueblo dominicano le ofreció su confianza por su acertado manejo de la economía, con subsidios y más empleo, en la primera legislatura. “La aprobación que tiene el presidente Luis Abinader como persona, como político, está por encima incluso de su partido y del sistema”, asegura el politólogo dominicano Luis González. “Ha habido problemas de inseguridad por un lado, y de inflación, pero en la gestión de él, con todo y las circunstancias, ha mantenido cierta estabilidad, lo cual la gente lo ha valorado”. En esta segunda legislatura Abinader principalmente tendrá que relegitimar sus políticas económicas y especialmente sus duras políticas hacia la migración haitiana. “El tema de Haití va a seguir siendo importante. Va a depender de lo que suceda allá en Haití. Pero la posición del presidente es la defensa de la soberanía de la República Dominicana, sin desdeñar y reconocer que Haití está en una situación difícil y por tanto hay que, en lo que se pueda, apoyar al pueblo haitiano”, indica González. Leer también'República Domicana no puede pacificar sola a Haití', dice analista Iván Gatón¿China como país aliado? Para el politólogo dominicano Luis González, el presidente Abinader debe aprovechar este segundo mandato para que llegue más inversión extranjera directa de países como China. “Creo que con China debe acercarse más sin desconectarse, sin desconocer que nuestro aliado fundamental es Estados Unidos y que Europa y occidente son aliados estratégicos de mucho tiempo”, concluye González.Nacido hace 56 años en Santo Domingo en el seno de una familia acaudalada de ascendencia libanesa, Abinader, quien es economista de profesión, llegó al poder de la mano del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en agosto de 2020, año en el que República Dominicana pasó a convertirse en un país de renta media.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, llevó a cabo este viernes la primera audiencia ante el tribunal tras ser acusado de sobornar a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con paramilitares. De esta forma, Uribe hace historia al convertirse en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal.  Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia entre 2002 y 2010, gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su Gobierno debilitó las guerrillas. Pero dicha mano dura es la que le ha llevado hoy a convertirse en el primer expresidente del país en afrontar un juicio penal. La Fiscalía le acusa de influir en los testimonios judiciales de integrantes de los escuadrones de ultraderecha de cientos de masacres a finales del siglo XX, en las que murieron civiles y activistas por los derechos humanos.Alejandra Carvajal, abogada y analista políticacolombiana, aclara las acusaciones a RFI: "Las acusaciones contra Uribe son por la manipulación de testigos y presentar falsas pruebas en un proceso, por haber pagado a exparamilitares para que rindieran testimonio a su favor". Los antecedentes de este juicio se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda. Uribe acusó a Cepeda de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de los 2000.Leer tambiénA juicio al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por manipulación de testigos y fraude procesalNo obstante, la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular a los testigos. Un hecho legal insólito en el país y que tiene dividido a los expertos. "Yo no recuerdo que se haya presentado un caso en el cual se haya invertido la situación, de manera que el acusador pasa a acusado, que es lo que sucedió en este caso. No obstante, debo decir que ante todo hay que reconocer la independencia de nuestras instituciones y que hay que respetar y acatar los fallos de las Cortes", explica Alejandra Carvajal.El expresidente ha reiterado su inocencia frente a los medios de comunicación y ha calificado este proceso como un “montaje”. Aun así, esta no es la única acusación que pesa sobre Uribe. El expresidente también fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como "falsos positivos".

Los dominicanos están convocados a las urnas este domingo 19 de mayo en unas elecciones generales para elegir presidente, senadores y diputados. La seguridad y el costo de vida son unos de los grandes temas que preocupan a los ciudadanos, y a ello se suma el caos de su vecino, Haití. Haití y República Dominicana tienen una historia conflictiva que se remonta al siglo XIX durante la guerra de Colonias, pero las tensiones actuales se volvieron críticas con el colapso de la economía de Haití y la guerra de pandillas tras el devastador terremoto en 2010 que exacerbó la crisis migratoria.Actualmente, Puerto Príncipe sigue en un estado de inestabilidad grave, lo cual preocupa considerablemente a la población dominicana, explica Nathaniel Concepción, director del Observatorio Político Dominicano: "Haití ahora mismo representa la mayor amenaza para la seguridad de la República Dominicana y República Dominicana no tiene la capacidad para poder absorber la crisis multidimensional que tiene Haití. No tenemos la capacidad para absorber esa cantidad de migrantes ni para, siendo nosotros también un país de renta media, poder asumir a un país que está en extrema pobreza, como es el caso de Haití".Afrontar la crisis de Haití es uno de los puntos clave de las campañas electorales de los candidatos a la presidencia. Leonel Fernández, quien se vuelve a presentar a la reelección tras haber sido presidente en tres ocasiones. Aboga por una política basada en la diplomacia, explica el analista: "El ex presidente Fernández, candidato presidencial por la Fuerza del pueblo, tiene un enfoque de este tema que es el siguiente: Primero, que evidentemente hay que defender los intereses dominicanos, la soberanía, la integridad y ponerle a la migración el control legal que hay que ponerle. Pero el presidente Fernández entiende que como es una crisis multidimensional, República Dominicana efectivamente no la puede resolver sola y se requiere ejercer más el músculo diplomático" señaló.Todos los candidatos presidenciales coinciden también en defender las deportaciones a Haití. Cabe recordar que en 2023 hubieron más de 250.000, así como de incrementar las medidas de seguridad en la frontera. La diferencia está en los cierres de fronteras comerciales con Puerto Príncipe, un tema en el que el actual presidente Luis Abinader ha demostrado ser más duro en el pasado y que para el politólogo ha llegado incluso a perjudicar a Santo Domingo.Según el analista, en la situación actual, "ningún gobierno dominicano se puede plantear el tema de ser blando con las políticas migratorias, porque te digo, hay un Estado colapsado al lado. Lo que si generó un perjuicio fue el cierre de fronteras desde el punto de vista comercial. Uno de los principales socios comerciales de la República Dominicana es Haití. El cierre de frontera fue en perjuicio de muchos productores o de ese comercio bilateral y el gobierno la cerró, luego tuvo que reabrir más adelante. Fue una medida que no necesariamente resultó eficaz y sí resultó perjudicial para muchos productores dominicanos de la zona" indicó Concepción.Sea cual sea el resultado en los comicios, República Dominicana no puede resolver sola la crisis de Haití. Es por ello que todos los candidatos presidenciales reclaman una seria intervención de las Naciones Unidas, algo que para Nataniel Concepción sería beneficioso para los haitianos, los dominicanos y la comunidad internacional.

Esta semana, Perú aprobó un decreto supremo en el que define como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género. Dicha normativa, que cuenta con la firma de la presidenta Dina Boluarte, actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y la lista de enfermedades e intervenciones asegurables. Pero al mismo tiempo, ha sembrado la polémica en todo el país, y varios grupos proderechos LGTB han alzado la voz para protestar. Para entender a fondo la crispación del colectivo LGTB con el Gobierno de Perú, hay que entender que el Poder Ejecutivo reformó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud basándose en la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, conocida como CIE-10. Esta es la que reconoce como enfermedad mental la transexualidad y otras identidades de género, y la cual quedó desactualizada en 2022, con la instauración de la CIE-11 que ya no las considera enfermedades.Fomentando la estigmatizaciónPara Rodrigo Flores, portavoz de Más Igualdad Perú, esto fomenta una estigmatización aún mayor del colectivo trans en el país: “Nos han llegado a la asociación diferentes denuncias y noticias de personas que están denunciando que en sus centros de trabajo, algún compañero, o en algún establecimiento les están diciendo: ‘El Estado dice que tú eres enfermo, o sea, en realidad tú sí estás mal, ¿no? Porque el Estado dice que tú estás trastornado’, o estás trastornada, o trastornade”, cuenta.Esta medida recoge a estas identidades de género como “patologías consideradas asegurables”, por lo que podría facilitar el acceso al servicio de salud a las personas trans, las cuales tienen que lidiar con muchos problemas relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Pero para el activista, sólo abre la puerta a actos de discriminación, como las terapias de conversión.Y abriendo la puerta a terapias de conversión“Se abre la puerta a que puedan realizarse y validarse las prácticas y terapias de conversión. Nosotros como asociación, hemos realizado un primer estudio exploratorio, ahora estamos en el proceso de lanzar su segunda versión, donde podemos encontrar que esto ya está respaldado por la data. O sea, sí existen muchos reportes de personas que manifiestan haber sido sometidas a prácticas de conversión, muchas de ellas implicando violencia física, psicológica, tratos denigrantes, etcétera, y en muchos casos esto ocurre además siendo menores de edad”, explica Flores.Los grupos proderechos afirman que el Ministerio de Salud debería haber consultado antes a los colectivos. De esta forma, hubieran evitado las protestas que organizaciones como Colectivo Marcha del Orgullo están organizando.“En estos momentos venimos organizándonos y además convocando a toda la población LGBTI, de derechos humanos, para este 17 de mayo, que paradójicamente es el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia. Entonces estamos autoconvocándonos para reaccionar frente a estas acciones del Ministerio de Salud”, dice Jorge Apolaya, representante del Colectivo Marcha del Orgullo.Las organizaciones por los derechos LGTB tienen claro una cosa, y es que el Gobierno debe retractarse e imponer la CIE-11 cuanto antes. Mientras tanto, continuarán acudiendo a las marchas con la cabeza alta y con orgullo.