Noticias de América

40 años después, la justicia ha condenado a 10 exmilitares por las violaciones a mujeres campesinas en el “caso Manta y Vilca” en Perú, en pleno conflicto entre el Ejército y Sendero Luminoso. Una sentencia histórica que trae algo de paz y dignidad a sus víctimas. En 1984, en pleno conflicto entre las fuerzas de seguridad de Perú y Sendero Luminoso, el ejército instaló una base cerca de las localidades de Manta y Vilca para tratar de tomar el control de la zona. Poco después, se comenzaron a denunciar violaciones de los uniformados a mujeres del lugar, algunas menores, con una impunidad que ha tardado 40 años en desaparecer.“Una suerte de liberación”En el conocido como “caso de Manta y Vilca”, un tribunal ha condenado a 10 exmilitares a penas de entre seis y 12 años de cárcel por la violación de nueve mujeres campesinas en Huancavelica. Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal y abogado de seis de ellas, nos cuenta como estas mujeres vivieron la condena cuatro décadas después.“El día de hoy hemos estado nuevamente reunidos con las señoras. Ellas nos señalaron una expresión, dijeron que hoy en día habían caminado felices. Esa expresión me parece que da cuenta de algo que ellas han sentido como una suerte de liberación. No es que hayan estado presas, pero sí han estado un tanto aprisionadas por una experiencia que sin duda alguna marcó su vida. En algunos casos malogró su vida, ¿no es cierto?”, explica Rivera.“Creo que simboliza algo que no existía en el pasado de sus vidas, que el Estado las escuche, que el Estado las reconozca, que logren encontrar en la justicia un camino de reparación”, recalca.Una sentencia históricaLa naturaleza del caso y que se condene a militares hace que para Carlos Rivera la sentencia tenga todos los elementos para calificarla de histórica: “Es una sentencia histórica, no tengo duda. En realidad, yo creo que hay varias razones. Me parece que una primera es que lamentablemente, a pesar de que la violación sexual en el conflicto armado interno de Perú había sido un dato común, una práctica recurrente, más allá de un solo caso sentenciado en el año 2016, no había ningún otro caso sentenciado, y eso daba cuenta de una situación bastante arbitraria y de desconocimiento de la existencia de crímenes sexuales en el conflicto armado”, precisa.Además, enfatiza el abogado, “el hecho mismo de que el Poder Judicial haya emitido una sentencia condenatoria contra un grupo de militares, me parece que ese solo elemento acredita ya la importancia del caso”.La sentencia, que consideró los delitos como de lesa humanidad, pone fin a cinco años de audiencias de un caso emblemático en el país suramericano por ser el primero en abordar los abusos de uniformados contra mujeres y niñas en ese periodo de violencia armada (1980-2000).

Es un pequeño triunfo para las ONG en defensa del medioambiente. Tras un rechazo judicial inicial, Francia investigará la posible violación de derechos humanos y medioambientales de EDF y TotalEnergies en virtud de su pionera Ley del Deber de Vigilancia.  La justicia francesa investigará las actividades de la eléctrica EDF y la petrolera TotalEnergies para ver si vulneran derechos humanos y medioambientales. Eso sí, en casos concretos, no en su totalidad.Se trata de una decisión basada en la llamada Ley del Deber de Vigilancia, que obliga a las grandes empresas transnacionales francesas a evaluar los riesgos humanos y ambientales de sus actividades y proponer medidas para mitigarlos.La decisión viene del Tribunal de Apelación de París, que ha decidido examinar sobre el fondo las demandas de dos grupos de ONG contra las multinacionales, inicialmente rechazadas por un tribunal judicial.En el caso de EDF, los representantes de la comunidad autóctona mexicana de Unión Hidalgo, en Oaxaca, habían llevado a los tribunales a la eléctrica francesa por su proyecto de levantar un parque eólico con un centenar de aerogeneradores gigantes.Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de la ONG ProDESC, uno de estos representantes, explica el motivo de la denuncia: “El caso fundamentalmente se entiende a partir del incumplimiento respeto al derecho a la consulta, porque la empresa tramitó diversos permisos de parte de las autoridades mexicanas y suscribió diversos contratos, sobre todo de compraventa de energía. Obtuvo por ahí exenciones de impuestos. Todo esto sin que antes la comunidad hubiera sido consultada y otorgara el consentimiento para que este proyecto pudiera instalarse en territorio de su comunidad”.En 2022, las autoridades ya cancelaron los contratos con EDF al no considerar este proyecto viable. Aun así, la denuncia se mantuvo, porque la comunidad, más allá de la suspensión del proyecto, entiende que se tienen que asumir responsabilidades.“En virtud de que ya se han generado violaciones a los derechos de la comunidad indígena, para los miembros de la comunidad y para ProDESC es importante avanzar con este tipo de casos, porque con independencia de las decisiones que se puedan tomar, digamos a nivel doméstico o nacional donde estos proyectos intentan ser impulsados, resulta importante también ir estableciendo la responsabilidad que las empresas tienen a propósito de estos proyectos”, concluye Torres.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se encuentra en el Salvador desde el pasado domingo. El motivo del viaje, tomar nota de las medidas aprobadas por el Gobierno de Bukele para luchar contra la violencia, un modelo basado en el estado de excepción que se ha saldado ya con decenas de miles de detenidos. La ministra de seguridad argentina Patricia Bullrich está realizando una visita de cuatro días al Salvador para analizar el modelo de seguridad implementado por el Presidente Nayib Bukele en su lucha contra el crimen organizado. Un modelo que, según Bullrich, quiere replicar en Argentina.El viaje, con reuniones con el presidente y oficiales de seguridad de primer nivel en la agenda, también ha incluido ya una visita a la mega-cárcel del distrito de Tecoluca, símbolo visible de esa guerra total contra el crimen organizado que se ha saldado ya con más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.¿Se puede implementar un modelo parecido en Argentina? Ariel Larroude, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de Argentina, estima que no.“La conflictividad a gran escala que ha tenido El Salvador durante los últimos 20 años con las maras y cómo ha resuelto el Presidente Bukele Justamente esa violencia no es aplicable aquí en Argentina, básicamente porque no se tiene los mismos niveles de violencia letal”, asegura a RFI.“La realidad es que en Argentina todavía la matriz delictiva nacional está fuertemente ligada a la desigualdad social, básicamente a lo que aquí se conoce como delitos ordinarios, que son los robos, los hurtos, los homicidios, pero por conflictos interpersonales, los feminicidios y no vinculada a temáticas relativas al crimen organizado. Esto no quiere decir ni que en la Argentina no haya narcotráfico, que lo hay, pero sin embargo no tiene la conflictividad en términos de violencia de tal que sí tiene o que ha tenido El Salvador, por lo menos hasta la llegada de Bukele”. Larroude destaca que en los últimos cinco años, Argentina ha registrado solo 4,5 muertes violentes por 100.000 habitantes, frente a las 17 del Salvador. Entiende que la visita es más un gesto mediático.“Creo que es un mensaje mediático, que el fin es mantener la impronta de mano dura que tiene la ministra aquí en la Argentina. Pero realmente no es comparable la situación de ambos países. El modelo de Bukele puede exportarse a cualquier parte del mundo. No obstante, los modelos foráneos hay que tratar de asimilarlos y ver cómo funcionan de acuerdo a las complejidades delictivas de cada país, y la Argentina no tiene la misma conflictividad delictiva que El Salvador”, concluye Larroude.

La justicia de Bolivia reabrió la investigación en el caso de un fallecido sacerdote español para ir tras sus presuntos encubridores, luego de la difusión de su diario personal en el que registró los abusos a centenares de indígenas menores de edad. El Ministerio Público de Bolivia decidió reabrir el caso del sacerdote catalán Luis María Roma, un día después de que el medio español El País revelara el diario personal del religioso fallecido en 2019, que cuenta sus abusos en el poblado indígena de Charagua, en el departamento de Santa Cruz (este).Acotó que el jesuita, apodado "Lucho Roma", abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia y lo dejó por escrito. El medio de prensa identificó a unos 70 menores y tuvo acceso a los archivos fotográficos de Roma con niñas en Bolivia. Las memorias del jesuita en las que describía los abusos fueron encontradas por investigadores eclesiásticos y, según la publicación del diario, fueron nombradas como "Los Manuscritos de Charagua" y no fueron públicas hasta ahora.“Deslindarse institucionalmente”Tras cinco años de investigación, los Jesuitas de Bolivia admitieron en un comunicado haber tenido actuaciones “negligentes, indolentes y nefastas” ante estos abusos y pidieron que se reabriera la investigación. Esta confesión aparece luego de que la orden ocultase los resultados de su investigación interna sobre Luis María Roma. La Compañía de Jesús aseguró que “no protegerá a nadie que tenga responsabilidad en los casos de abusos porque primero son las víctimas”.Para Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, una asociación de víctimas de pederastia, el comunicado de los jesuitas produce una profunda indignación: “No admiten todo lo ocurrido. Están orientando hacia la responsabilidad individual de los sujetos que gestionaron los conflictos en 2019 en el caso ‘Lucho Roma’. Sin embargo, la comisión investigadora es institucional, es de sus canales internos, de su justicia canónica. Y desgraciadamente en esa comisión investigadora estaba otro abusador, también ya denunciado, Carlos Villamil Olea, y estaba algún otro sacerdote, incluso del propio colegio, de donde sale la mayoría de miembros de esta comunidad”, explica.“Entonces, para nosotros resulta nefasto que, a título de reconocer responsabilidades, traten de deslindarse institucionalmente para cargar la responsabilidad en los individuos. Cada uno de estos individuos actuó como parte de un mecanismo institucional de la Compañía de Jesús y en su informe instaba a avanzar, y la Compañía decidió esconder los documentos hasta que se vio obligada a revelarlos”, recalca Alvarado.Investigación y víctimasEl caso del sacerdote Luis María Roma es tan solo uno más de este escándalo que destapó el diario El País. Entretanto la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana no parará hasta que la verdad se reconstruya.“La actitud de la Compañía es hipócrita, es soberbia y es meramente mediática. No son los apropiados para urgir a la justicia boliviana a reabrir el caso. La comunidad de sobrevivientes está segura de que el caso se va a reabrir por dos razones: por una esmerada investigación periodística que ha tomado como un año, y porque han aparecido las víctimas que no encontraba la Fiscalía, y están dispuestas a dar su testimonio en la justicia”, concluye Edwin Alvarado.

A casi 30 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este viernes a la Argentina por faltas en la prevención e investigación del ataque perpetrado en Buenos Aires, que en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Una sentencia celebrada por los familiares de las víctimas y el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes impulsaron la demanda internacional hace ya 25 años. Por Marianela Mayer Tras décadas de impunidad, la justicia dio este viernes la razón a los familiares de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA.La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al estado argentino como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, así como el derecho colectivo a la verdad. En consecuencia, Argentina deberá comprometerse con las investigaciones y las medidas de reparación.La decisión se conoce a un mes de que se cumplan 30 años del ataque y 25 años después de que los familiares de las víctimas, reunidos en la asociación Memoria Activa, presentaran la demanda internacional junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.Diana Wassner, quien perdió a su marido en el atentado e integra la agrupación, celebró la noticia: “Es un hito histórico, no solamente en la causa AMIA, creo que es un hito también en nuestro país porque es una sentencia muy fuerte, muy contundente de una condena absoluta al estado argentino, en donde se le dice que el Estado incumplió todo lo que veníamos denunciando. En primer lugar, el Estado tenía la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y, de hecho, lo incumplió aún a sabiendas de que podía ocurrir un atentado; y después todos los diferentes estamentos del Estado que estuvieron involucrados en el encubrimiento. Es horrible que esto pase, también tiene que ser de alguna manera un hito en que esto no puede volver a pasar”.También la directora del CELS, Paula Litvachky, destacó la relevancia del fallo, que fija estándares jurídicos para la región: “Es un impacto político, obviamente, y un impacto en términos reparatorios y tiene un impacto jurídico también. El estado argentino, (le) es obligatorio cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Ya tiene un impacto muy claro vinculado al establecimiento de una verdad, sobre cómo fueron estos 30 años y tiene que ver con parte lo que dijo la Corte, que el Estado argentino, sus acciones concretas fueron las responsables de que hoy no haya una respuesta adecuada, no solo a las víctimas, sino a la sociedad argentina.”Ahora comienza otra etapa, la de controlar que el estado argentino cumpla con lo dispuesto.“Cuando me refiero al estado argentino, no se refiere únicamente al poder ejecutivo, también al poder judicial y al poder legislativo. El poder judicial tiene mucha responsabilidad y tiene cosas para revertir esta situación. No es mera retórica. También, vinculado a la reconstrucción de la verdad, no únicamente con el atentado, sino con todo lo que fueron las maniobras de desvío y de encubrimiento de la investigación, y hay todo un capítulo vinculado a la desclasificación de información. Estamos pasando por un momento político también medio complicado y hay que ver qué posición toma el poder ejecutivo, pero no se trata de que solo el poder ejecutivo cumpla, sino los tres poderes”.Aunque el daño fue muy importante, tienen expectativas en lograr una mayor transparencia del Estado. Sobre todo, en la “connivencia” de los servicios de inteligencia y el poder judicial, un tema que para la abogada sigue siendo de actualidad.

Una semana después del polémico decreto de Joe Biden que restringe el acceso al asilo, varios grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda contra el Gobierno estadounidense. Según denuncian, esta medida es “ilegal”, mientras que las organizaciones presentes en la frontera temen una mayor exposición a la violencia de estas personas, de por sí vulnerables. En un giro a su política migratoria, el presidente estadounidense Joe Biden firmó recientemente un decreto que autoriza el cierre de la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en una semana. El paso sería abierto nuevamente cuando bajen a un promedio de 1.500 detenciones. Una cifra muy limitada, teniendo en cuenta que en mayo hubo una media de 3.800 por día.“Derecho de pedir asilo”Para la Casa Blanca, esto permitirá “tomar el control” de la frontera, pero organizaciones defensoras de migrantes consideran la norma “ilegal” y presentaron una demanda ante la justicia.“La regla y la póliza son ilegales. La ley queda muy clara que cada quien, no importa la manera en cómo entra al país de Estados Unidos, tiene el derecho de pedir asilo, de pedir esa protección, y el Gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de no devolver personas a un país donde pueden experimentar persecución”, nos explica al respecto Edith Sangüeza, abogada del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), uno de los grupos querellantes.Además de posibilitar el cierre del cruce fronterizo, el decreto endurece los estándares para examinar las solicitudes de asilo y favorece las deportaciones aceleradas. Una situación que alarma a las asociaciones, quienes confían en que la justicia pueda revertirla: “Nuestra esperanza es que el juez vea, como muchos jueces han visto con reglas similares bajo la administración de Biden como la administración de Trump, que una regla así, que es contraria a la ley, es ilegal y no puede continuar”, comenta Sangüeza.Faltan “formas correctas de abordar esto”En tanto, del lado mexicano de la frontera, de a poco comienza a sentirse el impacto de la nueva normativa. “Tenemos preocupaciones porque algunos actores y nuestras contrapartes organizaban lo que se llama walk ups: a las personas que no tenían su cita CBP One aún, por algún caso de emergencia médica o alguna vulnerabilidad, se les dejaba pasar. Desde que esta orden cayó ya esos walk ups son un poquito más complicados”, lamenta Oumy Ba, coordinadora adjunta de proyectos de Médicos Sin Fronteras.La responsable se muestra preocupada ante el posible incremento de las deportaciones y, por ende, del flujo fronterizo hacia México, lo que supone un riesgo para la población migrante. “Lo que vemos durante todos estos años es que la migración no va a parar, es algo que va a continuar. No se están decidiendo formas correctas de abordar esto. No es con una orden ejecutiva que va a limitar el acceso al asilo que vamos a arreglar los problemas. Y se tiene que tomar decisiones que van a arreglar el problema en su raíz”, señala Oumy Ba.De momento, la incertidumbre reina, algo que también afecta a la salud mental de los migrantes.

Este miércoles llegó a Cuba una flota naval rusa de última generación, que realizará una estancia de cinco días en la isla. Aunque la visita ha sido prevista con antelación, Estados Unidos dice estar siguiéndola desde "muy de cerca". El Ministerio de las Fuerzas Armadas cubano indicó que estos navíos no portan armas nucleares y no representan una “amenaza para la región”. Algo confirmado por el Pentágono, que aseguró no estar preocupado al respecto.No obstante, la visita se da días después de que Putin amenazara con desplegar armas en terceros países para golpear intereses occidentales, en un contexto de tensión creciente por la guerra en Ucrania.“Intencionalidad de provocación”“Hay una intencionalidad de provocación, no significa que esa provocación tenga una proclividad al escalamiento. Es una muestra de fuerza, de capacidad de proyección y de demostrar que ellos tienen sus socios en otras partes del mundo. Como en este caso es Cuba, pero en el pasado se ha hecho también mucho énfasis sobre Venezuela”, explica a RFI el analista internacional Andrei Serbin Pont.Las actividades rusas en América Latina y el Caribe no son una novedad. Pero el interés estratégico es relativo, como comenta el también presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: “No es particularmente importante para la estrategia militar rusa, sólo en términos del inconveniente que le genera para Estados Unidos la presencia rusa como la China en América Latina. Para Estados Unidos, ha sido particularmente importante tratar de evitar la penetración de estos actores dentro de la región, con un éxito limitado. Y entonces hacer este tipo de maniobras o tener este tipo de presencia es una forma de muy bajo costo de enfatizar estos problemas para Estados Unidos”.“Resistencia ante la influencia norteamericana”Distinta, en cambio, es la relevancia del apoyo ruso para Cuba. “Históricamente trata de marcar muy claramente su posición de resistencia ante la influencia norteamericana. Mostrarse con socios poderosos les es de interés, obviamente, pero también en un contexto creo que doméstico complejo, vienen de una serie de protestas, de problemas energéticos, una crisis económica muy fuerte, el apoyo internacional también le es de interés al régimen a la hora de proyectarse internamente”, analiza Andrei Serbin Pont.El arribo de esta flota a la isla caribeña se dio el mismo día en que el canciller cubano Bruno Rodríguez y su homólogo ruso Serguéi Lavrov se reunieron en Moscú. Allí, el funcionario cubano rechazó la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa y celebró “las históricas relaciones de amistad” entre ambos países.

Concluyó el primer juicio en Estados Unidos contra la multinacional Chiquita Brands por la financiación a los paramilitares en Colombia, y por los crímenes cometidos. La sentencia: pagar una millonaria indemnización a 8 víctimas, de momento. Ahora, falta que la compañía recurra la sentencia o por el contrario indemnice a las víctimas. En 1997, David, un hombre que dedicaba sus días a trabajar en una plantación de bananos, fue asesinado en 1997 a manos de un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Más tarde, los paramilitares también acabarían con la vida de su hermano y secuestraría a sus hijas; todo con el objetivo de expulsar de sus tierras a toda la familia en nombre de la empresa Chiquita Brands. Tras más de una década de litigios, una corte de Florida, Estados Unidos, condenó a los directivos de la empresa norteamericana por financiar estos atroces actos de violencia.Un hecho inédito, según Gabriela Valentín, abogada de EarthRights, uno de los grupos que presentaron la demanda. “Está es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una corporación de Estados Unidos por su complicidad en abusos de Derechos Humanos cometidos en el exterior, en este caso en Colombia”.Los antecedentes del caso se remontan a los años 80, cuando esta multinacional bananera, quiso expandirse en varias regiones colombianas afectadas por la violencia generada por la guerrilla conocida como las FARC. Su objetivo era hacerse con los terrenos cuyos precios estaban por los suelos, pero al igual que a la ciudadanía, las FARC comenzó a amenazar a la compañía. En lugar de buscar ayuda en el ejército o la policía, Chiquita proporcionó armas y financió con 1,7 millones de dólares a otro grupo paramilitar, que emplearon también el dinero para cometer masacres que han afectado a más de 4.000 personas. “El jurado, tras escuchar todos los testimonios de las víctimas, a los funcionarios, revisar y analizar pruebas documentales y escuchar por parte de expertos, tomó la decisión de que sí, la financiación de Chiquita a las AUC causó la muerte de las víctimas, a los familiares de los demandantes”, explica la abogada y añade que en cuanto a la pregunta de si la empresa fue extorsionada para recibir esos pagos, “determinaron que no, que no hubo ninguna extorsión”. Según EarthRights, aún queda un largo camino por recorrer, ya que falta que la justicia reconozca los crímenes cometidos contra el resto de las familias afectadas.Los ocho demandantes en el juicio civil de Florida acusaron al grupo agroalimentario de pagar casi dos millones de dólares a las AUC y ayudarles a transportar armas y drogas. El jurado aceptó el argumento de que ese dinero se utilizó para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas. Por eso los ocho demandantes “a lo que el jurado encontró responsabilidad por parte de Chiquita se les otorgó más de 38 millones de dólares americanos. En este momento no sabemos exactamente cuándo los recibirán ya que Chiquita tiene la oportunidad de apelar la decisión”, explicó Gabriela Valentín, abogada de EarthRights.Leer tambiénMultinacionales y paramilitares: una alianza poco investigada en Colombia

En Amarillo, una pequeña ciudad conservadora de Texas donde el aborto está prohibido, un grupo de habitantes quiere impedir que sus autopistas se utilicen para el transporte de mujeres que buscan acceder a este procedimiento en estados vecinos que sí lo autorizan. La llamada “prohibición de viaje para abortar” ya existe en al menos 10 jurisdicciones de este estado del sur de Estados Unidos. Bajo acusaciones de no ser lo suficientemente provida, varias organizaciones de extrema derecha presionan a los alcaldes de localidades del sur de Estados Unidos para que aprueben la denominada “prohibición de viaje para abortar”. “Vulnerables a los ataques”Esta iniciativa, creada por el activista provida Mark Lee Dickson, ya suma unos 70 pueblos, ciudades y condados a los que califica de santuarios, donde algunos ciudadanos impiden el libre tránsito por carretera a aquellas mujeres que intentan viajar a otros estados donde abortar sí es legal.“Creo que los alcaldes de estos pueblos y ciudades son elegidos estratégicamente. Son elegidos porque son vulnerables a los ataques, no de la izquierda sino de la derecha. Creo que las ordenanzas se aprueban con el fin de demostrar una falsa sensación de fuerza entre las ciudades que son vulnerables y el liderazgo es débil a las presiones de estos colectivos provida”, afirma Rachel O’Leary, líder de la organización por los derechos de la mujer Women’s March.Tras recibir una oleada de críticas por parte de los grupos conservadores, Cole Stanley, el alcalde de la localidad de Amarillo, en el sur de Texas, pidió a los activistas que reformularan la propuesta y esta podría ser llevada a votación en noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales.Vínculos con TrumpPara la activista, esto no es casualidad, ya que uno de los actores que está detrás de todo esto es el propio abogado del expresidente y candidato a las elecciones, Donald Trump: “[Trump] se ha rodeado de gente que está probando algunas de las políticas más extremistas tanto en cuestiones como el aborto como en temas relacionados con la raza, la inmigración o los derechos trans”, dice.“Por lo tanto, no sólo se trata del aborto, ya que muchas de las organizaciones cuyo objetivo principal era prohibir el aborto han pivotado sus misiones para incluir esas otras cuestiones”, subraya.  En mayo de este año, el Tribunal Supremo de Texas rechazó de forma unánime la demanda de cinco mujeres que alegaban haber sufrido graves complicaciones en sus embarazos y a las que se había negado el acceso al aborto, a pesar de las pruebas aportadas.“Esto es una prueba de que la aplicación de las excepciones se decide arbitrariamente, siempre que no se concedan, lo que deja a los proveedores de servicios médicos en una situación muy complicada, por lo que les cuesta entender lo que pueden y no pueden hacer, entre lo que es y no es legal. Además, la mayoría de los juristas que tratan este tema creen que este factor es incluso una parte de la estrategia”, indica O’Leary.La iniciativa “prohibición de viaje para abortar” ha sembrado la polémica tanto entre conservadores y demócratas, como entre los propios conservadores. Un síntoma más de la extrema polarización que vive el país y que detonará en las elecciones presidenciales de noviembre.   

El enclave fundado por el ex millitar nazi, Paul Schaffer y funcionó hasta el retorno de la democracia en Chile. RFI habló con uno de los abogados de las víctimas de Colonia Dignidad, Winfried Hempel.  “Hoy puedo informar al país que esta semana hemos dado inicio al proceso”, dijo en su rendición pública a la nación, el presidente chileno, Gabriel Boric, al anunciar la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, una secta en donde se obligó a colonos alemanes y chilenos a trabajo forzado, se abusó sexualmente de algunos de ellos y que también sirvió como centro de detención durante la dictadura de Augusto Pinochet.  El Gobierno chileno pretende convertir el lugar en un Memorial.“Saludamos esa iniciativa. Nos satisface enormemente, sin perjuicio del otro gran tema que surge inmediatamente, que es el tema del destino de la plata. La verdad. La expropiación es una venta forzosa jurídicamente hablando, y una venta forzosa significa que va a correr plata por el valor comercial de la parte expropiada. Esa plata legalmente correspondería a los hijos de los ex jerarcas. No puede ser que el Estado, por un lado, con la derecha, esté expropiando, instaurando un centro de memoria en el fondo reparando y materialmente, pero con la izquierda esté dando esa plata a quien no hay que darle ni un solo peso”, denuncia Winfried Hempel es un ex colono alemán y ahora es el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad.Colonia Dignidad fue fundada en 1961, en el sur de Chile, por el alemán Paul Schafer y fue desmantelada solo en 1991. Todavía viven en el lugar decenas de colonos y parte de ellos denuncian que aún se mantiene la estructura económica que creó el fallecido líder, que alcanzó a cumplir condena en Chile, acusado por abusos sexuales, condena que las víctimas piden para otros dirigentes del ex enclave alemán.“Dos generaciones de culpables. Unos son los jerarcas históricos, quienes en su mayoría cumplieron condena de cárcel y murieron. Y después hay jerarcas de una segunda línea, un poquito más jóvenes que se han fugado todos a Alemania y viven en tranquilamente porque en Alemania no son juzgables y no son extraditados a Chile. Estamos frente a un caso de impunidad en esa segunda generación de jerarcas. Es bastante frustrante esa situación, sobre todo porque Alemania en ese sentido, no colabora en nada”, afirma Hempel a RFI.Un tema que el presidente Boric podría volver a tratar esta semana cuando se reúna nuevamente con el canciller Scholz durante su visita oficial a Alemania.

Las autoridades migratorias empiezan a aplicar las nuevas restricciones al asilo en la frontera con México promulgadas por el presidente Joe Biden, que dio un giro a su política migratoria al anunciar, entre otras cosas, el cierre de su frontera con México. Unas medidas denunciadas por las organizaciones civiles y que los analistas describen como electoralistas. “Hoy anuncio acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo”: estas palabras del presidente estadounidense sorprendieron a muchos. Joe Biden daba a conocer así la emisión de una orden ejecutiva para facilitar la expulsión de inmigrantes ilegales. Más temprano ordenaba el cierre temporal de la frontera con México, cuando la cifra de entradas irregulares supera los 2.500 casos en un día.Un propósito político“El propósito es eminentemente político”, dice a RFI Tony Payan, director del Centro Estados Unidos-México de la Universidad Rice en Estados Unidos. Es una decisión política del demócrata acorde a la agenda de campaña de su rival Donald Trump para quien la inmigración ilegal es tema central, pero también al interés del estadounidense promedio. Según recientes sondeos, un 27% de la población dice que la inmigración es el tema más importante que enfrenta el país.“La pieza central de la campaña van a ser los ataques centrales a su desempeño como presidente de Estados Unidos. Siente que es el punto más vulnerable y obviamente, ahora tiene que de alguna manera corregir esa impresión que los republicanos han estado cultivando y machacando por todo el país durante todo este tiempo”, subraya Payan.Otro estiloEl nuevo plan migratorio de Biden hace uso de la misma autoridad ejecutiva que usó Trump para prohibir, en 2017 y 2018, la entrada de solicitantes de asilo. Pero según el analista Tony Payan, no se trata de copiarlo.“Cuando Donald Trump era el presidente, esta política vino acompañada de una crueldad inusitada, separaban a familias, separaban a niños de sus madres. Todavía hasta esta fecha, algunos de esos niños no han podido ser unificados con sus familias. Había un maltrato. A los migrantes se les guardaba en jaulas prácticamente en temperaturas que los congelaban. El presidente [Biden] no está haciendo eso, sencillamente está diciendo que si los números exceden 2.500 se van a tener que esperar en México y se van a suspender las audiencias de asilo. Entonces los migrantes tendrán que quedarse en México”, explica.En busca de votosLas medidas anunciadas por Biden, que serán impugnadas por organizaciones civiles, también molestan a su electorado tradicional. La pregunta es, ¿ganará votos con esto? “El presidente Joe Biden obviamente no está tomando esta medida para su base electoral. Esta es una medida diseñada precisamente para proveerle al presidente la capacidad discursiva de dirigirse al público estadounidense en general, a la gente en Wyoming, en Ohio, en Carolina del Sur, en Nebraska, y decirles ‘estoy tomando medidas claras, estoy asegurando la frontera y estoy deteniendo el flujo migratorio’”, responde Payan.“Aquí, la pelea, la lucha es por los indecisos. La lucha es por aquellos que dicen que es preocupante la situación en la frontera. Aquí son los votantes intermedios. A esos se dirige el expresidente Trump, y a esos se dirige el presidente Joe Biden por supuesto”, recalca.Actualmente Donald Trump le saca varios puntos de ventaja a Biden en las proyecciones electorales. El voto de los indecisos será clave para definir al ganador en noviembre próximo.

La World Weather Attribution (WWA) publicó un estudio de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años. El equivalente de tres meses de lluvia en dos semanas dejan como resultado 28 mil toneladas de escombros, muebles despedazados y miles de electrodomésticos inservibles arrastrados por potentes corrientes de agua. Las imágenes del diluvio que azotó el sur de Brasil el pasado mayo le dieron la vuelta al mundo y la ciencia estima que esto es una consecuencia del cambio climático. “Cuando la atmósfera está más caliente, hay más humedad en el cielo, es lo primero hay que entender. Y este fenómeno es un fenómeno físico de la tierra qué sucede con o sin cambio climático. Así funciona la naturaleza.Sin embargo, actualmente tenemos una atmósfera mucho más caliente y por lo tanto hay más lluvia, pero ojo, que serán más intensas y se producirán en un período de tiempo más corto como consecuencia directa del cambio climático”, explica Regina Rodrigues, climatóloga de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Leer tambiénVuelven las lluvias y prolongan el desastre por inundaciones en BrasilLimitar el aumento de la temperatura del planeta es el objetivo del siglo, no rebasar los 2°C de la media, pues los desastres naturales podrían agravarse. “Cuando hicimos este análisis, nos dimos cuenta de que este evento es muy extremo, porque ocurría una vez cada 100 a 250 años. Pero en una atmósfera por arriba de los 2 °C todo indica que las lluvias serían más frecuentes y podrían ocurrir cada 20 a 30 años. Y esto es muy problemático porque pasarán muchos años para reparar los daños”, insiste la climatóloga Rodrigues tras el reciente estudio de World Weather Attribution (WWA) de cómo el calentamiento del planeta alteró el régimen de lluvias en el sur del continente americano y según las proyecciones, las lluvias serían más intensas en los próximos años.Y aunque hoy la humanidad deje de emitir gases de efecto invernadero, el clima ya está alterado, ya no hay vuelta atrás, advierten los expertos. Ahora lo que se necesita, según Regina Rodrigues, es que los países se adapten, invirtiendo en la tecnología que permita mitigar los daños. “Los daños, sin duda, habrían sido menores si se hubieran destinado recursos tecnológicos para la adaptación. Incluso los países ricos no invierten lo suficiente en tecnologías. Es el caso de los Estados Unidos o los países europeos. Vemos cada año como los efectos del cambio climático les provoca problemas muy grandes, devastadores, porque no invierten lo suficiente para mitigar el cambio climático y su adaptación”, concluye.  Leer tambiénLa situación se vuelve cada vez más crítica en Sudamérica por las inundaciones

En entrevista con RFI, David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París, estima que la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, 'sabrá cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal' y recuerda que ella tiene 'su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda'.  La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, afronta un mandato con una serie de desafíos ya habituales en México, como la lucha contra la violencia, ya sea ligada al narcotráfico o contra las mujeres, así como la inmigración o la falta de fondos públicos.Sin embargo, hay otro aspecto que puede resultar singularmente complicado: la relación con el estamento militar. Su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una buena relación con los militares, formalizada en una serie de concesiones en la gestión de grandes infraestructuras como el Tren Maya o empresas como aerolíneas e incluso en la seguridad pública.Sheinbaum ha dicho que esos acuerdos podrían ser revisados. Cualquier cambio podría tensar la situación, advierte a RFI David Recondo, investigador en temas políticos y electorales de México en la Universidad Sciences Po de París."Lo más delicado es el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, pero también en el manejo de ciertas obras de infraestructura, aeropuertos, aduanas y el famoso Tren Maya. Es una situación difícil. Quizá sea muy difícil que pueda realmente deshacer el arreglo que hizo el presidente saliente y decir que tiene que revisarse. Para ello, tendría que darle al ejército ciertas garantías. Conservar lo que han tenido hasta ahora, esencialmente, manejar el presupuesto relativo a la defensa y los presupuestos que corresponden no lo veo demasiado complicado, si bien pueden presentarse resistencias si se trata de reducir de alguna manera la intervención del Ejército en ciertos ámbitos de la economía".Sheinbaum tiene su propio capital políticoLa popularidad del presidente saliente, López Obrador, sirvió a Sheinbaum para cimentar su victoria, pero, ¿hasta qué punto puede desligarse de las políticas de AMLO, su predecesor?"Sheinbaum no ha dado una señal clara de divergencia o de cambio de orientación en comparación con lo que ha hecho hasta ahora Andrés Manuel López Obrador. Lo único que podemos decir es que ella tiene su propio capital político. Sheinbaum no es alguien que le deba a AMLO la posición que tiene ahora. Ella no le debe toda su legitimidad al presidente saliente. Ella tiene su propia trayectoria política, su propio militantismo en la izquierda. Por eso, ha ganado la posición que tiene. Va a saber, yo creo, cultivar su propio margen de maniobra cuando esté encabezando el gobierno federal".

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios del domingo 2 de junio. Los asesinatos, extorsiones y amenazas registradas en 2024 levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos.  Los mexicanos saldrán a votar el próximo domingo. Elegirán nuevo presidente así como a 20.000 personas aspirantes a cargos públicos. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ordenó el despliegue de la fuerzas armadas para proteger los comicios en medio de una ola de asesinatos, extorsiones y amenazas a candidatos y votantes.Según cifras oficiales, más de 20 candidatos a alcaldías locales han sido asesinados desde que inició la campaña en septiembre pasado. Se levantan sospechas sobre la capacidad del gobierno mexicano para proteger a sus ciudadanos. En ciertas regiones, los municipios son los más frágiles, aquí el crimen organizado somete a funcionarios y a partidos políticos. También existe la 'narcopolítica' y es un problema que preocupa a los especialistas en seguridad. En estas elecciones de 2024, el número de asesinatos se acerca a 100 y se estima que fueron cometidos por el crimen organizado.Leer tambiénViolencia electoral en México: 'Intentan hacerlos pasar por ataques del crimen organizado'En algunas regiones los partidos políticos pueden estar subordinados al narcotráfico e incluso operar al interior de ellos. Tan grave es el problema que el gobierno mexicano considera la lucha contra el crimen organizado como una variable al momento de tomar decisiones, lo que preocupa a diversos a diversos analista como Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en temas de seguridad: “¿En qué democracia estable pones en la mesa de análisis la variable del crimen organizado? Algo estamos haciendo mal en la democracia mexicana porque imagínate tú que estuviéramos hablando en estos términos de la democracia en Estados Unidos o en Francia o en Italia o en Japón. No digo que no exista la violencia política, pero no, no forma parte de las incidencias que puedan afectar los resultados de los propios comicios”.A diferencia de otros países, en México son los ciudadanos quienes aseguran el desarrollo de las jornadas electorales, no la policía ni el Ejército. Pero en 2024 será diferente. El presidente Obrador anunció que se movilizarán más de 260.000 hombres para evitar incidentes el día de la jornada electoral. “Existe la posibilidad de que en algunas partes remotas del país pueda haber algún tipo de violencia para impedir o alterar el desarrollo de la jornada electoral, pero no es nuevo. O sea, porque no solamente se trata de la violencia criminal relacionada en la política, también entre los grupos políticos, aunque no estén relacionados con el crimen organizado, también ejercen su grado de violencia entre sí. No toda la violencia que estamos viendo en torno al proceso electoral tiene que ver con la intromisión del crimen organizado y complicidades con las estructuras políticas locales”, indica el investigador Oliva. Leer tambiénLas elecciones de México 2024 serán 'las más violentas de la historia'

Este miércoles 29 de mayo concluyó la campaña electoral mexicana, la más grande de toda su historia, pues se renovarán unos 20.000 cargos. Por primera vez, será una mujer quien tome las riendas de este país. Las encuestas le dan ventaja a Claudia Sheinbaum, la abanderada del partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero esta contienda dejó muchas víctimas en el camino: casi 90 políticos fueron asesinados, según el último reporte del Laboratorio Electoral. Sin importar el color del partido, unos 90 políticos de la contienda electoral en México fueron asesinados durante la campaña. De esta cifra, al menos 34 eran candidatos.Este miércoles fue asesinado el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero. Alfredo Cabrera recibió disparos durante un mitin en medio de la muchedumbre.Los crímenes no tienen que ver con ideologías o posiciones políticas. "Nadie tiene claridad sobre de qué lado viene la violencia. Pero hay grupos de crimen organizado, del narcotráfico y por supuesto algún nivel de violencia dentro de los partidos políticos que hemos identificado. Están tratando de hacerlos pasar por ataques del crimen organizado, pero perpetuados por grupos partidistas", explica a RFI Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Este laboratorio ha seguido los crímenes desde que comenzó la contienda electoral, en 2023, con las internas de los partidos, y hasta esta última etapa, que concluye el 2 de junio."Un limbo los dejó vulnerables"No obstante, Arias observa que la violencia electoral se transformó justo ahora en la recta final. "Se han registrado muchos ataques a candidaturas sin que pierdan la vida pero específicamente dirigidas a sus equipos más cercanos de campaña. Nos preocupa el efecto sobre la inseguridad no solamente durante la jornada electoral pero también en el periodo electoral", resalta.Ante esta vorágine de violencia, la seguridad por parte del gobierno llegó demasiado tarde. "La violencia sorprendió a las autoridades locales en un momento en el que estaban desprotegidas: es decir, cuando eran precandidaturas o aspirantes a un cargo de elección popular. Ese limbo las dejó vulnerables", reitera Arias.Muchos candidatos optaron hacer campaña portando chalecos antibalas y los candidatos a la presidencia de México son acompañados por 24 agentes de seguridad encargados de proteger sus vidas.  Algo nunca antes visto.

El presidente Javier Milei sigue intentando avanzar con sus reformas en Argentina, y para ello ha designado a un nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apostándole al diálogo. Desde la elección del mandatario argentino, el panorama era claro: Javier Milei no tendría tan fácil llevar a cabo toda su maquinaria de cambios, al asumir el poder con minoría en ambas cámaras del poder legislativo. Para lograr sus objetivos, acaba de nombrar a Guillermo Francos, anteriormente ministro del Interior, como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno.“El más dialoguista”Milei generó un Gobierno bastante débil, pero con ambiciones de reformas muy grandes, dice Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, quien asegura que Guillermo Francos será esa pieza clave que destrabará los proyectos reformistas del mandatario.“Francos es el más político del Gabinete de Milei, junto con Patricia Bullrich. Son las figuras con mayor peso político, pero claramente Francos es el más dialoguista de un Gobierno que surge denostando a lo que concibe como la casta que es la política tradicional, pero que se encuentra ante la necesidad de negociar”, explica Aguiar.“El más negociador de los ministros, claramente el más dialoguista, el menos propenso a descalificaciones, es Guillermo Francos, contrastante con las características personales de Milei, que es un confrontador nato”, recalca.Ley Bases¿Y cómo un confrontador nato como Milei llegó a decantarse por el diálogo? Para Aguiar, todo empezó con la llamada “Ley Bases” que en sus inicios tenía 664 artículos y se refería a diversos temas: emergencia económica, reorganización administrativa, seguridad y defensa, justicia, interior, ambiente, turismo y deporte, capital humano, salud pública, infraestructura y servicios… Un texto que según el consultor político, toca casi todas las fibras de la vida de los argentinos.“En una primera instancia, esta ley de base fue rechazada por el Congreso y esto generó la necesidad de llevar adelante una enorme cantidad de negociaciones en un contexto de una sociedad polarizada, con bancadas opositoras, con gobernadores de otro signo político, ya que Milei no cuenta con un solo gobernador que sea de su propio signo político, para intentar que esa ley sea aprobada”, comenta el politólogo.“En ese contexto, Guillermo Francos desde el Ministerio del Interior ha tenido, al menos hasta ahora, una labor de fuerte visibilidad pública en la búsqueda de la aprobación de ese cuerpo normativo de más de 250 artículos hoy, que inicialmente tenía más de 600”, precisa.El cambio en el Gabinete se produce en una semana clave para el Gobierno de Milei, pues el Senado puede definir la fecha para el debate de la llamada Ley Bases, que ahora se redujo al tercio de su propuesta inicial y cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. Está por verse qué pasará en la Cámara de Senadores.

Con ocasión del 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes de Colombia y Estados Unidos a partir de este martes, Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, dijo a RFI que 'todo ha sido probado en Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero nada ha funcionado'. Al mismo tiempo, en este frente es 'poco probable' que Bogotá convenza a la administración Biden de 'cambiar sus políticas', apunta Sergio Guzmán, de Colombian Risk Analysis.  Este martes empieza en Bogotá el 11° Diálogo de Alto Nivel (DAN) entre representantes del gobierno de Colombia y Estados Unidos, un encuentro en el que se abordarán temas como la paz, las relaciones bilaterales y la lucha antinarcóticos.La lucha antinarcóticos, tema central en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, es uno de los puntos de la agenda en el Diálogo de Alto Nivel (DAN) que sostendrán el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el subsecretario de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Richard Verma.Ambos países estrecharon sus lazos en los años 70 con la llamada “guerra contra las drogas”, impulsada por Estados Unidos, con el objetivo de perseguir la producción, el comercio y el consumo de sustancias psicoactivas. Esta política, según el presidente colombiano Gustavo Petro, ha fracasado. Por eso su gobierno está buscando otras soluciones, explica Julian Quintero, director de Acción Técnica Social, una organización que busca reformar la política de drogas."Definitivamente, la conversación tiene que abrirse a la regulación del mercado de la coca y de la cocaína. En Colombia se han evaluado y se han probado todas las fórmulas del prohibicionismo para contener el crecimiento del narcotráfico y todas han fracasado. Cualquier fórmula que usted se pueda imaginar: fumigación, extradición, extinción de dominio, persecución, proceso de paz, todas han fracasado frente al poder del narcotráfico. Por eso es hora de que se abra la conversación sobre la regulación de la cocaína, como lo está haciendo ya Europa y como se viene hablando en los escenarios internacionales".El analista político Sergio Guzmán, director de Colombian Risk Analysis, estima que la visión del presidente colombiano de modificar la llamada guerra contra las drogas es muy ambiciosa."El presidente Petro quiere impulsar unos cambios muy robustos, estructurales, globales. No solo impulsar el tema de la política antidrogas, sino también, por ejemplo, la forma en que los bancos multilaterales emiten crédito. Pero yo creo que para Estados Unidos esos son temas inamovibles. Estados Unidos no va a desistir de sus políticas antidrogas. Estados Unidos tampoco va a favorecer cambios súbitos a la gobernanza de las instituciones multilaterales. Por eso creo que [el DAN] va a ser un diálogo de sordos".Quintero coincide con Guzmán en que una reforma de política de drogas no será fácil y asegura que el mayor reto para el gobierno colombiano es encontrar países aliados."Desafortunadamente, aunque Colombia está haciendo un buen trabajo, está dando unos buenos argumentos y está convenciendo, todavía le falta que muchos [países] en la región entiendan la necesidad del cambio. Por ejemplo, Ecuador sigue radicalizándose con el tema de la prohibición, como lo está demostrando el nuevo presidente, y México fue una desilusión en términos de reforma de política de drogas".Además de la lucha antinarcóticos, el Diálogo de Alto Nivel también tratará temas como la paz, el medio ambiente, la energía, la minería, la infraestructura, las relaciones bilaterales, los derechos humanos, la justicia, entre otros. Este mecanismo bilateral se estableció en 2010 y, según la cancillería colombiana, es la instancia más relevante para "abordar los temas de interés mutuo, acordar las áreas de trabajo y los programas específicos de cooperación técnica bilateral".

Tras su gobierno de política antiinmigración, el exmandatario estadounidense Donald Trump busca conquistar al electorado latinoamericano para intentar volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre próximo.   “No importa de qué color eres, todos somos estadounidenses y vamos a unirnos”, sostuvo Donald Trump, decidido a seducir a los votantes afro y latinoamericanos. Sus mítines políticos hacia estos grupos aumentan y el jueves estuvo en el Bronx de Nueva York. En el sur de este barrio al menos el 64% de habitantes son hispanos y suele ser un bastión demócrata. Trump está aprovechando el desencanto de los votantes por la administración Biden, estima el Director Ejecutivo de la red de organizaciones Alianza Américas, Oscar Chacón.“Hay un genuino desencanto con lo que muchos perciben como muy pocos logros bajo la administración de Joe Biden, y eso hace que haya una ligera tendencia que gravita hacia la posibilidad de apoyar a Donald Trump”, explica a RFI.“En el caso de la población de origen latinoamericano -el segundo bloque más numeroso de votantes-, ha mostrado desde la elección del año 2016 una inclinación leve de apoyo hacia los candidatos republicanos en general y Donald Trump en particular. Obviamente hay un interés de Del Partido Republicano y De Trump directamente de atraer más a estos votantes”, asegura.Cabe preguntarse a qué se debe este giro en el voto latino. “Yo creo que ahí lo que pasa es que el Partido Republicano está haciendo una labor exitosa”, dice Chacón. “En el plano del mercadeo político electoral, crean la percepción de que las cosas andan mal, cuando los datos duros no respaldan que las cosas vayan mal, y esto no solo es cierto con relación a las personas votantes de origen latinoamericano, sino que es cierto con los votantes en general. Creo que esto hay que verlo también a la luz de una falla grave que está teniendo el Partido Demócrata, y es que tienen una estrategia de mercadeo electoral terrible. O sea, no han sabido capitalizar los logros que ha tenido Biden en lo a lo largo de su gestión presidencial”, enfatiza. Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Pure Research muestran un retroceso de popularidad del mandatario Joe Biden ante los latinos. En 2020, esta Comunidad votó un 33% más por Biden, mientras para noviembre los sondeos indican que la ventaja de Biden frente a Trump sería solo del 8%. 

Según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el fentanilo está provocando un número récord de muertes de jóvenes por sobredosis, que ha ido incrementando desde la pandemia del Covid-19. En Estados Unidos, el fentanilo ha provocado una duplicación de las muertes por sobredosis entre jóvenes de 12 a 17 años desde el inicio de la pandemia de Covid 19, según datos del CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Esta situación afecta principalmente a poblaciones vulnerables que difícilmente logran acceder a los servicios de salud. Este preocupante fenómeno es también analizado por el Instituto RIA, una organización mexicana dedicada a investigar las políticas de la lucha antidrogas. Zara Snapp es su directora, ella indica que algunas de las causas del aumento en el consumo es el desconocimiento del este tipo de sustancias así como la facilidad que tienen los grupos ilegales de ingresar dicha droga. “No hay un conocimiento de las personas usuarias sobre cuáles son las sustancias que están recibiendo. Esto es una consecuencia de la prohibición. Hay algo que se llama la ‘ley de hierro de la prohibición’, que hace que los mercados ilegales giren en torno a sustancias más potentes, más compactas, con mayor dificultad de identificar la sustancia por su olor, por ejemplo. La introducción del fentanilo al mercado de opioides en Estados Unidos es porque es una sustancia más potente, más compacta, más fácil de transportar y como una sustancia sintética, es más fácil de producir en laboratorio”, explica Snapp. Existen dos mercados de fentanilo. El de consumo recreativo que es ilegal, y el legal con fines médicos, producido “en laboratorios legales y donde desde hace décadas se prescribe fentanilo”, recuerda Zara Snapp.La experta en políticas de drogas resalta que las sobredosis por fentanilo se presentan principalmente en adultos, pero que este aumento en los jóvenes es un llamado para fortalecer la educación en la materia. “Personas jóvenes van a experimentar con las drogas. Esto es una realidad. Es aún más urgente mejorar la educación sobre las drogas legales, las drogas ilegales, los riesgos, los efectos y que todo eso lo podemos basar en la verdad y en la evidencia y no en el miedo, en el estigma”, concluye. Leer también'Después de dos años consumiendo fentanilo, estás muerto'El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético, aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína como analgésico. En el continente americano tiene fuerte presencia en Canadá, en Estados Unidos y en el norte de México.

Este miércoles tuvo lugar en París la edición número 16 del Foro Económico internacional sobre América Latina y el Caribe. Un encuentro entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que en esta edición se centró sobre el desarrollo sostenible. Ahí estuvo la periodista de RFI, Paola Ariza. Esta semana se celebra en París el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, donde se debate una pregunta: ¿cómo financiar las políticas de desarrollo sostenible en Latinoamérica? Las necesidades de inversión en la región son gigantescas, precisamente, el dato se acerca al 20% del Producto Interno Bruto, la mitad de la inversión en economías asiáticas. Así lo explicó Sebastián Nieto, jefe de la unidad de América latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE para RFI, a la vez que se refirió a los ejemplos positivos que ya existen en la región: “Todos los esfuerzos que se quieren hacer en Chile con el litio. Que sea no solamente una explotación, pero también que ayude a esto a generar empleo formal y a una transformación productiva”.  Nieto reconoce que los desafíos son grandes, pero resalta algunos escenarios que facilitarían una transición verde y justa: “No hay que olvidar. 60% de la diversidad mundial está en América latina. Tenemos 1/3 de energía renovable en América latina, mientras que en en los países desarrollados estamos hablando de menos del 15% de energías renovables”. Para Félix Fernández, director para América latina y el Caribe en la Comisión Europea, el diálogo más importante debe darse con el sector privado: “Hay una parte de financiación y hay una parte de inversión y para financiar objetivos de política pública en Europa pensamos que tenemos que empujar empresas, tenemos que empujar a inversión, con lo cual hay que buscar”.  Para ello, durante el foro se ha resaltado la importancia de hacerse preguntas para seguir avanzando y progresando en el desarrollo y en la inversión. Tal y como explica Féliz Fernández, preguntarse “¿qué quieren hacer las empresas y cuales son las prioridades de sus gobiernos” es básico para definir mecanismos de financiación que puedan ayudar a potenciar los proyectos privados, que acaban teniendo una repercusión positiva en los países de la región.  Además, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, los presentes han puesto sobre la mesa uno de los aspectos más importantes en la actualidad: la digitalización dentro de la industrialización. Un equilibro nada fácil que debe partir de unas sinergias que busquen el desarrollo nacional.  Trabajo y alineamiento que, más allá de los planes de desarrollo nacionales, también pasa por la materia fiscal, pues en la región se recauda cerca del 22% del PIB, según la OCDE, mientras los países desarrollados llegan a un recaudo del 34%.