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Honduras declaró oficialmente como ganador de las elecciones presidenciales al conservador Nasry "Tito" Asfura, candidato que contó con el respaldo público del expresidente Donald Trump. El resultado, divulgado casi un mes después del escrutinio, llega en un contexto de fuertes denuncias de fraude por parte del opositor Salvador Nasralla, quien rechaza reconocer los resultados y persiste en sus alegatos de irregularidades. La llegada de Nasry Asfura marca el regreso del conservadurismo al poder en el país centroamericano. Kilvett Bertrand, diputado del triunfante Partido Nacional y uno de los legisladores más votados en estos comicios, comenta los resultados y la legitimidad de estas elecciones. “Todas las misiones de observación electoral, empezando por la Unión Europea, que tuvo una misión de observación bastante amplia en el país, dijeron claramente que no hubo fraude electoral, la Organización de Estados Americanos también. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo exactamente lo mismo”, argumenta Bertrand. “Lo único que fue un proceso bastante lento. ¿Por qué? Porque se boicoteó el proceso en varias ocasiones por parte de quien quedó en segundo lugar y por parte del partido Libertad y Refundación. Los dos han dicho que desconocen los resultados, pero aquí la institucionalidad por fortuna se mantuvo fuerte. Ayer dio la declaratoria ya oficial de que Asfura al que nosotros en Honduras lo conocemos como 'Papi a la orden', es el presidente electo”. El Congreso de Honduras quedará dominado por tres fuerzas políticas. ¿El Partido Nacional sin mayoría podrá garantizar la gobernabilidad? “Hay que entender que los dos partidos políticos, nacional y liberal, somos dos partidos políticos conservadores y entendemos bien que el voto masivo de la gente fue en gran parte para sacar a la izquierda. Creo que eso nos da un punto de coincidencia, por muy áspera y reñida que haya sido la elección. Creo que tenemos un punto de coincidencia y es tratar de rescatar y levantar un poco el país de toda la división que había generado el partido gobernante. Creo que tenemos puntos de coincidencia para iniciar. Lo otro que puede ayudar mucho al tema de gobernabilidad es el carácter y el tipo de liderazgo que fue electo, que es Tito Asfura, un hombre muy conciliador, que no confronta, no insulta, no debate, es muy de paz y eso nos puede ayudar mucho a atender lazos porque nosotros al menos no herimos al Partido Liberal, que es el otro partido fuerte en la contienda”. El diputado concluyó señalando que su partido priorizará la reactivación económica y el fortalecimiento de las relaciones internacionales, con el objetivo de atraer inversiones, particularmente desde Estados Unidos. Esta medida podría ser exitosa, si se tiene en cuenta el respaldo que recibió  Asfura del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó su apoyo a través de redes sociales.

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de haitianos residentes en la República Dominicana regresan a su país. Esto, a pesar de las graves dificultades y la creciente inestabilidad que afecta este país, donde amplias zonas de su territorio están bajo el control de pandillas. En Dajabón, al norte de República Dominicana, el movimiento es incesante: algunos llegan en camiones o buses, mientras que otros cruzan la frontera a pie. Sin embargo, ellos saben que su viaje se producirá en un contexto de extrema inestabilidad, ya que pandillas y grupos armados mantienen bajo su control gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y han extendido su influencia a zonas aledañas. Joseph Cherubin, presidente del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, nos comentó los problemas que tienen sus conciudadanos para regresar a su país durante las festividades. “Hay dos obstáculos, el de la inseguridad en Haití y la frontera, que está cerrada. No hay garantía de ir a ningún lado. Si se va la frontera, no hay autoridad, deberá ir de forma clandestina a Haití. Realmente la situación sigue caótica, se agrava día a día. Los haitianos en Haití han pasado una Navidad triste. No hay estabilidad para hacer para hacer el culto, realmente es una situación de guerra.“ Leer tambiénHaití: en Puerto Príncipe, una Navidad ensombrecida por la inseguridad y la crisis económica Roudy Joseph, portavoz del colectivo de Haitianos en República Dominicana, explica por qué, a pesar de no existir las garantías básicas para su retorno, muchos haitianos deciden arriesgarse y regresar a su país. “Una de las razones que hace que las personas se vayan es el contexto de la persecución migratoria contra la comunidad haitiana. Estamos hablando de operativos que entran incluso en la casa de la gente. O sea, allanamientos ilegales, entonces mantienen en zozobra a la comunidad”, explicó a RFI. “El Gobierno dominicano no ha dicho si va a abrir la frontera para el regreso de tantos trabajadores que están dejando que van a pasar las navidades, pero le hemos dicho siempre al gobierno dominicano que tanto las deportaciones como los retornos al final alimentan las redes de tráfico ilegal de personas que se vuelven más peligrosas. Todos esos movimientos están alimentando esa red que se hacen multimillonarios y en eso participan tanto en militares, agentes de inmigración y otras fuerzas de seguridad de República Dominicana”, añadió Joseph. Así, ni la inseguridad, ni el caos que domina Haití, ni siquiera el temor a no poder regresar a República Dominicana, logran frenar el deseo que tienen miles de haitianos de reencontrarse con sus familiares durante este periodo navideño.

El salmón se ha convertido en el pescado estrella de la Navidad en todo el mundo y su producción global no deja de crecer. Chile es el segundo productor mundial de este pescado, solo por detrás de Noruega. Pero el auge de la industria salmonera tiene un alto coste medioambiental, según denuncian diversas ONG. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en la primera mitad de 2025 la producción de salmón en Chile creció un 9,1 % con respecto al mismo período del año anterior. Se trata de uno de los principales productos no mineros que exporta el país, principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, pero no ausente de críticas. En la Patagonia, el crecimiento de la industria de las granjas salmoneras está en el punto de mira de las ONG por su ubicación en zonas supuestamente protegidas, el abuso de antibióticos y su impacto medioambiental. “En Chile tenemos una real invasión de concesiones de la industria salmonicultura. Son más de 300 concesiones que están aprobadas. Estas instalaciones son realmente gigantescas, contaminan con diferentes tipos de materiales, como son tuberías plásticas, mallas que dejan abandonadas, estructuras metálicas y lo que nosotros hemos ido denunciando a lo largo de los años es que producen más del número que se les entrega para poder cumplir con medianamente un equilibrio ecológico en esta zona”, afirma a RFI La geógrafa de Greenpeace Chile, Silvana Espinoza. “Eso va generando mortalidades, residuos, o sea, acumulación de mayor materia orgánica. En el fondo, se va generando una secuencia de diferentes desequilibrios ecosistémicos que altera al resto de las poblaciones que tenemos en la Patagonia”, agrega. Greenpeace Chile tramitó hace un año las primeras querellas criminales contra la industria por la muerte de dos ballenas jorobadas en instalaciones salmoneras, según denuncia la ONG. La muerte de los dos cetáceos se habría producido en el interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas. “Estuvimos reunidos con el fiscal hace algunas semanas en Punta Arenas para poner a disposición nuevos antecedentes que nosotros hemos ido trabajando con los científicos y científicas de Greenpeace. Esto está en manos de ellos”, apunta Espinoza. “Esperamos tener una resolución pronto, porque en el fondo este año ya se cumplió un año de la tramitación de estas querellas, entonces nosotros también estamos a la espera de poder tener un resultado al respecto y que, por supuesto, quienes resulten responsables asuman esto frente a la ley”, concluye. Otras organizaciones, como Ecoceanos, denuncian la muerte de trabajadores en las granjas de salmón y las difíciles condiciones laborales de la industria.

La designación de Roland Hicks es leída como una señal clara del rumbo que busca imprimir León XIV, primer pontífice estadounidense y nacido en Chicago. Tanto el papa como el nuevo arzobispo han mostrado una postura firme a favor de los migrantes y disposición a desafiar las políticas de la administración Trump en este ámbito. Se trata del relevo de la archidiócesis más grande de Norteamérica, con cerca de 2,5 millones de católicos distribuidos en casi 300 parroquias. Un relevo que muestra una dirección al frente de una archidiócesis clave en Norteamérica. León XIV aceptaba la renuncia del cardenal Timothy Dolan, tras cumplir en febrero los preceptivos 75 años, edad en la que todo obispo debe presentar su jubilación. En su lugar ha situado a Roland Hicks como undécimo arzobispo de Nueva York, un pastor de 58 años, relativamente joven para ese cargo.  Hicks ha mostrado su sensibilidad por cuestiones sociales y solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política migratoria de la administración Trump.  Este nombramiento vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre dos corrientes de la iglesia. Carlos Andrés Gómez, especialista en filosofía de la religión, lo ha valorado así en la antena de RFI: "este relevo episcopal refleja una tensión real dentro de la iglesia, entre continuidad y cambio, entre tradición y adaptación.  El desafío, sin embargo, sigue siendo evitar que ese diálogo se convierta en una ambigüedad doctrinal o en una desilusión del mensaje evangélico. En eso incluso vale la pena citar las palabras del Papa Francisco, 'no licuar la fe'. " Apaciguar estas disputas en el seno de la Iglesia es un anhelo de numerosos católicos. Ahora bien, ¿se puede decir que León XIV está bien encaminado para lograrlo? Carlos Andrés Gómez valora ese equilibrio por el que Leon XIV fue elegido. "Es un pontificado que empezó con mucho entusiasmo, pero ya aparecen, sobre todo en el sector tradicional unas que han sido frecuentes, por ejemplo, sobre el manejo del tema LGTBI.  Hay que reconocer que fue un Papa elegido mirando al consenso, un consenso entre dos tendencias, una más tradicional y otra más progresista  dostendencias muy fuertes, una tendencia más tradicional, una tendencia más progresista. Se ha buscado conciliar eso y por lo tanto, él combina de alguna manera elementos de estas dos facciones" dice este especialista en filosofía de la religión en RFI.  El nuevo arzobispo, consciente del peso simbólico del cargo, aceptó el nombramiento con un tono pastoral: “Acepto este nombramiento con humildad y con el corazón abierto”. Incluso apeló al humor para tender puentes culturales con su nueva diócesis: “Potencialmente, mi primera declaración controvertida: soy fan de los Cubs y me encanta la pizza de masa gruesa”. En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que condenaba las redadas migratorias impulsadas por el gobierno republicano. En esa ocasión, afirmó que el comunicado “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, al tiempo que expresa nuestras preocupaciones, nuestra oposición y nuestras esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso permanente de la Iglesia con la doctrina social católica de la dignidad humana y en un llamado a una reforma migratoria significativa”.

La presión de Washington sobre Caracas continúa intensificándose, pese a los llamados a la mediación de México y Brasil. El reciente bloqueo de buques petroleros que salen o se dirigen a Venezuela eleva la tensión en la región y reabre el debate sobre los verdaderos objetivos de la estrategia estadounidense. Mientras la Casa Blanca insiste en la lucha contra el narcotráfico, varios analistas señalan posibles intereses energéticos detrás de esta escalada.  Trump no descarta una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Para llevar a cabo ataques en ese país, en todo caso, el mandatario no se siente obligado a informar al Congreso. La cuestión del petróleo Desde hace un poco más de una semana, además, Estados Unidos aplica un bloqueo total contra “petroleros sancionados” que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país. En Caracas, mientras tanto, Maduro se pregunta cuáles son los otros intereses que tiene Washington con estas operaciones, fuera de derrocarlo.  Para el International Crisis Group, el argumento energético toma cada vez una mayor relevancia: “El tema del petróleo es un tema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo, en el que Trump en un momento dado tuvo una política un poco más pragmática, tratando de renovar algunas de las licencias. Por eso Chevron está todavía sacando petróleo de Venezuela”, explica a RFI Renata Segura, directora en Nueva York del programa para América Latina y el Caribe de ese grupo de reflexión.  “Pero estas últimas declaraciones del presidente Trump indican que hay quizás un interés más grande de entrar y recuperar control de la industria petrolera en Venezuela. Yo creo que hay una confluencia entre la remoción de Maduro del poder y la cuestión del petróleo. Entonces sí, estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que haya una intervención mayor en las semanas que vienen”, alerta la analista. “Al presidente Trump le gustan las acciones espectaculares” La otra pregunta es si habrá o no intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y qué modalidad tomaría. Según Renata Segura, “las posibilidades de que bombardeen algo son bastante altas. Para Estados Unidos, sería difícil retirarse sin tener como una especie de éxito de algún tipo. Realmente empoderaría a Maduro, que podría salir a decir: ‘El imperio vino a atacarme, lo enfrentamos y ganamos’. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a darle, digamos, ese triunfo político a Maduro”. “Entonces, yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela, sea alguna infraestructura involucrada en la producción de drogas o más un ataque a las Fuerzas Militares, no es menor. La verdad es que al presidente Trump le gustan las acciones que son como espectaculares y yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela en las próximas semanas es bastante alta”, concluye la experta.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes 19 de diciembre que había atacado otras dos lanchas en el Pacífico, abatiendo a cinco personas que, según las declaraciones estadounidenses, eran narcotraficantes. El balance de estas operaciones asciende a más de 100 muertos. Impactan especialmente a Venezuela, país que sin embargo no produce fentanilo, la droga que se ha convertido en el mayor problema en Estados Unidos. ¿A qué se deben los operativos ordenados por Donald Trump? Trump firmó esta semana un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó recomendándole mirar más bien las causas sociales del consumo. Washington acusa a los cárteles mexicanos de llevar esa droga a Estados Unidos y al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para impedirlo.  Pero según Michel Gandilhon, investigador del Observatorio francés de drogas y toxicomanías (OFDT), “el gran país productor de fentanilo es China". China abastece a México, explica. "Ahí, el fentanilo se fabrica a partir de precursores. También, en algunos casos, llega directamente ya como fentanilo. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la producción y el tráfico de fentanilo". Costa Pacífico Para Gandihon, si Trump quiere ser eficaz contra el tráfico de fentanilo, debería enfrentarse a China. "Solo que China es evidentemente un actor demasiado poderoso para que Estados Unidos se enfrente a él. Por eso hoy resulta más fácil incriminar a Venezuela", asegura. Enfocarse en Caracas y en la cocaína parece más un discurso de los años 80. Al mismo tiempo, el despliegue militar en el mar Caribe con el que Washington amenaza a Caracas es novedoso. ¿Por qué Washington pone la mira en Venezuela? "Una pequeña parte de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por la costa del Pacífico, a partir de los puertos colombianos y del puerto ecuatoriano de Guayaquil", afirma el investigador, agregando que una pequeña parte pasa por el mar Caribe occidental. Un pretexto "Venezuela es, en realidad, una zona muy poco importante en términos de tránsito de cocaína. Cuando se observa la evaluación de la amenaza en materia de drogas que realiza la DEA cada año, se ve que en 2024 esa agencia no cita nunca a Venezuela. En cambio, los países más citados son México y China", dice Gandilhon. Caracas no sería más que un pretexto de la administración Trump. "El verdadero objetivo es China más que Venezuela. Los estadounidenses, desde Obama, están preocupados por el desarrollo de la influencia de China en la región. Quieren hacer retroceder esa influencia, que se ha desarrollado mucho en términos políticos y económicos en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de una especie de reactivación de la doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que hacía de América Latina una especie de coto reservado de los estadounidenses. Así que la cuestión venezolana es evidentemente solo un pretexto: el objetivo no es poner fin al tráfico de drogas, sino eventualmente ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela y, eventualmente, derrocarlo".

Las protestas contra los métodos de los agentes de la inmigración ICE se multiplican en Estados Unidos. Este martes se llevó a cabo una muy original lanzando bloques del hielo en el puerto de Boston. Y si bien las manifestaciones toman diversas formas, los abusos que denuncian son similares en todo el país. Para entender la protesta simbólica arrojando hielo al mar de este martes en Boston contra los agentes del servicio de control de inmigración, aduanas de Estados Unidos, conocido por su sigla ICE, se debe evocar el periodo de 1773. Ese año, los colonos tiraron cajas de té al puerto de Boston para protestar contra el poder arbitrario de la corona británica. Hoy “el que actúa como un monarca es Trump”, dicen los militantes, agregando que Ice es el instrumento de la opresión actual. De ahí que reproduzcan el gesto de arrojar algo al mar como acto de desobediencia simbólica. En este caso bloques de hielo, ice en inglés. El hielo representa las detenciones, deportaciones y el clima de miedo que se atribuye a ICE, indican los manifestantes. “Por ejemplo, tuvo retenido un niño creo que de 5 años, lo tuvo retenido afuera de la casa donde vive para que los padres pudieran salir por él y poder arrestarlos. Ellos tenían un proceso de asilo, estaban en proceso todavía, entonces no sé cuál fue su final. Los padres fueron detenidos”, aseguró Ovi Fénix, quien ha preferido conservar el anonimato por su seguridad. Según el manifestante, el ambiente es peor que en época de COVID, “aquí la gente ya no se reúne, la gente ya no sale a los centros comerciales, ya no sale a las tiendas, por miedo a encontrarse con estos actos. Incluso una persona siendo ciudadana, pues tienen miedo porque han visto de que ICE se ha venido en contra de todo aquel que parezca latino, hay mucho miedo”, agrega Fénix, quien asegura que las autoridades lo único que quieren es cumplir su objetivo con “ese odio que guardan en sus corazones por la raza latina”, concluyó. Para él, Estados Unidos está cambiando. “Nuestros primeros inmigrantes llegaron a esta nación y construyeron esta nación, pero  hoy en día es una atmósfera represiva, llena de odio y de esclavitud. La mano obrera y la mano que le ha dado soporte a la economía de los Estados Unidos la están cortando ellos mismos, la supremacía blanca”, lamentó. Según un informe del Instituto Cato, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año hasta el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena. El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos". El Gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportados. Con AFP

Hace 26 años que los municipios guatemaltecos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una disputa territorial que ha ido derivando en decenas de víctimas mortales. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando se registraron 13 fallecidos en la localidad de Nahualá. La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército. “Un derecho de posesión” RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona. “Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca. Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías. “Pedimos al Estado dar solución” Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse. “Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj. “Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde. Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.

La violencia progresará en America Latina y el Caribe en 2026, es la conclusión de la ONG Acled, dedicada al análisis de los conflictos, teniendo en cuenta el aumento de las actividades ilícitas en la región. En este programa se analizan los factores del contexto actual que ha tenido en cuenta la organización en su informe. El mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, el régimen de excepción en El Salvador o el aumento de ataques con drones por parte de las guerrillas en Colombia, son solo algunos de los síntomas que hacen que la ONG Acled, considere que la violencia se extenderá en 2026 por América Latina y el Caribe. Sandra Pellegrini, analista senior de la organización, explica que la violencia de las organizaciones criminales es un problema que ya estaba instalado en varios países, pero que la presión de la administración del presidente Donald Trump ha exacerbado: "La influencia de Estados Unidos es indirecta. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido presionar a gobiernos de las regiones a adoptar medidas que Estados Unidos, o más bien la administración de Trump, ve alineada a sus políticas ideológicas. Estamos observando, especialmente en países latinoamericanos y caribeños que van hacia procesos electorales en el 2026, una aceleración, una  adopción de políticas militarizadas." Donald Trump estrenó su mandato con una orden ejecutiva que declaraba a varias de estas organizaciones criminales latinoamericanas como "terroristas", y esto animó a varios países —como Argentina, Ecuador o Guatemala— a hacer lo mismo. Esto permite a los Gobiernos a responder militarmente contra estos grupos, algo que Acled califica de ineficaz: "No tenemos resultados concluyentes de que llevan a disminuciones de violencia sostenida en el tiempo y geográficamente; y en otros casos, hemos observado que operativos militarizados incluso, pueden conllevar a un aumento de las violencias, pueden tener como consecuencia de fragmentar un grupo criminal y reactivar una pelea por el poder dentro de esos grupos o de esas facciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde el arresto de "El Mayo", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha llevado a una pelea letal que sigue hasta el día de hoy. Y también en el caso de El Salvador, hemos observado que esos operativos han llevado a disputas para el poder interno y la creación de nuevas facciones." Además, este discurso empieza a instrumentalizarse en los procesos electorales de varios países, concluye Sandra Pellegrini: "Muchas figuras políticas que están haciendo campañas en el proceso electoral (están) promoviendo una seguridad militarizada porque han visto que justamente en el caso del Salvador ha llevado a esos niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. Entonces yo creo que hay un motivo bastante fuerte electoralmente." En su informe, Acled teme que los estados se vuelvan los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años. El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024. "Quiero que Chile sea un país de prosperidad" ¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar. "¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer. Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica. "Capacidad de gestión" Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima. A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años. Por la corresponsal de RFI en Santiago Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta. "Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder" Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?". Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector. "Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura. Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave. "Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo". Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años. "Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta. María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.   "Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega. Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

El presidente Milei puede presentar cifras macroeconómicas alentadoras al cumplirse este miércoles el segundo aniversario de su presidencia, pero dos especialistas expresan reservas a RFI sobre los cambios estructurales reales de la economía de su país y sobre la eficacia de sus reformas para garantizar un futuro estable. Entrevistadas: María Lourdes Puentes Olivera y Gala Díaz.  El punto de partida de Milei puede resumirse en una frase: "Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata". Con este diagnóstico, el economista —entonces un recién llegado a la política— inició un mandato que logró reducir la pobreza a niveles de 2018 y bajar la inflación del 211% anual al 30%. Pero María Lourdes Puentes Olivera, directora de la Escuela de Política de la Universidad Católica Argentina, advierte sobre la realidad que esos datos no muestran. "No hay un cambio en la estructura económica de la Argentina. Todavía hay una situación crítica. Hay un peligro de incremento del desempleo. Muchos actores de la economía están sufriendo tanto por el endeudamiento como por la imposibilidad de vender, ya que bajó el consumo. Hay un montón de situaciones que están pasando y por eso no creo que, a largo plazo, se puedan sostener", señala. Como prometió en campaña, Milei aplicó la "motosierra" a las ayudas públicas, redujo a la mitad el número de ministerios y despidió a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, junto a los casos de corrupción que han salpicado a su presidencia, no le impidieron ganar las elecciones de medio mandato ni reforzar su popularidad. ¿Cómo explica este resultado María Lourdes Puentes Olivera? "En la Argentina existe un tinte muy fuerte de hartazgo hacia lo que venía pasando. Pero esto no tiene tanto que ver con un pensamiento alineado con lo que Milei piensa. Ni siquiera creo que la gente esté a favor de lo que él está haciendo en la economía. Lo que cree la gente es que él está haciendo lo mejor que puede para el país. Argentina está más estable, pero él no es el partido, él no son los dirigentes", afirma. Espaldarazo de Trump de Milei El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el trabajo de Milei en octubre, después de que Washington realizara una inversión multimillonaria en Argentina que permitió al gobierno estabilizar la economía. Sobre este respaldo, analiza Gala Díaz, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un think tank argentino independiente: "El apoyo de Trump implica una percepción de que Argentina puede ser un aliado geopolítico para garantizar ciertas cosas en América Latina, en particular frenar el avance chino en la región. Pero, por otro lado, también está la necesidad que tiene el gobierno de recibir influjos de miles de millones de dólares, lo que implica un fracaso del modelo económico en el sentido de que es necesario ese influjo para sostener este modelo en un contexto recesivo en la Argentina".

En medio de una inédita polarización y a menos de una semana para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast aumenta su ventaja en los sondeos sobre la candidata izquierdista Jeannette Jara. ¿Pero cómo y con quién gobernaría? En Chile, desde 2005, la alternancia siempre se impuso a la continuidad cuando se abrieron las urnas, y al parecer el país está tomando el mismo camino. Pero conociendo la ventaja del Partido Republicano en los sondeos, la gran interrogante que se plantea en estos momentos es saber con quién gobernará José Antonio Kast si finalmente gana las elecciones. Necesidad de coalición “La conducción del segundo proceso constitucional, que estuvo liderada por el Partido Republicano, mostró poca disposición de este partido de armar coaliciones más duraderas. Tampoco han sido unos actores que hayan establecido diálogos y alianzas en el Congreso. Por lo menos eso hicieron, por ejemplo, en la reforma del sistema previsional”, explica a RFI Marcela Ríos, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Entonces, prosigue, “es una interrogante si van a continuar con la dinámica de cierto aislamiento que han tenido hasta ahora, o si van a haber aprendido que va a ser necesario una coalición. Es muy importante porque el partido de Kast es un partido minoritario en el Congreso. La derecha tradicional tiene muchos más escaños, en particular en el Senado, y las derechas en su conjunto tienen una mayoría muy, muy débil en la Cámara de Diputados”. “Por lo tanto, para que el Gobierno sea exitoso, va a necesitar tener una alianza fuerte, estratégica, con la derecha tradicional o de lo contrario no va a lograr tener las condiciones mínimas para mantener una gobernabilidad y una estabilidad en el país”, subraya la analista. Las derechas unidas Para alivio de Kast y a diferencia de hace cuatro años, cuando peleaba por la gobernanza del país, esta vez recibió inmediatamente el respaldo de la derecha tradicional de cara a la segunda vuelta. “El Partido Republicano y los partidos tradicionales de derecha han ido construyendo alianzas tácitas y los une un fuerte rechazo a la centroizquierda, y también el poner la seguridad como el tema principal. Por lo tanto, todos los otros temas que los pueden dividir, las agendas valóricas, el apoyo a la democracia, política exterior, son muy secundarios en esta elección y por lo tanto parecieran que no han tenido ningún peso a la hora de las decisiones en los partidos”, indica Marcela Ríos. A pocos días de la votación del 14 de diciembre, los sondeos mantienen a José Antonio Kast como favorito con una ventaja que fluctúa entre 10 y 15 puntos sobre su rival Jeannette Jara.

Argentina rompe emite un bono en dólares a cuatro años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 debido a las altas tasas de interés que debería convalidar. Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un interés del 6,5%, que tiene el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero, sin afectar las reservas del Banco Central. El economista Alfredo Roisenvitz, también profesor de la Universidad de UCEMA y San Andrés, celebró la noticia como un gran voto de confianza para la economía del país: "Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del gobierno, sino que implicaría que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir en este trayecto positivo y va a poder hacer frente a esa deuda". Roisenvitz explica que este giro para los mercados argentinos tendrá un impacto indirecto en la acumulación de reservas, muy importantes en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que este año le otorgó al país un préstamo por 20.000 millones de dólares.  "Si Argentina vuelve a los mercados internacionales de financiación, no tendrá que hacer frente a los vencimientos de corto plazo con reservas, sino que podrá renovar esa deuda y además si las ofertas de endeudamiento de Argentina son bien recibidas por el mercado, va a refinanciar esa deuda de corto plazo a unas tasas más largas y más competitivas. Eso hace que no solo mejore el perfil de la deuda, sino que también mejore la cuenta corriente financiera, en términos de no tener que utilizar reservas para el pago de los vencimientos de deuda. Eso es sin dudas una muy buena noticia." Aunque algunos celebran que estos bonos se emitan bajo ley local como un primer paso para el retorno a los mercados, también hay que destacar si se presentara alguna anomalía, los acreedores deberán acudir a la justicia argentina que algunos analistas consideran con menos garantías que los tribunales extranjeros.