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Situado entre Perú y Colombia, dos de los grandes productores de esta droga en el mundo, Ecuador ha pasado a ser uno de los puntos de distribución más importantes a nivel mundial, con dos destinos principales: Estados Unidos y Europa. ¿Cómo puede un país que apenas produce cocaína convertirse en un gran exportador? No es un gran productor, pero se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito y exportación de cocaína a nivel mundial. Ecuador decomisó el año pasado 300 toneladas de esta droga, aunque se estima que son apenas una cuarta parte del total que pasa por su territorio -que superaría las 1.000- antes de ser exportada, principalmente a Estados Unidos y Europa. Posición geográfica Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), un 30% de la cocaína detectada en contenedores marítimos tiene un puerto de carga declarado en Ecuador. ¿A qué se debe este fenómeno? “Lo que ha provocado que Ecuador tenga esta condición es que fundamentalmente nos ubicamos en un espacio geográfico donde confluyen las vías de tráfico desde Colombia, particularmente con un perfil costero bastante amplio. Los principales destinos son Estados Unidos y Europa. Para Europa generalmente lo que se hace es contaminar los barcos que llevan banano, principalmente para hacer que se inserten cargamentos de droga en ellas”, explica a RFI Diego Pérez Enríquez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. “Hay que considerar además geográficamente que la frontera de Ecuador con Colombia es un territorio que tiene poca presencia estatal de los dos costados, y eso hace naturalmente que la operación de las organizaciones de tráfico sea bastante más sencilla, bastante más eficiente”, señala asimismo. Empezando a producir Esta frontera compartida con Colombia está en el origen de otra de las alertas en el país: Ecuador está empezando a convertirse en productor. Por el momento las cifras son relativamente bajas, unas 60 toneladas el año pasado. Predominan los cultivos de coca en las provincias de Carchi y Sucumbios, donde se instalan los grupos criminales tras pasar la frontera. “En general, son grupos con una doble identidad. Son organizaciones generalmente colombianas y hay que recordar la operación que tienen las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Ecuador”, indica Diego Pérez Enríquez. “Han comenzado a colonizar esos espacios a través de gente propia, gente que viene del lado colombiano, pero también ciudadanos ecuatorianos que en ese costado del país no tienen necesariamente opciones de trabajo, no tienen posibilidades de estudio, no tienen mayores expectativas de supervivencia o para la supervivencia. Y esto, en última instancia, genera un incentivo poderoso para que esas organizaciones se asienten en esos territorios”, detalla el politólogo. Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano vive además un aumento dramático de sus niveles de criminalidad en los últimos años.

El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado en 2022. Con 12 votos a favor y 6 en contra, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó esta decisión en un nuevo episodio de una larga crisis bilateral entre México y Perú, señaló a RFI Óscar Arévalo, internacionalista en la Pontificia Universidad del Perú. "Es una disposición simbólica, una raya más al tigre de una mala relación [entre ambos países] que viene desde hace varios años. Actualmente no hay embajador mexicano en Perú ni embajador peruano en México. La relación se mantiene a nivel diplomático solo con encargados de negocios. Todo ello a raíz del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien había tejido una relación estrecha con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que lo defendió permanentemente. Luego llegó Sheinbaum a la presidencia y ella ha seguido prácticamente la misma línea de su antecesor", explicó Arévalo. Perú, relaciones turbulentas no solo con México  El experto subrayó que México no es el único país con tensiones diplomáticas con Perú. "La política exterior del gobierno de Dina Boluarte es igualmente turbulenta con otros vecinos de la región. Perú enfrenta serias dificultades en su relacionamiento regional y es visto como un país muy inestable. En los últimos ocho o nueve años hemos tenido seis presidentes. Este gobierno, en particular, genera mucha preocupación. Hay cuestionamientos en materia de democracia y derechos humanos, lo que provoca desconfianza en la región. Más allá de los problemas con México y Colombia, derivados de la detención de Castillo, tampoco hay una relación sólida con Bolivia, con Chile es bastante fría, como también con Brasil. Eso explica el interés de la política peruana en abrir puertas fuera de la región. Hemos visto en los últimos tiempos un repentino interés en India, Indonesia o Japón, países a los que no les preocupa tanto, o no les interesa demasiado, la situación de la democracia y los derechos humanos bajo el gobierno de Boluarte”, concluyó Arévalo. Las elecciones previstas en 2026 podrían redefinir el escenario político peruano y abrir la puerta a un giro en sus relaciones diplomáticas.

Comenzó la sesión en el Tribunal Supremo de Brasil para determinar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino fueron este martes los primeros de los cinco magistrados en votar y ambos optaron por condenar al exmandatario. Un voto más en contra supondría la condena de Bolsonaro, que afrontaría penas que podrían superar los 40 años de prisión. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo tienen como máximo hasta el viernes para votar y decidir -basta con mayoría simple- si condenan a Bolsonaro y otros siete coacusados por intentar revertir los resultados que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.  Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, haber contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura o instigar el asalto el 8 de enero de 2023 a las sedes del poder en Brasilia. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que la instrucción del caso solo puede llevar a una condena. “Es un acumulado de evidencias, hay declaraciones, testigos y lo más importante, el exsecretario general de Bolsonaro, llamado teniente coronel Mauro Cid, es una relación premiada como se llama aquí, ha confesado sus crímenes, pero para bajar sus penas va a relatar todos los hechos y a partir de ahí va a ser un rompecabezas. Se van a ir colocando pieza por pieza en las cuestiones vinculadas al crimen de Bolsonaro”, indicó. De ser declarado culpable, Bolsonaro -ya inhabilitado políticamente hasta 20230 por desinformación- podría afrontar hasta 43 años de carcel, aunque puede apelar la sentencia. Ante una posible condena, en el parlamento, legisladores brasileños de derecha y extrema derecha están tratando de dar forma a una amnistía para el expresidente. Cordeiro Pires estima que esta opción tampoco es viable, al no contar con suficientes apoyos en las dos camaras. “Hay dos correlaciones de fuerza, una en la Cámara de los Diputados, donde si hay una mayoría para hacer esto, y esta mayoría quería incluso la amnistía a todos los crimines de Bolsonaro”, señaló recordando que el expresidente está sin derechos políticos por ocho años. Además subrayó que “en el senado no hay la mayoría para aprobar la amnistía, incluso  la comisión de constitución de justicia ha dicho que no va a colocar la cuestión de amnistía en el Senado”, relató Cordeiro, asegurando que dicha opción carece de fundamento.

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo su primera gran derrota desde que asumió el poder, al perder las elecciones provinciales en Buenos Aires. Los analistas Sergio Berensztein y Lara Goyburu evaluaron en RFI el impacto de este traspié y el posible surgimiento de una tercera alternativa política. Para el analista político Sergio Berensztein, se imponen cambios profundos en el partido de Milei si no quiere seguir acumulando derrotas. "Indudablemente esta elección puede implicar un costo significativo de cara a las elecciones legislativas, si el gobierno no cambia. Se supone que va a haber un cambio de gabinete y una modificación en la narrativa electoral. Pero sí, efectivamente, fue una derrota significativa. En el plano de la corrupción, si no se aclaran las sospechas que ya están instaladas en la opinión, esto puede generar una pérdida del electorado más moderado, que fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires", sostiene Berensztein. La politóloga Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit, agencia que analiza exhaustivamente el escenario político argentino, considera que el resultado no se explica tanto por un triunfo del peronismo, sino más bien por los traspiés de La Libertad Avanza en la transparencia de su gestión económica, lo que generó dudas en un electorado que esta vez no lo acompañó en las urnas. Desmovilización de los seguidores de Milei  "No sorprende tanto el resultado en la provincia de Buenos Aires porque este era un contexto que, ya a nivel social, mostraba agotamiento. Ese agotamiento hizo que quienes no fueran a votar fueran los desencantados con la política del gobierno nacional. Es decir, no es que hubiera un cambio de voto de los electores que sí habían votado, digamos que los electores de La Libertad Avanza pasaron a votar por Fuerza Patria. Yo creo, más bien, que aquellos que votaron a La Libertad Avanza en 2023 no fueron a votar esta vez. También ocurrió que en algunas secciones electorales optaron por terceras fuerzas", subraya. Según Goyburu, Milei tendrá que revisar a contrarreloj sus errores políticos, ya que su gobierno se juega el fortalecimiento o no de su bloque legislativo en las elecciones del 26 de octubre, donde se vislumbra la irrupción de una tercera fuerza política. "También es cierto que, a nivel nacional, existe una tercera fuerza que han armado algunos gobernadores que tienen un peso territorial específico, más racional, más dialoguista. Esta tercera fuerza está buscando ponerse como alternativa entre lo que sería el peronismo kirchnerismo y La Libertad Avanza", apunta. El presidente Milei necesita ampliar la pequeña minoría de su partido en el Congreso, dominado por una oposición que hasta ahora ha utilizado su poder para aprobar medidas de gasto social que bloquean los esfuerzos del mandatario por equilibrar las cuentas públicas.

Son otra cara de la guerra. En Colombia, la JEP - la Jurisdicción Especial para la Paz- reconoció por primera vez a un colectivo de 104 hombres como víctimas de violencia sexual. Es un hito para este órgano de justicia transicional creado para investigar el conflicto ya que durante décadas estas personas guardaron silencio por temor a ser estigmatizadas. Algunos de ellos eran niños o adolescentes en el momento de los hechos. La JEP - el mecanismo de justicia transicional en Colombia - escuchó los testimonios de un colectivo de 104 hombres y los reconoció como víctimas de violencias sexuales durante el conflicto. En particular entre finales de los 90 y 2009 en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena, en el norte del país. La JEP es el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal. Añade que estos hombres y niños "fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género". "Relataron daños físicos, en su integridad física, sexual y reproductiva, violaciones, tortura, desnudez forzada, humillaciones sexuales, mordazas amenazas y lenguaje degrante.Los victimarios buscaban quitar la hombría o marcar para siempre a las víctimas", dice a RFI Óscar Parra Vera, magistrado de la JEP, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Dice que los responsables directos de estas violaciones fueron los integrantes de grupos paramilitares, pero la JEP busca también saber "si hubo paticipantes de  las fuerzas públicas, que por acción u omisión hubieran facilitado o permitido que los hechos se cometieran".  Fue mediante la ONG All Survivors Projects, que acompañó a estas personas y las ayuda a reconocerse como víctimas, que se pudo romper el silencio que les había impuesto el miedo. "Siendo en su mayoría hombres heterosexuales, esto es una carga que aumenta su negativa a narrar los hechos y que muchas veces no buscaron ayuda por temor a ser cuestionados, ridiculizados o no creídos. Frases como 'para un hombre esto es muy vergonzoso', evidenciaron cómo afrontaban una fuerte carga de estigmatización".  Este reconocimiento histórico, explica Parra Vera, fortalece la idea que sí hubo una dimensión de género en la violencia del conflicto colombiano.  "Esto permite a la justicia observar dimensiones de la violencia que para la justicia es difícil percibir. Esta decisión da un paso adelante para visibilizar aristas de la violencia de género que antes no habían sido identificadas de manera masiva", asegura Óscar Parra Vera, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.

El domingo se llevan a cabo elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de Argentina, en el que vive cerca de un 40% de los habitantes del país. Serán la antesala de las legislativas nacionales de octubre. Una votación que se lleva a cabo en medio del presunto caso de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, por el presunto cobro de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidades. La votación de este domingo es una prueba de fuerza para los dos principales partidos del país: La Libertad Avanza, el oficialismo del presidente Javier Milei, y el peronismo opositor, bajo el nombre de Fuerza Patria, que gobierna la provincia. Las campañas fueron lideradas por las principales figuras en funciones de La Libertad Avanza y del peronismo. El presidente Javier Milei de un lado, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del otro. Dos pesos pesados que muestran la importancia de estos comicios. Kicillof cerró la campaña el jueves y Milei lo hizo en un acto el miércoles en la localidad de Moreno, gobernada por el peronismo. La última palabra la tendrán los votantes. En los alrededores del acto de Milei, había de diferentes posiciones. “Principalmente sería bueno que nosotros ganemos, pero no voy a mentir que en ciertos municipios va a estar bastante peleado y en otros capaz gane la oposición, pero yo creo que podemos ganar”, explica Gerónimo, un joven libertario de 19 años, estaba haciendo fila para entrar al evento. Milei, “hasta el año 27” A pocos metros estaba, Clara López, jubilada de 85 años, con menos dudas. “Milei va a ganar este domingo, en octubre y en el año 27, todo ese tiempo”, asegura confiada. En la vereda de enfrente había vecinos que no comulgan con el presidente y sus políticas, como Daniel Bikkesbakker, comerciante de 52 años, muy enojado con Milei. “Tengo locales en La Salada, locales en Flores, nunca vi una cosa igual, un disparate total como el que estamos viendo, la verdad que es un desastre”, denuncia. “Tengo cáncer y me quitaron los remedios” “Yo espero que éste pierda porque yo tengo cáncer y me quitaron los remedios y la jubilación no nos alcanza, no puedo comprar los remedios con mi jubilación.”, explica Aurora Villarrea de 70 años. La provincia de Buenos Aires está dividida en ocho secciones electorales. Y el peronismo podría ganar en las dos principales, en las que viven dos tercios de los votantes, pero que ocupan una fracción pequeña del mapa del distrito. Si el oficialismo gana en el resto, la oposición tendría la mayoría de los votos, pero el mapa de la provincia quedaría pintado mayoritariamente del color violeta de La Libertad Avanza. Y los dos podrían, cada uno a su manera, intentar cantar victoria.

Este 4 de septiembre el secretario de Salud estadounidense Robert F. Kennedy Jr. fue blanco de críticas y gritos durante su audición ante el Comité de Finanzas del Senado, donde intentó defender sus polémicas reformas en materia de salud pública. La víspera, las autoridades de Florida anunciaron su intención de acabar con la vacunación obligatoria en las escuelas del estado, generando inquietudes en el gremio médico. "¿Quién soy yo para decirle qué poner en el cuerpo de sus hijos?": así anunció Joseph Ladapo, la mayor autoridad de Salud en Florida, que se preparaba a poner fin a la obligación de vacunarse para los alumnos de las escuelas públicas. Una decisión que preocupa en el sector salud. La Dra. Dadilia Garcés, médico epidemióloga y profesora del Miami Dade College, lamenta que este anuncio llegue “en un momento en que la tasa de vacunación en el estado se encuentra en declive” y cuando existe “el riesgo de que se presenten enfermedades que son prevenibles por vacunas”. “Precedente de desconfianza” “Las vacunas que son obligatorias para los niños son las enfermedades que tienden a ser más comunes en niños. Muchas se transmiten por contacto, se transmiten por las gotas de saliva o por la respiración. Y cuando nos encontramos en las escuelas, estamos muy juntos unos a otros, y esto brinda el ambiente perfecto para la transmisión”, detalla Garcés. La doctora explica además que, en Florida, la desconfianza en las vacunas ha aumentado drásticamente. Algo que ha sido observado también en la comunidad latina. “Hay una falsa percepción, sobre todo en la comunidad migrante, de que por medio de las vacunas se puede ejercer algún control migratorio de las personas”, cuenta. Refiriéndose a los casos de esterilización forzada contra la comunidad latino en California hasta los años 70, Garcés subraya que este tipo de cosas ha creado “un precedente de desconfianza hacia lo que viene de los gobiernos. Cuando salió la vacuna del Covid-19 yo hacía campaña en estas comunidades y muchas personas me decían que no querían quedar estériles, por ejemplo”. “Se vienen tiempos difíciles” La administración Trump y en especial el secretario de Salud están bajo críticas por su intento de remplazar a los directivos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con perfiles leales al Gobierno y más hostiles a la vacunación. Y aunque profesionales de la salud han reclamado la renuncia de Robert Kennedy Jr., no todos en Florida rechazan sus propuestas. “Inclusive personas que trabajan en los medios de salud empezaron una campaña directa o indirecta contra las vacunas, algo que lamentablemente ocurrió con el Covid. Las medidas de salud pública empezaron a teñirse de política, así que se vienen tiempos difíciles en la salud pública. No solo para el estado de Florida, sino también para Estados Unidos”, concluye la doctora.

Tras reunirse este miércoles la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ambos gobiernos anunciaron un entendimiento en materia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado. Si bien aún no se ha firmado, los grandes rasgos fueron esbozados en un comunicado conjunto que parece disipar los temores sobre una intervención militar de Estados Unidos en México. Entrevista al especialista en seguridad Armando Rodríguez Luna.  Soberanía. Esa es una de las palabras clave del entendimiento alcanzado este miércoles entre México y Estados Unidos para colaborar de forma bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Washington lleva meses presionando para que los mexicanos demuestren que están actuando, y la presión ha aumentado en los últimos días, explica el experto en seguridad y crimen organizado en México, Armando Rodríguez Luna, del Colegio de Análisis de la Seguridad con Democracia. "Con respecto a las acciones que está llevando a cabo Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado, designados también como 'organizaciones terroristas', el más claro ejemplo es lo que sucedió ayer en Venezuela [el gobierno estadounidense afirmó haber destruido una embarcación que presuntamente pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y transportaba drogas desde Venezuela]. La presidenta Sheinbaum estaba muy preocupada porque Estados Unidos desplegó barcos en el Golfo de México y en el Pacífico mexicano, o cerca de las costas mexicanas. También se realizaron diversos vuelos de reconocimiento de carácter militar sobre el territorio mexicano". Un nuevo modelo de inteligencia en México Este acuerdo, resalta Rodríguez Luna, podría incluso abrir un nuevo modelo de inteligencia. "El establecer marcos de cooperación, particularmente en las áreas de inteligencia que el gobierno mexicano pueda ofrecer al gobierno estadounidense, creo que es la principal moneda de cambio que buscaba el gobierno de Sheinbaum. Porque a cargo de la inteligencia contra el crimen organizado está su principal hombre de confianza: Omar García Harfuch. Ella va a fortalecer tanto la figura de García Harfuch como todo el andamiaje legal e institucional que está en proceso de construirse dentro de México. Había muchos obstáculos por temas de desconfianza dentro de México. Las Fuerzas Armadas son las principales generadoras de inteligencia dentro del país". Los dos gobiernos han anunciado, además, que crearán un grupo de implementación de alto nivel. "Grupos de alto nivel en materia de seguridad ha habido muchos prácticamente desde 2008, cuando surge la Iniciativa Mérida. Ahora, esperemos que este nuevo grupo de alto nivel pueda construir desde el Congreso de Estados Unidos la posibilidad de garantizar y hacer sostenible que puedan fluir tanto los recursos, ya sea monetarios o en especie. Ahora, por otra parte, este grupo de alto nivel tiene que traducirse en grupos operativos en temas muy específicos, por ejemplo, el del ‘huachicol’ o tráfico ilegal de combustibles, evidentemente el del fentanilo y las metanfetaminas, tráfico de armas, etc. Pero ahí vamos avanzando poco a poco".

El secretario de Estado estadounidense Marc Rubio visita Ecuador para hablar de seguridad, migración y narcotráfico en la región. Según la ONG InSight Crime, Ecuador fue el país más peligroso de América Latina en 2024, con 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ante una expansión de la actividad criminal y del narcotráfico, las organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia señalan las dificultades de su actividad y critican un "deterioro institucional".  Con más de 5.200 homicidios desde el inicio de este año 2025, Ecuador vive una importante ola de violencia a pesar de la política de "mano dura" declarada por el presidente Daniel Noboa. Verónica Supliguicha es directora de proyectos en la Fundación Alas de Colibrí, una entidad ecuatoriana que trabaja en la asistencia humanitaria con víctimas del crimen organizado. "Alas de Colibrí lleva 14 años atendiendo a víctimas de trata. Tenemos una casa de acogida. En los dos o tres últimos años, los niveles de violencia con los que las víctimas son tratadas son muchísimo más graves que hace tiempo. Ahora encuentras que son procesos extremadamente cruentos y violentos de sometimiento. Eso indiscutiblemente genera unos niveles de afectación mucho más graves en su salud física y psíquica", explica. "En este momento tenemos niñas y adolescentes que están saliendo todos los días del sistema educativo por miedo, por amenazas, porque no quieren ser reclutadas, no quieren ser víctimas de trata y las familias no tienen las posibilidades de cambiarlas a otro lugar", continúa Verónica Supliguicha. En los últimos años, el país se ha posicionado como parte de una de las rutas más importantes para el narcotráfico. Los Choneros -que fueron durante años la principal banda criminal de Ecuador- se consideran una estructura debilitada tras la extradición a Estados Unidos de su líder, alias Fito. Sin embargo, otras organizaciones que trafican con armas, droga y minerales ganan terreno. Esto, sumado a un deterioro de la institucionalidad, explica el nivel de violencia actual, según Supliguicha: "Hay una falta de capacidad de respuesta y una falta de una estructura institucional que dé respuestas que sean mucho más sostenidas a largo plazo. Las redes criminales han permeado toda la región. Ya no son redes criminales que se dediquen a un solo delito y ni están en un solo país o un solo sector. Este tipo de políticas que se plantean como de mano dura son discursos vanos que no han solucionado nada". El gobierno de Noboa declaró en 2024 la existencia de un "conflicto armado interno" y ha mantenido un pulso con la Corte Constitucional de Ecuador, que suspendió algunas leyes promovidas por el presidente, acusadas de vulnerar los derechos humanos. Noboa prevé celebrar en diciembre un referéndum que permita que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos de juicio político. Un paso más del mandatario para tratar de tirar adelante su agenda legislativa de mano dura contra el crimen organizado.

El gobernador de Illinois aseguró este 2 de septiembre que la ciudad de Chicago “no quiere tropas de la Guardia Nacional” en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, que anunció ordenar la entrada de agentes federales militares para acabar con la criminalidad. Una decisión que ya ha tomado en Washington y Los Ángeles y que, según expertos, carece de fundamento legal. “Chicago no quiere tropas en sus calles”, declaró el gobernador demócrata JB Pritzker del estado de Illinois, quien se ha opuesto a Donald Trump y a su determinación a que la Guardia Nacional -el cuerpo de reserva para misiones federales- ingrese a Chicago para combatir la delincuencia. “Esas fuerzas militares no tienen el entrenamiento apropiado” “No tiene ningún soporte legal el mandatario Trump”, estima el abogado Jorge Montes, que ejerce en Chicago y asegura que, a diferencia de Washington, en su ciudad la ley no autoriza el uso de fuerzas militares. “En Washington, a pesar de que tiene su fuerza policiaca local, la ley permite que por 30 días el gobierno federal, bajo las órdenes del mandatario, pueda intervenir y con el permiso del Congreso se puede extender esa fecha de 30 días a más días y actuar como policía”, detalla. Sin embargo, subraya el abogado, “lo desafortunado de ese escenario es que esas autoridades, esas fuerzas militares, no tienen el entrenamiento apropiado para funcionar como policías locales. No saben cómo actuar en diferentes situaciones, diferentes crímenes, etcétera”. “La Guardia Nacional está bajo el control del gobernador” Este martes, además, un juez federal dictaminó que era ilegal la incursión de la Guardia Nacional y de los marines en Los Ángeles en junio. “En Los Ángeles, tenía la excusa de que había motines a base de las redadas de ICE, las autoridades de inmigración”, pero la Ley Posse Comitatus, una ley federal de casi 150 años, limita el papel del ejército estadounidense en la aplicación de leyes locales, explica Jorge Montes. “La Guardia Nacional se puede llamar fácilmente o en situaciones especiales por el gobernador del Estado y está bajo el control del gobernador. Se requiere un acto de insurrección o algo, una rebelión estatal y eso no es lo que estaba aconteciendo. Y el gobernador Newsom ha dejado muy claro que la situación estaba bajo control, sino él mismo hubiera llamado a la Guardia Nacional”, recalca el abogado. En Los Ángeles, la justicia prohibió al Pentágono que se despliegue a estos reservistas a partir del 12 de septiembre. Una decisión que podría revertir la Corte Suprema durante este plazo.

Este 1 de septiembre empezó el período de campaña electoral en Honduras, rumbo a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. De los 10 millones de habitantes que tiene el país centroamericano, más de seis millones podrán ejercer el sufragio. Arrancó oficialmente este lunes en Honduras la campaña electoral, con cinco candidatos que intentarán romper la polarización política y social que existe actualmente entre el Gobierno y las fuerzas de la oposición. Los partidos de oposición encabezan las encuestas “Estando en su cuarto año de mandato, en el país se debate entre votar a favor de la continuidad del proyecto de Libertad y Refundación, encabezado por la candidata oficialista Rixi Moncada, versus los contendores principales que son Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional”, explica a RFI Miguel Calix Martínez, licenciado en Ciencias Jurídicas. “Según diversas encuestas, el señor Nasralla podría estar ocupando la preferencia en este momento, con la cercanía del candidato Asfura, del Partido Nacional, ambos de oposición, aunque la candidata oficialista y la campaña oficialista cuestionan los resultados de estas encuestas. Son cinco partidos los que compiten, pero con verdaderas oportunidades de disputar el poder son tres: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, en ese orden según las simpatías en las encuestas”, precisa el analista político. Promesas incumplidas Los ciudadanos hondureños esperan que los candidatos presenten planes realistas para enfrentar los enormes desafíos económicos, sociales y de seguridad, a pesar de los profundos cambios implementados por la mandataria Xiomara Castro, que en apenas tres años y medio de gestión no aprobó en estos temas. En cuanto a “la lucha anticorrupción, existe una percepción generalizada de que el Gobierno actual ha mantenido prácticas nepóticas y corruptas de gobiernos anteriores y no se ha distinguido. No cumplió con una promesa que era instalar una comisión internacional contra la impunidad, similar a la que había en Guatemala. También tuvo poca eficacia en la ejecución del gasto y hubo incumplimiento de promesas en materia de salud, principalmente”, subraya Miguel Calix Martínez. Gran masa de indecisos A pesar de la escasez de candidatos, la pugna presidencial se presenta muy abierta debido a una gran masa de indecisos que solo decidirán su voto según se desarrolle esta campaña, indica asimismo: “Más del 50% de la población, entre el 50 y 55%, no manifiesta tener simpatía por ningún partido político. Aquí las llamamos ‘las personas independientes’, las personas que van a dar su voto según lo que pasa en estos últimos tres meses de campaña”. Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir dentro de 86 días al nuevo mandatario presidencial, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes. RFI analiza el contexto de estas cifras con Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick. Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, según un nuevo estudio, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia. En los primeros seis meses de 2025, la población extranjera, con o sin papeles, se redujo en un millón y medio de personas. De acuerdo con cifras del Instituto de Investigación Pew Center, una tendencia que confirma Adriana Rivera, directora de comunicaciones de la Coalición de Inmigrantes de la Florida Flick en la antena de RFI: "El presidente Trump paró la entrada de refugiados, el programa de refugiados, que es un programa internacional. Ya aquí no han entrado más personas a través del programa de refugio. Es muy difícil que te aprueben un asilo e incluso la gente que ha entrado con asilo, que todavía tienen asilo pendiente de gente que lleva años con asilos pendientes, tienen miedo que que el desenlace de de su petición de asilo sea negativa".+ En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes.Los funcionarios del gobierno de Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que las presiones sobre los servicios gubernamentales han disminuido y que los mercados de trabajo se han recuperado. Adriana Rivera considera que estas cifras reflejan de manera evidente el nuevo clima que se vive en Estados Unidos."La gente está viviendo con un nivel de miedo que yo nunca he experimentado. De hecho, yo soy ciudadana estadounidense y yo vivo con miedo. Mi familia vive con miedo. Se ha convertido en una atmósfera en donde incluso hablar otro idioma te puede poner un blanco en la espalda. Tener tatuajes, por ejemplo. Son tantas cosas completamente aleatorias y ridículas que uno ya no sabe verdaderamente ni cómo vivir en paz aquí. Obviamente hay muchas personas que están de acuerdo con esto, que lo celebran, pero hay muchísimas más que entienden que esto ya se está pasando de la raya y que esto es como un estado policiaco" dice para RFI y lanza un llamado de advertencia que hubiera sido inimaginable hace escasos meses. "Este país está cambiando. Día tras día se ven los policías, se ven los agentes federales en la calle, se ven los niños en las escuelas nerviosos, los vecinos que ya no salen como antes. Se ve una baja en cuánta gente está en el restaurante de la esquina. En este país la vida ha cambiado de un momento a otro y pues esto es una advertencia a las demás personas que que no copien lo que se está viviendo acá porque no es nada bonito", concluye.  Tras hacer campaña prometiendo deportaciones masivas, Trump ha introducido medidas radicales para reducir la migración. Su gobierno ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visado para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico y ha desplegado miles de agentes federales para detener y deportar a migrantes indocumentados

El llamado Cartel de los Soles se refiere a una presunta red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.La pregunta es: ¿Existe realmente? El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en EEUU, explica los mecanismos de esta organización. Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como “una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”. Esta semana, el gobierno argentino lo declaró “organización terrorista”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que no existe y lo describe como “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”. Frente a estas versiones, el ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en Estados Unidos y crítico del chavismo, cree que “hay decenas de testimonios dentro del sistema de justicia norteamericano que dan cuenta de que Chávez creía en la posibilidad de que, en vez de combatir a los carteles y las organizaciones terroristas que hacen vida en Colombia, estas pudieran tener una forma de contribuir de alguna manera a la seguridad del proceso político". Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar esta organización narcoterrorista, cuyo nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela. Según el ex fiscal, "muchas personas que formaron parte de esta planificación criminal han declarado y han sido detenidos, hay colaboradores, es decir, el Cartel de los Soles tiene un sustento probatorio". "Miente Petro, sobre todo cuando dice que no existe, porque la misma inteligencia colombiana era plenamente consciente de la participación de altos funcionarios no sólo de la Fuerza Armada Nacional, sino de organismos de seguridad de Estado".  Zair Mundaray, estudioso del narcotráfico, explica por qué el Cartel de los Soles es una organización criminal particular: A diferencia de los carteles de México o Colombia, quienes controlan las operaciones formarían parte del propio Estado venezolano. "En el caso venezolano los que llegaron al poder se convirtieron en narcotraficantes. No estás hablando de un cártel como un cártel mexicano o el Clan del Golfo. Estamos hablando de  quienes están sentados en las oficinas públicas del Estado venezolano y tienen todo el poder de fuego y el dominio territorial", explica el experto.  Para el ex fiscal Mundaray, una de las pruebas más claras de la existencia del Cartel de los Soles está en un hecho paradójico: en Venezuela no se registra la violencia ligada al narcotráfico que sí golpea a países como Colombia. "El narco no ha traído los niveles de violencia que tiene Colombia. Puedes traficar miles de de toneladas y pasar por donde sea, y nadie se está matando por ello, como sí ocurre en Colombia cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pisa el territorio de la disidencia o cuando el Clan del Golfo pelea por su espacio. Aquí no hace falta eso, porque tienes una fuerza armada que lo hace y el que lo haga fuera de ese control sí lo alcanza la mano del Estado y lo apresa. Esto es una de las perversidades mayores del sistema creado por el chavismo".

En México y Centroamérica, ser mujer y migrante significa exponerse a múltiples formas de violencia: desde la exclusión del sistema de salud, hasta agresiones sexuales y el miedo constante. Seis de cada diez mujeres migrantes dicen sentirse inseguras durante su tránsito, alerta un informe de Médicos del Mundo. Para ir más allá de las cifras, esta ONG ha pedido a la artista Alexa Forero que traduzca esa realidad en una obra artística itinerante titulada “La cuerpa que migra”. México cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con acceso gratuito a la salud. Sin embargo, en la práctica, miles de mujeres migrantes no reciben una atención digna. La razón es un obstáculo administrativo casi infranqueable para ellas: el código CURP, Clave Única de Registro de Población. “El acceso al sistema de salud en México funciona normalmente bajo la presentación de un código que se refiere claramente a la identidad y está asociado a la residencia. Cuando una mujer extranjera migrante llega a los centros de salud de México le piden ese código”, explica a RFI Chiara Santoro, representante de Médicos del Mundo en México. “No teniendo ese código porque no son personas que ya tienen su residencia en México, se le niega sistemáticamente el servicio a la salud”, añade. En lugares como Tapachula, en la frontera sur de México, Médicos del Mundo ha documentado barreras estructurales alarmantes para acceder a servicios básicos. 'Cuerpas feminizadas' Esa evidencia se ha traducido en acción directa, incidencia política y, desde hace poco, también en arte. La artista visual Alexa Forero ha creado “La cuerpa que migra”, una instalación que combina recursos gráficos, sensoriales y testimoniales para traducir el trabajo de campo de la ONG en una narrativa estética, política y humana. “La obra entera está conformada por seis piezas, una es un sitio interactivo donde está albergada toda la información de la investigación que hace Médicos del Mundo y mi investigación propia a partir de encuentros que tuve con mujeres en Tapachula”, cuenta Forero. “Es una reflexión frente a la diferencia que hay en las ‘cuerpas feminizadas o femeninas’ que emigran, porque la situación se es diferente cuando eres mujer por los temas de la agresión sexual, pero también las necesidades que tienen de salud sexual y reproductiva, del cuidado menstrual, de planificación. Entonces, todas estas experiencias, incluso la del embarazo en tránsito, es algo que atañe solamente al cuerpo de la mujer. Entonces sí, hay que hablar de ‘cuerpa’ como organismo que atraviesa el proceso migratorio”, explica la artista. Según Médicos del Mundo, el 60% de las mujeres migrantes en México y Centroamérica reporta sentirse insegura durante su viaje.

Tras once años de proceso condenaron a 28 años de cárcel a dos empresarios madereros por el asesinato en 2014 de cuatro líderes indígenas ambientalistas, que habían sido amenazados por defender el bosque. RFI habló con el abogado de los familiares de las víctimas. La justicia ha confirmado la condena de 28 años de prisión y una reparación civil de 100.000 soles (unos 28.000 dólares) contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas en la comunidad de Saweto. Felipe Tapia, abogado de las viudas de las víctimas, celebró la decisión, destacando la importancia de esta confirmación judicial para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos. Si bien la defensa había solicitado penas más elevadas, llegando a un máximo de 35 años y una reparación civil de 250.000 soles, Tapia enfatizó a RFI que lo esencial y más importante ha sido la ratificación de la condena. "Estamos satisfechos porque lo que buscábamos era que la justicia alcanzara a las viudas de los líderes indígenas asesinados", afirmó Tapia, señalando que, a pesar de no lograr las penas máximas debido a criterios legales, la sentencia es "contundente" por su alta cuantía. La confirmación de esta sentencia de segunda instancia no solo hace justicia en el caso Saweto, también marca un precedente en un país donde los pueblos indígenas siguen siendo amenazados por actividades ilegales en sus territorios. El caso Saweto es paradigmático: se trata de uno de los primeros casos en que líderes indígenas son asesinados por defender sus tierras. Felipe Tapia subrayó la gravedad de la situación actual en Perú, donde los territorios indígenas son sistemáticamente invadidos por la tala y minería ilegal, e incluso por el narcotráfico. "Uno de los objetivos de obtener justicia a través de una sentencia condenatoria era establecer un precedente", explicó el abogado. “Esto genera un precedente en el sentido de que cualquier actividad ilegal que se realice atropellando, vulnerando los derechos indígenas, especialmente el territorio, tiene una sanción que debe ser claramente establecida. En este caso, sobre todo la violencia, la amenaza que se ha ejercido contra los líderes indígenas y que se viene ejerciendo todavía tiene que ser sancionada y tiene que ser reprimida con mucha severidad”, puntualizó.   Caso Saweto Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por oponerse a la tala de árboles ilegal en la región de Ucayali, en el este peruano, donde se encuentra la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, a la que pertenecían. Los victimarios son cinco madereros ilegales: los hermanos Josimar y Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Euricio Mapes. Ninguno de ellos acudió a la lectura del fallo y Mapes fue declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias.

La justicia argentina investiga un escándalo de corrupción que amenaza con implicar a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La semana pasada las autoridades argentinas allanaron varias propiedades para recabar pruebas sobre un presunto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Presiones, sobornos, audios filtrados a la prensa y un gobierno que se mantiene en silencio. La justicia argentina investiga un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que el exdirigente de este organismo, Diego Spagnuolo, a su vez próximo del presidente Javier Milei, fuese removido de su cargo tras salir a la luz unos audios aún no verificados, en el que se alude sobornos entre altos funcionarios e incluso salpican a la hermana del presidente, Karina Milei, quien es la actual secretaria General de la Presidencia. “No me ha sorprendido en cuanto a una práctica de este gobierno porque ya tiene denuncias en otros organismos”, dijo a RFI el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. “Lo que sí me ha dolido mucho es que sea en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo paradójico acá es que se hizo un ajuste salvaje de los recursos para las personas con discapacidad. Se estigmatizó a las personas con discapacidad como que tenían pensiones truchas, certificados truchos. La Justicia lo demostrará, pero por lo que se ha conocido. Además, estaban utilizando el organismo para enriquecimiento ilícito. Entonces es muy triste que desde el Estado se perpetre esto en contra de uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Yo confío en que la justicia actúe rápido, pues la justicia es la que debe dar las respuestas lo más rápido posible”, señaló. El escándalo que supone esta investigación coincide con las protestas que mantienen desde hace poco más de un mes las diferentes organizaciones a favor de los discapacitados que siguen luchando para que se apruebe una ley que permita garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos. “El Gobierno ni siquiera nombra la situación, ni siquiera habla de esto porque lo toman como que acá no ha pasado nada. Y es vergonzoso porque las organizaciones de las personas con discapacidad la están pasando mal. Los profesionales no están recibiendo, digamos, el ajuste necesario y económico con respecto a esto, y hoy tuvimos que salir de vuelta en las calles para pronunciarnos en contra de esta corrupción, porque es terrible que no haya pan en la mesa de muchos y muchas personas, cuando en realidad hay un hecho de corrupción donde se están llevando plata en nombre de la discapacidad”, deploró Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad en CTA (Central de trabajadores en Argentina). Mientras la justicia argentina actúa con rapidez tras los 16 allanamientos realizados a finales de la pasada semana en el que se incautaron teléfonos y computadoras, contrasta con el silencio del gobierno que sigue sin pronunciarse sobre este caso al cierra de esta edición.

A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina azotaba las costas estadounidenses del Golfo de México. Al estado de Luisiana llegó con rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Ese mismo día, unos diques mal construidos y poco mantenidos no resistieron las crecientes, que se desbordaron, y la ciudad quedó bajo el agua durante días. En esta tragedia 1.392 personas perdieron la vida y los sobrevivientes reinventaron su ciudad. El 29 de agosto de 2005, y los días que le siguieron, marcaron la memoria de los habitantes de Nueva Orleans. Aquel día en menos de dos horas, las inundaciones cubrieron el 80% de esta ciudad poblada en ese entonces por 484 674 habitantes, con niveles de agua que superaron los seis metros en algunas zonas. Esto provocó desplazamientos masivos y, según The Data Center, un año después la ciudad se repobló pero a la mitad, con aproximadamente 230.172 habitantes en julio de 2006. Una nueva Nueva Orleans “Viví en Nueva Orleans justo después de que ocurriera el huracán Katrina”, narra su testimonio sobre los cambios demográficos de la ciudad el Dr. Paul Kadetz, Profesor en la Escuela de Ingeniería Shiley-Marcos de la Universidad de San Diego Estados Unidos y profesor titular en el Instituto de Salud Global y Desarrollo de la Universidad Queen Margaret en el Reino Unido. “En ese momento era enfermero. Así que decidí ir para ayudar”. “Lo que presencié entonces, y en las veces que he regresado, es que la población se ha vuelto económicamente más homogénea. Ya no es tan diversa en ese aspecto como lo era antes del huracán. Esto se debe en gran parte a que los servicios públicos de ayuda ya no existen, lo que ha provocado el desplazamiento de gran parte de la población. Es importante considerar que, a diferencia de muchas otras ciudades en Estados Unidos, donde la gente está más acostumbrada a viajar y a mudarse, en Nueva Orleans la situación es distinta. Ahí es común que las familias vivan en la misma ciudad por generaciones”.   Una década después, al hacer el recuento de los daños, el entonces presidente Barack Obama aceptó que Katrina dejó al descubierto “el fracaso del Gobierno a la hora de velar por sus propios ciudadanos”. Antes del huracán, los expertos ya habían asegurado que esta ciudad era vulnerable a las inundaciones porque tiene zonas que se encuentra por debajo del nivel del mar, donde residen las personas de bajos recursos. A pesar de la titánica tarea de reconstrucción, miles de personas regresaron, como es el caso de una comunidad vietnamita que tenía en la memoria la experiencia de la guerra de Vietnam y con “una gran capacidad de resistencia hacia la adversidad”, contó el Dr. Paul Kadetz. “Estas comunidades no sólo recuperaron sus hogares, sino que además lograron que el lugar se reconstruyera según sus propias indicaciones. Algo verdaderamente inusual. Este éxito se debió en gran parte a sus características únicas”, estimó. “Eran familias que vivían juntas. Ya habían enfrentado tragedias durante la guerra de Vietnam, tras vivir como refugiados en otra ciudad. Un sacerdote los invitó a Nueva Orleans para que formaran su propia comunidad parroquial: la parroquia María Reina de Vietnam (Mary Queen of Vietnam Church, en inglés) que era el centro y pilar de todas sus actividades sociales en Nueva Orleans”. Katrina causó daños que hoy equivalen a 170.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el huracán más destructivo en la historia del país.

El gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por los incendios que arrasan varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador y director de la Fundación Tierra, advierte que el modelo agrícola y ganadero, centrado en cultivos de exportación, favorece la deforestación y la quema de tierras, agravando la devastación ambiental. El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional ante el avance de los incendios forestales en varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, estima que el sistema de producción agrícola y ganadera, ligado a cultivos como la soya, el sorgo, el azúcar y el maíz, contribuye al agravamiento de este fenómeno. Hasta este miércoles se registraban 720 focos activos de fuego, de los cuales 540 estaban en Santa Cruz y 140 en la región amazónica de Beni. Los incendios incluyen reservas naturales consideradas patrimonio ambiental. Tras decretar la Emergencia Nacional, el gobierno podrá movilizar recursos humanos, financieros y la cooperación internacional para afrontar una crisis que ya ha arrasado miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras. En 2024, Bolivia sufrió un récord histórico de devastación, con más de 12 millones de hectáreas quemadas —equivalentes a aproximadamente el 11% del territorio nacional— como consecuencia de los incendios forestales. Juan Pablo Chumacero explica el origen de estos incendios: "En los últimos cinco o seis años hemos tenido incendios de tamaño totalmente desastroso en Bolivia. Esto ha generado una serie de alertas y preocupaciones de la sociedad civil, de las ONG, de la cooperación internacional, de la justicia ambiental y también de los distintos niveles de gobierno. A pesar de ello, a pesar de existir una serie de normativas que pretenden frenar los incendios —ya que muchos son ocasionados por mano humana con el fin de ampliar la frontera agrícola o buscar maneras de enriquecimiento rápido a costa del bosque y la tierra—, se siguen dando situaciones en las que la gente vuelve a quemar". Priman los intereses económicos de la industria agrícola  Según Chumacero, los intereses económicos de corto plazo se han impuesto en la agenda política, en detrimento del medio ambiente: "Lo que está detrás de estos incendios forestales es un sistema de producción agrícola y ganadera ligado a bienes de exportación como la soya, el sorgo, el azúcar, el maíz y también la carne vacuna. Este modelo se utiliza desde hace 40 años. El crecimiento del sector depende de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y habilitar nuevas tierras de cultivo. El sector agroindustrial, agrícola y ganadero es grande, tiene poder y hasta ahora ha mantenido una relación de trabajo en concordancia con el gobierno. Por esta razón, no se ha planteado de manera seria un cambio de modelo que suponga dejar de expandir la frontera agrícola recurriendo a estos métodos. Lo que tenemos es una política que más bien facilita la expansión mediante la quema y la deforestación". Hasta el momento se han realizado 52 operaciones contra los incendios forestales, con la participación de más de 900 personas, entre ellos bomberos, militares y miembros de diferentes instituciones.

El presidente Maduro anunció el despliegue de varios millones de milicianos en respuesta a la amenaza que representa la movilización militar de Estados Unidos cerca de sus costas. El senador estadounidense Marco Rubio confirmó la semana pasada el envío de fuerzas navales y aéreas al Caribe para una operación antidrogas, poco después de que la administración duplicara la recompensa por Maduro, acusado de formar parte de un cartel, a 50 millones de dólares. El anuncio del envío de 4,5 millones de milicianos por parte de Maduro se enmarca en el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por “información que conduzca al arresto” del mandatario venezolano y en el despliegue de 4.000 soldados estadounidenses, apoyados por un submarino de ataque nuclear, destructores, aviones de reconocimiento y otros buques de guerra en el Caribe. Para Eric Sigmon, exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, el anuncio de Maduro tiene un elemento de política doméstica. "No es sorprendente que Nicolás Maduro utilice la amenaza de una posible intervención estadounidense para fortalecer la cohesión entre sus seguidores y, sobre todo, dentro de las Fuerzas Armadas. Después de todo, su permanencia en el poder depende del respaldo militar. Ahora bien, hay que reconocer que el despliegue militar [estadounidense] que estamos presenciando no tiene precedentes. Representa una escalada por parte de Estados Unidos que parece estar considerando el uso de sus fuerzas armadas para una operación antidroga a gran escala en la región", sostiene Sigmon. Para este especialista, "la lucha contra el narcotráfico liderada por Washington se ha basado tradicionalmente en la cooperación con las fuerzas policiales locales o en alianza con los gobiernos de turno". Por eso estima que "Maduro no está del todo equivocado al señalar que esta movilización es ‘inusual y preocupante’. Sin embargo, también es cierto que, desde hace años, tanto él como su antecesor, Hugo Chávez, han recurrido al discurso del peligro de los gringos para pedirle a los venezolanos que los sigan apoyando", subraya Eric Sigmon. "Es un primer paso, una forma de tantear el terreno"  En este contexto, la posición de México cobra particular relevancia. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que defiende el principio de no intervención, no solo por convicción, sino porque está en la Constitución de su país. ¿Qué tanto tendrá en cuenta la administración Trump la postura de su vecino? "El despliegue militar estadounidense es un primer paso. Es una forma de tantear el terreno, probar los límites del derecho internacional y evaluar las reacciones que podría generar. Para muchos países, en especial para México, esta acción resulta preocupante. Los mexicanos también temen que Estados Unidos intente replicar este tipo de medidas en su propio territorio. De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló que Donald Trump le propuso enviar tropas estadounidenses a México para perseguir a los líderes de los cárteles y combatir el narcotráfico, una solicitud que ella rechazó", sostiene Sigmon.

Pese a la debacle de su partido, el MAS, en la primera vuelta presidencial, el expresidente boliviano Evo Morales celebró el histórico 19,2% alcanzado por el voto nulo que promovió. El análisis de Héctor Arce, diputado del MAS y cercano a la organización Evo Pueblo, y de Roberto Laserna, investigador social en Democracia y Desarrollo. Una de las lecturas más destacadas que deja la primera vuelta presidencial en Bolivia es la hecatombe del MAS, partido cuyo líder histórico ha sido Evo Morales. Atrás quedan casi 20 años de poder que desembocaron en la fractura de la izquierda bolivariana, entre otras razones, por los enfrentamientos entre Evo Morales y el presidente saliente, Luis Arce, así como la disidencia de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y la escasa popularidad de Eduardo del Castillo, candidato del Movimiento al Socialismo en las elecciones del fin de semana. Ese partido, según Héctor Arce, diputado del MAS y simpatizante de la organización política en proceso de construcción Evo Pueblo, ha sucumbido. “El MAS está muerto, está desmantelado, ha quedado desorientado porque no hay un liderazgo que pueda buscar la unificación. De hecho, muchos de sus responsables ya están hablando incluso de apoyar a Lara. Imagínese. Son una especie de prostitutos políticos que se adueñaron de la manera más irregular de la sigla (MAS). Hoy todos ellos han quedado huérfanos, descabezados, sin propuestas, sin discurso. ¿Qué van a poder decir de estos cinco años? Nada. Por eso, Eduardo del Castillo hablaba de los logros obtenidos durante los 14 años en que Evo Morales estuvo al frente del movimiento. En cambio, no se mencionaban los logros de Lucho Arce. Entonces, los del MAS han quedado pulverizados en este proceso electoral”, sostiene Héctor Arce. Evo Morales resiste  A pesar de que el MAS esté a punto de extinguirse, Evo Morales resiste en un segundo plano tras conservar un fuerte apoyo en algunos bastiones rurales e indígenas. El primer jefe de Estado de origen indígena en Bolivia hizo campaña instruyendo a sus bases a votar nulo para generar un boicot que se reflejó en casi 1,2 millones de votos nulos, un resultado histórico con un pico del 19,2%. Este es un hecho político que hay que tener en cuenta, comenta el investigador social en Democracia y Desarrollo, Roberto Laserna. “Fracciones del MAS han participado y han recibido directamente el repudio de la ciudadanía. Pero hay que reconocer que Evo mantiene hasta casi el 15% de su base electoral. Esto representa un riesgo para el sistema político, teniendo en cuenta que ese bloque está por fuera de las instituciones. Pueden movilizarse en las calles y, como tienen poco que perder, generar mucho conflicto y convulsión social. Se puede decir que el MAS, políticamente, ha fracasado y ha demostrado una absoluta incapacidad para aprovechar las mejores oportunidades que tuvo el país, pero al mismo tiempo no está del todo muerto y seguramente va a seguir causando problemas”. Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo no lograron convencer, con un 8,2% y un 3,2% de los votos, respectivamente, mientras Evo Morales celebraba el triunfo del voto nulo, que superó el 19%.