Noticias de América

Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022. Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Se trata de uno de los casos más emblemáticos y que ha causado indignación mundial. “Nunca dejamos de buscar a los jóvenes” indicó el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos, adjuntando también el tercer y último informe de la comisión presidencial sobre este caso.Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que no tienen claridad sobre lo que se necesita para esclarecer el caso: “Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles probatorios que nos diga dónde estamos que faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso”. Sin rastroYa van 10 años desaparecidos y sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México, las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto, los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación. “Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido” indicó Rosales, quien además aseguró que “si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar”. Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas. Rosales indicó que Sheinbaum ya se comprometió a que una vez que asuma el caso revisaría el expediente. “Podemos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas. Un diálogo donde se les considere, donde se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política”. En agosto de 2022, la comisión de la verdad creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes afirmó que lo ocurrido en iguala, fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del Ejército. 

La Amazonía se encuentra en estado crítico. En menos de cuatro décadas, el pulmón del mundo perdió un área de bosques casi tan grande como Colombia, según un estudio de la red de monitoreo RAISG. Este gran ecosistema, vital para la humanidad y el planeta, experimenta una expansión “acelerada” de la minería, agricultura y ganadería.  La situación de la mayor selva tropical del planeta es "alarmante". Así lo señala el análisis del sistema MapBiomas Amazonas, que la Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada (RAISG) presentará esta semana. Entre 1985 y 2003, la deforestación destruyó un 12,5% de la cobertura vegetal de la región amazónica, un total de 88 millones de hectáreas.Esto se debe a una "transformación acelerada" del uso de los suelos, dice Sandra Ríos del Instituto del Bien Común de Perú, miembro de esta iniciativa. “Hemos visto un crecimiento enorme de lo que ha sido la minería. De 1985 hacia 2023 ha crecido en más de 1.000%. La agricultura, más de 500%, y hubo casi 300% de crecimiento en la ganadería”, explica.El año pasado fue el más devastador de las últimas dos décadas, con una pérdida de más de 3.8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 190 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. La pérdida de estos bosques, claves para la regulación del clima, tiene graves consecuencias a nivel global. “Ya estamos viendo eventos extremos en toda la región, no solamente en la amazónica, es a nivel global. Tenemos sequías, por un lado, inundaciones por el otro. Los incendios se siguen multiplicando”, indica la experta.Leer tambiénLula admite que Brasil no estaba ‘100% preparado’ para enfrentar la actual ola de incendios forestalesDesde hace semanas, grandes extensiones arden en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina, favorecidos por la severa sequía. A su vez, algunos afluentes del río Amazonas registran sus niveles más bajos en décadas. Este fenómeno no solo destruye la biodiversidad, sino que amenaza la supervivencia de los 47 millones de personas que viven en sus riberas, principalmente, las poblaciones indígenas, “siendo las más afectadas y las que necesitan respuestas inmediatas a las emergencias climáticas, porque estas poblaciones locales han sido por años barreras a la deforestación en las áreas que ellos ocupan”, aduce.Para revertir esta situación, la especialista recomienda seguir trabajando por la conservación de estos ecosistemas, pero también por la recuperación y reforestación a nivel regional, sin dejar de lado las medidas de adaptación. No obstante, insiste en que esta tarea no solo debería recaer en los gobiernos de los países amazónicos, sino que “debería ser una agenda global que no solamente se plantee desde las políticas, sino desde la identificación de estrategias claves, pero que aterricen realmente en su implementación en el campo”.Y para la RAISG, la respuesta ha de ser urgente. De seguir esta tendencia, la red considera que la Amazonía iniciará en unos años un proceso irreversible hasta convertirse en sabanas o praderas.Leer tambiénLa falta de lluvias obliga a que Bogotá vuelva al racionamiento diario de agua por sectores

Esta semana los chilenos andan de fiesta nacional. El "Día de las Glorias del Ejército" es celebrado cada 19 de septiembre, y para esta ocasión por las calles marchan numerosas compañías de militares… Numerosas por ahora pero quizá llegue el día en que a sus filas le falten soldados. Un reporte de la ONU asegura que la tasa de nacimientos de Chile es la más baja de toda América, incluso por debajo de la de Japón. Los cálculos de los expertos estiman que actualmente la tasa de fecundidad mundial es de 2,3 nacimientos, y que podría descender a 2,1 hacia mediados de nuestro siglo.El caso de Chile está muy por debajo de esas cifras: 1,17 hijos por mujer según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿A qué se debe esto?“Yo creo que un factor diferenciador de Chile tiene que ver con un cambio, una transformación social y cultural muy profunda y muy rápida que se ha dado sobre todo en los últimos 20 años en particular”, analiza Marinella Mazzei, Subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. “Los niveles educativos femeninos y la incorporación femenina al mundo laboral también se han profundizado en los últimos años, y eso ha generado una modificación importante en las trayectoria en un contexto mucho más individualista, por decirlo de alguna forma”, subraya.Este cambio cultural liderado por las mujeres también está modificando la idea que los chilenos tiene sobre qué es una familia.“A diferencia de un pasado, el ser mujer hoy necesariamente está unido al ser madre, y tampoco el ser familia, tampoco necesariamente estar unido a ser una familia con hijos, y eso es un cambio cultural profundo que se está dando en todas partes del mundo. Pero en Chile había una mirada un poco más conservadora y eso ha cambiado muy rápidamente para las nuevas generaciones”, estima Mazzei. A estas explicaciones se le suma el factor económico, concretamente el inestable panorama laboral del siglo XXI que contrasta con los años gloriosos del pasado.“De percibir que posiblemente no tengo un salario tan alto, de que posiblemente mi situación laboral no es tan estable… Las trayectorias laborales son mucho más inestables hoy que la que vivieron, por ejemplo, nuestros padres en algún sentido, y eso afecta la decisión de tener hijos en Chile y en otras partes del mundo. Fíjate que son los mismos comentarios que uno escucha en Chile respecto de lo que se escucha en jóvenes asiáticos, en jóvenes de países europeos como Francia, por ejemplo”, subraya. Marinella Mazzei también resaltó que la edad se impone como el reloj biológico que marca la mejor hora para tener hijos, especialmente para las mujeres. 

Tras suspender el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno colombiano aseguró que solo “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” por parte de esa guerrilla podría recuperar las negociaciones. Esto después que el grupo armado perpetrara un ataque a una base militar en el departamento de Arauca, hiriendo a 29 soldados y matando a otros dos. RFI habló con Vera Grabe, jefa de la delegación negociadora del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN. El atentado en la base militar perpetrado por el ELN en 17 de septiembre se suma a seis voladuras contra dos oleoductos, un ataque contra un puesto de policía en Arauca y hostigamientos a la fuerza pública en, al menos, tres departamentos de Colombia.Leer tambiénGobierno colombiano suspende diálogos con el ELN tras ataque contra el ejércitoRFI: Hasta ahora, el Gobierno se mantenía en la posición de no levantarse de la mesa y de llamar reiteradamente al ELN al diálogo. Ahora manda el balón al campo de la guerrilla. ¿Qué tipo manifestaciones “inequívocas” del ELN se requieren para que ustedes regresen a la mesa de negociación?Vera Grabe: No lo podemos predefinir. No ponemos condiciones en ese sentido porque hay muchas manifestaciones, gestos, propuestas. Pero tienen que ser claras y tienen que aparecer. No podemos condicionar y decirles qué tienen que hacer porque eso, finalmente, es volver a la lógica del regateo que no es muy útil. Queremos una claridad sobre cuál es su voluntad frente a este proceso.RFI: Varios sectores comprometidos con la paz exhortan al gobierno y al ELN a continuar sentados en la Mesa porque una ruptura del diálogo no puede dejar sino más muertos.  Pero, también hay sectores con una mirada apocalíptica sobre este proceso que reclaman el fin de las negociaciones. ¿Con qué prisma ve usted una y otra opción?Vera Grabe: Mi postura personal y como responsable de este cargo es perseverar en la paz. Volver a la lógica de la guerra, como lo reclaman algunos sectores, es muy fácil decirlo. Pero hay que fijarse en lo que ha pasado en este tiempo sin cese al fuego: la espiral de violencia que se empieza a generar.Por eso, nuestra insistencia y, además haciendo caso exactamente a lo que dice la gente en territorio, a lo que manifiestan las organizaciones, las plataformas que están diciendo: “Diálogo ya, paremos la guerra, queremos la paz”. Eso también hay que escucharlo. No es solamente un tema entre el ELN y el Gobierno, sino también de la voz de la gente que vive en los territorios y que está cansada y  no está de acuerdo con recrudecer el conflicto. Pero, para ello, se requiere una verdadera voluntad de paz del ELN.RFI: Cada vez que se pone en peligro el diálogo de paz se habla de ello, pero muy pocas veces se habla de los avances en los 22 meses de negociaciones. ¿Qué es lo más importante logrado en el proceso?Vera Grabe: El solo hecho de haber cumplido un cese al fuego fue un éxito muy alto porque se redujo la violencia en los territorios. Lo otro es toda la dinámica de la participación que es  fundamental en ese proceso: la firma de un primer punto donde se recogen propuestas y la visión que tiene la sociedad sobre la participación. Es decir, la lógica de ir cumpliendo lo que se va acordando ha sido muy importante .También fueron muy importantes las dinámicas humanitarias que sean la solución para las personas privadas de libertad en aspectos humanitarios .Es decir, hay avances fundamentales. Además, este proceso tiene un peso específico. Aquí estamos negociando con la última guerrilla del continente y, en ese sentido, tiene un especial significado también esta negociación.

Claudia Sheinbaum tomará las riendas de la presidencia mexicana el 1° de octubre. Los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están marcados por un aumento de la violencia en el norte del país donde grupos criminales controlan varios pueblos y ciudades. El ejército tiene prohibido enfrentarlos por orden del presidente. ¿Sheinbaum continuará la estrategia de seguridad de su predecesor? “¡Abrazos, no balazos!”. Son tres palabras que Andrés Manuel López Obrador ha repetido durante todo su sexenio y que resumen, según él, su política de seguridad.Para combatir el crimen organizado creó la Guardia Nacional, un cuerpo de élite en el que participan militares con funciones muy similares a la de los policías, pero que actualmente no pueden intervenir en el norteño estado de Sinaloa, las tierras del Chapo Guzmán, controlado por grupos criminales desde el 9 de septiembre.Se cuentan desde entonces 30 civiles y dos militares muertos.Leer tambiénNueva jornada de violencia en Sinaloa, México, en enfrentamientos del narco“Ha faltado en su sexenio y desde hace varios sexenios el fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública local, es decir, darles proyección, sentido, consistencia a las policías municipales y estatales”, afirma a RFI Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en seguridad.Explica que a la policía local no se le ha dado “capacidades disuasivas y de contención del delito”. Esto se ha evidenciado con la creación de la Guardia Nacional: “tiene 150.000 elementos, pero hay 422.000 policías locales, es decir cuatro veces más”.“El enfoque ha sido un tanto desigual en cuanto a la seguridad en los municipios por principio de cuentas”, asegura Oliva.La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la estrategia de Obrador de no entrar en conflicto con los criminales en el estado de Sinaloa. Según sus palabras, esto generaría una guerra.El experto apunta que esto no significa forzosamente que Sheinbaum continuará la estrategia de Obrador. “A la Secretaría de Seguridad Pública llega alguien que conoce el tema. Omar García Harfuch viene desde la policía federal, o sea, es un policía profesional. Me parece que no va a haber esta propensión a improvisar. Es una cuestión importante a considerar”, dice Javier Oliva.

Una comisión de la ONU denunció este martes una "intensificación del aparato represivo" en Venezuela en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, con violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, para "silenciar" a la oposición. Tras entrevistar a casi 400 personas y consultar decenas de documentos, el comité de expertos de la ONU afirma que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra civiles para silenciar a la población. Según fuentes oficiales, las protestas ya han dejado 27 muertos, casi 200 heridos y 2.400 detenidos.Unas cifras que Beatriz Borges, directora de la oenegé venezolana por los derechos humanos CEPAZ, considera inexactos. “Las organizaciones siguen documentando los casos de detenciones arbitrarias que no se reportan oficialmente. Y justamente ahí se ve que el número real de detenidos es diferente al que expresan las cifras oficiales”, asegura.El grupo de expertos afirma que las autoridades venezolanas detuvieron al menos 158 niños entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Un fenómeno nuevo y que los expertos de derechos humanos califican de preocupante por ser “una población clave para el cambio social”.La ONU lleva vigilando la situación en el país suramericano desde 2019. Ahora, no solo confirma que el Gobierno de Venezuela lleva todos estos años atentando contra los derechos fundamentales de la población, sino que los ha intensificado, según evidencia el informe.Para la Borges, la comunidad internacional debe dar “una respuesta firme y coordinada que esté centrada en los derechos humanos y que justamente llame al alto de la represión. Llame al alto del cierre del espacio cívico y que no puede permanecer indiferente ante las pruebas claras y contundentes de cómo el gobierno venezolano usa la represión sistemática y generalizada para mantenerse en el poder”.

Indígenas bolivianos afines al expresidente Evo Morales arrancan este martes una manifestación a la capital contra el gobierno, la crisis económica y para evitar la supuesta proscripción del MAS, el Moviemiento al Socialismo liderado por Morales. El actual mandatario, Luis Arce,  acusó a su predecesor de fraguar una estrategia para dar un golpe de Estado. Antiguos aliados y ahora rivales, ambos se enfrentan por el liderazgo en el oficialismo y por la postulación a la presidencia.  Mientras que cerca de 10.000 indígenas del altiplano boliviano manifiestan este lunes en contra del gobierno del presidente Luis Arce, el expresidente de ese país, Evo Morales, participa este martes en una marcha nacional en la que le exige al Gobierno, entre otras cosas, la inmediata solución al desabastecimiento de combustible, así como a la carencia de dólares.Para el politólogo Marcelo Silva, el expresidente Morales busca por un lado que “el Tribunal Electoral reconozca un congreso del partido que ha elegido a Morales como jefe del Movimiento Al Socialismo, pero, por otro lado, a la habilitación plena de la candidatura de Morales. Paralelo a ello, indudablemente se gesta el discurso de tener una marcha de descontento ante, indudablemente, las deficiencias de la gestión del presidente Arce”.Para algunos es una estrategia de Morales para “tratar de agrupar a otros sectores que están sintiendo estos efectos para que la movilización crezca, para que la movilización se vuelva una bola de nieve que sea incontrolable para el gobierno. Ese es el plan de Morales, definitivamente”, asegura el politólogo Silva.“Creo que solamente el discurso de ser habilitado o de ser jefe del MAS, es insuficiente para convocar a la población en general a una movilización de escala mayor que vaya a incomodar al gobierno. Pero muy diferente es de que ante esta situación se sumen otros pedidos que puedan coincidir además con otros sectores que tienen las demandas fundamentalmente económicas, ante el gobierno”, añade Silva.Las manifestaciones se dan en medio de un fraccionamiento en el Movimiento Al Socialismo, una pugna entre Morales y Arce rumbo a las elecciones generales de 2025, por lo que silva considera que “está llegando el momento de definir quién va a ser el candidato del MAS y quién se va a quedar con el partido o por lo menos con la dirección del partido. Por un lado, Luis Arce intentará mantenerse en el gobierno, mantener el poder, tratar de conseguir la personería del MAS, creo que, por la vía institucional, por la vía gubernamental, mientras que Morales entiende que eso no es posible por esa vía. Por lo tanto, está utilizando la calle, la carretera, el bloqueo, la movilización, que indudablemente será su elemento central para presionar al Gobierno una posible habilitación como candidato para las próximas elecciones”.

El estado de emergencia impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha agravado la libertad de prensa en El Salvador, así lo indican el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) luego de realizar una visita al país. Carlos Lauría, Director ejecutivo de la SIP, quien hizo parte de la misión, indica que el Gobierno de Nayib Bukele restringe el acceso a la información pública y los periodistas son víctimas de intimidaciones.“Los periodistas con los que hablamos denuncian una escalada y una estigmatización en el señalamiento, el acoso por parte de funcionarios, incluso de diputados oficialistas”, asegura Lauría.El Director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa también denuncia que hay periodistas que fueron forzados a salir del país. “Y esto de manera temporal y también permanente debido a la persecución de los periodistas y también pudimos comprobar que las tácticas de intimidación incluyen auditorías financieras, manipulación de la publicidad oficial y la existencia de troles para hostigar a periodistas críticos y ampliar la propaganda oficial”, agrega.  Estigmatización, acoso y amenazas por parte de figuras del Gobierno contra los trabajadores de la prensa, constataron las dos organizaciones según Lauría, quien además lamentó que muchos han preferido dejar de ser periodistas.El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, negó que exista una persecución a la prensa en el país. Pero ambas organizaciones aseguran haber verificado los hechos y lamentan que desde la implementación del estado de emergencia, se haya creado un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.

Miles de seguidores del expresidente Alberto Fujimori desfilaron este jueves frente a su féretro, expresando su reconocimiento al 'héroe de la paz' y minimizando las violaciones de los derechos humanos que lo llevaron a la cárcel. 'Aunque les arda, Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú', dice uno de ellos. Informe de nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega. Decenas de simpatizantes fujimoristas hacen fila esperando ver el féretro con los restos del exdictador, mientras entonan: "Fujimori presidente, costa, sierra y selva".También se encuentran ahí excongresistas y exfuncionarios de su régimen. Todos ellos se congregaron en el Museo de la Nación y en el Ministerio de Cultura para el velatorio del expresidente que gobernó autoritariamente Perú entre 1990 y 2000. Alberto Fujimori falleció el miércoles a los 86 años. Los actos por su velorio se prolongarán hasta el sábado, cuando será enterrado.Luis Herrera es uno de los primeros en llegar a la fila para ver el cuerpo del expresidente. "Aunque les arda a los opositores, a los terroristas y a los caviares, Fujimori ha sido para mí el mejor presidente del Perú. Hizo buenas obras. Tal vez cometió errores, pero su balance es muy favorable, más favorable que desfavorable", afirma Herrera.Juan Roberto Castillo es simpatizante del fujimorismo desde la época del gobierno de Alberto Fujimori. "Fue el mejor presidente. Reintegró la economía nacional y combatió el terrorismo", dice.Nancy también es simpatizante del fujimorismo desde hace muchos años. "Quiero mucho a este hombre. Fujimori nos dio la paz y la estabilidad económica, y derrotó al terrorismo", dice mientras otros fujimoristas entonan: "Alberto Fujimori, héroe de la paz".Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero sus simpatizantes niegan esos cargos, a pesar de las múltiples pruebas con las que fue condenado por la Corte Suprema.'Todo gobierno es corrupto'Eddy se muestra escéptico sobre los cargos que pesan sobre el expresidente peruano: "Muchos de los cargos que se le imputaron han sido falsos. En una guerra hay buenos y malos. ¿Qué podemos hacer? A veces hay inocentes", sostiene Eddy, mientras otros fujimoristas acusan a "los enemigos" del expresidente, quienes, según ellos, "han estado al mando de la justicia y se inventaron" esos cargos.Sobre las violaciones a los derechos humanos y la corrupción por las que fue sentenciado Fujimori, otro de sus seguidores, Francisco García, dice: "Él atacó el terrorismo y, desgraciadamente, eso tiene consecuencias. En esta lucha también caen personas inocentes. Desgraciadamente, esa es la realidad. En cuanto a la corrupción, todo gobierno lo es", afirma.La presidenta Dina Boluarte estuvo en el velorio y se unió en un fuerte y prolongado abrazo con Keiko Fujimori, hija y heredera política del autócrata fallecido.

En entrevista con RFI Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver, se muestra escéptico sobre el impacto que puedan tener las sanciones decretadas por Washington contra 16 funcionarios venezolanos, entre ellos, Caryslia Beatriz, presidenta del Tribunal Supremo, pero que dejan por fuera el sector petrolero.  Dieciséis funcionarios del gobierno venezolano se han agregado a la larga lista de sancionados por Estados Unidos. Las sanciones son una medida de presión de Washington que exige a Maduro rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos y por obstruir las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Washington considera esas elecciones fraudulentas. Este jueves, medio centenar de países y la Unión Europea, en bloque, pidieron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen de inmediato los resultados.Las sanciones incluyen la congelación de activos individuales. Su impacto, sin embargo, es mínimo, según Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Denver y quien investiga sobre este tipo de sanciones."La política de sanciones no tiene impacto. Ya se ha utilizado muy fuertemente contra Venezuela. La administración Trump impuso una serie de sanciones que denominó de 'máxima presión'. Parte del concepto de un máximo es que, si maximizas la presión, la llevas a su límite, entonces no la puedes aumentar más. Recordemos que hay dos tipos de sanciones que impone Estados Unidos: las económicas y las personales. Estas sanciones son sanciones personales, sanciones a funcionarios", explica Rodríguez.En efecto, la industria petrolera venezolana, que se considera uno de los principales pilares financieros del gobierno, ha estado bajo sanciones desde 2019. Hubo una pausa parcial durante seis meses, pero luego las medidas se reanudaron, considerando que el mandatario Nicolás Maduro había incumplido sus promesas electorales. Sin embargo, Estados Unidos otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Según Francisco Rodríguez, Washington actúa con cautela en este frente por temor a agravar la crisis económica y, en consecuencia, aumentar la ola migratoria."Las sanciones económicas al sector petrolero, por ejemplo, pueden tener un mayor impacto sobre la economía, pero también son peligrosas porque tienen un efecto colateral sobre aquellos venezolanos que no forman parte del régimen".Para Rodríguez, es muy difícil que el gobierno de Maduro ceda a este tipo de presiones. "La idea de las sanciones es crear incentivos para que el otro negocie. Pero, usualmente, en este tipo de regímenes, los dictadores no entregan el poder mediante una negociación", concluye Rodríguez.Tras el anuncio, Venezuela calificó las sanciones como un "acto grosero que busca congraciarse con quienes quieren derrocar sin éxito la democracia bolivariana".

México está a punto de convertirse en el primer país del mundo donde se elija por voto popular a todos sus jueces. Tras ser aprobado por Cámara y Senado, la polémica reforma al poder judicial debe ahora conseguir el aval de 17 de los 32 estados federales y Oaxaca fue el primero en dar luz verde. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el próximo 1° de octubre, pero justo antes de irse impulsó la reforma al poder judicial que ha resultado polémica por puntos como permitir la elección popular de todos los jueces del país, algo que no se práctica en ningún lugar.  "Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", dijo López Obrador, a quien la Corte Suprema le ha bloqueado reformas que por ejemplo, ampliaban la participación del Estado en el sector energético o dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.Leer también¿Por qué la reforma de López Obrador amenaza la independencia judicial en México?Tras aprobación en Cámara y Senado dicho proyecto, que ha enfrentado numerosas manifestaciones, avanza en los Estados Federales y Oaxaca fue el primero en dar su aval. El diputado de este estado del sur de México, Horacio Sosa, quien pertenece al partido oficialista Morena, defiende que la reforma acabaría con la corrupción.“Cuando la ley nos dice que tiene que ser expedita, pues la justicia es muy tortuosa. Hay juicios que tardan años, en los que los magistrados no atienden porque la gente del pueblo no tiene los recursos suficientes. Desgraciadamente, todo es dinero y se presta a la corrupción; solamente si das dinero, te atienden”, asegura.Una de las críticas a esta reforma es que acabaría con la división de poderes, y que se perdería la garantía de la carrera por méritos de los jueces, pero el diputado Sosa no opina lo mismo.Leer tambiénLa reforma judicial en México busca la concentración del poder“Anteriormente [la Justicia] era como un partido político que construía su teatro en el que gente con doctorados nos vendían en los medios de comunicación y nos hacían creer, como una novela, que ellos eran los buenos y los que iban a impartir la justicia. Y nos llevamos muchos fiascos. Hoy creemos que eso tiene que cambiar. Aquí, en los pueblos de Oaxaca, la gente tiene experiencia, ya no la podemos engañar. Porque hay gente que tiene doctorados y maestrías y de nada ha servido. O sí, para defender los intereses de unos pocos”. Algunos magistrados mexicanos, Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch advierten que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales, en un país donde se registran 80 homicidios, 100.000 desaparecidos y el 90% de los casos quedan en la impunidad.

RFI pudo conversar con uno de ellos, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse "desterrado" y "golpeado". La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega. La ONU denunció una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados.  Nicaragua revocó este martes la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos, un total de 135 personas que por mediación de Estados Unidos fueron enviadas la semana pasada a Guatemala, en una práctica utilizada antes y que la ONU rechaza. La medida fue anunciada por el poder judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión desde las protestas de 2018, según la ONU. Un tribunal de Managua ordenó la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según un comunicado.RFI pudo conversar con uno de los 135, Jason Salazar, activista político detenido en 2023, que dice sentirse "desterrado" y "golpeado" y señaló en nuestra antena: "El destierro es una medida que Ortega y Murillo aplican para los nicaragüenses. Después de 18 meses en los que estuve encerrado en los calabozos del régimen, forzadamente me veo salir al exilio, al destierro, y con la noticia de que según la dictadura ya no somos ciudadanos nicaragüenses. Pero el "ser nicaragüense" es algo que no nos pueden arrebatar". Ahora Salazar y otros compañeros tienen que adecuarse a una nueva vida, en algunos casos sólo por haberse expresado en contra del gobierno. "Nos encontramos en un proceso de reasentamiento. Estamos intentando buscar la mejor manera para resolver nuestra situación migratoria en Guatemala. Hay muchos compañeros que estuvieron presos, y ahora quieren viajar y estamos en ese proceso". La ONU denunció este martes una ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a "proteger". El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debatió en Ginebra el informe sobre la situación en Nicaragua, presentado por Christian Salazar Volkmann, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.El gobierno de Ortega ha endurecido la legislación y la represión tras las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés y sus bienes fueron confiscados. Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes confiscados. "La comunidad internacional todavía no entiende el tipo de régimen con el que se está lidiando, no es una dictadura al uso" explica en RFI Manuel Orozco, responsable del programa de migración de la organización Diálogo interamericano. Orozco habla de "purgas" constantes cada tres meses que van reseteando el régimen. Tras la llegada de los 135 exdetenidos a Guatemala, un enviado estadounidense pidió a Ortega que no los despojara de la nacionalidad nicaragüense, como hizo con otros presos políticos liberados y opositores exiliados.

El exoficial argentino Carlos Malatto, procesado por un tribunal penal en Roma por el asesinato y desaparición de ocho opositores durante la dictadura cívico-militar, exigió este 9 de septiembre ser juzgado por la justicia militar italiana. La dictadura argentina duró de 1976 a 1983 y las organizaciones de derechos humanos calculan que murieron o desaparecieron alrededor de 30.000 personas. Actualmente, un tribunal de Roma procesa al ex oficial argentino Carlos Malatto, acusado del asesinato y desaparición de ocho opositores.En un intento de retrasar el caso, la defensa ha pedido que sea juzgado por la justicia militar italiana. Algo fuera de lo habitual, explica Jorge Ithurburu, portavoz de la Asociación de Víctimas del 24 de marzo y parte de la acusación: “Nosotros, en los juicios que hicimos contra distintos generales como Suárez Mason y Riveros en 1999-2000, siempre lo hicimos ante la justicia civil. El fiscal también lo precisó. O sea, estos son delitos comunes por lo que los juzga la justicia común”.Conexiones políticasEn 2011, la justicia argentina pidió la extradición de Malatto, pero en 2014 fue rechazada por la Corte Suprema de Casación. Según Ithurburu, las conexiones políticas del militar tomaron cartas en el asunto.“La conexión entre los diputados y senadores que fueron a ver recientemente a los detenidos en la cárcel de Ezeiza, la hizo un sacerdote de apellido Olivera, que es el hijo del mayor Jorge Olivera, que prestaba servicio con Malatto. Entre Villarruel, Olivera y Malatto hay una relación, como hubo una relación antes entre su abogado, Augusto Sinagra, con los grupos neofascistas argentinos que lograron liberarlo a Olivera en el año 2000 aquí en Italia”, subraya.Más de 90 personasCarlos Malatto fue parte del “estado mayor operativo” de un regimiento conocido como RIM 22. Ithurburu asegura que, durante este episodio de su vida, el militar argentino cometió muchos más crímenes contra los derechos humanos.“El juez Rago Gallo pedía a Malatto en este pedido de extradición por 26 homicidios. Además de los homicidios, están otras 30 o 40 personas que fueron secuestradas, torturadas por Malatto y enviadas a la cárcel, donde cumplieron varios años de cárcel sin ningún juicio. También debemos considerar alrededor de unas 30 personas que fueron en distintos momentos secuestradas, llevadas al RIM 22 o a la cárcel de Chimbas, allí torturadas y después de algunas semanas liberadas. Por lo que las víctimas del teniente coronel Malatto superan las 90 personas”, indica Ithurburu.Entre las ocho víctimas por las que es procesado Malatto en este juicio en Italia están Carlos Cámpora, quien fuera rector de la Universidad Provincial de Sarmiento, y la modelo francoargentina Marie Anne Erize.

Kamala Harris y Joe Biden participaron juntos el lunes 2 de septiembre en un acto de campaña en Pensilvania, un estado con potencial para inclinar la elección presidencial. El dúo demócrata se reunió con sindicalistas en una jornada centrada en la defensa de las clases medias y trabajadoras. A 60 días de la elección presidencial, el volátil estado de Pensilvania es uno de los territorios donde los resultados se anuncian más reñidos. Este estado del cinturón manufacturero, al noreste del país, será clave para ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre.No es casualidad que la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ataque la recta final de su campaña en Pensilvania, estado caracterizado por la desindustrialización, el lunes 2 de septiembre, el día de la fiesta estadounidense del trabajo, el Labor Day. Convencer a las clases trabajadoras Para Mauricio Tenorio, experto en políticas de la Universidad de Chicago, Harris hace frente a un gran reto, convencer de nuevo al electorado que apoyó a Biden en 2020 y dio la espalda a Clinton en 2016: “Hillary Clinton, en Pennsylvania, es donde empezó a hablar de los ‘deplorables’. Esa clase obrera afectada por todo el proceso de industrialización y globalización a partir de la década de los 90. Hay que tener mucho cuidado con ella. No puede llegar con el mismo desprecio que llevaba Hillary”.Harris, junto al actual presidente Joe Biden, intentó mostrarse favorable a los sindicatos y a los trabajadores, pero la situación actual es muy distinta a la que conoció el estado en el siglo 20. “Imaginarse que la clase obrera latina va a poder vivir como vivían en los años sesenta, con salarios seguros, sindicato, es un poco demagógico”, según el experto de la Universidad de Chicago. Para ello, tanto Harris como Trump han prometido detener venta de la siderúrgica US Steel a la empresa japonesa Nippon Steel por 14 000 millones de dólares. Un símbolo que ambos candidatos tienen claro que puede convencer al electorado, a pesar de que el bloqueo podría conllevar el despido de miles de empleados. “Claro que es un símbolo muy importante, que una compañía que tiene muchos empleados no sea comprada por el extranjero”, explica Mauricio Tenorio. Leer tambiénEl crucial apoyo de la comunidad afroamericana a Kamala HarrisContinuar la reindustrialización iniciada por BidenKamala Harris también espera beneficiarse de los grandes proyectos de reindustrialización lanzados por el presidente Joe Biden, de la popularidad de su candidato a vicepresidente, Tim Walz, y de sus orígenes raciales para lograr la victoria en Pensilvania. Para Mauricio Tenorio, la dinámica creada por la candidata es, por el momento, positiva: “Antes de que Harris fuera nombrada, las encuestas nacionales decían que Trump estaba cinco o seis puntos arriba y en las encuestas locales también estaba arriba en Pennsylvania. Y ahora las encuestas dicen que Kamala está, según unas, tres puntos arriba en Pennsylvania y en otras, empatada. Entonces, si le está yendo mucho mejor.”Los resultados de la visita de Kamala Harris a Pensilvania quedarán visibles tras el debate del próximo 10 de septiembre con Donald Trump, que tendrá lugar en Filadelfia y será retransmitido por la cadena ABC.

El gobierno de Gustavo Petro lidia con las peores manifestaciones de su mandato, a una semana del inicio de las manifestaciones contra el alza del precio del diésel. Mientras siguen los bloqueos en las más grandes ciudades colombianas, los ciudadanos deben arreglárselas para movilizarse. A pie, en bicicleta, en moto-taxis o en volquetas, los residentes de las afueras de Bogotá han creado todo tipo de estrategias para llegar a sus trabajos o a sus casas luego de la jornada laboral, ante los bloqueos de los camiones.Herney Daza llega hasta donde le permite avanzar el sistema de transporte público Transmilenio, por la troncal de la Avenida Caracas: “De aquí a la casa estoy como a hora y media”.  Oficiales antidisturbios recibieron la orden de desalojar los camiones, después de cuatro días de parálisis intermitente, en vías principales de Bogotá, y otras grandes ciudades de Colombia como Bucaramanga, Cali y Medellín.El alza del diésel, una medida “injusta” para los camioneros Los conductores de camión ya completan una semana en paro, y pese a los desalojos en algunas vías, nuevos bloqueos aparecen en las entradas y salidas de las más grandes ciudades colombianas. El gobierno del izquierdista Gustavo Petro no ha logrado un acuerdo con los transportadores, luego de subir el precio del diésel 50 centavos de dólar este fin de semana. Una medida que el gobierno considera necesaria para llegar a precios internacionales, y que los camioneros creen injusta.Iván Gómez, camionero, justifica sus acciones, temiendo una subida de precio de los alimentos y desabastecimiento: “A todos nos perjudica. No solo yo, como transportador, sino a todo el pueblo, porque la canasta familiar se va a poner muy costosa”.El gobierno afirma que no puede seguir subsidiando el precio del combustible, y que este debe subir para tener paridad con el internacional. En las negociaciones, el gobierno ofreció bajar el incremento inicialmente previsto, de 50 a 20 centavos de dólar, hasta diciembre. “Hemos llegado hasta el límite del gobierno nacional”, afirmó Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior.Los ciudadanos hacen lo posible para movilizarse Ante los bloqueos, los ciudadanos intentan movilizarse como pueden. Como en el sur de Bogotá, una de las zonas más pobres de la capital, dónde decenas de personas tienen que hacer un gran esfuerzo físico para llegar a sus destinos.Las calles de la multitudinaria ciudad se ven más vacías que de costumbre. Los horarios laborales se extienden para calcular la demora en el transporte.  En algunas empresas, incluso, empiezan a implementar el teletrabajo.Leer tambiénCamioneros bloquean importantes rutas de Colombia en protesta por el aumento del diésel

Este miércoles 4 de septiembre, la Cámara de diputados de México, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobó la polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces. Por el momento, queda debatir varios artículos del proyecto en el Senado, pero ya está un paso más cerca de ser incorporada en la Constitución. La polémica reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva semanas en el foco mediático, ya que, tanto la oposición como parte de los trabajadores del poder judicial, afirman que supone un riesgo para la democracia.  El proyecto plantea que tanto jueces y magistrados, incluso de la Corte Suprema, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Juana Fuentes Velázquez, directora de la asociación nacional de jueces de distrito del poder judicial de México, considera que esta reforma amenaza la independencia judicial.  Ante esta situación, Velázquez asegura que piensan impugnarla, a pesar del debate mediático: “Existe la posibilidad que podamos impugnar, el tema aquí es que, como nosotros somos los involucrados en esa reforma, estamos en constante riesgo de que se califique nuestra actuación como una actuación parcial, ya que sería promovida por los jueces y magistrados y quienes tendrían que conocer serían los mismos jueces y magistrados o en su caso, la Suprema Corte”, explica. El presidente López Obrador impulsó la reforma tras denunciar que los jueces del máximo tribunal eran aliados de la oposición y recibían sueldos por encima de lo legal. Velázquez asegura que estas son acusaciones sin fundamento, y pone en entredicho la capacidad del proyecto judicial para acabar con la corrupción y la influencia de las bandas criminales.  “En el caso del Poder Judicial federal, es totalmente este falso lo que él ha dicho. Justamente él sabe que el el problema de corrupción empieza en los poderes locales y también en las fiscalías, y ellos no los están moviendo·, denuncia. Esto es, según Velázquez, porque son ellos mismos “los que obedecen los intereses de las personas que los nombran, en este caso del Ejecutivo”. Leer tambiénEl ABC de la reforma judicial que agita las aguas en MéxicoAún así, la jueza reconoce que el sistema judicial de México necesita una reforma integral para resolver problemas como la lentitud o la falta de acceso de la ciudadanía a la justucia. “Hace poco, la relatora de la ONU emitió también un requerimiento al presidente de la República, exponiendo cuál es el aspecto internacional, cómo ven ellos el incumplimiento de esos compromisos y cómo es que se puede dar una solución al problema de Justicia en un país como el nuestro”, asegura. Pero, insiste, “jamás se acepta que sea quitando a los jueces y magistrados federales”. La comunidad internacional también ha criticado el proyecto. Tanto Estados Unidos como Canadá temen que la reforma judicial ponga en peligro la democracia en el país y amenace las relaciones comerciales con México. 

En medio de un contexto de más de 250 % de inflación anual en Argentina, el presidente, Javier Milei, vetó un aumento del 8,1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Legislativo. La reforma buscaba paliar los efectos del ajuste fiscal impuesto por el Gobierno, que recayó en un 33 % sobre el sistema de jubilaciones y pensiones que beneficia a unos siete millones de personas. "¡Paso a paso se viene el jubilazo!", gritaban en algunas de las protestas de los últimos días, a pesar de las cuales los jubilados no han impedido que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetara la ley del Congreso para aumentar las jubilaciones. Milei se justificó argumentando que ponía en riesgo el equilibrio fiscal.Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de Buenos Aires, asegura que supone abandonar a este sector de la sociedad: "La persona mayor en Argentina tiene que optar todos los días entre comer o comprar un medicamento. En este universo de las personas mayores, desde hace muchos meses que se está viviendo una crisis humanitaria. Es decir, la situación en términos de lo económico y en cuanto a lo sanitario han generado no solo la pérdida de calidad de vida del sector, sino la pérdida de vidas en sí mismas". La nueva ley establecía un aumento del 8,1%, que las actualizaciones tuvieran en cuenta tanto la inflación como la evolución de los salarios y que la jubilación mínima no fuera inferior al 1,09% del valor de la canasta básica.Esto dejaba la jubilación mínima en tan solo 320 dólares, una cifra que no llega ni a la mitad del valor de la canasta básica, según la Defensoría de la Tercera Edad: "La pequeña reforma que plantea la ley sancionada se debatió durante siete meses y en estos siete meses se siguió licuando el haber del jubilado. Siguió perdiendo poder adquisitivo, por lo cual la pequeña recomposición de la cual habla la sanción es insignificante en términos de lo que representa el haber para los 5 millones de quienes perciben la mínima". Para Eugenio Semino, sin un cambio estructural es imposible ayudar al millón de jubilados que depende únicamente de esta prestación: "Lo que estamos requiriendo para ese sector es una inmediata ayuda en términos de emergencia con recursos de fuera de la Seguridad Social y, en paralelo, debatir entre todos los actores políticos sindicales de la sociedad, una reforma estructural del sistema de Seguridad Social". El Congreso puede revertir el veto presidencial, siempre y cuando la ley consiga el apoyo de dos tercios de ambas cámaras. 

En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott indicó que más de un millón de votantes fueron eliminados del censo electoral por diversos motivos, fallecimiento, mudanza... El republicano también arremetió contra la existencia de supuestos votantes ilegales. Una retórica que fue criticada por la organización de defensa de los derechos civiles de latinos de Estados Unidos, LULAC, que defiende a los votantes latinos. A principios de agosto, nueve policías texanos allanaron la casa Lidia Martínez, una octogenaria texana, activista de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que defiende los derechos civiles de la población latina en Estados Unidos. Fue un registro policial basado en sospechas de infracción a las leyes electorales, pero que la organización LULAC califica de maniobra para intimidar a los activistas latinos que ayudan a los mayores a votar por correo.A finales de agosto además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la eliminación de cerca de un millón de personas del padrón electoral. Muchas de ellas habían fallecido o se habían mudado. Y solo 6.500 de ellas no poseían la ciudadanía. Un dato que el gobernador conservador utilizó para agitar el espectro de un supuesto voto ilegal de migrantes.“Básicamente, este es otro atento de parte del gobernador y del fiscal general de intimidar, para que la gente no salga a votar, especialmente la población latinoamericana”, explica a RFI el abogado texano Domingo Garcia, expresidente de LULAC.“Aquí en Texas ya somos la mayoría de la población por la primer vez desde 1840 y pienso que ellos andan asustados, tienen miedo del poder y el voto latino en Texas, que posiblemente los pueda sacar del poder. Estas tácticas del gobernador de decir que vamos a quitar un millón de votantes cuando la realidad es que en un 99% es gente que murió, no es nada. En cuanto a los otros, dicen que son ilegales cuando no hay ninguna prueba. No ha habido ningún caso de una persona indocumentada registrándose para para votar y que vote. Es absurdo si lo piensas, pero es la mentira que dice el gobernador Abbot y también el candidato Donald Trump”, asegura.Las organizaciones que defienden los derechos civiles acusan con frecuencia al gobernador de Texas y de otros Estados. De querer obstaculizar el voto de los latinos, de la población más pobre.“Lo han hecho difícil para votar. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Dallas, Texas, pero si yo voy a San Antonio, Texas, o voy a Houston, Texas, y registro alguien a votar a mi tío, a mi tía, a mi abuelito, entonces cometo un crimen porque no vivo en Houston. Eso es absurdo, no pasa en California, no pasa en Nueva York. Si yo le ayudo a mi abuelita a llenar el Boleto porque no ve bien o no puede mover la mano, no puede firmar, yo cometo una felonía que lleva de 2 a 20 años en la cárcel por ayudar a un anciano a votar. Ese tipo de prácticas es lo que estamos viendo”, denuncia.Una reforma de Texas de 2021 llamada SB1 eliminó además el voto desde el automóvil, y redujo los horarios de apertura de los centros de votación.“Hace 4 años para atrás, dejaron las urnas abiertas 12 horas para la gente que trabaja, que podía ir a votar temprano o tarde. Ahora solamente hay ocho horas de votaciones, otra vez limitando a la gente obrera de ir a votar porque mucha gente no puede salir a votar y el Partido Republicano sabe eso y por eso pone esas restricciones”.La Ley SB1 que restringe el acceso al voto fue impugnada en un tribunal federal por organizaciones defensa de los derechos civiles y está pendiente de una resolución.

En Honduras, la presidenta Xiomara Castro tomo una decisión inédita dando por terminado el tratado de extradición que une el país con Estados Unidos. Varios expertos en seguridad consideran que este anuncio podría ser recibido como un mensaje de impunidad por los narcotraficantes en Honduras. El tono subió entre Tegucigalpa y Washington a raíz de una declaración de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien criticó al ministro de Defensa hondureño por haberse reunido con su par venezolano Vladimiro Padrino, sancionado por Washington."La injerencia de Estados Unidos es intolerable. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno", declaró este jueves 29 de agosto la presidenta Xiomara Castro y canceló el acuerdo de extradición que existe entre Tegucigalpa y Washington.Este tratado ha permitido extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Nueva York por tráfico de drogas.El argumento de la injerencia, sin embargo, no convence a varios expertos en temas de seguridad. “Lo que se andaba buscando era un motivo o un pretexto para que el país continuase entregando, a veces obsequiosamente, a los traficantes hondureños a la justicia norteamericana”, apunta al micrófono de RFI el exdiputado Raúl Pineda Alvarado, hoy profesor de derecho en la Universidad Nacional de Honduras.Explica que el tratado era útil en la medida en que los narcotraficantes “le tienen miedo” a la extradición. “En el caso de Honduras ha sido beneficioso en tanto figuras del narco, que no tenían ni siquiera una sanción de tránsito, fueron expeditamente llevados a los Estados Unidos y el 100% de ellos han sido objeto de condena”, dice."Proteger al entorno familiar"¿Por qué razones Xiomara Castro busca denunciar el acuerdo de extradición? “En las cortes de Estados Unidos se ha mencionado a personas cercanas al entorno familiar de la presidenta, como vinculadas o relacionadas con personajes del narco. Una de las especulaciones es que el afán de proteger a estas personas es lo que ha determinado la declaración de que Honduras no está dispuesta a cumplir con las obligaciones que le da el tratado”, asegura Pineda Alvarado.El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, indicó por su parte que la decisión de la presidencia se debe a temores de que Estados Unidos utilice este tratado como un arma política contra funcionarios del gobierno hondureño.