Noticias de América

Los tres años de conflicto en Haití a causa de la violencia de las pandillas que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, ha provocado una crisis humanitaria por el desplazamiento interno de sus habitantes, entre ellos, 680.000 niños, denuncia la UNICEF. El desplazamiento de niños se ha duplicado en un año, según la organización. Entrevista con Roberto Benes, director de la agencia para América Latina y el Caribe de la UNICEF. En un vídeo de UNICEF sobre un campamento de desplazados en Puerto Príncipe, se ve a un grupo de siete niños jugando a lanzar una botella, un juguete improvisado que les permite tal vez olvidar por un momento su realidad. "Casi 680 mil niños y niñas se han visto obligados a dejar sus casas. La muy alta inseguridad y los niveles de violencia se reflejan también en los rostros, en la voz de las niñas, los niños y los adolescentes que he visitado en los sitios de desplazados que he visitado en estos días. Son historias terribles, son historias de vidas sin esperanza honestamente, de muchos de ellos", dice a RFI Roberto Benes, director de la agencia para América Latina y el Caribe de la UNICEF. Los tres años de guerra en Haití contra bandas armadas han provocado una crisis humanitaria por el desplazamiento interno de sus habitantes. "Hay desplazamientos de población hacia zonas muy peligrosas en la capital, de altísima inseguridad, especialmente en áreas como el denominado 'Bronx', hacia otras zonas de Puerto Príncipe que siguen siendo relativamente más seguras. También se registra otro movimiento hacia el sur del país, donde las condiciones siguen siendo comparativamente más seguras. Además, hay desplazamientos en el interior del país, no solo desde la capital, sino también desde otros departamentos afectados por la violencia, como Artibonite, donde la población se dirige hacia el sur en busca de mayor seguridad', subraya Benes. Crisis de la protección de los derechos de los niños La agencia para la infancia de la ONU deploró en un informe el incremento de la violencia hacia los niños y adolescentes, incluso de quienes logran permanecer en sus casas. "No olvidemos que la crisis de Haití es una crisis principalmente de la protección de los derechos de los niños que están bajo situaciones de violencia, de abuso, de explotación. Tenemos más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes en una situación de necesidad de asistencia humanitaria. En Haití tenemos 276.000 niños menores de cinco años que se están enfrentando a muy altas tasas de malnutrición aguda y  tenemos casi 1600 escuelas cerradas que son ya sea atacadas u ocupadas por los grupos armados que impiden de manera práctica el acceso a la educación". UNICEF aseguró que no tiene los fondos suficientes para atender completamente esta emergencia en el país más pobre de América Latina. Tiene un déficit de más de 250 millones de dólares.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Chaves por presunta "beligerancia política", dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema. Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, explicó a RFI las incertidumbres que rodean el proceso, así como las posibles consecuencias jurídicas y políticas.    El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 —en los que no puede aspirar a la reelección—, al determinar que "aprovechó ilegítimamente" su cargo para "favorecer un programa político".  La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido. El procedimiento por "beligerancia política y participación política prohibida del presidente" puede culminar con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de entre dos y cuatro años, según el TSE. Hace dos semanas, el 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó la solicitud de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero. Según un comunicado del TSE, el pedido para "el levantamiento de la inmunidad" fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores. Sin embargo, este martes el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento, nuevamente, de "beligerancia política".  ENTREVISTA: "Es incierto cuánto pueda durar este proceso"  RFI —Juan Luis Rivera, usted es coordinador del Cuerpo de Letrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, unidad especializada dentro del TSE que cumple funciones jurídicas clave en el ámbito electoral. ¿Por qué este organismo instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves? Juan Luis Rivera —Después de analizar 15 de las 24 denuncias que se han presentado contra el señor presidente, se determinó que estas 15 superaban los requisitos de admisibilidad, es decir, que cumplían con todos los elementos exigidos en nuestro ordenamiento jurídico para continuar con un proceso de beligerancia. Sin embargo, por tratarse de la persona investigada, un miembro de un poder de la República —en este caso, el Presidente— es necesario, para poder continuar con el procedimiento correspondiente, que la Asamblea Legislativa levante la inmunidad de funcionario. RFI —¿Cuáles fueron esas denuncias? Juan Luis Rivera —Son denuncias presentadas por personas distintas que se refieren a hechos similares ocurridos en las cadenas de televisión. El Presidente de la República, junto con una serie de funcionarios de la mayor jerarquía del Estado costarricense, tienen prohibición absoluta de referirse a temas político-electorales o político-partidarios. Esta decisión, o esta restricción, está prevista en la Constitución. Estamos en una fase inicial. Este levantamiento de inmunidad permitiría investigar las conductas que se le están atribuyendo al señor Presidente, aquellas donde exista la posibilidad de ahondar en prueba, en poder analizar otros elementos que podrían estar rodeando estos hechos. RFI —¿Cuáles podrían ser las consecuencias para Chaves, el político conservador de 64 años, cuyo mandato finalizará en 2026? Juan Luis Rivera —Las consecuencias para un funcionario que pueda comprobársele que infringió las prohibiciones relativas a la beligerancia incluyen el riesgo de sanciones como la destitución del cargo o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, aclaro que son consecuencias que se aplican hasta que se cumpla con el debido proceso y se verifique si efectivamente se incurrió en la falta o no. RFI —¿Cuánto tiempo podría durar este proceso? Juan Luis Rivera —Es un tanto incierto porque, en este momento preciso, por ejemplo, depende de cuánto vaya a durar la Asamblea Legislativa en este trámite. Después, si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud —es decir, si 38 diputados acuerdan el levantamiento de la inmunidad del señor Presidente— esto regresa al Tribunal Supremo de Elecciones. De modo tal que son una serie de etapas que se deben cumplir antes de poder llegar siquiera a que el Tribunal pueda continuar con la investigación.

El Gobierno de Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas de grupos indígenas contra la subida del precio del diésel. Las autoridades argumentan que el periodista era una "amenaza" para la seguridad del país, mientras que varias organizaciones denuncian la situación como una violación más de los derechos humanos. Bernat-Lautaro Bidegain es un periodista español que, hasta esta semana, cubría las violentas manifestaciones que están teniendo lugar en el norte de Ecuador, especialmente en la región de Imbabura, para el medio digital Globalat. Pero este domingo, las autoridades lo detuvieron y lo expulsaron a Colombia para más tarde ser trasladado a España, acusándolo de ser "una amenaza" para la seguridad. Una situación irregular Para Ingrid García, directora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), se trata de una detención arbitraria sin fundamento legal: “Es una situación un poco irregular. Fue abordado por miembros de la policía que en principio dijeron que estaba siendo investigado por una denuncia. Luego dijeron que era un control migratorio de rutina y fue llevado a una oficina de migración. Después de seis horas fue deportado”, cuenta. “No esperaron a que llegue ni el consulado español ni la embajada y tampoco escucharon los argumentos de su abogado. Aludían a un informe de inteligencia, pero no pudo hacer una contrarréplica de lo que decía ese informe, al menos”, subraya. La directora ejecutiva de INREDH cuenta que esta no es la única violación al ejercicio de la libertad de prensa. Además, señala que también se está produciendo una persecución contra líderes: “Ha habido una persecución a líderes sociales que se les ha tachado de terroristas, que se les ha culpado de enriquecimiento ilícito. Muchas organizaciones y líderes amanecen con sus cuentas bloqueadas. Muchas de esas cuentas tienen cero dólares y aun así están siendo acusados de enriquecimiento ilícito. Entonces, es un poco paradójico”, indica García. Hacia una exacerbación de las protestas y su represión La detención de Bidegain coincide con la imposición del presidente Daniel Noboa de un estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. Algo que promete agravar la violencia de estas manifestaciones y dificultar las negociaciones, según García. “Los estados de excepción que ha emitido bajo decreto el gobierno actual están prohibiendo literalmente el hecho de que las organizaciones y grupos sociales puedan movilizarse y exigir derechos. Están violando justamente la Constitución”, explica. “Evidentemente, la fuerza que van a emitir tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional y todos los grupos que están en las calles reprimiendo, va a hacer que se eleve sus niveles de violencia y se exacerbe también las movilizaciones sociales”; concluye la directora ejecutiva de INREDH. La eliminación del subsidio al diésel es una medida que afecta gravemente a la población indígena y que generó violentas protestas en 2019 y 2022. Esta vez, los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las Fuerzas Armadas han dejado hasta la fecha un fallecido, 150 heridos y más de 100 detenidos.

En Estados Unidos, la sola mención de "ICE" enciende las alarmas entre los migrantes latinos indocumentados.ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias, endurecidas durante la administración Trump. Martina Grifaldo, directora de la ONG Alianza Latina Internacional, explicó a RFI cómo la comunidad latina de Houston se ha organizado para esquivar los operativos de la “migra”. Casi 200.000 personas siguen la página de Facebook de Alianza Latina Internacional, una organización que alerta sobre la presencia de agentes de ICE en Houston. Las redadas contra migrantes indocumentados se han intensificado. Martina Grifaldo, mexicana con ciudadanía estadounidense, dirige la asociación. "Hoy las redadas se están dando en gasolineras, carreteras, en los freeways. A veces la gente abandona sus autos. Nosotros nos organizamos para recogerlos y devolvérselos a sus familias. Los agentes están en complejos de apartamentos, paradas escolares… están en todas partes. Llegan a la colonia —el conjunto residencial—, agarran a las personas y se las llevan", relata Grifaldo. La ONG actúa como intermediaria para que los latinos sepan dónde se están realizando redadas o dónde podrían ocurrir en cualquier momento. "Ahorita fui al restaurante Canes, donde venden pollo. Ahí está migración, en la parte de atrás, los autos tienen las luces apagadas, son cuatro vehículos con vidrios oscuros", reporta un miembro de la comunidad. "Se reporta migración en Kima, en un lugar llamado Kima Road. Se ven muchas camionetas de ICE y patrullas", alerta otra mujer. "Terror colectivo" La organización comunitaria se ha convertido en el único recurso frente a la ausencia de apoyo institucional. "Nos estamos organizando para protegernos entre nosotros. Aquí no hay ayuda de las autoridades. Es solo la comunidad cuidando a la comunidad", afirma Grifaldo. Cuando preguntamos cuál es el sentimiento predominante entre los latinos de Houston, la respuesta fue clara: "La gente está aterrorizada. Han dejado de salir, de ir a los parques, de llevar a sus niños, de ir a restaurantes. Están siempre asomándose por la ventana. Es un terror colectivo. Hasta los niños se cuidan. Houston y sus alrededores viven bajo un terror emocional. La comunidad está siendo atacada y no podemos contar con las autoridades. Estamos solos, defendiéndonos solos. Es muy difícil, pero lo estamos logrando. Cada día estamos más conectados y nos protegemos unos a otros".  Una muestra de esta realidad es el testimonio de un hombre recogido por la ONG: "Déjenme les platico que en la mañana, como a las 10:00, en la calle 59 y Will Clayton, estaban haciendo retenes. Me salvé porque me metí entre los carros hacia la izquierda. Me puse detrás de un camión que no se detuvo. Un policía me dijo que me hiciera a un lado, pero no le ‘pelé’, me hice el de la vista gorda. Alcancé a ver que ya tenían a varios agarrados. No me podían seguir. Tengan cuidado. Dios los bendiga". 

La Asociación de Periodistas de El Salvador, principal gremio del país, anunció que trasladará su personería jurídica a otro país de la región, frente al hostigamiento que padece la prensa bajo el Gobierno de Nayib Bukele. En lo que va del año, decenas de periodistas partieron al exilio, asfixiados por las presiones y dificultades para reportar de forma independiente en el país centroamericano. Una necesidad urgente de trabajar sin limitaciones, ni presiones. Así describió la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sus motivos para partir al exilio. Denuncian que el Gobierno de Nayib Bukele les puso palos en la rueda no solo por no renovar sus credenciales, sino también por la reciente promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros, que establece un impuesto del 30% a toda organización o persona sobre fondos o donaciones que reciban del extranjero, y que también impone la creación de un registro obligatorio al cual la asociación se negó. “Un miedo generalizado” Creada en el año 1936, la Asociación de Periodistas de El Salvador denuncia que ejercer el periodismo en El Salvador hoy es solo comparable a tiempos de la guerra civil. RFI conversó con su presidente, Sergio Arauz. “En los últimos cinco años, se está experimentando un retroceso que solo es comparable con los años de la guerra civil. ¿A qué me refiero? A un miedo generalizado y un clima de temor y autocensura en todo el ecosistema de El Salvador. Hablamos de un aumento importante, de la duplicación de agresiones que registramos en 2024 en la Asociación de Periodistas. Pasamos de un poco más de 300 agresiones a 789 agresiones en todo 2024. No estamos contando el 2025”, explica Arauz. “Todos los indicadores que tenemos en la APES, a través de nuestro centro de monitoreo, indican no solo un número alto de agresiones, desde las más leves hasta las más graves, [sino también] desplazamientos forzados, visitas e intimidación de cuerpos de seguridad, perfilamientos y el uso del aparato judicial para intimidar”, detalla. “Seguir siendo referentes” desde el exterior Según Arauz, en lo que va del año, 43 periodistas salvadoreños debieron partir al exilio. En el último Índice Mundial de Libertad de Expresión publicado por Reporteros Sin Fronteras, El Salvador ocupa el puesto 135 de 180. “Tomamos esta difícil decisión de salir, de trasladar nuestra operación y nuestra personería para poder seguir siendo referentes, para seguir teniendo incidencia y para seguir, principalmente, prestando servicios de atención a los periodistas de El Salvador y a los periodistas en el exilio o en el exterior, que son salvadoreños”, indica Arauz. “¿Y qué servicios prestamos? Nuestro centro de monitoreo. Tenemos un número que está en nuestras redes sociales al que pueden seguir llamando. Tenemos una clínica de auxilios jurídicos que también sigue funcionando, y tenemos posibilidades de atención o de terapia psicoemocional, y la única forma que encontramos para seguir prestando es movilizando nuestra operación a un país seguro de la región”, señala asimismo. Arauz afirma que aún no develarán a qué país se trasladan, hasta no tener en mano todos los trámites legales que, asegura, ya están muy avanzados.  

Un año después de asumir la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum afronta importantes retos, entre ellos los altos niveles de violencia y las presiones crecientes desde Estados Unidos, con una popularidad que, según encuestas, supera el 70 % de aprobación. Analizamos el cambio en la estrategia de seguridad que ha emprendido la presidenta mexicana con Andrés Sumano, profesor en el Colegio de la Frontera Norte en Monterrey. Se cumple el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué balance puede hacerse de su estrategia frente al narcotráfico? ¿Ha continuado la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con el lema de abrazos no balazos. O, por el contrario, la primera mujer presidenta de México ha optado por una política de mano dura contra organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación? Escuchemos la respuesta de Andrés Sumano, profesor en el Colegio de la Frontera Norte en Monterrey.  "Es claro que hay un cambio de estrategia respecto a lo realizado por el presidente anterior, López Obrador. Durante el sexenio pasado, pues la idea hacer caso omiso de lo que estaba sucediendo en tema de crimen organizado, tratar de ignorar el problema como tratar de no confrontar mucho a los grupos criminales. Y hoy, pues la presidenta tiene una postura diferente, con una estrategia más agresiva". Pero, ¿dónde nace esta agresividad? ¿Es propia de ella o se debe a la presión de Trump? Recordemos que el mandatario ha evocado la posibilidad de llevar a cabo acciones unilaterales con el uso de sus propias fuerzas armadas para luchar contra los narcos mexicanos. Para Andrés Sumano, esa presión aceleró el proceso, pero la Presidenta ya estaba en esa dirección. "Me parece que por el lado de la presidenta, si bien ella y su secretario de Seguridad, ya traían una idea distinta de lo que querían hacer en materia de seguridad, la presión del gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, pues ha generado o los ha forzado a tener que hacer un cambio mucho más acelerado y a tener que dar resultados de forma mucho más rápida en materia de seguridad. Y de ahí que ya hemos visto pues un montón de decomisos, de arrestos" sentencia Andrés Sumano en la antena de RFI, añadiendo que "ha sido la presión de Estados Unidos la que la ha forzado a tener que detonar todas estas acciones en el tema de seguridad". Balance de seguridad De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios han mostrado una reducción de 25% en los primeros once meses del mandato de Sheinbaum, aunque se mantiene en torno a los 65 al día. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revela que más del 63 % de los mexicanos consideran que la inseguridad sigue siendo el principal problema en el país. Pese a ello, Sheinbaum mantiene altos niveles de popularidad, con más del 70 % de aprobación, fenómeno similar al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Desde hace más de una semana, la violencia inunda las noches en el norte de Ecuador. El Gobierno del presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, desencadenando protestas que se han saldado con decenas de heridos y un centenar de detenidos. Pero la primera muerte de un manifestante en la provincia de Imbabura, presuntamente a manos del ejército, ha elevado la tensión entre el Gobierno Nacional y Conaie, la mayor organización indígena del país, a su punto máximo. “Creo que siempre hay espacio para negociar (…) pero ahora mismo no veo las condiciones para que se dé y temo mucho que suba la escalada de violencia, es importantísimo que alguien le haga entrar en razón al Gobierno nacional, porque ni a nosotros las autoridades locales nos escuchan”, declara a RFI Paulina Verkoutere, viceprefecta de Imbabura. Varias organizaciones del país denuncian violaciones de los derechos humanos a manos de los militares durante las protestas. Además, la oposición rechaza las acusaciones de terrorismo o corrupción, acusando al Gobierno de llevar a cabo una persecución contra los pueblos indígenas a través de un discurso racista. “Nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han retenido, estamos en cero (…) además, me he enterado de que, junto a varios líderes del movimiento indígena nacional, defensores de la naturaleza y algunas autoridades, como es mi caso y la del prefecto, estamos en una lista de una presunta investigación por enriquecimiento ilícito. Esto es muy grave (...) es una clara muestra para acallarnos”, denuncia la viceprefecta. La administración de Daniel Noboa afirma que los manifestantes mantienen retenidos a 17 militares. Además, argumenta que la eliminación del subsidio ya está dando beneficios y ayudando a miles de familias en todo el país. Verkoutere, sin embargo, asegura que la calidad de vida de los ecuatorianos ha disminuido.   “El Gobierno tiene desacreditada su palabra (…) ¿cómo le vamos a creer a un gobierno que utiliza la política de los bonos y de las dádivas desarticuladas, sin hacer una real política pública? Dijo que no va a subir los combustibles y ahora está diciendo que va a dar bonos, la gente ya no le cree", explica.  La dirigente asegura que los efectos negativos de la eliminación del subsidio no sólo ya son visibles en la economía, sino que plantea un gran revés para la población indígena, la más afectada por las desigualdades laborales y educativas.

En Argentina, el instituto nacional de estadística reporta una reducción significativa de la pobreza en el primer semestre de este año. Una tendencia que llama la atención en un país que vive una crisis económica. Sin embargo, dos centros de estudio independientes cuestionan los métodos de cálculo de esta cifra.  La tasa de pobreza en Argentina, es decir la proporción de familias que ganan menos de 850 dólares mensuales, bajó de 38 a 31% en los últimos 6 meses. El especialista en temas de desigualdad económica Santiago Poy, del centro de análisis Fundar confirma esta tendencia. “Estos datos, al ser del primer semestre del año están capturando parte de la recuperación económica todavía en el primer semestre del año. Había una recuperación que venía haciendo que aumentaran los ingresos. El gobierno también desplegó una serie de ayudas sociales bastante grandes, muy focalizadas en la población más pobre. Esto, en particular en el caso de la asignación universal por hijo”, explica. “Los precios de los bienes que consumen los sectores más pobres de la población aumentaron menos que el costo de vida promedio general. Por ejemplo, los alimentos en Argentina aumentaron menos que lo que aumentaron todos los demás bienes de la economía”, agrega.  Los investigadores de Fundar y de otro de estudio independiente ((el Observatorio Social de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica) cuestionan sin embargo la precisión de esta cifra. La tasa pobreza real podría ser superior. “Es posible que haya alguna sobreestimación de esa baja, principalmente por lo que tiene que ver con dos factores. Todas estas estadísticas se basan en encuestas de hogares y la captación de los ingresos por parte de las encuestas mejoró. Entonces, es posible que eso esté explicando parte de la baja. Es un aspecto muy técnico. Y el otro efecto también posible es que las canastas, las líneas que se usan para medir pobreza están, un poco desactualizadas, entonces no terminan de representar adecuadamente la situación de consumo de las familias en la actualidad”.  Y el aumento astronómico de los precios de agua, gas y electricidad por ejemplo no se reflejan en estas cifras. El gobierno ultraliberal del Javier Milei celebró esta disminución de la pobreza. Pero el investigador Santiago Poy recuerda que Argentina no hay salido de la crisis. “Los niveles de pobreza en Argentina siguen siendo muy altos y hay muchos otros indicadores de las condiciones de vida que no son alentadores. Entre el año pasado y la actualidad, el empleo informal creció. Hay empresas que cierran, entonces no es que estamos en una recuperación económica que avanza hacia que la pobreza en uno o dos años va a bajar y estamos ahora en niveles del 31%, 32% son niveles similares a los que teníamos en la última crisis antes de la pandemia”.  Además la situación financiera del país sigue agravándose, lo que llevó el presidente Milei a pedir y obtener un rescate de parte de Washington.

En Ecuador, los electores decidirán si quieren que se instale o no una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. El presidente Daniel Noboa busca dejar atrás la Constitución de 2008 impulsada por el partido del expresidente Rafael Correa, y quiere una nueva norma para, dice, enfrentar mejor los cárteles de la droga. Pero este no sería el único motivo que mueve a Noboa para impulsar una nueva Carta Magna. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa quiere una nueva Constitución. Con su partido, el mandatario considera que es un paso indispensable para luchar contra el narcotráfico que siembra el terror en el país. “Asegurar la total concentración de poder” Pero según Franklin Ramírez, profesor de Sociología Política en FLACSO Ecuador, reformar la Carta Magna no es necesario para enfrentar a las bandas criminales: “2025 está cerrando como el año más violento en toda la historia del país. Y frente a ese fracaso, Noboa está construyendo un enemigo. Y como el discurso contra el correísmo se agota, encontró un nuevo chivo expiatorio en la Constitución de Montecristi”, explica. “Pero la asamblea constituyente abre un año electoral, permite un espacio para recomponer las promesas del Gobierno, para seguir jugando con las expectativas de este presidente joven que se desmarca de la clase política tradicional. Yo creo que la apuesta fundamental es a asegurar la total concentración de poder”, prosigue. La actual Constitución, de 2008, garantiza numerosos derechos a las comunidades indígenas. Garantiza también el derecho a la consulta previa en caso de proyectos de inversión, como de minería, y protege los derechos de la naturaleza. Tres razones principales Daniel Noboa estima por su parte que el país está "secuestrado institucionalmente" por las normas, según sus palabras. Franklin Ramírez considera sin embargo que hay tres razones que mueven al mandatario en su cruzada para una nueva Carta Magna. “La primera es debilitar a la Corte Constitucional. El Estado ecuatoriano ahora es un Estado que tiene en la pirámide interpretativa, por encima de toda la Corte Constitucional, a nueve jueces. Para Noboa y su régimen, claramente ahí hay un exceso de poder”, indica. “Después hay algo en lo que el Gobierno podría tener razón, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Es un órgano que está compuesto de cinco vocales, que se encarga de organizar los concursos a partir de los cuales se conforman las autoridades de múltiples órganos de control, autoridades electorales, entre otras. Entonces es una instancia que por esta segunda función genera muchos apetitos políticos y que básicamente todos los gobiernos, desde Correa en adelante, han logrado manipular y controlar para que los nombramientos de los funcionarios sean alineados al Poder Ejecutivo. Pero ciertamente ahí hay un problema de fracaso institucional. Pero para eso no hacía falta una asamblea constituyente, sino una reforma puntual al Consejo”, detalla luego el sociólogo. Disputa por el extractivismo Por fin, señala Ramírez, “un tercer lugar me parece que tiene que ver con todo lo que es el Estado plurinacional. No reconoce, no entiende y lo molesta toda la configuración plurinacional del Ecuador, la centralidad de los pueblos y nacionalidades, alguna serie de instituciones asociadas a la justicia indígena y sobre todo a esta lógica de la autonomía de los pueblos y nacionalidades en determinados territorios, porque eso va conectado con la disputa por el extractivismo”. “La Constitución también garantiza derechos de la naturaleza. Estas dos figuras del Estado plurinacional y los derechos de la naturaleza van de la mano. Para el modelo de acumulación extractivista que está repotenciando Noboa, sobre todo en torno a la minería, me parece que ahí hay una constelación de instituciones y derechos que combinan la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, que van a ser avasallados desde una perspectiva de derechas neoliberales ortodoxas”, agrega. “Esta Constitución obliga a determinados niveles de gasto público, a respetar determinados derechos sociales, tiene un enfoque de paridad de género, de etnicidad, plurinacionalidad... Es una Constitución que dejó muy pocos derechos por fuera”, concluye el sociólogo. La consulta popular ocurrirá el 16 de noviembre. Este mismo día, los electores se pronunciarán sobre dos otras preguntas: la presencia o no de bases militares extranjeras y el financiamiento público de los partidos políticos.

La tensión sube entre Venezuela y Estados Unidos desde que la Casa Blanca incrementó considerablemente su presencia militar en el mar Caribe. Washington afirma que el despliegue de buques de guerra, aviones caza y miles de hombres permite luchar contra el narcotráfico procedente de sudamérica y en particular de Venezuela. Caracas respondió con ejercicios militares y un llamado al diálogo con Estados Unidos. ¿Qué busca la Casa Blanca con la militarización del Caribe? Con ocho buques de guerra, un submarino, aviones caza y miles de hombres, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el mar Caribe. Washington ha lanzado además tres ataques letales contra lanchas de supuestos narcotraficantes. Donald Trump y su Gobierno apuntan en particular a las redes venezolanas de narcotráfico de las que el presidente Nicolás Maduro sería presuntamente cómplice. Pero el argumento de la guerra contra las drogas responde ante todo a una postura política, analiza David A. Smilde, profesor de Sociología en la Universidad de Tulane en Luisiana y buen conocedor de las relaciones entre Washington y Caracas. "En su campaña, Donald Trump prometió a sus seguidores que iba a luchar contra las drogas bombardeando a los carteles", dice el experto. "Hay verdaderamente un problema de drogas en Estados Unidos, en ciudades como San Francisco, aquello parece como una película de terror, hay mucha gente adicta al fentanilo, el problema es que el fentanilo no pasa por Venezuela. Incluso, según la DEA (Oficina antidrogas de EE.UU), menos del 10% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela", agrega Smilde, quien califica las acciones de Trump de "teatro político".  Según el especialista, la estrategia bélica de la Administración Trump y la destrucción de lanchas buscan demostrar la existencia de una amenaza externa y de esta manera justificar las deportaciones de migrantes venezolanos.  "Si ellos pueden demostrar que tienen un conflicto con Venezuela, entonces eso les puede ayudar y darles herramientas para deportar a miles de venezolanos sin juicio", analiza.  De momento, la Casa Blanca descarta una intervención militar para derrocar a Maduro, pero el despliegue de tropas aumenta la presión sobre su Gobierno que ha llamado a la población a unirse a las filas de una milicia ciudadana para defender el territorio. El gobierno de Maduro "está bajo presión, sin duda. Tanto el chavismo como la oposición piensan en una posible invasión terrestre, lo que no ocurrirá. Si algo pasara, sería un bombardeo aéreo", asegura David Smilde. "Nicolás Maduro moviliza milicia para mandar el mensaje de que cualquier operación sería costosa porque tiene a la ciudadanía movilizada", concluye el académico.

Además de reprimir duramente a las voces críticas en Nicaragua, el gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo extiende su represión en el extranjero, según indica un informe de Naciones Unidas. En un nuevo informe, tres expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denuncian los múltiples métodos del gobierno de Nicaragua para callar a los opositores exiliados. Reed Brody es uno de los autores del informe e indica que “hay 452 personas que se han visto despojadas de la nacionalidad nicaragüense y de la prohibición de volver o de entrar en Nicaragua, hay por lo menos 300 casos -documentados-, pero seguramente hay miles de personas que han querido volver a Nicaragua, pero que se les ha negado la entrada en el aeropuerto o por la compañía de aviación”. Brody cuenta también que a muchas personas, probablemente a centenares o miles, le han rechazado la renovación de su pasaporte. Además, “hay una vigilancia digital muy intensa que cubre también a los nicaragüenses en el exterior, hay amenazas y un castigo a familiares que permanecen en Nicaragua”, indicó.  En el informe, los expertos han documentado y denunciado hostigamiento y violencia física en el extranjero, que en ocasiones ha llegado hasta Europa. “El caso más impactante fue el 19 de junio de este año, el asesinato del mayor Roberto Sancán, una voz muy crítica del gobierno”, relató Brody. La fiscalía en Costa Rica está investigando el caso, según el abogado, aclarando que “están privilegiando la pista de un asesinato por encargo. Todavía no podemos concluir nada, pero su muerte subrayó una realidad escalofriante, que es incluso más allá de las fronteras de Nicaragua, los opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se sienten seguros”, denunció. De acuerdo con los autores del informe existen cinco casos más de opositores que han sido atacados físicamente fuera de Nicaragua. “Hemos recibido denuncias en Bélgica, en España, sobre todo en Honduras y Costa Rica. Nos han informado de que han sido seguidos físicamente en sus países de exilio” aseguró.  Los expertos de la ONU llaman a la comunidad internacional a llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que responda por su feroz represión contra los opositores. 

Nicaragua y Cuba fueron los primeros países de América Latina que lo reconocieron. A partir de ese año le siguieron todas las naciones sudamericanas, a excepción de Panamá que hoy en día no reconoce la existencia de un Estado palestino. En el contexto de un nuevo mapa político que surgirá tras la 80 Asamblea General de la ONU cuando Francia, Reino Unido y otras naciones lo reconozcan, la causa palestina es cuestionada por algunos aliados latinoamericanos del Estado palestino.  Prevista entre el próximo 23 y 29 de septiembre, la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas será un momento histórico que marcará la política internacional de Medio Oriente cuando unos diez países reconocerán el estado de Palestina: Francia, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino. Con esta acción serán 156 de 193 países en el mundo que lo reconocerán, un proceso que comenzó en noviembre de 1988 cuando el Consejo Nacional Palestino proclamó el Estado de Palestina desde el exilio, en Argelia. En ese año fueron 80 países, la mayoría de África y Asia que le otorgaron el reconocimiento. Entre ellos, había sólo dos latinoamericanos: Cuba y Nicaragua. Es recién, en 2005, que comenzó el reconocimiento, en cadena, por otras naciones sudamericanas empezando por Paraguay. Al día de hoy, el único fuera de la lista es Panamá. A diferencia de Europa, el apoyo de Latinoamérica a la causa palestina surgió en bloque porque recuerda el pasado colonial, una “fibra sensible en la historia del continente” de acuerdo con el  analista político Jorge Arias, director de la consultora Polilat. “Siempre estamos del lado de los débiles, del que nos consideramos nosotros mismos. Creo que fundamentalmente es una tradición latinoamericano que se ha ido acentuando: las cumbres latinoamericanas, las coordinaciones para los votos en las Naciones Unidas, eso ha sido generando una simpatía con la causa palestina, una causa de extrema debilidad frente al poderío militar israelí”, pero también influye el “poco interés” de Israel por América Latina, de acuerdo con el analista. A favor y en contra En el mapa politico actual no todo es unidad de cara a la nueva ola de reconocimientos del Estado palestino. Mientras la mayoría de los países latinos continúa con una postura de apoyo, mención especial a Chile, con la mayor diáspora palestina fuera de medio oriente, otros, como El Salvador, Guatemala, Argentina y Paraguay, quedan en una posición incómoda, con gobiernos expresamente alineados con Estados Unidos e Israel y dispuestos a votar en contra de apoyar la solución de los dos estados, como lo hicieron recientemente Argentina y Paraguay en la ONU. “Los países en general tratan de no tomar posiciones extremas coyunturales”, estima Arias. En el caso de El Salvador, su presidente, Nayib Bukele “que tiene un gobierno con una amplia mayoría parlamentaria, si él lo decidiera podría resolverlo”. “En el caso de Argentina me parece más complejo porque Javier Milei no tiene mayoría parlamentaria ni la va a tener aún cuando tenga un éxito contundente en las próximas elecciones en ese tipo de movidas”, explicó. En junio de 2025, Milei visitó Israel y en un discurso pronunciado en la Kneset, el Parlamento de ese país, apoyó la manera en que el primer ministro Benjamín Netanyahu despliega su ejército en la Franja de Gaza. Este 17 de septiembre, en Paraguay, Milei dijo, en referencia a este conflicto en Medio Oriente, que  “no son muchos los países que se plantan firmes del lado del bien y de la verdad en tiempos [en los que] gran parte de la comunidad internacional tiene la brújula moral desviada”. Jorge Arias concluye que es posible que desde Latinoamérica se emitan comunicados de adhesión o repudio en términos diplomáticos, pero difícilmente se tomarán medidas irreversibles contra el reconocimiento del Estado palesitno.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel que pasó de 1,80 dólares a 2,80. La medida sorpresa, sin convocar a mesas de diálogo ni concertar con los sectores más dependientes del combustible, ha generado la protesta social y gremial. RFI consultó la opinión de Leónidas Iza Salazar, líder indígena y excandidato presidencial. El presidente Noboa decretó el estado de excepción en seis provincias y llamó al diálogo en un país donde el combustible no solo es un bien económico sino un símbolo político. Dos gobiernos ecuatorianos han estado a punto de arder por intentar eliminar el subsidio al diésel. En 2019, la revuelta social obligó al presidente Lenín Moreno a derogar las impopulares reformas económicas que incluían un alza importante en el precio de los combustibles. Tres años después, durante el mandato del ultraconservador Guillermo Lasso, el movimiento indígena también logró bloquear el incremento del precio del combustible y forzar al gobierno a comprometerse a mantener congelados los precios del diésel y del gas licuado de petróleo. Los enfrentamientos dejaron muertos, heridos y una gran fractura social. Leónidas Iza Salazar presidía entonces la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), emblema nacional por la defensa del subsidio al diésel. "El tema de los subsidios a los combustibles está anclado en más de 30 años de política pública. Según una ley de 2005, los siguientes gobiernos deben construir una política de compensación social y productiva para que vayamos dejando el diésel poco a poco y que no sea una decisión agresiva, letal, como ha intentado cada gobierno de turno", dijo a Radio Francia Internacional el líder indígena y excandidato presidencial. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decidió el viernes pasado eliminar de forma sorpresiva el subsidio al diésel. Su medida silenciosa generó, de inmediato, las protestas de transportistas, agricultores y pequeños productores, temerosos de una cadena de aumentos que golpee directamente el costo de la vida. "Al ser el combustible un factor de producción, el incremento de su precio está ligado a toda la economía ecuatoriana", firma Iza Salazar. Y explica que la subida del diésel genera dos efectos inmediatos: "El incremento en el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, no los productos de los campesinos. Un segundo efecto inmediato es la especulación, porque las unidades de producción y los vehículos del transporte recuperan el costo de inversión por el incremento en el precio del combustible. Pero, además, en el mercado, por estar en cadena con todo el sistema de producción, lógicamente se desata la especulación", precisa. La protesta se ha extendido a otros sectores sociales y gremiales. El presidente Noboa decretó el estado de emergencia aduciendo grave conmoción interna y, de esta forma, frenó el paro nacional convocado para este lunes. El mandatario también autorizó a fuerzas policiales y militares a desarticular reuniones en espacios públicos que amenacen la seguridad, dijo. "El cambio de sede del gobierno es una provocación" El presidente Noboa también trasladó el poder Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde se concentran las comunidades indígenas más organizadas y combativas. Para el líder indígena, que encabezó en el pasado la batalla contra la eliminación del subsidio al diésel, el traslado del gobierno de Noboa a esta provincia es una provocación. "Venir a una de las provincias que se ha manifestado cada vez que ha habido una decisión de este nivel es un mensaje de provocación. Y a partir de ahí, capaz que intenta controlar la provincia y la sierra centro donde estamos ubicados", sostiene. En opinión de Iza, el gobierno "sale a provocar, pero se esconde con mil policías armados, mil miembros de las fuerzas armadas, del ejército, con tanquetas de guerra, con drones, se encierra en una ciudad. Entonces, creo que hay una planificación militar política alrededor de la decisión de venir a Latacunga". Finalmente, el líder indígena Leónidas Iza denuncia que la medida de supresión del subsidio al diésel adoptada por Noboa se origina en los compromisos de su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lamentablemente quiero decir que no es una decisión del presidente de la República, Daniel Noboa. El 15 de mayo de 2024, el gobierno de Noboa firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y en este momento está agachando la cabeza y acatando la imposición del Fondo Monetario Internacional". El gobierno ecuatoriano intenta cumplir con el FMI y, al mismo tiempo, frenar las protestas con bonos compensatorios selectivos y temporales. Pero en Ecuador el combustible no solo es un bien económico, sino un símbolo político. Tocarlo sin consenso es una medida explosiva.

Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país. Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron. Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. "La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas. La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación. "Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya. Ingrid Betancourt, humillada por decisión desconcertante La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla. Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye. La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos". La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad". El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.

Este 15 de septiembre se ha presentado en Bruselas un informe integral de la organización Prisoners Defenders sobre la situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios de Cuba. La investigación revela el uso del trabajo bajo coacción con fines económicos y punitivos de 60.000 presos. El informe de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, se ha realizado con 53 testimonios de presos cubanos que viven en el país y que han podido ser validados con datos de identificación. Javier Larrondo, su presidente, dice que se han realizado al menos 150 entrevistas, pero algunas de ellas aún no se han podido verificar o los entrevistados no han querido dar sus datos completos. Mecanismos de coacción Larrondo expone a RFI cuales son los mecanismos de coacción: “En Cuba, los presos son amenazados de que si no hacen el trabajo forzoso perderán las visitas a sus familiares, las llamadas y todos los beneficios penitenciarios que les corresponden. Además, si ellos están en una prisión de mínimo rigor, porque tienen derecho a estar, si no hacen el trabajo forzoso les llevan a una prisión de máximo rigor”. “Luego no les remuneran absolutamente nada. En el caso de los cigarros puros, por ejemplo, les pagan 80 céntimos de peso cubano y por lo tanto estamos hablando de una milésima de dólar lo que le pagan por cada puro, es decir, absolutamente nada. Pero, además, sufren violencia: el 50% de las mujeres declarantes nos dicen que sufren acoso sexual”, agrega. Muchas industrias afectadas El informe también aporta detalles sobre las industrias más afectadas por el trabajo forzoso. Según Larrondo, algunos de los productos llegan a muchos países, inclusive en Europa: “La industria del tabaco y los cigarros puros habanos, como las marcas Cohiba, Mareva, Bandera, se hacen en las prisiones de Cuba forzosamente. También el carbón vegetal que se exporta principalmente a Europa (España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía), la caña de azúcar…”. “Muchísimas industrias, en realidad, utilizan la masa de 60.000 presos, supuestamente en trabajo correccional voluntario, pero en realidad es trabajo forzoso en las condiciones que os he explicado”, afirma Larrondo. Los testimonios cuentan que el 70% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo, mientras más del 80% reportó graves deterioros físicos y psicológicos. En julio de 2024, un informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la ONU ya advertía de la existencia de leyes y reglamentos nacionales permitiendo el trabajo obligatorio en las prisiones de Cuba. Prisoners Defenders denuncia que la exportación de carbón vegetal producido mediante el trabajo forzoso de presos constituye una violación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Situado entre Perú y Colombia, dos de los grandes productores de esta droga en el mundo, Ecuador ha pasado a ser uno de los puntos de distribución más importantes a nivel mundial, con dos destinos principales: Estados Unidos y Europa. ¿Cómo puede un país que apenas produce cocaína convertirse en un gran exportador? No es un gran productor, pero se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito y exportación de cocaína a nivel mundial. Ecuador decomisó el año pasado 300 toneladas de esta droga, aunque se estima que son apenas una cuarta parte del total que pasa por su territorio -que superaría las 1.000- antes de ser exportada, principalmente a Estados Unidos y Europa. Posición geográfica Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), un 30% de la cocaína detectada en contenedores marítimos tiene un puerto de carga declarado en Ecuador. ¿A qué se debe este fenómeno? “Lo que ha provocado que Ecuador tenga esta condición es que fundamentalmente nos ubicamos en un espacio geográfico donde confluyen las vías de tráfico desde Colombia, particularmente con un perfil costero bastante amplio. Los principales destinos son Estados Unidos y Europa. Para Europa generalmente lo que se hace es contaminar los barcos que llevan banano, principalmente para hacer que se inserten cargamentos de droga en ellas”, explica a RFI Diego Pérez Enríquez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. “Hay que considerar además geográficamente que la frontera de Ecuador con Colombia es un territorio que tiene poca presencia estatal de los dos costados, y eso hace naturalmente que la operación de las organizaciones de tráfico sea bastante más sencilla, bastante más eficiente”, señala asimismo. Empezando a producir Esta frontera compartida con Colombia está en el origen de otra de las alertas en el país: Ecuador está empezando a convertirse en productor. Por el momento las cifras son relativamente bajas, unas 60 toneladas el año pasado. Predominan los cultivos de coca en las provincias de Carchi y Sucumbios, donde se instalan los grupos criminales tras pasar la frontera. “En general, son grupos con una doble identidad. Son organizaciones generalmente colombianas y hay que recordar la operación que tienen las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Ecuador”, indica Diego Pérez Enríquez. “Han comenzado a colonizar esos espacios a través de gente propia, gente que viene del lado colombiano, pero también ciudadanos ecuatorianos que en ese costado del país no tienen necesariamente opciones de trabajo, no tienen posibilidades de estudio, no tienen mayores expectativas de supervivencia o para la supervivencia. Y esto, en última instancia, genera un incentivo poderoso para que esas organizaciones se asienten en esos territorios”, detalla el politólogo. Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano vive además un aumento dramático de sus niveles de criminalidad en los últimos años.

El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado en 2022. Con 12 votos a favor y 6 en contra, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó esta decisión en un nuevo episodio de una larga crisis bilateral entre México y Perú, señaló a RFI Óscar Arévalo, internacionalista en la Pontificia Universidad del Perú. "Es una disposición simbólica, una raya más al tigre de una mala relación [entre ambos países] que viene desde hace varios años. Actualmente no hay embajador mexicano en Perú ni embajador peruano en México. La relación se mantiene a nivel diplomático solo con encargados de negocios. Todo ello a raíz del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien había tejido una relación estrecha con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que lo defendió permanentemente. Luego llegó Sheinbaum a la presidencia y ella ha seguido prácticamente la misma línea de su antecesor", explicó Arévalo. Perú, relaciones turbulentas no solo con México  El experto subrayó que México no es el único país con tensiones diplomáticas con Perú. "La política exterior del gobierno de Dina Boluarte es igualmente turbulenta con otros vecinos de la región. Perú enfrenta serias dificultades en su relacionamiento regional y es visto como un país muy inestable. En los últimos ocho o nueve años hemos tenido seis presidentes. Este gobierno, en particular, genera mucha preocupación. Hay cuestionamientos en materia de democracia y derechos humanos, lo que provoca desconfianza en la región. Más allá de los problemas con México y Colombia, derivados de la detención de Castillo, tampoco hay una relación sólida con Bolivia, con Chile es bastante fría, como también con Brasil. Eso explica el interés de la política peruana en abrir puertas fuera de la región. Hemos visto en los últimos tiempos un repentino interés en India, Indonesia o Japón, países a los que no les preocupa tanto, o no les interesa demasiado, la situación de la democracia y los derechos humanos bajo el gobierno de Boluarte”, concluyó Arévalo. Las elecciones previstas en 2026 podrían redefinir el escenario político peruano y abrir la puerta a un giro en sus relaciones diplomáticas.

Comenzó la sesión en el Tribunal Supremo de Brasil para determinar el veredicto en el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino fueron este martes los primeros de los cinco magistrados en votar y ambos optaron por condenar al exmandatario. Un voto más en contra supondría la condena de Bolsonaro, que afrontaría penas que podrían superar los 40 años de prisión. Los cinco magistrados del Tribunal Supremo tienen como máximo hasta el viernes para votar y decidir -basta con mayoría simple- si condenan a Bolsonaro y otros siete coacusados por intentar revertir los resultados que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de 2022.  Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, haber contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura o instigar el asalto el 8 de enero de 2023 a las sedes del poder en Brasilia. Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que la instrucción del caso solo puede llevar a una condena. “Es un acumulado de evidencias, hay declaraciones, testigos y lo más importante, el exsecretario general de Bolsonaro, llamado teniente coronel Mauro Cid, es una relación premiada como se llama aquí, ha confesado sus crímenes, pero para bajar sus penas va a relatar todos los hechos y a partir de ahí va a ser un rompecabezas. Se van a ir colocando pieza por pieza en las cuestiones vinculadas al crimen de Bolsonaro”, indicó. De ser declarado culpable, Bolsonaro -ya inhabilitado políticamente hasta 20230 por desinformación- podría afrontar hasta 43 años de carcel, aunque puede apelar la sentencia. Ante una posible condena, en el parlamento, legisladores brasileños de derecha y extrema derecha están tratando de dar forma a una amnistía para el expresidente. Cordeiro Pires estima que esta opción tampoco es viable, al no contar con suficientes apoyos en las dos camaras. “Hay dos correlaciones de fuerza, una en la Cámara de los Diputados, donde si hay una mayoría para hacer esto, y esta mayoría quería incluso la amnistía a todos los crimines de Bolsonaro”, señaló recordando que el expresidente está sin derechos políticos por ocho años. Además subrayó que “en el senado no hay la mayoría para aprobar la amnistía, incluso  la comisión de constitución de justicia ha dicho que no va a colocar la cuestión de amnistía en el Senado”, relató Cordeiro, asegurando que dicha opción carece de fundamento.

El presidente argentino, Javier Milei, sufrió el domingo su primera gran derrota desde que asumió el poder, al perder las elecciones provinciales en Buenos Aires. Los analistas Sergio Berensztein y Lara Goyburu evaluaron en RFI el impacto de este traspié y el posible surgimiento de una tercera alternativa política. Para el analista político Sergio Berensztein, se imponen cambios profundos en el partido de Milei si no quiere seguir acumulando derrotas. "Indudablemente esta elección puede implicar un costo significativo de cara a las elecciones legislativas, si el gobierno no cambia. Se supone que va a haber un cambio de gabinete y una modificación en la narrativa electoral. Pero sí, efectivamente, fue una derrota significativa. En el plano de la corrupción, si no se aclaran las sospechas que ya están instaladas en la opinión, esto puede generar una pérdida del electorado más moderado, que fue lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires", sostiene Berensztein. La politóloga Lara Goyburu, directora ejecutiva de Management & Fit, agencia que analiza exhaustivamente el escenario político argentino, considera que el resultado no se explica tanto por un triunfo del peronismo, sino más bien por los traspiés de La Libertad Avanza en la transparencia de su gestión económica, lo que generó dudas en un electorado que esta vez no lo acompañó en las urnas. Desmovilización de los seguidores de Milei  "No sorprende tanto el resultado en la provincia de Buenos Aires porque este era un contexto que, ya a nivel social, mostraba agotamiento. Ese agotamiento hizo que quienes no fueran a votar fueran los desencantados con la política del gobierno nacional. Es decir, no es que hubiera un cambio de voto de los electores que sí habían votado, digamos que los electores de La Libertad Avanza pasaron a votar por Fuerza Patria. Yo creo, más bien, que aquellos que votaron a La Libertad Avanza en 2023 no fueron a votar esta vez. También ocurrió que en algunas secciones electorales optaron por terceras fuerzas", subraya. Según Goyburu, Milei tendrá que revisar a contrarreloj sus errores políticos, ya que su gobierno se juega el fortalecimiento o no de su bloque legislativo en las elecciones del 26 de octubre, donde se vislumbra la irrupción de una tercera fuerza política. "También es cierto que, a nivel nacional, existe una tercera fuerza que han armado algunos gobernadores que tienen un peso territorial específico, más racional, más dialoguista. Esta tercera fuerza está buscando ponerse como alternativa entre lo que sería el peronismo kirchnerismo y La Libertad Avanza", apunta. El presidente Milei necesita ampliar la pequeña minoría de su partido en el Congreso, dominado por una oposición que hasta ahora ha utilizado su poder para aprobar medidas de gasto social que bloquean los esfuerzos del mandatario por equilibrar las cuentas públicas.

Son otra cara de la guerra. En Colombia, la JEP - la Jurisdicción Especial para la Paz- reconoció por primera vez a un colectivo de 104 hombres como víctimas de violencia sexual. Es un hito para este órgano de justicia transicional creado para investigar el conflicto ya que durante décadas estas personas guardaron silencio por temor a ser estigmatizadas. Algunos de ellos eran niños o adolescentes en el momento de los hechos. La JEP - el mecanismo de justicia transicional en Colombia - escuchó los testimonios de un colectivo de 104 hombres y los reconoció como víctimas de violencias sexuales durante el conflicto. En particular entre finales de los 90 y 2009 en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena, en el norte del país. La JEP es el tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016 para juzgar crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado. De las víctimas reconocidas, 19 tenían entre cinco y 14 años de edad, y 16 eran adolescentes de 13 a 18 años, agregó el tribunal. Añade que estos hombres y niños "fueron sometidos a actos de violencia sexual que fueron utilizados deliberadamente como mecanismos de castigo, humillación y control, enmarcados en dinámicas de poder de género". "Relataron daños físicos, en su integridad física, sexual y reproductiva, violaciones, tortura, desnudez forzada, humillaciones sexuales, mordazas amenazas y lenguaje degrante.Los victimarios buscaban quitar la hombría o marcar para siempre a las víctimas", dice a RFI Óscar Parra Vera, magistrado de la JEP, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Dice que los responsables directos de estas violaciones fueron los integrantes de grupos paramilitares, pero la JEP busca también saber "si hubo paticipantes de  las fuerzas públicas, que por acción u omisión hubieran facilitado o permitido que los hechos se cometieran".  Fue mediante la ONG All Survivors Projects, que acompañó a estas personas y las ayuda a reconocerse como víctimas, que se pudo romper el silencio que les había impuesto el miedo. "Siendo en su mayoría hombres heterosexuales, esto es una carga que aumenta su negativa a narrar los hechos y que muchas veces no buscaron ayuda por temor a ser cuestionados, ridiculizados o no creídos. Frases como 'para un hombre esto es muy vergonzoso', evidenciaron cómo afrontaban una fuerte carga de estigmatización".  Este reconocimiento histórico, explica Parra Vera, fortalece la idea que sí hubo una dimensión de género en la violencia del conflicto colombiano.  "Esto permite a la justicia observar dimensiones de la violencia que para la justicia es difícil percibir. Esta decisión da un paso adelante para visibilizar aristas de la violencia de género que antes no habían sido identificadas de manera masiva", asegura Óscar Parra Vera, magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.