Noticias de América

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, miles de haitianos residentes en la República Dominicana regresan a su país. Esto, a pesar de las graves dificultades y la creciente inestabilidad que afecta este país, donde amplias zonas de su territorio están bajo el control de pandillas. En Dajabón, al norte de República Dominicana, el movimiento es incesante: algunos llegan en camiones o buses, mientras que otros cruzan la frontera a pie. Sin embargo, ellos saben que su viaje se producirá en un contexto de extrema inestabilidad, ya que pandillas y grupos armados mantienen bajo su control gran parte de la capital, Puerto Príncipe, y han extendido su influencia a zonas aledañas. Joseph Cherubin, presidente del Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos, nos comentó los problemas que tienen sus conciudadanos para regresar a su país durante las festividades. “Hay dos obstáculos, el de la inseguridad en Haití y la frontera, que está cerrada. No hay garantía de ir a ningún lado. Si se va la frontera, no hay autoridad, deberá ir de forma clandestina a Haití. Realmente la situación sigue caótica, se agrava día a día. Los haitianos en Haití han pasado una Navidad triste. No hay estabilidad para hacer para hacer el culto, realmente es una situación de guerra.“ Leer tambiénHaití: en Puerto Príncipe, una Navidad ensombrecida por la inseguridad y la crisis económica Roudy Joseph, portavoz del colectivo de Haitianos en República Dominicana, explica por qué, a pesar de no existir las garantías básicas para su retorno, muchos haitianos deciden arriesgarse y regresar a su país. “Una de las razones que hace que las personas se vayan es el contexto de la persecución migratoria contra la comunidad haitiana. Estamos hablando de operativos que entran incluso en la casa de la gente. O sea, allanamientos ilegales, entonces mantienen en zozobra a la comunidad”, explicó a RFI. “El Gobierno dominicano no ha dicho si va a abrir la frontera para el regreso de tantos trabajadores que están dejando que van a pasar las navidades, pero le hemos dicho siempre al gobierno dominicano que tanto las deportaciones como los retornos al final alimentan las redes de tráfico ilegal de personas que se vuelven más peligrosas. Todos esos movimientos están alimentando esa red que se hacen multimillonarios y en eso participan tanto en militares, agentes de inmigración y otras fuerzas de seguridad de República Dominicana”, añadió Joseph. Así, ni la inseguridad, ni el caos que domina Haití, ni siquiera el temor a no poder regresar a República Dominicana, logran frenar el deseo que tienen miles de haitianos de reencontrarse con sus familiares durante este periodo navideño.

El salmón se ha convertido en el pescado estrella de la Navidad en todo el mundo y su producción global no deja de crecer. Chile es el segundo productor mundial de este pescado, solo por detrás de Noruega. Pero el auge de la industria salmonera tiene un alto coste medioambiental, según denuncian diversas ONG. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en la primera mitad de 2025 la producción de salmón en Chile creció un 9,1 % con respecto al mismo período del año anterior. Se trata de uno de los principales productos no mineros que exporta el país, principalmente hacia Estados Unidos y Brasil, pero no ausente de críticas. En la Patagonia, el crecimiento de la industria de las granjas salmoneras está en el punto de mira de las ONG por su ubicación en zonas supuestamente protegidas, el abuso de antibióticos y su impacto medioambiental. “En Chile tenemos una real invasión de concesiones de la industria salmonicultura. Son más de 300 concesiones que están aprobadas. Estas instalaciones son realmente gigantescas, contaminan con diferentes tipos de materiales, como son tuberías plásticas, mallas que dejan abandonadas, estructuras metálicas y lo que nosotros hemos ido denunciando a lo largo de los años es que producen más del número que se les entrega para poder cumplir con medianamente un equilibrio ecológico en esta zona”, afirma a RFI La geógrafa de Greenpeace Chile, Silvana Espinoza. “Eso va generando mortalidades, residuos, o sea, acumulación de mayor materia orgánica. En el fondo, se va generando una secuencia de diferentes desequilibrios ecosistémicos que altera al resto de las poblaciones que tenemos en la Patagonia”, agrega. Greenpeace Chile tramitó hace un año las primeras querellas criminales contra la industria por la muerte de dos ballenas jorobadas en instalaciones salmoneras, según denuncia la ONG. La muerte de los dos cetáceos se habría producido en el interior del Parque Nacional San Rafael y de la Reserva Nacional Kawésqar, ambas áreas protegidas. “Estuvimos reunidos con el fiscal hace algunas semanas en Punta Arenas para poner a disposición nuevos antecedentes que nosotros hemos ido trabajando con los científicos y científicas de Greenpeace. Esto está en manos de ellos”, apunta Espinoza. “Esperamos tener una resolución pronto, porque en el fondo este año ya se cumplió un año de la tramitación de estas querellas, entonces nosotros también estamos a la espera de poder tener un resultado al respecto y que, por supuesto, quienes resulten responsables asuman esto frente a la ley”, concluye. Otras organizaciones, como Ecoceanos, denuncian la muerte de trabajadores en las granjas de salmón y las difíciles condiciones laborales de la industria.

La designación de Roland Hicks es leída como una señal clara del rumbo que busca imprimir León XIV, primer pontífice estadounidense y nacido en Chicago. Tanto el papa como el nuevo arzobispo han mostrado una postura firme a favor de los migrantes y disposición a desafiar las políticas de la administración Trump en este ámbito. Se trata del relevo de la archidiócesis más grande de Norteamérica, con cerca de 2,5 millones de católicos distribuidos en casi 300 parroquias. Un relevo que muestra una dirección al frente de una archidiócesis clave en Norteamérica. León XIV aceptaba la renuncia del cardenal Timothy Dolan, tras cumplir en febrero los preceptivos 75 años, edad en la que todo obispo debe presentar su jubilación. En su lugar ha situado a Roland Hicks como undécimo arzobispo de Nueva York, un pastor de 58 años, relativamente joven para ese cargo.  Hicks ha mostrado su sensibilidad por cuestiones sociales y solidaridad con los migrantes en un contexto de críticas a la política migratoria de la administración Trump.  Este nombramiento vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre dos corrientes de la iglesia. Carlos Andrés Gómez, especialista en filosofía de la religión, lo ha valorado así en la antena de RFI: "este relevo episcopal refleja una tensión real dentro de la iglesia, entre continuidad y cambio, entre tradición y adaptación.  El desafío, sin embargo, sigue siendo evitar que ese diálogo se convierta en una ambigüedad doctrinal o en una desilusión del mensaje evangélico. En eso incluso vale la pena citar las palabras del Papa Francisco, 'no licuar la fe'. " Apaciguar estas disputas en el seno de la Iglesia es un anhelo de numerosos católicos. Ahora bien, ¿se puede decir que León XIV está bien encaminado para lograrlo? Carlos Andrés Gómez valora ese equilibrio por el que Leon XIV fue elegido. "Es un pontificado que empezó con mucho entusiasmo, pero ya aparecen, sobre todo en el sector tradicional unas que han sido frecuentes, por ejemplo, sobre el manejo del tema LGTBI.  Hay que reconocer que fue un Papa elegido mirando al consenso, un consenso entre dos tendencias, una más tradicional y otra más progresista  dostendencias muy fuertes, una tendencia más tradicional, una tendencia más progresista. Se ha buscado conciliar eso y por lo tanto, él combina de alguna manera elementos de estas dos facciones" dice este especialista en filosofía de la religión en RFI.  El nuevo arzobispo, consciente del peso simbólico del cargo, aceptó el nombramiento con un tono pastoral: “Acepto este nombramiento con humildad y con el corazón abierto”. Incluso apeló al humor para tender puentes culturales con su nueva diócesis: “Potencialmente, mi primera declaración controvertida: soy fan de los Cubs y me encanta la pizza de masa gruesa”. En noviembre, Hicks respaldó un mensaje especial de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos que condenaba las redadas migratorias impulsadas por el gobierno republicano. En esa ocasión, afirmó que el comunicado “afirma nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos y hermanas, al tiempo que expresa nuestras preocupaciones, nuestra oposición y nuestras esperanzas con claridad y convicción. Está fundamentado en el compromiso permanente de la Iglesia con la doctrina social católica de la dignidad humana y en un llamado a una reforma migratoria significativa”.

La presión de Washington sobre Caracas continúa intensificándose, pese a los llamados a la mediación de México y Brasil. El reciente bloqueo de buques petroleros que salen o se dirigen a Venezuela eleva la tensión en la región y reabre el debate sobre los verdaderos objetivos de la estrategia estadounidense. Mientras la Casa Blanca insiste en la lucha contra el narcotráfico, varios analistas señalan posibles intereses energéticos detrás de esta escalada.  Trump no descarta una guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Para llevar a cabo ataques en ese país, en todo caso, el mandatario no se siente obligado a informar al Congreso. La cuestión del petróleo Desde hace un poco más de una semana, además, Estados Unidos aplica un bloqueo total contra “petroleros sancionados” que vayan rumbo a Venezuela o que provengan de ese país. En Caracas, mientras tanto, Maduro se pregunta cuáles son los otros intereses que tiene Washington con estas operaciones, fuera de derrocarlo.  Para el International Crisis Group, el argumento energético toma cada vez una mayor relevancia: “El tema del petróleo es un tema que ha estado vigente desde hace mucho tiempo, en el que Trump en un momento dado tuvo una política un poco más pragmática, tratando de renovar algunas de las licencias. Por eso Chevron está todavía sacando petróleo de Venezuela”, explica a RFI Renata Segura, directora en Nueva York del programa para América Latina y el Caribe de ese grupo de reflexión.  “Pero estas últimas declaraciones del presidente Trump indican que hay quizás un interés más grande de entrar y recuperar control de la industria petrolera en Venezuela. Yo creo que hay una confluencia entre la remoción de Maduro del poder y la cuestión del petróleo. Entonces sí, estamos muy preocupados sobre la posibilidad de que haya una intervención mayor en las semanas que vienen”, alerta la analista. “Al presidente Trump le gustan las acciones espectaculares” La otra pregunta es si habrá o no intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y qué modalidad tomaría. Según Renata Segura, “las posibilidades de que bombardeen algo son bastante altas. Para Estados Unidos, sería difícil retirarse sin tener como una especie de éxito de algún tipo. Realmente empoderaría a Maduro, que podría salir a decir: ‘El imperio vino a atacarme, lo enfrentamos y ganamos’. Yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a darle, digamos, ese triunfo político a Maduro”. “Entonces, yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela, sea alguna infraestructura involucrada en la producción de drogas o más un ataque a las Fuerzas Militares, no es menor. La verdad es que al presidente Trump le gustan las acciones que son como espectaculares y yo creo que la posibilidad de que bombardeen algo en Venezuela en las próximas semanas es bastante alta”, concluye la experta.

El Comando Sur de Estados Unidos informó este viernes 19 de diciembre que había atacado otras dos lanchas en el Pacífico, abatiendo a cinco personas que, según las declaraciones estadounidenses, eran narcotraficantes. El balance de estas operaciones asciende a más de 100 muertos. Impactan especialmente a Venezuela, país que sin embargo no produce fentanilo, la droga que se ha convertido en el mayor problema en Estados Unidos. ¿A qué se deben los operativos ordenados por Donald Trump? Trump firmó esta semana un decreto que clasifica el fentanilo como un arma de destrucción masiva. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó recomendándole mirar más bien las causas sociales del consumo. Washington acusa a los cárteles mexicanos de llevar esa droga a Estados Unidos y al gobierno mexicano de no hacer lo suficiente para impedirlo.  Pero según Michel Gandilhon, investigador del Observatorio francés de drogas y toxicomanías (OFDT), “el gran país productor de fentanilo es China". China abastece a México, explica. "Ahí, el fentanilo se fabrica a partir de precursores. También, en algunos casos, llega directamente ya como fentanilo. Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con la producción y el tráfico de fentanilo". Costa Pacífico Para Gandihon, si Trump quiere ser eficaz contra el tráfico de fentanilo, debería enfrentarse a China. "Solo que China es evidentemente un actor demasiado poderoso para que Estados Unidos se enfrente a él. Por eso hoy resulta más fácil incriminar a Venezuela", asegura. Enfocarse en Caracas y en la cocaína parece más un discurso de los años 80. Al mismo tiempo, el despliegue militar en el mar Caribe con el que Washington amenaza a Caracas es novedoso. ¿Por qué Washington pone la mira en Venezuela? "Una pequeña parte de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por Venezuela. El 90% de la cocaína que llega al mercado estadounidense pasa por la costa del Pacífico, a partir de los puertos colombianos y del puerto ecuatoriano de Guayaquil", afirma el investigador, agregando que una pequeña parte pasa por el mar Caribe occidental. Un pretexto "Venezuela es, en realidad, una zona muy poco importante en términos de tránsito de cocaína. Cuando se observa la evaluación de la amenaza en materia de drogas que realiza la DEA cada año, se ve que en 2024 esa agencia no cita nunca a Venezuela. En cambio, los países más citados son México y China", dice Gandilhon. Caracas no sería más que un pretexto de la administración Trump. "El verdadero objetivo es China más que Venezuela. Los estadounidenses, desde Obama, están preocupados por el desarrollo de la influencia de China en la región. Quieren hacer retroceder esa influencia, que se ha desarrollado mucho en términos políticos y económicos en los últimos años. Se trata, por lo tanto, de una especie de reactivación de la doctrina Monroe de comienzos del siglo XIX, que hacía de América Latina una especie de coto reservado de los estadounidenses. Así que la cuestión venezolana es evidentemente solo un pretexto: el objetivo no es poner fin al tráfico de drogas, sino eventualmente ejercer presión sobre el régimen de Maduro en Venezuela y, eventualmente, derrocarlo".

Las protestas contra los métodos de los agentes de la inmigración ICE se multiplican en Estados Unidos. Este martes se llevó a cabo una muy original lanzando bloques del hielo en el puerto de Boston. Y si bien las manifestaciones toman diversas formas, los abusos que denuncian son similares en todo el país. Para entender la protesta simbólica arrojando hielo al mar de este martes en Boston contra los agentes del servicio de control de inmigración, aduanas de Estados Unidos, conocido por su sigla ICE, se debe evocar el periodo de 1773. Ese año, los colonos tiraron cajas de té al puerto de Boston para protestar contra el poder arbitrario de la corona británica. Hoy “el que actúa como un monarca es Trump”, dicen los militantes, agregando que Ice es el instrumento de la opresión actual. De ahí que reproduzcan el gesto de arrojar algo al mar como acto de desobediencia simbólica. En este caso bloques de hielo, ice en inglés. El hielo representa las detenciones, deportaciones y el clima de miedo que se atribuye a ICE, indican los manifestantes. “Por ejemplo, tuvo retenido un niño creo que de 5 años, lo tuvo retenido afuera de la casa donde vive para que los padres pudieran salir por él y poder arrestarlos. Ellos tenían un proceso de asilo, estaban en proceso todavía, entonces no sé cuál fue su final. Los padres fueron detenidos”, aseguró Ovi Fénix, quien ha preferido conservar el anonimato por su seguridad. Según el manifestante, el ambiente es peor que en época de COVID, “aquí la gente ya no se reúne, la gente ya no sale a los centros comerciales, ya no sale a las tiendas, por miedo a encontrarse con estos actos. Incluso una persona siendo ciudadana, pues tienen miedo porque han visto de que ICE se ha venido en contra de todo aquel que parezca latino, hay mucho miedo”, agrega Fénix, quien asegura que las autoridades lo único que quieren es cumplir su objetivo con “ese odio que guardan en sus corazones por la raza latina”, concluyó. Para él, Estados Unidos está cambiando. “Nuestros primeros inmigrantes llegaron a esta nación y construyeron esta nación, pero  hoy en día es una atmósfera represiva, llena de odio y de esclavitud. La mano obrera y la mano que le ha dado soporte a la economía de los Estados Unidos la están cortando ellos mismos, la supremacía blanca”, lamentó. Según un informe del Instituto Cato, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año hasta el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena. El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que "el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos". El Gobierno también asegura que desde el inicio del mandato de Trump en enero de 2025 hasta finales de octubre, más de dos millones de migrantes indocumentados han abandonado el país, de ellos, 1,6 millones lo han hecho voluntariamente y el resto ha sido deportados. Con AFP

Hace 26 años que los municipios guatemaltecos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una disputa territorial que ha ido derivando en decenas de víctimas mortales. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando se registraron 13 fallecidos en la localidad de Nahualá. La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército. “Un derecho de posesión” RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona. “Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca. Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías. “Pedimos al Estado dar solución” Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse. “Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj. “Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde. Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.

La violencia progresará en America Latina y el Caribe en 2026, es la conclusión de la ONG Acled, dedicada al análisis de los conflictos, teniendo en cuenta el aumento de las actividades ilícitas en la región. En este programa se analizan los factores del contexto actual que ha tenido en cuenta la organización en su informe. El mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, el régimen de excepción en El Salvador o el aumento de ataques con drones por parte de las guerrillas en Colombia, son solo algunos de los síntomas que hacen que la ONG Acled, considere que la violencia se extenderá en 2026 por América Latina y el Caribe. Sandra Pellegrini, analista senior de la organización, explica que la violencia de las organizaciones criminales es un problema que ya estaba instalado en varios países, pero que la presión de la administración del presidente Donald Trump ha exacerbado: "La influencia de Estados Unidos es indirecta. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido presionar a gobiernos de las regiones a adoptar medidas que Estados Unidos, o más bien la administración de Trump, ve alineada a sus políticas ideológicas. Estamos observando, especialmente en países latinoamericanos y caribeños que van hacia procesos electorales en el 2026, una aceleración, una  adopción de políticas militarizadas." Donald Trump estrenó su mandato con una orden ejecutiva que declaraba a varias de estas organizaciones criminales latinoamericanas como "terroristas", y esto animó a varios países —como Argentina, Ecuador o Guatemala— a hacer lo mismo. Esto permite a los Gobiernos a responder militarmente contra estos grupos, algo que Acled califica de ineficaz: "No tenemos resultados concluyentes de que llevan a disminuciones de violencia sostenida en el tiempo y geográficamente; y en otros casos, hemos observado que operativos militarizados incluso, pueden conllevar a un aumento de las violencias, pueden tener como consecuencia de fragmentar un grupo criminal y reactivar una pelea por el poder dentro de esos grupos o de esas facciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde el arresto de "El Mayo", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha llevado a una pelea letal que sigue hasta el día de hoy. Y también en el caso de El Salvador, hemos observado que esos operativos han llevado a disputas para el poder interno y la creación de nuevas facciones." Además, este discurso empieza a instrumentalizarse en los procesos electorales de varios países, concluye Sandra Pellegrini: "Muchas figuras políticas que están haciendo campañas en el proceso electoral (están) promoviendo una seguridad militarizada porque han visto que justamente en el caso del Salvador ha llevado a esos niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. Entonces yo creo que hay un motivo bastante fuerte electoralmente." En su informe, Acled teme que los estados se vuelvan los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años. El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024. "Quiero que Chile sea un país de prosperidad" ¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar. "¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer. Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica. "Capacidad de gestión" Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima. A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años. Por la corresponsal de RFI en Santiago Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta. "Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder" Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?". Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector. "Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura. Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave. "Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo". Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años. "Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta. María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.   "Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega. Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

El presidente Milei puede presentar cifras macroeconómicas alentadoras al cumplirse este miércoles el segundo aniversario de su presidencia, pero dos especialistas expresan reservas a RFI sobre los cambios estructurales reales de la economía de su país y sobre la eficacia de sus reformas para garantizar un futuro estable. Entrevistadas: María Lourdes Puentes Olivera y Gala Díaz.  El punto de partida de Milei puede resumirse en una frase: "Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata". Con este diagnóstico, el economista —entonces un recién llegado a la política— inició un mandato que logró reducir la pobreza a niveles de 2018 y bajar la inflación del 211% anual al 30%. Pero María Lourdes Puentes Olivera, directora de la Escuela de Política de la Universidad Católica Argentina, advierte sobre la realidad que esos datos no muestran. "No hay un cambio en la estructura económica de la Argentina. Todavía hay una situación crítica. Hay un peligro de incremento del desempleo. Muchos actores de la economía están sufriendo tanto por el endeudamiento como por la imposibilidad de vender, ya que bajó el consumo. Hay un montón de situaciones que están pasando y por eso no creo que, a largo plazo, se puedan sostener", señala. Como prometió en campaña, Milei aplicó la "motosierra" a las ayudas públicas, redujo a la mitad el número de ministerios y despidió a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, junto a los casos de corrupción que han salpicado a su presidencia, no le impidieron ganar las elecciones de medio mandato ni reforzar su popularidad. ¿Cómo explica este resultado María Lourdes Puentes Olivera? "En la Argentina existe un tinte muy fuerte de hartazgo hacia lo que venía pasando. Pero esto no tiene tanto que ver con un pensamiento alineado con lo que Milei piensa. Ni siquiera creo que la gente esté a favor de lo que él está haciendo en la economía. Lo que cree la gente es que él está haciendo lo mejor que puede para el país. Argentina está más estable, pero él no es el partido, él no son los dirigentes", afirma. Espaldarazo de Trump de Milei El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el trabajo de Milei en octubre, después de que Washington realizara una inversión multimillonaria en Argentina que permitió al gobierno estabilizar la economía. Sobre este respaldo, analiza Gala Díaz, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un think tank argentino independiente: "El apoyo de Trump implica una percepción de que Argentina puede ser un aliado geopolítico para garantizar ciertas cosas en América Latina, en particular frenar el avance chino en la región. Pero, por otro lado, también está la necesidad que tiene el gobierno de recibir influjos de miles de millones de dólares, lo que implica un fracaso del modelo económico en el sentido de que es necesario ese influjo para sostener este modelo en un contexto recesivo en la Argentina".

En medio de una inédita polarización y a menos de una semana para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast aumenta su ventaja en los sondeos sobre la candidata izquierdista Jeannette Jara. ¿Pero cómo y con quién gobernaría? En Chile, desde 2005, la alternancia siempre se impuso a la continuidad cuando se abrieron las urnas, y al parecer el país está tomando el mismo camino. Pero conociendo la ventaja del Partido Republicano en los sondeos, la gran interrogante que se plantea en estos momentos es saber con quién gobernará José Antonio Kast si finalmente gana las elecciones. Necesidad de coalición “La conducción del segundo proceso constitucional, que estuvo liderada por el Partido Republicano, mostró poca disposición de este partido de armar coaliciones más duraderas. Tampoco han sido unos actores que hayan establecido diálogos y alianzas en el Congreso. Por lo menos eso hicieron, por ejemplo, en la reforma del sistema previsional”, explica a RFI Marcela Ríos, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Entonces, prosigue, “es una interrogante si van a continuar con la dinámica de cierto aislamiento que han tenido hasta ahora, o si van a haber aprendido que va a ser necesario una coalición. Es muy importante porque el partido de Kast es un partido minoritario en el Congreso. La derecha tradicional tiene muchos más escaños, en particular en el Senado, y las derechas en su conjunto tienen una mayoría muy, muy débil en la Cámara de Diputados”. “Por lo tanto, para que el Gobierno sea exitoso, va a necesitar tener una alianza fuerte, estratégica, con la derecha tradicional o de lo contrario no va a lograr tener las condiciones mínimas para mantener una gobernabilidad y una estabilidad en el país”, subraya la analista. Las derechas unidas Para alivio de Kast y a diferencia de hace cuatro años, cuando peleaba por la gobernanza del país, esta vez recibió inmediatamente el respaldo de la derecha tradicional de cara a la segunda vuelta. “El Partido Republicano y los partidos tradicionales de derecha han ido construyendo alianzas tácitas y los une un fuerte rechazo a la centroizquierda, y también el poner la seguridad como el tema principal. Por lo tanto, todos los otros temas que los pueden dividir, las agendas valóricas, el apoyo a la democracia, política exterior, son muy secundarios en esta elección y por lo tanto parecieran que no han tenido ningún peso a la hora de las decisiones en los partidos”, indica Marcela Ríos. A pocos días de la votación del 14 de diciembre, los sondeos mantienen a José Antonio Kast como favorito con una ventaja que fluctúa entre 10 y 15 puntos sobre su rival Jeannette Jara.

Argentina rompe emite un bono en dólares a cuatro años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central. Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 debido a las altas tasas de interés que debería convalidar. Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un interés del 6,5%, que tiene el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero, sin afectar las reservas del Banco Central. El economista Alfredo Roisenvitz, también profesor de la Universidad de UCEMA y San Andrés, celebró la noticia como un gran voto de confianza para la economía del país: "Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del gobierno, sino que implicaría que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir en este trayecto positivo y va a poder hacer frente a esa deuda". Roisenvitz explica que este giro para los mercados argentinos tendrá un impacto indirecto en la acumulación de reservas, muy importantes en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que este año le otorgó al país un préstamo por 20.000 millones de dólares.  "Si Argentina vuelve a los mercados internacionales de financiación, no tendrá que hacer frente a los vencimientos de corto plazo con reservas, sino que podrá renovar esa deuda y además si las ofertas de endeudamiento de Argentina son bien recibidas por el mercado, va a refinanciar esa deuda de corto plazo a unas tasas más largas y más competitivas. Eso hace que no solo mejore el perfil de la deuda, sino que también mejore la cuenta corriente financiera, en términos de no tener que utilizar reservas para el pago de los vencimientos de deuda. Eso es sin dudas una muy buena noticia." Aunque algunos celebran que estos bonos se emitan bajo ley local como un primer paso para el retorno a los mercados, también hay que destacar si se presentara alguna anomalía, los acreedores deberán acudir a la justicia argentina que algunos analistas consideran con menos garantías que los tribunales extranjeros. 

Ingresamos a Villa Hermosa, una de las zonas más azotadas por la violencia en San Miguel Petapa, a escasos 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Es un barrio donde, por 10 años, las pandillas han ejercido un control implacable, apoderándose de las propiedades y desplazando a sus habitantes, quienes huyen para no ser asesinados. En Villa Hermosa, logramos contactar a una vecina del sector que sobrevive vendiendo ropa y zapatos usados. Por su seguridad y petición expresa, mantendremos su identidad en reserva. “Dejan las casas abandonadas” “Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron, porque dijeron que sí, habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, cuenta la mujer de 65 años que vive en este sector de Villa Hermosa desde hace 38 años, pero asegura que los últimos 10 años la delincuencia aumentó exponencialmente. “Pónganle, pónganle que ellos se dedican a extorsionar, los mareros, extorsionar, roban las baterías de los carros”, dice. “Fíjese que ahí lo que hemos oído es que los dueños ya no pueden llegar porque los amenazan y todo. Ya dejan ahí las casitas abandonadas”, prosigue. “Porque aquí era bien tranquilo (…) Pero siempre, mire, ahorita con el temor de que viene la Navidad, va uno a comprar con aquel temor de que le quiten a uno cualquier cosa, los centavitos, cuando uno va a comprar”, afirma. Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se fue del lugar hace años debido a la delincuencia, cuenta su experiencia. Ella también prefiere mantenerse en el anonimato: “Los que estamos más vulnerables acá somos los que vivimos a diario la inseguridad total, tanto del Ministerio de Gobernación, del mismo Gobierno y de todas las instituciones del Estado, que serían los obligados y encargados de velar por la ciudadanía, no lo hacen, porque ellos son parte de eso también”, considera. “Transformadas en bases de operaciones” “Abandonar el hogar, como opción ante amenazas de muerte. En esos casos específicos, es mucho más fácil apropiarse de esas casas que quedan en abandono. El principal mecanismo que facilita esa usurpación es esa coacción económica que se ejerce contra la población. Económica, violenta. Las viviendas afectadas se encuentran en la mayoría de los casos en zonas marginales, marginalidad social, que por definición ya tienen limitado acceso a servicios básicos e incluso a la justicia formal, debido a esta idea de criminalización de la pobreza”, explica a RFI Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia. “Esas casas que están ubicadas en zonas de alta densidad, como la zona 18, Mixco, Villanueva, son transformadas casi siempre en bases de operaciones, en puntos de distribución para narcotraficantes, o centros de planificación para extorsiones. Entonces, al controlar esos espacios se refuerza como la gobernanza criminal. Ahí se imponen reglas, se limita la acción policial y eso es fundamental para mantener ese flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y también ese territorio criminal”, analiza. “Actualmente la tasa nacional en Guatemala es mucho menor, es de 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, la respuesta institucional a ese contexto de violencia ha sido, por lo general, por lo menos en la actualidad, la gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez. La impunidad y la falta de Estado de derecho La fuga de 20 reos causó en la población una alarma y un miedo generalizado. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias por las pandillas. Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán. En dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha. Según medios locales que viralizaron esta información en las últimas semanas, hay 13 mil denuncias por usurpación en el país. En ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad. Según Astrid Escobedo, especialista en democracia y violencia, “las mayores causas de esto es por la falta de Estado de derecho y la falta de control, además porque los políticos se dejaron comprar por los delincuentes, son los que los eligen entonces no hay quien pueda combatirlos”. “La gente sale de su país por la violencia y están los que deben huir con sus hijos principalmente adolescentes, y si no huyen los grupos del narcotráfico los están reclutando y si no quieren ser parte de las estructuras criminales los matan”, subraya. Las estructuras criminales siguen operando a nivel nacional sin ningún problema porque las condiciones las mantienen bien fortalecidas desde hace décadas, como también la usurpación de viviendas que se ha normalizado. El objetivo final de este control territorial es mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen tanto a la estructura criminal como al territorio criminal que han establecido, según expertos.

El Congreso chileno aprobó una ley que impedirá a los estudiantes llevar teléfonos móviles a las aulas desde marzo de 2026. La medida busca mejorar la concentración y la convivencia. Numerosos chilenos esperan que esta ley se convierta en un arma para luchar contra el acoso escolar (bullying) y las denuncias públicas (funas), dice el sociólogo Octavio Avendaño. Los estudiantes chilenos no podrán ingresar teléfonos celulares a las aulas a partir de marzo próximo. El Congreso aprobó una ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios con el objetivo de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar. La norma regirá en todos los establecimientos públicos y privados. Según los promotores de la ley, la meta es fortalecer "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los estudiantes. Combatir el acoso escolar es otro de los objetivos que cuenta con amplio consenso, explica Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Padres y profesores esperaban la medida "Existía una opinión compartida sobre la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas, entre otras cosas porque no solo podían alterar el proceso educativo, sino también facilitar situaciones como funas [denuncias públicas] en redes sociales y hostigamientos entre estudiantes que se acercan a la adolescencia. Es una medida esperada por los padres y por la comunidad educativa en general", señala Avendaño. Otro factor clave es el control parental frente a contenidos inapropiados para los más pequeños. "El acceso a información o material indebido, como la pornografía, es un problema que va más allá del proceso educativo. La regulación busca dar herramientas para limitar contenidos en espacios donde los padres no tienen el control directo", añade. Chile y Brasil se han mostrado pioneros en este tipo de regulaciones. Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá la ausencia de teléfonos móviles en los estudiantes, especialmente en sus comportamientos sociales.

Aunque las cifras oficiales en Argentina muestran una baja en la pobreza a nivel nacional, esa mejora no se distribuye de manera uniforme. Barrios como Villa Fiorito siguen enfrentando condiciones precarias. En ese emblemático barrio las familias continúan apelando a distintas estrategias de supervivencia —venta callejera, reciclaje, trabajos informales, uso de ahorros, préstamos— para llegar a fin de mes. Un reportaje de Natalio Cosoy, corresponsal de RFI en Buenos Aires. En el último año y medio, la pobreza en Argentina bajó 10 puntos: del 41,7% al 31,6%. La inflación se desaceleró de más del 200% anual hasta ubicarse en torno al 30% y la desocupación está por debajo del 8%. Sin embargo, esas mejoras no necesariamente se traducen en un alivio para la economía cotidiana de los hogares. El marcado aumento de los gastos fijos —desde los servicios básicos hasta el transporte— dificulta que los ingresos alcancen y obliga a muchos a buscar alternativas para reforzar su presupuesto. No son estrategias nuevas, pero se intensifican cuando los ingresos básicos resultan insuficientes, algo que se nota especialmente en los sectores más pobres. Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra que hoy casi cuatro de cada diez hogares utilizan ahorros para subsistir, cuando en 2003 eran menos de dos de cada diez. El estudio también indica que algo más del 14% de los hogares recurre a préstamos, la cifra más alta desde 2019. Otra estrategia recurrente es sumar la venta callejera. Así ocurre, por ejemplo, en Villa Fiorito, un barrio que limita con el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, murales de Diego Armando Maradona sirven de telón de fondo a la feria callejera que cada domingo se despliega a lo largo de unos dos kilómetros. Hay vendedores de mayor escala, que ofrecen productos nuevos, y también los llamados “manteros” [recicladores], que extienden una manta en el piso con objetos recolectados en la calle, encontrados en la basura, recibidos como regalo o recuperados de sus propias casas. "Desde que encuentro la basura, lo reciclado, en cualquier lado, lo lavo y lo traigo. Le pongo un precio, así, tres por dos mil, o cuanto me quiera dar", dice Celeste, de 24 años. Durante la semana busca objetos para vender en la feria, pero los ingresos apenas le alcanzan. "Para un día, para la comida, porque a veces no se gana mucho. A veces yo, en la mañana, hago cinco mil pesos, nada." Cinco mil pesos equivalen a unos 3 dólares y medio. El alquiler de la vivienda que Celeste comparte con su pareja y sus tres hijos pequeños ronda los 200 dólares mensuales. "Manteros digitales" "Desde hace varios años para acá la situación económica familiar viene en declive", señala Matías Mora Cáceres, politólogo y residente en Fiorito desde 2002. "A las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes en estos últimos tiempos; incluso está costando llegar a mitad de mes, y por eso construyen distintas estrategias o alternativas para generar ingresos." Entre esas estrategias, Mora Cáceres detectó en los últimos años una nueva actividad: la de los "manteros digitales". "Se empiezan a utilizar las redes sociales y las distintas aplicaciones para generar unos pesos extra, en complemento al trabajo que ya tiene cada familia. Utilizan el tiempo de ocio, de descanso, el tiempo familiar, para generar plata y poder subsistir." Ese es el caso de Paola. "Le muestro cómo funciona por WhatsApp, que es por donde más se vende… Aquí la persona me hace el pedido; le pregunto por los colores…", explica desde su casa, donde desarrolla un pequeño negocio de venta de cosméticos a través de redes sociales. Aunque su emprendimiento funciona, si bien tiene altibajos, Paola no ve un horizonte claro. “Yo lo que veo acá en mi barrio, lo que veo en la escuela de mis hijas, es que vamos viviendo el día a día. No podemos proyectar al mes que viene porque no sabés si cobrás.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ilustra la "contradicción total" en la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump, según el analista político Óscar Chacón. Por un lado, indulta y libera a Hernández, condenado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos, mientras que, por otro, no presenta pruebas sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico y, en cambio, lo amenaza con una intervención militar. Hernández obtuvo el indulto de Trump a pesar de estar cumpliendo una condena por tráfico de drogas y armas. "Huele a corrupción", declaró a RFI James Caravallo, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor en la Universidad de Yale. "Este tipo de indulto es algo bastante excepcional. Casi nunca ocurre con personas sentenciadas por narcotráfico. Hernández acababa de ser condenado a una pena considerable, aparentemente merecida por las pruebas contundentes en su contra. Su hermano también había sido condenado por el mismo delito. El indulto es bastante excepcional y huele a corrupción; huele a una compra, a una transacción, como tantas otras cosas que hace este gobierno", afirmó. Trump: benevolente con Hernández, duro con Maduro  Óscar Chacón, analista político y asesor estratégico de Alianza Américas, también considera que ese indulto representa una contradicción total en la política de lucha contra el narcotráfico que Trump asegura llevar a cabo en el Caribe. "Por un lado, hay toda una narrativa que busca crear la imagen de Maduro como un jefe de Estado que lidera una organización narcoterrorista, sin que hasta el día de hoy se hayan presentado pruebas contundentes de ello. Al mismo tiempo, se libera en Estados Unidos a una persona que fue jefe de Estado en Honduras y sobre la cual existe una cantidad monumental de pruebas que demuestran que, efectivamente, introdujo enormes cantidades de cocaína en Estados Unidos mediante acciones criminales. La incongruencia entre estas dos maneras de proceder deja a cualquier observador con la boca abierta. Todos los argumentos en contra de Maduro se derrumban". Para Caravallo, los poderes del presidente en Estados Unidos, con Trump y la mayoría republicana en el Congreso, parecen hoy sin límites. "Lo que no se puede hacer, porque es ilegal, es conceder un indulto a cambio de algún tipo de favor. No se puede comprar un indulto. Si se comprobara que hubo algún tipo de transacción en ese sentido, Trump podría ser procesado". El argumento de Trump para indultar a Hernández fue que había sido víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden, ignorando la sentencia de 2024 de un juzgado de Nueva York, que, entre otras cosas, afirma que Hernández había convertido Honduras en un narcoestado.

Este 30 de noviembre tuvieron lugar en Honduras unas reñidas elecciones de las que se desconoce por el momento el ganador. Según los analistas, la irrupción de Donald Trump en la campaña ha tenido consecuencias sobre el resultado. Hace dos semanas las encuestas previas a los comicios hondureños situaban en tercer lugar al conservador Tito Asfura, pero un par de mensajes escritos por Donald Trump en redes sociales a menos de 72 horas de que se abriesen las urnas marcaron el resultado de las elecciones. Rechazo al oficialismo Es el factor clave en el que coinciden la mayoría de los analistas tras la resaca electoral, como señala a RFI el sociólogo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Eugenio Sosa: “Los mensajes de Donald Trump han influido, han contribuido, diría yo, para ser menos contundente, responsablemente y analíticamente. La principal fuerza de polos que se rechazaban era el oficialismo versus los dos partidos. Entonces había un electorado que apostaba obviamente, probablemente con Nasralla o con Tito, pero que, en todo caso, más o menos lo que quería es que uno de los dos ganara y no el oficialismo. Entonces, probablemente al ver el mensaje de Trump, efectivamente muchos votos de Nasralla, que también eran anti oficialistas, se prefirieron mover hacia Asfura”, analiza. El viernes, Trump acompañó su respaldo a Asfura con el anuncio de que Estados Unidos indultaría a Juan Orlando Hernández, ex presidente del Partido Nacional, condenado por un tribunal de Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico. Un hecho que celebró la ex primera dama, Ana García de Hernández: “Usted, presidente Trump, ha hecho justicia. Usted que también pasó por un momento de persecución, como ha pasado mi esposo. Hoy usted ha hecho justicia a un inocente”, expresó. ¿Y si gana Nasralla? A pesar de que Asfura encabezaba el conteo de votos por una mínima ventaja tras superar el 50% del escrutinio, Nasralla se declaró ganador proyectado. De ser este último el vencedor, ¿cómo serían las relaciones con Estados Unidos? “Si Nasralla resultara ser el ganador, tendrá que afinar toda su batería diplomática, que la tiene, porque al final la facción del Partido Liberal que lo acuerpa es lo que se podría llamar la derecha del antiguo Partido Liberal. Asfura tendría que hacer algo parecido porque tampoco significa que por ello está a merced y tiene que hacer lo que Trump le diga”, explica Miguel Calix Martínez, politólogo en la UNAH. “Igual los posts de Trump tuvieron un doble efecto: primero lo acercan mucho y luego lo alejan, porque revive el fantasma de Juan Orlando Hernández, que es un tema que divide la población hondureña. Si el resultado final fuera Nasralla, tendrá que aprender a trabajar con él, con la ventaja de que Nasralla no es contrario a la ideología de Trump y todo lo contrario, más bien él es de derechas”, subraya. Al cierre de esta nota, el Consejo Nacional Electoral de Honduras suspendía el conteo preliminar cuando el escrutinio estaba al 57% y mostraba un empate técnico entre Asfura y Nasralla, separados por apenas 515 votos.

A pesar de contar con acceso universal a terapias antivirales y avances científicos significativos, la epidemia de VIH en Argentina se encuentra estancada. El director de Fundación Huésped, Leandro Cahn, analizó la situación sanitaria del país, revelando cifras preocupantes: cada año se registran más de 6.000 nuevos casos y casi la mitad de los diagnósticos llegan tarde, con el sistema inmunológico del paciente ya deteriorado. En Argentina, viven 140.000 personas con VIH, según datos recientes del Ministerio de Salud. "En Argentina tenemos una epidemia que se encuentra estable, por un lado, con una cantidad de casos que no crece ni decrece sustancialmente a lo largo de los años, pero con un país que tiene una un acceso universal a la terapia antiviral y a las estrategias preventivas, deberíamos estar viendo un decrecimiento de los casos", explica Leandro Cahn. El 45% de los nuevos casos están en un estado avanzado "Sin embargo, todos los años en Argentina tenemos más de 6.000 nuevos casos y un tema que nos preocupa especialmente es que el 45% de los nuevos diagnósticos se da en personas con un estado avanzado de la infección, es decir, cuando ya tienen su sistema inmunológico deteriorado", lamenta el especialista.  Leandro Cahn advierte sobre el impacto del recorte en la distribución de preservativos por parte del Gobierno nacional, la falta de campañas y una tendencia creciente al no uso de protección entre los jóvenes. Los contagios de las enfermedades de transmisión sexual entre lo jóvenes creció más del 20%. Cahn lo atribuye a la falta de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y a "una caída en la cantidad de preservativos y campañas de prevención por parte del Gobierno nacional".   Los jóvenes ya no usan preservativo "Sumado a un fenómeno que no es exclusivo de Argentina, pero que aquí también se observa de cierta moda en no usar preservativos en las relaciones sexuales producto de que los avances científicos han ido corriendo el VIH de las prioridades de cuidado de la salud y embarazos no intencionales de los jóvenes", afirma Cahn. Los argentinos le llaman "a pelo" a esta moda de no utilizar el condón. Sólo el 17% de los jóvenes lo estaría usando constantement.   "Si bien es cierto que que los tratamientos han realmente cambiado la historia natural de la infección, el mejor de los tratamientos no reemplaza el beneficio de ser VIH negativo", advierte.  Fundación Huésped realiza operativos comunitarios de test y hace un llamado urgente a la dirigencia política para que el VIH vuelva a ser prioridad en la agenda pública y se destinen recursos adecuados para prevención, diagnóstico y tratamiento.