Actualidad Pública

XI Congreso Católicos y Vida Pública , El derecho y la tradición judeocristianaActualidad Pública continúa el análisis del undécimo Congreso Católicos y Vida Pública que celebró la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico jueves,16 y viernes,17 de febrero en Ponce.Con el lema “La propuesta cristiana ante los desafíos de un mundo en cambio”, figuras de calibre internacional y local presentaron propuestas y compartieron experiencias sobre la familia, los derechos civiles, el rol de la mujer y la economía global.Se une al panel el Dr. Jaime Rossell Granados, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Extremadura, quien presentó la ponencia El derecho y la tradición judeocristiana.¿Cómo se integra el derecho a la tradición judeocristiana? ¿Cuáles son sus propuestas ?Esto y más en AP

La familia, los derechos civiles, el rol de la mujer y la economía global son algunos de los temasdel XI Congreso Católicos y Vida Pública que presenta la Pontificia Universidad Católica y quecontará con la participación de académicos y expertos locales e internacionales los días 16 y 17de febrero en el teatro Mons. Vicente Murga. Con el lema “La propuesta cristiana ante los desafíos de un mundo en cambio” personalidades internacionales, como el jesuita David Brown, astrónomo del Observatorio de El Vaticano; la Dra. Isabel Capeola, presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas y rectora de la Universidad Católica de Portugal; y la Dra. Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede expondrán sobre el rol del cristianismo en la vida contemporánea.¿Cuál es el rol de los laicos católicos ante los desafíos que enfrenta el cristiano en la vidacontemporánea?De esto hablaremos hoy en AP a días de celebrar este importante encuentro

La Cámara de Representantes derrotó el proyecto de ley 576 que buscaba adoptar un proyecto piloto que regularía la contaminación por ruido en el área de La Parguera, a fin de propiciar un ambiente libre de ruido en los cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas de Puerto RicoBajo esta medida, se prohibiría el sonido perturbador y música en alto volumen, que afectara las especies marinas y mamíferas y la tranquilidad en estas zonas naturales.Para algunos, se trata de una medida inconstitucional por violar el derecho a la libertad de expresión. Para otros, priva el derecho al disfrute de la vida en este tipo de áreas recreativas, además del deber de cuidar el medioambiente.¿En este problema se aplicaría la frase “tus derechos terminan donde comienzan los míos?¿Hasta dónde llega la interpretación de la protección de un derecho constitucional, como es la libertad de expresión, en contraste con el deber ciudadano de cuidar el medioambiente, teniendo además en cuenta los efectos en la salud de las personas? El panel lo discute en Actualidad Pública.

Aunque muchos continúan en pie de lucha por defender los recursos ambientales en Puerto Rico y las protestas parecen no tener fin, nuevamente se violentó la ley poniendo en riesgo la protegida zona marítimo-terrestre de Puerto Rico. Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales intervinieron en el sector Poleos en Salinas donde, con una excavadora, se removía tierra en la zona marítimo-terrestre para usar como relleno sin contar con los permisos para hacerlo, según documentó la prensa del País. Este abierto desafío a las leyes de protección ambiental señala, además de hacia una aparente ausencia de conciencia social ciudadana, a lo que a todas vistas se proyecta como negligencia por parte del gobierno para hacer cumplir las leyes.¿Quiénes son los rostros detrás de estas violaciones y por qué su incumplimiento con la ley no tiene consecuencias?¿La protección de los recursos naturales del país debe de depender de denuncias de ciudadanos y de la prensa?--

El secretario de Justicia de Puerto Rico informó esta semana que designó un fiscal especial para apoyar la investigación de la contralora acerca del controversial puente atirantado de Naranjito. Inaugurado en 2008, ya se habían descubierto vicios de construcción y fallas estructurales graves en ese proyecto desde el 2009. A pesar de las denuncias, la Autoridad de Carreteras y Transportación no presentó reclamos y continuó pagando a la compañía constructora hasta el total de 31 millones. El puente será cerrado y arreglarlo costará 25 millones adicionales. Mientras tanto, en el área oeste del país, siguen las manifestaciones por construcciones ilegales en reservas naturales protegidas por leyes ambientales. La situación en Las Mareas, en la Cueva del Indio, la construcción sobre las Cuevas de la Golondrina y la agresión a manifestantes en el Muelle del Azúcar, son algunas de las violaciones a las leyes de Puerto Rico. Pero, ante esto, ¿Cuál es la respuesta del gobierno?¿El problema de violación de los intereses del país se debe a la falta de leyes o de ejecución?¿Qué ha pasado con la administración y fiscalización del fondo de inversiones de Puerto Rico?¿Dónde quedan las acciones para lograr mayor transparencia? ¿Cómo fortalecer los procesos de buena gobernanza para evitar la impunidad?

Los conflictos en Brasil, la guerra en Ucrania, las protestas en Irán aumentan la tensión internacional. Colombia ha vivido, por más de 50 años, violentas confrontaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Sin embargo, el consenso para adelantar un diálogo fundamentado en la justicia y la paz tuvo fruto en ese país con el Acuerdo de Paz firmado con la FARC, que pone fin a la violencia que mantuvo enfrentados al gobierno con este sector revolucionario. La profesora Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente (UCO) en Rionegro, Antioquía, Colombia y experta en derechos humanos comparte sus experiencias con los estudiantes de derecho de la PUCPR y analiza la situación del acuerdo. ¿Es necesario el diálogo para la construcción de consensos que logren una verdadera transformación social? ¿Qué importancia tienen la mediación y métodos alternos para alcanzar acuerdos?

Urge plan para atajar la violenciaRecientemente, dos escuelas en Puerto Rico fueron desalojadas preventivamente por amenazas de tiroteos a través de las redes sociales. La semana pasada, agentes de la División de Explosivos llegaron al Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR para desalojar e inspeccionar un edificio por amenazas de bombas a través de un perfil falso en la plataforma Twitter.Estudios revelan que el aislamiento provocado por la pandemia ha provocado una preocupante desconexión de los estudiantes tanto a nivel social como académico, con alarmantes factores como estrés académico, ansiedad, depresión, coraje y frustración.¿Qué recursos se pueden poner a disposición de los estudiantes para atender esta apremiante situación? ¿Está el gobierno llamado a proveer especialistas de salud mental para acompañar a estudiantes necesitados de este tipo de ayuda? ¿Qué otros entes son indispensables para trabajar con las causas de este problema social? ¿Cómo atajar la violencia en el país ?

Un estudio reciente de los Estados Unidos reveló que ha disminuido la cantidad de estudiantes universitarios en ese país a raíz de la pandemia.  También se ha registrado un porcentaje menor de estudiantes que persisten en continuar sus estudios.¿Cómo las universidades pueden motivar a los estudiantes para que, a pesar de las dificultades, sigan hacia adelante hasta terminar su grado?  ¿Cuáles son las causas concretas de esta baja?

El crecimiento socioeconómico del suroeste de Puerto Rico ha sido duramente impactado por huracanes, terremotos y por la pandemia. Esto ha resaltado la importancia de los municipios para atender las necesidades inmediatas y elaborar estrategias a largo plazo que redunden en un fortalecimiento económico y social. El uso adecuado de los fondos federales en proyectos a largo plazo y la necesidad de atraer inversionistas locales e internacionales para que los cascos urbanos se revitalicen son puntos neurálgicos para lograr la estabilidad y el crecimiento económico de los municipios del suroeste.¿Cómo podrían las entidades comunitarias insertarse en la planificación estratégicade los municipios?

Las elecciones a mitad de término y sus implicaciones para Puerto RicoLos apretados resultados de las elecciones a mitad de término que se celebraron en Estados Unidos podrían tener su efecto en Puerto Rico.  Esto sin contar con la segunda ronda de votación en el estado de Georgia que, incluso, según expertos podría alterar aún más los resultados.  Según  plantea el artículo de noviembre publicado por el Centro para una Nueva Economía.  El director de Política Pública de este Centro, Sergio M. Marxuach asegura que la composición final del Congreso representará implicaciones serias para la Isla en  temas como el financiamiento para asistencia de desastres por el huracán Fiona, dinero que tendría que ser asignado por el Congreso.  Igualmente, impedir que el Medicaid se reduzca de 76% a 55% el próximo diciembre, lo que generaría inestabilidad fiscal en la Isla y problemas con los servicios de Medicaid.  El artículo también afirma que el 55% de los votantes puertorriqueños votaron en Florida por De Santis,  lo que demuestra la diversificación ideológica de estos votantes.¿Cómo podría Puerto Rico adaptar sus estrategias en su relación con Estados Unidos ante las nuevas condiciones políticas de ese país?¿De qué manera podrán insertarse los puertorriqueños de la diáspora en la búsqueda de apoyo para P. R.?

​El mundo vive, en la actualidad, momentos muy complejos a nivel local e internacional. Uno de los síntomas más alarmantes de estos tiempos es la creciente desigualdad y la ineficacia o ausencia de voluntad para disminuir la brecha entre ricos y pobres. Muchas personas parecen abocarse hacia una codicia de bienes que priva a otros de lo necesario para subsistir. Las enseñanzas sociales de la Iglesia nos recuerdan que los bienes están destinados a toda la humanidad, siendo este uno de los principios fundamentales, como también  ha recordado el papa Francisco, si queremos vivir en un mundo más justo.¿Está reñida esta idea del destino universal de los bienes con el derecho a la propiedad privada?¿Qué nos corresponde hacer para disminuir la inequidad, en términos individuales y colectivos?

¿Cómo capacitar a la ciudadanía para que esté preparada ante una emergencia? Estructurar un plan de desastres, de manera proactiva, y delinear una planificación que responda a las situaciones de emergencias que históricamente han afectado a Puerto Rico no es un asunto solo del gobierno central.  Las comunidades son  un componente neurálgico para darles forma a los procesos de cambio que Puerto Rico necesita.  Sin embargo, las llamadas lecciones no aprendidas, por lo vivido nuevamente tras el huracán Fiona, vuelven a levantar banderas rojas.¿Cómo capacitar a la ciudadanía para que esté preparada ante una emergencia?  ¿Cómo desarrollar estrategias y alternativas dirigidas a lograr un conocimiento que disminuya situaciones de riesgo y prevenir consecuencias fatales, particularmente, en comunidades vulnerables y marginadas?Esto y más en Actualidad Publica

Según las cifras de emigración neta ofrecidas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, continúa la tendencia migratoria de puertorriqueños a Estados Unidos.Para el gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto, Alberto Velázquez Estrada, las cifras comienzan a indicar cambios económicos y sociales a raíz de la pandemia provocada por el covid-19.La razón principal para este éxodo, afirman, es la brecha salarial entre Estados Unidos y Puerto Rico. Expertos coinciden en que el resultado ha sido la migración de un preocupante porciento de profesionales. La fuga de talentos, según afirmó la antropóloga y catedrática del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCPR, Dra. Waleska Sanabria en entrevista con El Nuevo Día, se debe particularmente a la ausencia de escalas salariales competitivas. Igualmente, las áreas de la salud, la educación, la tecnología, las ciencias, han visto el impacto de esta deserción de talentos lo que ha provocado cambios socioeconómicos que afectan el desarrollo futuro de Puerto Rico.¿Qué incentivos podrían gestarse para detener este éxodo de profesionales?¿Una integración de los sectores públicos y privados podría ser la alternativa para analizar esta situación y buscarle soluciones?

Líderes de la mayoría del Senado de los Estados Unidos encabezados por Charles Schumer y la congresista Nydia Velázquez solicitaron al presidente Joe Biden que se establezca un “task forcé” para coordinar y acelerar el proceso de recuperación de Puerto Rico tras el paso de los huracanes María (2017) y Fiona (2022).  Esta solicitud responde a una propuesta que hiciera el Centro para una Nueva Economía (CNE) tras denunciar la lentitud en el proceso de recuperación de la Isla.  Los investigadores de CNE afirmaron que solo un tercio de los más de $74,000 millones asignados tras el huracán María han sido desembolsados.  Además, senalaron que existe una “falta de coordinación sistémica” entre las autoridades federales y las estatales. Como evidencia de esto, el director de la Oficina Central de Recuperación, Manuel Laboy, denunció que, a un mes del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, FEMA no ha aprobado ninguna de las solicitudes que han sometido municipios,  agencias y  organizaciones sin fines de lucro.¿Cómo el llamado “task forcé” que nombre el presidente realmente responde a la realidad del país?¿Qué medidas debe asumir el gobierno para agilizar el desembolso de las ayudas una vez se reciban?

Crisis alimentaria  en los pueblos del sur de la IslaLa presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, Denise Santos advirtió los pasados días que, tras el paso del huracán Fiona, se ha levantado una realidad sobre la crisis alimentaria, particularmente en los pueblos del sur de la Isla. En una entrevista reciente con el medio Noticel, Santos afirmó que, aunque el Banco de Alimentos de Puerto Rico ha distribuido durante el pasado año fiscal sobre 12,5 millones de libras de alimentos, así como más de dos millones de comidas a través de los 78 municipios, en Puerto Rico, alrededor del 34 al 35 porciento de la población carece de seguridad alimentaria y en algunos pueblos del centro y del sur llega a casi un 50%.  Incluso, indica que los huracanes, los temblores, la pandemia han aumentado el desempleo particularmente en pueblos como Ponce, Villalba, Maricao, Guayanilla, Lajas, y Guánica lo que ha incrementado la falta de seguridad alimentaria.  Afirmó Santos que la Convocatoria Hambre Cero 2022 exhorta a consumir productos locales, incentiva los huertos caseros y comunitarios, así como involucra estudiantes en la siembra de alimentos y en el acompañamiento de adultos mayores.¿Cómo se podría incentivar a las comunidades para crear estrategias dirigidas  atender con urgencia la seguridad alimentaria?  ¿Cómo fomentar, por ejemplo, el consumo de productos locales y  los huertos caseros?¿De qué manera las comunidades   podrían contribuir en la solución?

Luego del paso de Fiona por Puerto Rico aumenta la frustración del pueblo ante las graves deficiencias en la coordinación de servicios, tanto de las autoridades estatales como municipales.El huracán categoría 1 azotó el suroeste de Puerto Rico dejando graves inundaciones, severas pérdidas y los servicios de energía eléctrica y de agua colapsados en toda la Isla. Muchos puertorriqueños han reclamado una lenta recuperación, demasiado lenta, particularmente para los pueblos de la montaña.Un evento atmosférico recurrente en Puerto Rico, como son los huracanes, exige la elaboración de un plan estratégico que atienda este tipo de emergencias, de manera que se pueda mitigar el daño a las personas y a la propiedad.¿Qué hace falta para que el Gobierno central y municipal cuenten con un plan de emergencia? ¿Tienen un rol los ciudadanos para aportar al manejo de desastres, brindando soluciones eficientes que reconstruyan propiedades dañadas y restablezcan los servicios esenciales?¿De qué manera pueden las instituciones académicas insertarse en la discusión y construcción de dicho plan?

El sistema de salud en Puerto Rico, que ya estaba tan precario, se ha visto seriamente afectado luego del paso del huracán Fiona por la Isla. La falta de energía eléctrica en hospitales, centros de diálisis, centros de cuidado de ancianos, la falta de comunicación, ha empeorado la crisis de salud. Esto, agravado por la lenta distribución de combustible para los generadores, ha desembocado en el deterioro de los servicios de salud. Antes del evento atmosférico el País sufría el éxodo de médicos y enfermeras, provocando  el cierre de oficinas médicas y afectando negativamente la atención a pacientes con condiciones críticas de salud física y mental. La vulnerabilidad del sistema eléctrico a 5 años de María sigue vigente y somos testigos de una pugna entre los alcaldes y el Gobierno central por los servicios de LUMA. Las leyes de cabotaje perjudican el recibo eficiente e inmediato de ayudas indispensables, afectando múltiples dimensiones de la vida del puertorriqueño. ¿Qué decisiones inminentes debe de tomar el Gobierno para restaurar los servicios esenciales? ¿Cómo salvamos la salud del Pueblo ante estos escollos?

Ante el azote del huracán Fiona en Puerto Rico y los estragos que causó, el presidente Biden emitió una declaración de desastre mayor para La Isla. La agencia federal para el manejo de emergencias, conocida como FEMA, se ha comprometido con apoyar en el proceso de recuperación del país. Estas ayudas paliativas, sin embargo, no responden al por qué Puerto Rico no ha logrado restablecer servicios básicos luego de un huracán categoría 1. En una columna del Centro para una Nueva Economía publicada esta semana, Sergio Marxuach, director de Política Pública de CNE señaló que no se trata de comparar la intensidad de María y la de Fiona. Aclaró que se trata de entender la vulnerabilidad de Puerto Rico antes de Fiona. Según dijo, después del huracán María solo el 30% de los trabajos de reconstrucción permanente se habían hecho, miles de personas continuaban viviendo en zonas inundables y se había hecho muy poco para robustecer la red eléctrica. ¿A dónde llegan los fondos federales y cómo fiscalizar con efectividad estas gestiones?¿Qué sucederá luego de que se restablezcan los servicios?

¿Cómo pueden las instituciones de nivel superior aportar a la discusión de la transformación que el sistema de educación necesita? La reciente propuesta del presidente de la Universidad del Estado de cambiar los requisitos de admisión y no exigir, en algunos casos, el examen de College Board para entrar a la UPR ha causado revuelo en el país. Muchos se preguntan si es acertada esa medida ante la reducción de matrícula. También, en qué dirección se mueve la educación superior en Puerto Rico y cuál es la formación que los estudiantes universitarios necesitan para enfrentar su futuro. ¿Cómo pueden las instituciones de nivel superior aportar a la discusión de la transformación que el sistema de educación necesita? ¿Qué estrategias están poniendo en marcha las universidades para responder a esto?Las respuestas a estas preguntas surgirán del diálogo con la decana del Colegio de Educación de la PUCPR, Prof.ª Ana Báez