El caso de Lucía Garrido es uno de los crímenes más complejos y mediáticos en la historia reciente de España, vinculado a una red de corrupción, violencia y encubrimiento que sacudió profundamente a las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Lucía Garrido fue asesinada en abril de 2008, después de haber denunciado repetidas veces a su exmarido, Manuel Alonso Herrero, por malos tratos. A pesar de sus constantes denuncias, el sistema judicial no le brindó la protección necesaria.

Lucía vivía en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre, Málaga, un lugar que compartía con Manuel, con quien tenía una hija. En esa finca se gestionaba el cuidado de animales exóticos decomisados por la Guardia Civil, en lo que parecía ser una actividad legal, pero que más tarde revelaría ser el centro de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de animales y narcotráfico.

El 30 de abril de 2008, Lucía fue brutalmente asesinada. Su cuerpo apareció flotando en la piscina de la finca, con evidentes signos de violencia. Lo que en un principio parecía un crimen pasional cometido por su exmarido, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo. La investigación, conocida como el "Caso Telaraña", destapó una red de corrupción que involucraba a miembros de la Guardia Civil, funcionarios públicos y redes de narcotráfico.

Manuel Alonso Herrero fue señalado desde el principio como el principal sospechoso del asesinato, pero presentó una coartada sólida basada en recibos y testimonios que lo situaban fuera de la finca en el momento del crimen. Aunque su implicación en la red de corrupción y tráfico de animales era evidente, las pruebas directas que lo vinculaban con la muerte de Lucía resultaron insuficientes durante años. La corrupción en las investigaciones y las conexiones entre criminales y agentes de seguridad impidieron que se avanzara rápidamente en el caso.

El caso se mantuvo estancado durante años, hasta que una investigación más profunda, iniciada en 2012, permitió reabrirlo bajo la supervisión del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Este equipo descubrió que la corrupción en torno a la muerte de Lucía estaba relacionada con otras actividades criminales, incluyendo el narcotráfico y la protección de ciertos delincuentes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, en 2019, un juicio absolvió a los acusados, entre ellos Manuel Alonso, debido a la falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, tras una apelación de la familia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio, que está pendiente de celebrarse.

El caso de Lucía Garrido no solo destaca por la brutalidad de su asesinato, sino también por la complejidad de una red de corrupción que involucraba a aquellos que, en teoría, debían protegerla. Su muerte destapó las fallas del sistema judicial y puso de manifiesto las profundas conexiones entre el crimen organizado y ciertos sectores de las fuerzas del orden.