La corrupción se intensifica con tres nuevos escándalos. El informe de la UCO sobre hidrocarburos revela que un socio de Aldama destina un millón de euros para influenciar a José Luis Ávalos y obtener una licencia para Villafuel, incluyendo la compra de un chalet en Cádiz para él. Mensajes interceptados evidencian la connivencia. Ávalos también ejerce presión en ministerios. Simultáneamente, la operación vinculada a Koldo provoca detenciones, incluyendo a Anchón Alonso, Leire Díaz y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, figura como nexo, supuestamente beneficiándose de adjudicaciones de Acciona. Vicente Fernández, nombrado por María Jesús Montero, termina trabajando para Servinabar, mostrando un entramado de relaciones. Montero se desvincula de Fernández. Por último, la Policía Nacional detiene al CEO y director ejecutivo de Plus Ultra, Julio Martínez y Roberto Roselli, por blanqueo de capitales. Este caso, aunque no relacionado con los anteriores, se vincula con Venezuela y el régimen chavista. La Fiscalía Anticorrupción reabre la investigación sobre el rescate de 53 millones a la aerolínea. En este panorama, Ávalos, en una ...