El Circuito del Motor lleva planeando sobre la isla de Tenerife más de tres décadas, desde 1990. En 2016 comenzaron las obras, pero solo un año más tarde el Cabildo liderado entonces por Carlos Alonso (CC) las paralizó por "dificultades económicas" en la empresa concesionaria. Fue el pasado mandato, con Pedro Martín (PSOE) al frente junto a Ciudadanos, cuando se reimpulsó con la aprobación del expediente y el posterior inicio de la licitación. Finalmente, el actual gobierno insular de CC y PP adjudicó la construcción de la primera fase a la Unión Temporal de Empresas Sacyr-Bahillo y se reanudaron los trabajos. Pero este proyecto, que agrada y desagrada a la población tinerfeña, ha quedado atrapado en los tribunales.

Este lunes la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) daba a conocer una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife que considerada caducada la Declaración de Impacto Ambiental del año 2011. La justicia estima así el recurso del colectivo ecologista y anula y deja sin efecto la resolución de aprobación definitiva del "proyecto modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional del Motor de Tenerife" que salió adelante en 2023. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y es precisamente a eso, a que exista un pronunciamiento del alto tribunal, a lo que va a esperar el actual Cabildo Insular antes de tomar cualquier decisión.