Nuevo frente abierto entre Canarias y el Estado. La consejera de Bienestar Social del gobierno autonómico reveló hace unos días que había recibido una carta del Gobierno de España anunciando la posible inconstitucionalidad del complemento de 400 euros que se pretende pagar a los perceptores de una pensión no contributiva (PNC) en las islas en 2026. Esta 'ayuda extra', que en realidad se dividiría en dos pagos, ya está contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y beneficiaría a unas 42.000 personas. Candelaria Delgado acusa al ejecutivo central de querer "bloquear este complemento para los más vulnerables".

La ayuda se articula a través de la Renta Canaria de Ciudadanía debido a la "lentitud" del Estado en cumplir el mandato del Congreso de los Diputados y modificar la Ley de Seguridad Social, explica el gobierno regional. Ya en abril de 2024, la Cámara baja aprobó, a instancias de Coalición Canaria, una moción para la compatibilidad de la renta básica de las comunidades autónomas y las pensiones no contributivas. Y es que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y, de superarse, los beneficiarios pueden acabar perdiendo la prestación, ha añadido la Consejería. La modificación legislativa permanece ahora estancada en las Cortes Generales.

42.000 pensiones no contributivas en Canarias

En octubre, según los últimos datos disponibles el Ministerio de Derechos Sociales, había en las islas 41.759 personas con una pensión no contributiva. Por incapacidad, el importe medio mensual es de 604 euros. Por jubilación de 558. Es decir, ambas muy por debajo del salario mínimo interprofesional. Delgado ha elevado en la actualidad a más de 43.000 los beneficiarios en las islas de una PNC. ¿Puede frustrarse en el Tribunal Constitucional el complemento de 400 euros?

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez Sánchez, ha aclarado en la SER que un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del estado "puede tener recorrido" debido al conflicto competencial que se presenta. "Las pensiones no contributivas las paga y regula el Estado. Esa normativa no puede verse invalidad o vulnerada por las posibles ayudas que puedan dictar las comunidades".

No obstante, el experto considera que, en el fondo, tiene la razón la administración canaria porque "la legislación estatal (la Ley de Seguridad Social) debería estar ya modificada". En cuanto a las formas, considera que es el Estado quien tiene las de ganar porque esa reforma de la norma no se ha llevado a cabo: "Es complejo, pero puede tener algún recorrido esa impugnación del Estado".