El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, admitía un fraude a Hacienda.

El alto tribunal le impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros) y una inhabilitación especial para el cargo durante dos años. Además, deberá abonar las costas procesales e indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

Una condena histórica con dos votos discrepantes

El fallo llega apenas una semana después de que concluyera el juicio, el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general en ejercicio. La sentencia no ha sido unánime: dos de los siete magistrados, Ana María Ferrer y Susana Polo, han emitido votos particulares en contra. Debido a esa división, el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asumió la redacción final de la resolución.

Según fuentes jurídicas, la condena podría estar directamente vinculada a la nota de prensa que García Ortiz reconoció haber redactado y difundido el 14 de marzo de 2024. En ella se citaba por su nombre a Alberto González Amador y se detallaban las diligencias abiertas por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El Supremo considera que esa información era de carácter reservado y que su publicación vulneró el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a los funcionarios públicos que revelen secretos conocidos por razón de su cargo.

El Gobierno defiende su labor y anuncia su relevo

Desde Moncloa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ofrecido una declaración institucional en la que ha asegurado que el Ejecutivo "respeta, pero no comparte" el fallo. Bolaños ha defendido el "compromiso con el servicio público, la ley y la verdad" de García Ortiz y ha confirmado que "en los próximos días se pondrá en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o una nueva fiscal general del Estado".

El ministro ha insistido en que el Gobierno "siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general" y ha añadido que, pese a la sentencia, "seguiremos defendiendo la labor de los periodistas y su derecho a ejercer con garantías".

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El PP exige responsabilidades y pide la dimisión de Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido tras conocerse la sentencia para pedir la dimisión inmediata del presidente del Gobierno. "En democracia, los que abusan de su poder acaban condenados", ha afirmado. Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de haber "utilizado" a la Fiscalía General como un escudo político y de haber "degradado las instituciones".

"Un mínimo de decencia implicaría disipar toda sombra de duda de una institución tan importante como la Fiscalía del Estado", dijo el líder del PP, quien ha asegurado que "la página negra la ha escrito Álvaro García Ortiz, pero la tinta se la ha proporcionado Sánchez".

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado la dimisión de Sánchez: "Tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. No hay más".

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Ayuso y la derecha celebran el fallo

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado con un mensaje escueto en sus redes sociales: "Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", en referencia al proceso que afectó a su pareja.

Desde Vox y otros sectores de la derecha se han multiplicado los mensajes de apoyo a la sentencia y de crítica al Gobierno por haber mantenido a García Ortiz pese a estar imputado.

La izquierda habla de "golpismo judicial"

Desde el otro extremo político, la condena ha desatado una fuerte reacción. Desde Sumar, Lara Hernández, asegura que la sentencia "estaba escrita mucho antes de empezar el proceso" y la atribuye a la "ofensiva de la derecha judicial contra el Gobierno".

En la misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denuncia "puro golpismo judicial" y acusó a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar civilmente al fiscal general para tapar la corrupción de Ayuso". Su compañera Irene Montero añade que se trata de un caso de "golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí".

Reacción del ámbito jurídico

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha manifestado su "pleno respeto" a la condena y recordó que el colegio ejerció la acusación popular en el caso. "La sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley y refuerza la confianza en el sistema de justicia", señala, subrayando que "se ha condenado una actuación concreta, excepcional, que no empaña el trabajo de los cientos de fiscales que ejercen su labor con rigor y compromiso".