Carlos Cuesta repasa la argumentación tras el fallo condenatorio al ya exfiscal general del Estado y recuerda las reacciones socialistas.

Carlos Cuesta ha dedicado su editorial de este martes a analizar la "histórica" sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, una resolución que, según defiende, "confirma punto por punto" lo que su medio sostuvo "desde el primer minuto". El periodista sostiene que el fallo desmonta por completo "el relato del Gobierno" y deja al descubierto "una maniobra dirigida a destruir políticamente a Isabel Díaz Ayuso".

Cuesta arranca recordando que el Alto Tribunal considera acreditado que García Ortiz participó en la filtración del correo con información reservada del novio de Ayuso y en la elaboración de la nota de prensa que reforzó esa divulgación. A partir de ahí, denuncia que el Gobierno "blindó públicamente" al fiscal, citando declaraciones del ministro Félix Bolaños, del portavoz Óscar López y de la ministra Pilar Alegría, que defendieron en distintos momentos la inocencia del exfiscal o negaron la existencia de filtraciones.El Supremo rechaza la supuesta vulneración de derechos fundamentales que abriría la puerta del TC a García OrtizMiguel Ángel Pérez | Pablo Pardo

El editorial repasa uno a uno los 18 hechos que, según la sentencia, quedan acreditados, y que el periodista contrapone directamente a las tesis defendidas por el Ejecutivo.
El Supremo considera probado que fue el fiscal general, o una "persona de su entorno y con su conocimiento" filtró el correo original a la prensa con los datos secretos del novio de Díaz Ayuso.
La nota de prensa con párrafos secretos de las conversaciones entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal también supuso una filtración ilegal. Y García Ortiz intervino decisivamente en la redacción y filtración de la misma.
El fiscal general no podía responder, bajo ninguna condición, a una noticia "mediante la comisión de un delito".
El fiscal general tenía un deber reforzado de reserva que quebrantó sin justificación.
La divulgación se materializó tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa.
El Supremo tumba la tesis socialista de que "lo que ya haya sido divulgado no merezca la protección como información secreta o reservada".
El fiscal general del Estado contactó con la fiscal provincial de Madrid, M.ª Pilar Rodríguez, que a su vez requirió al fiscal del caso, "que se encontraba en un estadio de fútbol, el envío de los correos intercambiados con el abogado de González Amador".
La fiscal M.ª Pilar Rodríguez envió después los correos a la cuenta personal de Gmail del fiscal general del Estado.
La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, "siguiendo instrucciones expresas del Fiscal general del Estado que le dictaba algunos pasajes, redactó una nota informativa para su difusión a las 10 horas del día siguiente".
La mañana del 14 de marzo, el fiscal general del Estado contactó telefónicamente con la fiscal superior de Madrid para que su Fiscalía procediera a difundir la nota.
Almudena Lastra, molesta por la filtración producida, en una primera comunicación telefónica con el fiscal general del Estado le preguntó si había filtrado la nota, a lo que él le respondió "eso ahora no importa".
Lastra "no atendió las siguientes llamadas del fiscal general del Estado por lo que éste le dirigió varios mensajes de WhatsApp instándole a publicar la nota".
La Fiscalía Provincial de Madrid publicó "la nota informativa después de que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negara a hacerlo al considerar que su contenido no respondía a los criterios habituales de una comunicación pública del Ministerio Fiscal".
El tribunal añade que "se han detectado otras filtraciones, la del expediente tributario y la de la propia nota informativa" tres horas antes de su difusión pública.
La Sala también ha valorado el modo en que García Ortiz solicitó los correos. "Tan apremiante era el encargo que no dudaron en hacer salir al fiscal Sr. Salto Torres del partido de fútbol […] "porque el fiscal general del Estado no podía esperar".
García Ortiz "realizó el borrado [de los datos del móvil y mail] casualmente, el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento.
El Supremo no acepta como argumento de la destrucción de los mensajes por el Sr. García Ortiz que "ese borrado obedeciera a una exigencia legal. No existe disposición alguna que obligue al Fiscal general del Estado a dejar en blanco, de cuando en cuando, toda, absolutamente toda, la información almacenada con ocasión del ejercicio de su cargo".
Por todo ello la sentencia concluye que "no existe una explicación
alternativa razonable que permita cuestionar que la filtración se desarrolló en la Fiscalía General del Estado y que el propio Fiscal tuvo una participación
directa".


Cuesta subraya que el tribunal rechaza expresamente que el borrado obedeciera a exigencias legales y que tumba la idea —repetida por dirigentes del PSOE— de que una información previamente divulgada deja de ser secreta. Para el periodista, el Supremo "blindó la sentencia" para anticiparse a un eventual intento de revisión desde el Tribunal Constitucional, y sostiene que Pedro Sánchez "ordenará a Pumpido intentar tumbarla".Las investigaciones sobre Begoña Gómez

El editorial enlaza el caso del fiscal general con las investigaciones sobre Begoña Gómez, mencionando informaciones que apuntan a pagos vinculados al rescate de Air Europa, y afirma que la ofensiva contra el entorno de Ayuso buscaba "compensar" esas noticias. Según Cuesta, el objetivo último habría sido "arrastrar penalmente" al novio de la presidenta madrileña para "atacar indirectamente su carrera política".

En cuanto a las consecuencias políticas, el periodista pregunta directamente si Bolaños, Óscar López, Pilar Alegría y el propio presidente del Gobierno "van a dimitir", al haber respaldado —según su lectura— a un fiscal ahora condenado. Asegura que García Ortiz se convierte en "el primer condenado de la era Sánchez" y que otros responsables estarían "en rampa de salida".Sánchez cuestiona la sentencia contra García Ortiz: "Quién tiene que pedir perdón es Ayuso"Leticia Barquín

El editorial concluye señalando que la sentencia supone "una victoria de la justicia y de la democracia", pero advierte de que la batalla continuará: "Sánchez no dimitirá; atacará al Tribunal Supremo a través del Tribunal Constitucional", afirma, insistiendo en que el Alto Tribunal ha dejado una resolución "contundente, cerrada y sólida" para afrontar lo que venga.