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Encontrar una intersección entre derecho, políticas públicas y un tema tan reciente como la Inteligencia Artificial es todo un reto.

Resulta que son tres áreas que se encuentran de forma directa porque son tres asuntos muy relevantes en la realidad de cualquier sociedad moderna.

Desde las oportunidades de uso, regulación y emisión de buenas prácticas, hacen parte de esto.

El Estado, no es ajeno a esto, resulta que el Estado no conoce con certeza el uso que sus entidades hacen de Sistemas de Desición Automatizada.

Esto es relevante porque afecta directamente la percepción de un uso pobre que actualmente se tiene, con la realidad de un uso elevado y creciendo diariamente.

Así mismo, encontramos retos desde la academia, la enseñanza, el servicio público y la empresa privada.

También, logramos cerrar el círculo que abrimos hace más de un año con la famosa sentencia del juez de Cartagena que usó ChatGPT para una de sus sentencias.

Rescatamos su labor, su importancia y la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia T-323 de 2024.

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