La nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, viene a intentar cambiar radicalmente el precio de los alquileres en España. Se crea para sustituir y ampliar las funciones de Sepes y tiene por objetivo aumentar de forma masiva el parque público de vivienda y garantizar precios realmente asequibles para los ciudadanos de nuestro país.

Con la llegada de esta nueva empresa, el precio del alquiler de vivienda pública no dependerá de los costes de construcción ni de criterios discrecionales y estará regulado por la ley estatal de vivienda. Así, los alquileres de las viviendas de Casa 47 no podrán superar el 30% de la renta media del territorio en el que se encuentren.

Esto puede marcar un antes y un después en zonas especialmente tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga o Baleares, donde los precios de este tipo de viviendas podían llegar a acercarse a las del mercado privado.

Esta nueva norma puede suponer una importante bajada del precio del alquiler público, que podría llegar a rondar entre un 40% y un 50% menos, situando el alquiler de una vivienda media en Madrid por debajo de los 900 euros mensuales, algo que también podríamos ver en Barcelona.

En otras zonas, como Málaga, se estiman rentas por debajo de los 700 euros frente a precios privados muy superiores, mientras que en ciudades como Sevilla, Valencia o Bilbao podrían situarse en menos de 600 euros.

Aún así, todo estará supeditado a criterios como la renta del territorio, la tipología de la vivienda, la superficie y la situación socioeconómica del entorno en el que se sitúe la vivienda.

Se prevé que la oferta de viviendas esté disponible a través de un portal online en el que se publicarán las promociones y los requisitos definitivos de cada vivienda. Desde ese mismo portal, que previsiblemente estará habilitado en 2026, se gestionarán las solicitudes.

Un modelo accesible y estable

Casa 47 pretende convertir el mercado del alquiler en un mercado accesible y estable. Otra de las novedades que introducirá la nueva empresa estatal estará en la duración de los contratos entre el inquilino y la administración, que podrán alcanzar una duración de hasta 75 años.

Con el objetivo de evitar la inseguridad residencial y permitir a las familias planificar su vida con tranquilidad, los contratos iniciales se firmarían con una duración de 14 años con renovaciones automáticas de siete en siete años siempre que se mantengan los requisitos de acceso.

Estos criterios podrán variar en función de la región, la promoción o la convocatoria concreta, pero la intención es no dar respuesta solo a familias vulnerables, sino incluir también a trabajadores y familias de rentas medias.

Los solicitantes de este tipo de alquileres deben tener ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM, que a día de hoy se sitúa aproximadamente entre los 16.800 euros y los 63.000 euros.