En los primeros 12 meses de su gobierno, Dina Boluarte enfrenta acusaciones sobre la responsabilidad de la muerte de 48 civiles, entre ellos menores de edad durante las protestas de 2022 contra su mandato y el Parlamento, el aumento de la inseguridad y la recesión económica entre otras cuestiones.

"En su primera aparición en el Congreso, Boluarte dijo que juramentaba para completar el mandato hacia 2026, al día siguiente cambió de opinión, y al otro también. No tuvo la sensibilidad de poder guiar al país hacia un nuevo gobierno y la demanda popular de elecciones anticipadas", dijo a Telescopio el analista internacional peruano José Carlos Requena.

"Boluarte ha tenido un manejo poco prolijo en los asuntos públicos en general que le pasan factura y por eso el bajo respaldo que les dan las encuestas", agregó.

Los últimos sondeos en el país marcan una aprobación de su gestión en el entorno del 9%.

Distintos sectores cuestionan el papel que juega su hermano Nicanor Boluarte, señalado como un consejero en las sombras.

"Lo cuestionable y lo peligroso es que no tiene una responsabilidad formal y en consecuencia no es alguien que pueda rendir cuentas como por ejemplo un ministro que tú puedes invitar, censurar o remover. Es una cosa muy poco clara que la afecta", sostuvo el experto peruano.

Boluarte mantiene alianzas con el fujimorismo, una relación que le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia.

Este 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años, en el Penal de Barbadillo, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, concretamente en los casos La Cantuta.

Consultado sobre los desafíos que deberá afrontar el Gobierno de Boluarte en el próximo año, el entrevistado señaló que la mandataria "tiene que demostrar en el 2024 resultados concretos".

"En términos de gobierno lo principal es la gestión del fenómeno del Niño, que se espera que tenga su pico más alto entre los meses de febrero y marzo. Y en términos generales la reactivación económica que genere mayor bienestar en la población", indicó el entrevistado.

El expresidente Pedro Castillo, que permanece en prisión preventiva desde hace casi un año, reclamó el lunes 4 de diciembre al Tribunal Constitucional su libertad y ser restituido en la presidencia.

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