Las demandas de mínimos en la ILP: dación en pago, moratoria y alquiler social. Los colectivos ciudadanos se han adelantado a las iniciativas de la administración La administración no sólo ha reaccionado tarde, sino que ha hecho oídos sordos. La movilización ciudadana ha conseguido una ILP. Lamentamos que al final del trámite de la ILP que el PP hace su propuesta de Ley que es una ofensa a la gente afectada. No recoge mínimos. Si el proyecto de Ley se mantiene en sus términos actuales, no entra en elprobema de fondo y será un fracaso.. Con la realidad económica del país plantear que las familias puedan pagar el 65% en cinco años no es realista.

¿Cómo va a salir el país de la crisis si los ciudadanos no pueden cancelar su deudas y volver a empezar? Reactivar el crédito.

Prevemos caos social, caos económico y caos judicial si no se da salida política. Se han vulnerado derechos y se replantearán procesos judiciales. En nombre de la democracia y de los derechos humanos, aun pueden rectificar. Que escuchen a la ciudadanía . Desde las sociedad civil vamos a seguir adelante, a presionar. Empieza una primavera verde y están a tiempo de escuchar .

La morosidad correspondiente a impagos hipotecarios está en torno al 4% del total. Razón de más para darle una respuesta adecuada. La gente agota todas las posibilidades antes que perder la vivienda y el legislador debe tener en cuenta esta realidad, retroactivamente. Es una ocasión para desarrollar en España una politica de vivienda que huya de la especulación financiera e inmobiliaria. Las viviendas propiedad de los bancos nacionalizados deberían formar parte de un plan social de vivienda con alquileres asumibles. Es una burla decir que se corrige la injusticia que suponen los intereses de mora: triple del precio oficial del dinero, 12%.

El gobierno se ha puesto al servicio de los más poderosos y en contra de la mayoría. El proyecto de ley no apuesta por los mínimos de la ILP.. Dar una solución al problema con los planteamientos de la ILP, mejoraría la imagen del país. Las entidades nacionalizadas con recursos públicos sean el instrumento para dar una solución a los problemas de la vivienda.

El Congreso puede darse una oportunidad a sí mismo, de limar la colisión entre legalidad y legitimidad. La plataforma es independiente, es un movimiento transversal, interpelamos por igual aunque solo el PP se ha opuesto a las demandas. El 85% de la población respalda los planteamientos de la Plataforma. También votantes del PP.

Es vergonzoso que no solo no se dé respuesta al problema, sino que se criminaliza a las iniciativas ciudadanas. Es sorprendente que el Estado movilice recursos para señalar como violentas unas acciones pacíficas, y no la violencia de los desahucios.

Cuando los diputados dan la espalda a la ciudadanía y criminalizan sus iniciativas, deben aceptar la interpelación, sin violencia ni acoso. Organizaciones de jueces, policía, abogados y otros colectivos han manifestado que no ven nada delictivo en las iniciativas. Es una infamia intentar confundir a la opinión pública sobre estas acciones equiparándolas a la violencia. Se desvía la atención hablando del instrumento (escraches) y no de los objetivos (al igual que en las huelgas donde se centran en los piquetes).

Se pide la ruptura de la disciplina de voto apelando a la conciencia de los diputados, cada vez más lejos de la gente.pah Los partidos deberían reflexionar sobre el funcionamiento de los grupos parlamentarios y la disciplina de voto