El Gobierno ha dado por iniciado este martes el proceso de nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un presunto delito de revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Progresista y experta en la lucha contra la violencia de género, las primeras reacciones a su designación han demostrado el respeto de sus colegas de profesión, aunque hay algunas voces que aprecian en ella lo que consideran una excesiva "carga ideológica" por su vinculación a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Peramato se convertirá así en la cuarta fiscal general que nombra Pedro Sánchez en apenas siete años y medio de gobierno. Y es que por ese cargo ya han pasado otros nombres como María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz desde junio de 2018.

García Ortiz, su más inmediato predecesor, ha sido quien más tiempo ha ocupado este cargo durante la etapa de Sánchez al frente del país. Llegó en julio de 2022 y se irá tres años y medio más tarde.

Su carrera al frente de la Fiscalía ha estado marcada por la polémica y las críticas de la oposición, especialmente después de la sentencia del Tribunal Supremo que apreció "desviación de poder" en su decisión de ascender a Dolores Delgado, anterior fiscal general, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

A pesar de esto, fue renovado por el Ejecutivo en diciembre de 2023, aunque ahora, debe dar un paso al lado tras la condena por revelación de datos reservados. Presentó este lunes su renuncia este lunes afirmando en una carta que "es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

Durante estos tres años y medio de mandato, diferentes asociaciones de fiscales también le han reprochado su política de nombramientos dicrecionales y le han afeado diferentes interpretaciones tanto de la Ley del Solo sí es sí como de la Ley de Amnistía. El anterior CGPJ llegó a declararle "no idóneo" para ejercer como fiscal general del Estado.

El polémico nombramiento de Dolores Delgado

Antes de García Ortiz, el puesto de fiscal general del Estado ya estuvo señalado por el polémico nombramiento de Dolores Delgado en febrero de 2020, llegando directamente desde el Ministerio de Justicia.

Las críticas de la oposición fueron tales que incluso PP y PSOE llegaron a pactar en la renovación del CGPJ una reforma para que este tipo de transiciones no puedan volver a producirse.

Delgado, además, también estuvo señalada por la salida del fiscal Ignacio Stampa de la Fiscalía Anticorrupción cuando investigaba el Caso Villarejo.

Fue ella la que favoreció los ascensos de García Ortiz como fiscal de sala y como responsable de Memoria Democrática y Derechos Humanos antes de la llegada de este al puesto de fiscal general del Estado.

Delgado dimitió en julio de 2022, algo más de dos años después de llegar, alegando problemas de salud.

María José Segarra y el procès

La primera en ocupar el cargo a la llegada de Sánchez a la Moncloa fue la fiscal María José Segarra, que llegó directamente desde Sevilla con un marcado perfil progresista por ser miembro de la UPF, al igual que ahora ocurre con Peramato.

Su mandato estuvo marcado por los continuos choques con el Ejecutivo al negarse a intervenir para que los cuatro fiscales del procès retiraran la acusación por rebelión.