Un protocolo entre Vivienda y ayuntamientos de Huelva mejorará las condiciones de vida de temporeros
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El objetivo es que las personas temporeras agrícolas del entorno de Doñana dispongan de condiciones de habitabilidad dignas
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha suscrito en Huelva un acuerdo de colaboración con los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto. El objetivo es mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas temporeras agrícolas en el entorno de Doñana. Un acuerdo que se encuadra en el Marco de Actuaciones Socioeconómicas de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como parte de una estrategia integral que busca compatibilizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica de la zona. En concreto, responde a la línea 13 del citado Marco, centrada en atender la situación de las personas temporeras agrícolas que residen en condiciones de especial vulnerabilidad.
Emilio Rodríguez, director de la Oficina Técnica de Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha pasado por la sintonía de la Onda Local de Andalucía, donde ha explicado la importancia de este paso para mejorar las condiciones de vida de las miles de personas que sacan adelante las campañas agrícolas onubenses, sobre todo, los frutos rojos, un sector en el que la Unión Europea ha puesto el foco. «Estos marcos surgen como consecuencia, inicialmente, de una sentencia del TJUE por no conservar adecuadamente Doñana», ha relatado. Con esta idea se puso en marcha esta medida en 2022, que se complementó un año más tarde con el Programa sobre el Hombre y Biosfera de la UNESCO (MAB), que pretende que se conjugue «la conservación del medio natural con un desarrollo sostenible», lo que ha acabado dando forma al mencionado Marco de Actuaciones Socioeconómicas.
Un protocolo que supone que Vivienda, a través de unos fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, va a transferir cinco millones de euros cada año durante tres años a estos tres consistorios. El objetivo es que «busquen soluciones habitacionales» y eliminen esos asentamientos ilegales y proporcionen «unas condiciones de vida dignas» a los temporeros. Más a largo plazo, la pretensión es acabar erradicando estos asentamientos chabolistas, así como intentar hacer «una inserción sociolaboral de la gente que trabaja en estas condiciones» y darle a estas personas una «normalización documental», lo que también abarca cuestiones como su formación.
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