Este miércoles 4 de septiembre, la Cámara de diputados de México, donde el oficialismo cuenta con amplia mayoría, aprobó la polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces. Por el momento, queda debatir varios artículos del proyecto en el Senado, pero ya está un paso más cerca de ser incorporada en la Constitución.

La polémica reforma judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva semanas en el foco mediático, ya que, tanto la oposición como parte de los trabajadores del poder judicial, afirman que supone un riesgo para la democracia.  

El proyecto plantea que tanto jueces y magistrados, incluso de la Corte Suprema, sean elegidos de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Juana Fuentes Velázquez, directora de la asociación nacional de jueces de distrito del poder judicial de México, considera que esta reforma amenaza la independencia judicial.  

Ante esta situación, Velázquez asegura que piensan impugnarla, a pesar del debate mediático: “Existe la posibilidad que podamos impugnar, el tema aquí es que, como nosotros somos los involucrados en esa reforma, estamos en constante riesgo de que se califique nuestra actuación como una actuación parcial, ya que sería promovida por los jueces y magistrados y quienes tendrían que conocer serían los mismos jueces y magistrados o en su caso, la Suprema Corte”, explica. 

El presidente López Obrador impulsó la reforma tras denunciar que los jueces del máximo tribunal eran aliados de la oposición y recibían sueldos por encima de lo legal. Velázquez asegura que estas son acusaciones sin fundamento, y pone en entredicho la capacidad del proyecto judicial para acabar con la corrupción y la influencia de las bandas criminales.  

“En el caso del Poder Judicial federal, es totalmente este falso lo que él ha dicho. Justamente él sabe que el el problema de corrupción empieza en los poderes locales y también en las fiscalías, y ellos no los están moviendo·, denuncia. Esto es, según Velázquez, porque son ellos mismos “los que obedecen los intereses de las personas que los nombran, en este caso del Ejecutivo”. 

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Aún así, la jueza reconoce que el sistema judicial de México necesita una reforma integral para resolver problemas como la lentitud o la falta de acceso de la ciudadanía a la justucia. “Hace poco, la relatora de la ONU emitió también un requerimiento al presidente de la República, exponiendo cuál es el aspecto internacional, cómo ven ellos el incumplimiento de esos compromisos y cómo es que se puede dar una solución al problema de Justicia en un país como el nuestro”, asegura. Pero, insiste, “jamás se acepta que sea quitando a los jueces y magistrados federales”. 

La comunidad internacional también ha criticado el proyecto. Tanto Estados Unidos como Canadá temen que la reforma judicial ponga en peligro la democracia en el país y amenace las relaciones comerciales con México.