En Ecuador, los electores decidirán si quieren que se instale o no una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. El presidente Daniel Noboa busca dejar atrás la Constitución de 2008 impulsada por el partido del expresidente Rafael Correa, y quiere una nueva norma para, dice, enfrentar mejor los cárteles de la droga. Pero este no sería el único motivo que mueve a Noboa para impulsar una nueva Carta Magna.

En Ecuador, el presidente Daniel Noboa quiere una nueva Constitución. Con su partido, el mandatario considera que es un paso indispensable para luchar contra el narcotráfico que siembra el terror en el país.

“Asegurar la total concentración de poder”

Pero según Franklin Ramírez, profesor de Sociología Política en FLACSO Ecuador, reformar la Carta Magna no es necesario para enfrentar a las bandas criminales: “2025 está cerrando como el año más violento en toda la historia del país. Y frente a ese fracaso, Noboa está construyendo un enemigo. Y como el discurso contra el correísmo se agota, encontró un nuevo chivo expiatorio en la Constitución de Montecristi”, explica.

“Pero la asamblea constituyente abre un año electoral, permite un espacio para recomponer las promesas del Gobierno, para seguir jugando con las expectativas de este presidente joven que se desmarca de la clase política tradicional. Yo creo que la apuesta fundamental es a asegurar la total concentración de poder”, prosigue.

La actual Constitución, de 2008, garantiza numerosos derechos a las comunidades indígenas. Garantiza también el derecho a la consulta previa en caso de proyectos de inversión, como de minería, y protege los derechos de la naturaleza.

Tres razones principales

Daniel Noboa estima por su parte que el país está "secuestrado institucionalmente" por las normas, según sus palabras. Franklin Ramírez considera sin embargo que hay tres razones que mueven al mandatario en su cruzada para una nueva Carta Magna.

“La primera es debilitar a la Corte Constitucional. El Estado ecuatoriano ahora es un Estado que tiene en la pirámide interpretativa, por encima de toda la Corte Constitucional, a nueve jueces. Para Noboa y su régimen, claramente ahí hay un exceso de poder”, indica.

“Después hay algo en lo que el Gobierno podría tener razón, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Es un órgano que está compuesto de cinco vocales, que se encarga de organizar los concursos a partir de los cuales se conforman las autoridades de múltiples órganos de control, autoridades electorales, entre otras. Entonces es una instancia que por esta segunda función genera muchos apetitos políticos y que básicamente todos los gobiernos, desde Correa en adelante, han logrado manipular y controlar para que los nombramientos de los funcionarios sean alineados al Poder Ejecutivo. Pero ciertamente ahí hay un problema de fracaso institucional. Pero para eso no hacía falta una asamblea constituyente, sino una reforma puntual al Consejo”, detalla luego el sociólogo.

Disputa por el extractivismo

Por fin, señala Ramírez, “un tercer lugar me parece que tiene que ver con todo lo que es el Estado plurinacional. No reconoce, no entiende y lo molesta toda la configuración plurinacional del Ecuador, la centralidad de los pueblos y nacionalidades, alguna serie de instituciones asociadas a la justicia indígena y sobre todo a esta lógica de la autonomía de los pueblos y nacionalidades en determinados territorios, porque eso va conectado con la disputa por el extractivismo”.

“La Constitución también garantiza derechos de la naturaleza. Estas dos figuras del Estado plurinacional y los derechos de la naturaleza van de la mano. Para el modelo de acumulación extractivista que está repotenciando Noboa, sobre todo en torno a la minería, me parece que ahí hay una constelación de instituciones y derechos que combinan la plurinacionalidad y los derechos de la naturaleza, que van a ser avasallados desde una perspectiva de derechas neoliberales ortodoxas”, agrega.

“Esta Constitución obliga a determinados niveles de gasto público, a respetar determinados derechos sociales, tiene un enfoque de paridad de género, de etnicidad, plurinacionalidad... Es una Constitución que dejó muy pocos derechos por fuera”, concluye el sociólogo.

La consulta popular ocurrirá el 16 de noviembre. Este mismo día, los electores se pronunciarán sobre dos otras preguntas: la presencia o no de bases militares extranjeras y el financiamiento público de los partidos políticos.