¿Se imagina necesitar el permiso por escrito de su marido o de su padre para abrir una cuenta bancaria? ¿Que casarse signifique abandonar su trabajo para dedicarse a las tareas del hogar? ¿Que no pueda salir a la calle sin maquillarse, peinarse y arreglarse? No, con Franco no se vivía mejor.

Esas cosas ocurrían en el mejor de los casos, si se era de “familia bien”. Si se era una mujer de clase social baja, las opciones vitales y profesionales estaban aún más limitadas.

El trabajo fuera de casa estaba mal visto por el régimen y legalmente restringido, pero la necesidad económica obligaba a muchísimas mujeres a buscar cualquier ingreso posible para subsistir. La mayoría de las mujeres pobres trabajaba desde muy joven en labores duras y mal remuneradas, muchas veces en la economía sumergida o como sirvientas, limpiadoras, costureras, vendedoras en mercados o ayudando en el campo y la industria, siempre con salarios inferiores a los de los hombres.

Durante el franquismo, las mujeres españolas perdieron derechos y libertades elementales que habían comenzado a conquistar durante la Segunda República, quedando relegadas a un papel de sumisión bajo una fuerte tutela legal y social.

Hoy, décadas después, esos derechos han sido recuperados y ampliados, y recordar este pasado resulta esencial, sobre todo para las nuevas generaciones, ante discursos que idealizan aquel régimen o proponen retrocesos en materia de igualdad.

Los derechos en la Segunda República

La Segunda República fue un periodo de grandes avances para las mujeres en España. Se aprobaron leyes que permitieron su acceso a cargos públicos, el divorcio, la patria potestad compartida y la no discriminación por el estado civil en el acceso al empleo o en el despido.

Por primera vez, la Constitución de 1931 establecía la no discriminación jurídica por razón de sexo, el derecho al voto femenino, la igualdad ante la ley, el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los hombres y la igualdad de derechos en el matrimonio.

Se promulgó la Ley de Divorcio de 1932, que permitía la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo o por justa causa y reconocía derechos igualitarios para ambos cónyuges.

Durante los años veinte y treinta surge la figura de la mujer moderna, principalmente de clase burguesa o alta, que desafía los roles tradicionales femeninos de matrimonio para buscar autonomía, educación y participación cultural.

Estas mujeres accedieron progresivamente a espacios antes masculinos como universidades, tertulias, espectáculos artísticos y el deporte. La moda y los nuevos hábitos (fumar, trabajar, viajar solas) se convierten en símbolos de su independencia.

Se produjeron episodios simbólicos de rebeldía, como el de “Las Sinsombrero”, en el que mujeres rompieron abiertamente con las convenciones sociales y estéticas, buscando la visibilidad y una identidad artística y profesional autónoma.

Este grupo incluye, por ejemplo, a las pintoras Maruja Mallo y Margarita Manso, entre otras. Rosa Chacel y María Zambrano destacaron en la literatura, la filosofía y el pensamiento, conectando las tendencias de la vanguardia europea con la realidad intelectual española.

De esta época también son Clara Campoamor, abogada, diputada y principal impulsora del sufragio femenino en España; Victoria Kent, jurista y diputada, que fue la primera mujer del mundo en ejercer la abogacía ante un tribunal militar y la primera Directora General de Prisiones en España; Federica Montseny, escritora, militante anarquista y la primera mujer ministra en España; María Teresa León, escritora, intelectual y militante republicana, conocida por su labor en la Alianza de Intelectuales Antifascistas; o Margarita Salas, una de las grandes pioneras de la ciencia española.

Retrocesos y represión durante el franquismo

Con el franquismo, a partir de 1939, todos estos avances fueron sistemáticamente suprimidos. El régimen devolvió a las mujeres a la condición de menores tuteladas: toda acción relevante, como trabajar, disponer de patrimonio, viajar al extranjero o incluso ejercer la patria potestad de sus hijos o hijas, requería la llamada licencia marital (la autorización del marido o del padre). Las intelectuales y artistas de la República fueron borradas por la historiografía dominante y discriminadas en el ámbito profesional.

La educación y los medios de comunicación reforzaban la idea de que la única función femenina era la de madre y esposa abnegada.

La “Sección Femenina” –rama femenina de la Falange Española de las JONS, fundada en 1934 y liderada por Pilar Primo de Rivera– imponía una estricta reeducación basada en la sumisión y el servicio al hogar. Su hermano José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, definía la función de las mujeres en estos términos:

“Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva –entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos– todas las de perder. El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas”.

Represión y violencia sexual

Durante el franquismo, la represión contra las mujeres rebeldes incluyó mecanismos particularmente crueles, documentados en estudios académicos e investigaciones, como Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil española, de Mary Nash, y El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después, de Paul Preston, entre otros.

Estos estudios relatan cómo la violencia sexual se utilizó, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, para castigar y atemorizar a mujeres vinculadas al bando republicano o consideradas peligrosas para el régimen.

Se describen casos de violaciones individuales y grupales, a menudo seguidas de asesinatos, humillaciones públicas o castigos adicionales. Muchas mujeres presas sufrieron abusos sexuales de manera recurrente en cárceles, cuarteles o durante traslados.

El robo de bebés fue una medida institucionalizada: miles fueron arrebatados a sus madres republicanas y entregados a familias afines al régimen o a instituciones controladas por la Iglesia católica.

Un decreto de 1940 permitía quitar a las madres la patria potestad de su descendencia por “malos antecedentes”, provocando pérdidas y desapariciones masivas, documentadas por