Los disturbios de Atenco de 2006 fueron una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad de San Salvador Atenco entre la Policía Federal Preventiva de México, la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, la policía municipal y habitantes del pueblo, militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y otros adherentes a La Otra Campaña del EZLN, que dejó como resultado el fallecimiento de Alexis Benhumea y Javier Cortés, la detención de 207 personas —entre ellas 10 menores de edad—, 146 detenciones arbitrarias, la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres.? Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, en dichos hechos hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía? y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México cometieron "violaciones graves de garantías individuales" en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos, activistas y periodistas.

En 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó la petición inicial hecha en 2008 por once mujeres víctimas de distintas conductas criminales en los hechos, representadas por el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH)5? y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Luego de procesos jurídicos, la CIDH emitió el Informe número 74.15 del caso 12.846, en la cual dicho organismo determinó que el gobierno de México en distintos niveles fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas físicas, psicológicas y sexuales, carencia de acceso a la justicia y otras violaciones a derechos humanos de las víctimas y emitió una serie de recomendaciones al mismo,? las cuales fueron desatendidas, por lo cual el caso fue trasladado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? en la cual se encuentra. En una audiencia pública realizada por este tribunal internacional en 2017 a las once mujeres víctimas peticionarias, la CIDH destacó que dada la severidad de la violencia a las víctimas por las policías mexicanas, el caso es "emblemático por la tortura y discriminación por razones de género".