El maltratador levanta la sábana de su camastro por una esquina y aparta un pequeño trozo rectangular de la esponja del colchón. Detrás oculta un diminuto móvil. Pesa 13 gramos, menos que un par de monedas de dos euros, y mide 4,7 centímetros de altura. Es finísimo, más que un cigarrillo.

Pasa de las 11 de la noche. El preso, recluido en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga), llama a su expareja, de la que tiene orden de alejamiento por pegarle una paliza que la mandó al hospital durante varias semanas. Casi la mata. El reo está a la espera de juicio. En voz baja, le dice: «Hija de puta, cuando salga de aquí... ¡Ay, cuando salga de aquí!». Cuelga de inmediato.

Otra noche cualquiera, a 133 kilómetros de allí, en la prisión de Botafuegos (Algeciras, Cádiz), uno de los mayores narcotraficantes del Estrecho de Gibraltar escribe un mensaje desde su celda con un minimóvil similar. Se lo ha entregado, poco antes de irse a dormir, uno de sus lugartenientes. Ambos cayeron detenidos en la misma operación policial.

Durante el día, el narco ha preferido que se lo guarde uno de sus chicos. Si a él se lo encontraran los funcionarios sería muy probable que Instituciones Penitenciarias lo trasladara de prisión, lejos de su tierra natal, donde tiene familiares y amigos en la calle que le pueden ayudar. «Niño, ya sabes que mañana hay fiesta. Necesitamos dos tartas gordas. Habla con la gente. No pueden fallar». El traficante apaga el teléfono y lo tira por el retrete de la celda. No quiere pruebas.

En realidad, lo que el narco le explica a su interlocutor es que al día siguiente tiene que reunir a todos los miembros de su clan para llevar a cabo dos alijos de hachís de varias toneladas. Las tartas son las lanchas con las que traerán la droga desde Marruecos hasta el sur de la península. 

Las dos escenas anteriores se suceden con frecuencia en las dos cárceles españolas, Botafuegos y Alhaurín, en las que más teléfonos móviles se han requisado en los últimos cinco años, según los registros que maneja el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT. Allí, cada año, tienen su particular Mobile World Congress, la mayor cita internacional anual del sector de la telefonía, que esta semana ha vuelto a celebrarse en Barcelona.  

10.275 móviles en cinco años

Entre enero de 2017 y diciembre de 2021 se incautaron 10.275 terminales en las 88 prisiones del país. En la cárcel malagueña fueron 688, mientras que en la gaditana se alcanzó la cifra de 690. Se da la circunstancia de que son las dos penitenciarías del país donde hay un mayor porcentaje de reclusos por causas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y el blanqueo de capitales.  

En  2018, los funcionarios de la prisión de Botafuegos requisaron 192 terminales. Fue el año con la mayor cifra del último lustro. Fueron 99 más que en 2017. Entre 2019 y 2021 no se ha bajado de 131.  

Precisamente, en julio de 2018, la Guardia Civil, por mandato del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, creó un grupo específico de lucha contra el narcotráfico en el sur de España, el OCON Sur. Su primer objetivo fue la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Gracias a la efectividad de sus actuaciones se multiplicaron las detenciones y los ingresos en prisión de los traficantes. Muchos de ellos, vecinos de localidades campogibraltareñas como La Línea de la Concepción, San Roque o Algeciras, acabaron en una celda de Botafuegos. 

«A pesar de que durante la mañana y la tarde el preso tiene derecho a llamar al exterior durante unas horas, e incluso se les ha habilitado una cabina para hacer videollamadas, en esta prisión incautamos un teléfono móvil cada dos o tres días. Los usan de noche o entrada la madrugada, a horas muy sospechosas», explica a Crónica José Luis Alcaraz, delegado de ACAIP-UGT en Botafuegos.

Alcaraz señala que la mayoría de terminales incautados «son minimóviles, compuestos casi en su totalidad por plástico», aunque también otros de tecnología puntera. El sindicalista añade: «Hay tres vías de entrada. Oculta en la paquetería que viene del exterior, como ropa (7%); en comunicaciones vis a vis con familiares y amigos (54%), y a la vuelta de permisos de salida (37%). Aunque a todo el que viene del exterior se le pasan raquetas detectoras de metales, muchas veces no pitan».

Una vez el preso tiene un minimóvil en su poder, lo oculta dentro de un hueco abierto al colchón de la cama, en la suela de una zapatilla, en el interior de un bollo de pan, en el fondo de un libro manipulado, en rendijas de ventilación o en el interior de su cuerpo. En la calle tienen un precio que ronda los 20 euros. Algunos caen en manos de yihadistas.

Del 3G a los indetectables 5G

En 2008, Instituciones Penitenciarias instaló en Algeciras, al igual que en otras macrocárceles de alta seguridad, aparatos inhibidores de frecuencia de teléfonos 2G y 3G. Pero hoy muchos están en desuso, denuncia el citado sindicato.  

«Desde que hay 4G y 5G da igual que el inhibidor esté operativo o no. No tiene la capacidad de inhibir a los nuevos terminales», advierte José Luis Alcaraz. «A las dificultades para detectar los teléfonos e impedir su uso después, hay que añadir la falta acuciante de personal para hacer registros más estrictos y exhaustivos. Llegamos hasta donde podemos».

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