La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, de su asesora, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este lunes al juez Juan Carlos Peinado que archive el procedimiento principal que se sigue contra ellos por cuatro presuntos delitos.

Fuentes jurídicas han informado de que tanto el fiscal como los abogados que ejercen la defensa de los tres investigados han argumentado esta petición en la vista convocada este lunes para concretar las imputaciones en este procedimiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida.

Ninguno de los tres investigados ha asistido a la vista convocada en la ley del jurado, al entender que es suficiente con que estén sus abogados, como ya argumentaron Gómez y Álvarez el pasado día 27 para no acudir a esta misma vista, pero en la causa en la que se la acusa de malversación.

Por su parte, las acusaciones populares, dirigidas por Hazte Oír, han pedido que testifique Pedro Sánchez en relación al software de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense.

Se trata de la segunda vez que las acusaciones populares piden que declare el presidente del Gobierno después de que ya lo solicitaran el pasado día 27 en la pieza separada que investiga a su esposa por un presunto delito de malversación en la contratación y el desarrollo del trabajo de su asesora.

La Fiscalía insiste en que no hay indicios para investigar a Gómez

La Fiscalía ha reiterado este lunes que no hay indicios para mantener abierta la causa judicial contra Begoña Gómez y ha argumentado que "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno "no puede operar como una suerte de presunción" de que pudo incurrir en tráfico de influencias.

El fiscal ha presentado un escrito en el que argumenta esa petición y descarta que haya indicios de ninguno de los cuatro delitos que centran esta causa respecto a los investigados.

Porque, "más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones", esa mera relación conyugal con Pedro Sánchez no es suficiente para investigar a Begoña Gómez, presuponiendo además un "beneficio económico" que "sería preciso determinar" y no ha sido precisado.

Para la Fiscalía, "no hay elemento objetivo ninguno" que pueda llevar a afirmar que Begoña Gómez "se ofreciera a ejercer su influencia y desplegar eficazmente su ascendencia sobre terceros", ni "hay elementos que permitan hablar de soborno, presente, dádiva o remuneración o contraprestación de ningún tipo".

Descarta también que haya indicios de intrusismo respecto a la redacción de unos pliegos relacionados con la universidad, o de corrupción en los negocios porque, "aparte de las conjeturas en materia probatoria", este delito no es aplicable al caso.

Y rechaza asimismo una presunta apropiación indebida de un software de la cátedra: no hay "elemento probatorio de respaldo, a pesar de la exhaustiva indagación realizada", ni "parece factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio, aun a pesar de la también exhaustiva y desorbitada indagación sobre cuentas bancarias e información patrimonial de la investigada".