El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aún dispone de un último recurso para intentar frenar la condena de dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros que le ha impuesto el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados. Se trata del incidente de nulidad, una vía excepcional que puede presentar ante el propio Supremo antes de acudir al Tribunal Constitucional.

El incidente de nulidad es un mecanismo por el cual el condenado pide al tribunal que ha dictado la sentencia que la anule por vulneración de derechos fundamentales. Por ese motivo, es muy complicado que prospere, ya que implicaría que el Supremo reconoce que ha vulnerado los derechos fundamentales del condenado en su propia sentencia. Sin embargo, es un trámite necesario para presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.

El Constitucional no revisaría los hechos ni la interpretación jurídica general, sino si en el proceso o en la sentencia del Supremo se han violado derechos fundamentales. En ese punto, también puede decidir suspender cautelarmente la condena mientras estudia el caso, para evitar que se ejecute una pena que luego podría declararse injusta.

El margen de maniobra de García Ortiz es mínimo. El incidente de nulidad, que debe plantear ante el mismo Tribunal Supremo que lo ha condenado, rara vez prospera, pero es un paso obligatorio. Solo si el Supremo rechaza esa petición podrá acudir al TC.

Una condena sin precedentes

El alto tribunal considera probado que García Ortiz filtró un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, admitía un fraude fiscal. Por ello, además de la pena de inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales y pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

La sentencia marca un hecho insólito. Es la primera vez que un fiscal general del Estado es juzgado y condenado en España. El fallo, adelantado solo una semana después de que concluyera el juicio, no ha sido unánime. Cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal respaldaron la condena, mientras que las juezas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo emitieron un voto particular discrepante.

La división interna del tribunal ha tenido incluso consecuencias en la autoría de la sentencia. Inicialmente, la magistrada Susana Polo era la ponente designada, pero su desacuerdo con el sentido del fallo ha llevado a que el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, asuma la redacción definitiva.