La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Al ser la Fiscalía la única parte personada en la causa, que se mantiene bajo secreto, lo previsible es que el magistrado atienda a su petición.

Los tres están investigados en una causa abierta por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal por el que fueron detenidos el miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La investigación, que arrancó con una querella de la Fiscalía, trata de esclarecer presuntas irregularidades en contratos públicos y, con ese objetivo, los agentes de la UCO han practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Los agentes acudieron a pedir información a la SEPI o a Correos, y registraron la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.

Este viernes, la UCO también acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores.

En concreto, los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). También se han personado este viernes en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI.

El jueves, la UCO acudió a recabar documentación a las empresas públicas Sepides y Mercasa y acudieron también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.