En tiempos pretéritos, la adopción de la pena de muerte por parte las distintas sociedades significó la negación del derecho a la venganza privada por parte de los individuos: el grupo, el clan, la comunidad, asumiendo la administración de la venganza, ponía freno de alguna manera a la subjetividad individual en casos de ofensas o agresiones. De esta forma, se limitaban las represalias privadas desmesuradas, así como las cadenas de sucesivas venganzas entre individuos o grupos.

El traspaso de la gestión de la venganza del individuo a la sociedad fue un primer paso. El segundo paso consistió en la elaboración de leyes, de forma que las sentencias dejaban de estar en manos del subjetivo criterio de quién administraba la justicia. El tercer paso consistió en la eliminación del tormento como método de interrogación, o como pena complementaria a la ejecución. El cuarto paso, todavía sin consumar plenamente, es la abolición de la pena de muerte. El último, el impulso de modelos judiciales basados en la redención y la reinserción social en lugar del castigo expiatorio.