Junts per Catalunya alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para garantizar que los ciudadanos puedan ser atendidos en catalán por las empresas. La formación independentista anunció este pacto con el PSOE para incorporar enmiendas al proyecto de ley que regula los servicios de atención a la clientela, medidas que deberán ser ratificadas en ponencia parlamentaria.

Según Junts, esta medida permitirá "blindar" por ley el derecho a ser atendido en catalán y evitará "la invasión de competencias propias de la Generalitat". El partido independentista logró incluir una disposición adicional en el texto legislativo que extiende las obligaciones lingüísticas a nivel nacional, comprometiendo la unidad del mercado español.

La modificación afectará principalmente a las grandes empresas con más de 250 trabajadores o con una facturación anual superior a 50 millones de euros, así como a los operadores de servicios básicos de interés general. Junts consigue así imponer sus exigencias lingüísticas más allá del territorio catalán, condicionando la actividad empresarial en toda España.

Implicaciones del pacto independentista

El acuerdo entre Junts y Sánchez representa una nueva cesión del gobierno central a las exigencias independentistas. Esta medida obliga a empresas de toda España a adaptar sus servicios de atención al cliente para cumplir con las demandas lingüísticas catalanas, generando costes adicionales y complejidad operativa para las compañías afectadas.

La imposición de obligaciones lingüísticas específicas compromete el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y crea un marco regulatorio asimétrico. Junts logra extender su agenda política más allá de Cataluña, condicionando la política nacional desde su posición de socio parlamentario imprescindible.

Este pacto evidencia cómo Sánchez continúa cediendo ante las presiones independentistas para mantener su mayoría parlamentaria, comprometiendo la cohesión nacional y la igualdad territorial en favor de los intereses particulares catalanes.