El empresario Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, es el tercer detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación en la que han sido arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

En paralelo se han practicado 19 registros en empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que precisamente es propietario Antxon Alonso y de la que, según demostró la UCO, es socio también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los registros se han llevado a cabo en varias provincias como Madrid, Sevilla y Zaragoza.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

El juez investiga Leire Diez, a Vicente Fernández y a Antxon Alonso por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Todos ellos se encuentran en dependencias policiales hasta que el próximo sábado pasen a disposición judicial.

Después de su comparecencia se podría celebrar una vistilla en la que la Fiscalía Anticorrupción podría pedir medidas cautelares, que pueden llegar a incluir la prisión provisional.

Una operación bajo secreto

Todos han sido detenidos por orden del juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dentro de una operación que se encuentra bajo secreto y que está relacionada con contrataciones irregulares.

Leire Díez ya estaba imputada por los delito de cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Estaba siendo investigada por la Guardia Civil, que en un informe recogió las denuncias de dos fiscales a los que supuestamente habría intentado sobornar con diversos beneficios a cambio de información sensible contra mandos de la UCO y conta el fiscal jefe Anticorrupción, Alejando Luzón.

Fuentes de la investigación aseguraron que esta nueva operación aún está abierta y se encuentra bajo secreto de sumario. Díez fue trasladada tras su detención a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos. Las pesquisas están dirigidas a investigar presuntas irregularidades en procesos de contratación pública.

Qué se investiga

La investigación tendría que ver con los contratos públicos que pudo haber obtenido Díez mientras fue consejera de la empresa Cistec Technology entre octubre de 2021 y mayo de 2023. Además, la exmilitante socialista fue la responsable de comunicación de la empresa pública Enusa, dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y octubre de 2021.

Por su parte, Vicente Fernández presidió la SEPI hasta octubre de 2019, fecha en la que presentó su dimisión tras ser imputado en el caso que investigó el presunto amaño del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla. Precisamente, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió, junto a otras 15 personas, entre funcionarios y cargos del Gobierno andaluz de entonces.

Fernández era hombre de confianza de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que lo nombró como máximo responsable de la SEPI en junio de 2018. Antes había sido el responsable de la Intervención autonómica en Andalucía y había ocupado el cargo de secretario general de Innovación, Industria y Energía del Gobierno de Susana Díaz.

Tras dejar la SEPI, Fernández pidió permiso para colaborar con Servinabar como asesor externo, cosa que hizo a partir de mayo de 2021. Servinabar es la empresa de Santos Cerdán que está en el epicentro de las adjudicaciones de obra pública amañada desde el Ministerio de Transportes con Acciona.

El Tribunal Supremo recibió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se incluía un contrato privado por el que el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría comprado el 45% de Servinabar. Tanto Cerdán como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García están siendo investigados en el Tribunal Supremo por estas contrataciones.