Un tribunal de la provincia Santo Domingo impuso 50 mil pesos como medida de coerción a un pastor que habría abusado de hasta 20 niñas en su iglesia de Pantoja, Los Alcarrizos, a pesar de que el MP había solicitado prisión.

El pastor Johan Manuel Castillo Ortega, que fue candidato a regidor por el PRD en las pasadas elecciones, pagó alrededor de 2, 500 pesos por cada niña abusada según varios reportes de prensa.

El reporte de este caso ni siquiera ha merecido primera plana en una sociedad extremadamente tolerante ante el abuso contra niños y niñas. Una sociedad que pasó una semana hablando de una boda gay ni mira a las niñas de Pantoja.

Tenemos los casos del nuncio  Woseloski en Santo Domingo y del padre Wociej en Juncalito que incluso fueron defendidos por la Iglesia Católica. En marzo renunció el obispo Benito Angeles, obispo auxiliar de Santo Domingo al que un medio español atribuyó  no sólo un caso de abuso sino una negociación para callar el caso.

Hoy circula en las redes sociales un video en que residentes en Santiago Rodriguez aplauden al diácono Cirilo Torres Cruz en el inicio de un juicio de fondo por abuso contra un menor de 13 años. En este caso el tribunal dictó apertura de juicio y mantiene al diácono bajo arresto domiciliario.

República Dominicana es signataria de una serie de acuerdos contra el abuso infantil sea este de la naturaleza que fuere que se convierten en ley en RD pero que parece que los jueces y juezas no conocen

Prevenir el abuso sexual y el tráfico de imágenes sexuales de niños y niñas es imposible cuando la justicia y la propia sociedad toleran con facilidad el abuso que solo se conoce cuando las víctimas son pobres.

Los casos de gente acomodada como el del Colegio Agustiniano de La Vega rara vez salen a la luz pública y las familias prefieren ocultarlos  aunque eso facilita que los abusadores sigan haciéndolo. El Padre Miguel Florenzan fue condenado a diez años porque la madre de la víctima llevó el caso hasta las últimas consecuencias y nunca contó con la solidaridad de nadie en La Vega.

Ahorita les leeré una frase de la crónica de Loyda Peña contenida en la solicitud de medida de coerción que a mi me parte el alma pero que parece que al juez o jueza no le pasa lo mismo.