La economista Pilar García de la Granja ha explicado en la sección 'Economía de bolsillo' del programa Herrera en COPE, junto a Jorge Bustos, la confirmación de una noticia que afectará al bolsillo de millones de españoles: desde el 1 de enero, las nóminas serán más bajas. 

La razón es la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida ya recogida en el BOE que reduce el salario neto para, según el Gobierno, "ayudar a mantener el poder adquisitivo de las pensiones".

Este mecanismo, uno de los últimos impulsados por el exministro José Luis Escrivá, supone un descuento directo en la nómina que afecta tanto a empresas como a trabajadores, aunque las compañías asumen un porcentaje tres veces mayor. Para 2023, la retención era del 0,6% sobre la base de cotización, pero este porcentaje irá aumentando progresivamente. "El año que viene es un porcentaje más alto", ha señalado García de la Granja.

En concreto, la parte que corresponde al empleado se incrementa hasta el 0,15%, mientras que la de la empresa sube al 0,75%. A modo de ejemplo, para un trabajador que cotiza por la base máxima, la deducción anual en 2026 alcanzará los 94,77 euros. En el caso de un salario de 28.000 euros anuales, la reducción será de 42 euros al año. Esto significa que "las empresas, aunque sea poco, van a pagar más por contratar y los trabajadores van a pagar más por trabajar", como ha apuntado Bustos.

La cuestión clave que muchos se plantean es si este esfuerzo económico se traducirá en mejores prestaciones en el futuro. La respuesta de Pilar García de la Granja ha sido contundente: "No, no, no, este dinero no va a tener un efecto en la pensión futura". Según la experta, se trata de una cifra que "no se va a tener en cuenta cuando se calcula la prestación de jubilación".

El objetivo real de esta medida, ha aclarado, es "tapar el agujero actual de las pensiones". Un déficit que, como ha recordado, "supera los 200.000 millones de euros al año". Las cotizaciones actuales solo alcanzan para cubrir los gastos del sistema hasta septiembre, y el resto "se pone de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, IRPF e IVA".

Esta situación se produce, además, en un contexto de progresiva precarización salarial en el país. Un reciente informe del Instituto Juan de Mariana, analizado también por García de la Granja en COPE, revela que la brecha entre el sueldo más habitual y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentra en mínimos históricos, con apenas 400 euros anuales de diferencia.

A la presión sobre los salarios se suma el análisis del economista Gonzalo Bernardos, quien avisa de que “este año la vivienda nueva subirá más del 15% y la usada algo más del 12% y continuará subiendo". Este pronóstico añade una dificultad adicional para la economía de los hogares, que afrontan una reducción de sus ingresos netos en un contexto de encarecimiento del mercado inmobiliario.