El expediente de regulación de empleo planteado por Telefónica afecta ya a un total de 6.088 personas después de que, a los recortes anunciados inicialmente, se hayan sumado 751 salidas adicionales en cuatro sociedades del grupo.

De estas, 140 corresponden a Telefónica Global Solutions, un 21,94% de una plantilla de 638 trabajadores, y 233 a Telefónica Innovación Digital, lo que supone un 23,46% de sus 993 empleados. En Telefónica S.A., el centro corporativo, la empresa ha comunicado 378 bajas potenciales sobre una plantilla de 1.160 personas, es decir, un 32,58%.

La cifra global se eleva así a 6.088 despidos planteados en el arranque de la negociación de los ERE, al añadir estas 751 salidas a las 5.337 ya puestas sobre la mesa en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, sus principales filiales en España. El grupo enmarca este ajuste en su objetivo de reducir costes en alrededor de 3.000 millones de euros hasta 2030, con un primer tramo de 2.300 millones previsto para 2028, en el que el capítulo de personal tiene un peso significativo.

A qué empresas afecta

De momento, el ERE afecta a las siguientes empresas de Telefónica:

• Telefónica de España: 3.649 trabajadores, el 41,04% de la plantilla.

• Telefónica Móviles: 1.124 trabajadores, el 31,34% de la plantilla.

• Telefónica Soluciones: 267 trabajadores, el 23,89% de la plantilla.

• Movistar+: 279 trabajadores, el 32,45% de la plantilla.

• Telefónica Global Solutions: 140 trabajadores, el 21,94% de la plantilla.

• Telefónica Innovación Digital: 233 trabajadores, el 23,46% de la plantilla.

• Telefónica S.A.: 378 trabajadores, el 32,58% de la plantilla.

Las siete mesas de negociación ya están constituidas o en marcha, y sindicatos y empresa disponen de un plazo limitado para pactar tanto la cifra final de afectados como las condiciones de salida.

[[H3:Condiciones del último ERE de Telefónica]

El último ERE que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024, tras rebajar de forma considerable la afectación inicial. Entonces, el coste del despido colectivo se situó en alrededor de 1.300 millones de euros antes de impuestos, con una media en torno a 380.000 euros por trabajador, por debajo de las cuantías de algunos planes de salidas anteriores.

A cambio, el ahorro medio para la compañía derivado de aquel proceso se estimó en unos 285 millones de euros anuales. Ahora, la operadora vuelve a recurrir a un ajuste colectivo para reforzar su competitividad en un contexto de presión sobre ingresos, fuerte competencia y elevadas necesidades de inversión en redes y servicios.

Telefónica prevé ahorrar unos 3.000 millones para 2030

El nuevo ERE se enmarca en el plan estratégico presentado a comienzos de mes, que prevé una reducción de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030, de los que 2.300 millones deberían lograrse ya en 2028. En esas cifras se incluyen de forma destacada partidas vinculadas a personal, tanto por salidas como por reorganización interna y digitalización de procesos.

Los plazos de comunicación del ERE a los sindicatos se han diseñado para que el acuerdo pueda cerrarse antes de que finalice el ejercicio actual o, como muy tarde, a comienzos de 2026, de forma que el impacto contable se concentre en las cuentas del ejercicio fiscal en curso y no distorsione los resultados de los próximos años.

Los sindicatos rechazan los despidos colectivos

UGT y CCOO han dejado claro que no comparten ni consideran justificada la necesidad de acudir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Ambas organizaciones insisten en que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que deben explorarse antes de aceptar la destrucción de puestos de trabajo. Su prioridad, subrayan, será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa.

Los sindicatos reclamarán que cualquier salida se articule a través de procesos estrictamente voluntarios, basados en prejubilaciones y con carácter universal, evitando recortes traumáticos. Además, han advertido de que no aceptarán acuerdos parciales y reclaman que las siete mesas de negociación de los despidos colectivos, así como las prórrogas de los convenios colectivos de las diferentes sociedades del grupo, avancen de forma coordinada y se cierren simultáneamente “para garantizar acuerdos que podamos respaldar”.

Críticas del Gobierno: “indecentes” los ERE planteados

En el plano político, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha calificado de “indecentes” los ERE planteados por Telefónica. La titular del departamento, Yolanda Díaz, ha recalcado que "el dinero público no está para despedir a nadie", en alusión al apoyo que la operadora ha recibido en distintos momentos por parte del Estado, tanto en forma de contratos como de respaldo institucional.

"La utilización de recursos públicos no puede ser compatible con despidos masivos, por muy buenas que sean las condiciones de negociación de un ERE", ha insistido la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Trabajo mantiene que la empresa debe agotar todas las opciones de reorganización y recolocación antes de plantear expedientes de esta magnitud.

El Gobierno estará “encima” de la negociación

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno estará "encima" del expediente de regulación de empleo anunciado por Telefónica para garantizar que la negociación se lleva a cabo "de la mano de los sindicatos".

El ministro ha recordado que las organizaciones sindicales ya han anunciado que analizarán con detalle la propuesta y que para ellas serán claves aspectos como "la voluntariedad de acogerse" al ERE y la mejora, "en la medida de lo posible", de las condiciones respecto a procesos anteriores.

"Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que esta evolución y estas condiciones se den", ha subrayado Cuerpo, que ha recalcado la importancia de que el proceso se desarrolle con transparencia, diálogo y respeto a los derechos de los trabajadores. El Ejecutivo sigue así de cerca uno de los mayores ajustes de empleo de la gran empresa española de los últimos años.