Costa Rica se ubica en la segunda zona de mayor vulnerabilidad del mundo. Eso lo hemos experimentado por emergencias climatológicas (sequías e incendios), hídricas (inundaciones y deslizamientos), meteorológicas (huracanes, ondas tropicales, mareas altas) y geofísicas (actividad sísmica).

De todas ellas, se calcula que el 80% de los impactos han sido por eventos hidrometeorológicos. El investigador de la Escuela de Geografía UCR, Adolfo Quesada Román, estima que cada año se debería invertir hasta un 2% del PIB en reconstrucción, equivalente a $1.650 millones. El Estado de la Nación 2023, con datos del año anterior, indicó que desastres asociados a eventos climáticos afectaron a 4.879 personas. Fueron percances asociados a inundaciones (4.450) y deslizamientos (394) que encuentran infraestructuras débiles, poblaciones expuestas y vulnerables que se ubican en todas las regiones del territorio nacional.

Los especialistas concluyen que esta situación es muy peligrosa porque cada vez nos estamos volviendo más vulnerables ante eventos cada vez más extremos debido al cambio climático.

Dadas las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de estas dos semanas de noviembre se declaró -sostienen expertos que de manera tardía- una nueva declaratoria de emergencia que se suma a los decretos vigentes por la tormenta Bonnie, el huracán Julia y las lluvias de enero 2023. Estos tres decretos implican planes de reconstrucción por ₡176 mil millones.

Lo que se debe invertir al año se podría reducir si se tomarán medidas de prevención, con especial foco en el ordenamiento territorial, lo cual se hace, pero de forma insuficiente.

Para analizar cuánto nos afectan los efectos acumulativos que nos hacen más vulnerables, menos resilientes y de qué manera variar esa situación, conversamos con el geólogo y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.