Costa Rica tiene dos décadas de aprobar legislación especializada para atender la violencia contra las mujeres. Esto es un gran avance, pero es necesario analizar la eficacia y la efectividad que tiene la implementación de estas normas, para tener la información necesaria y las acciones de mejora que se requieran.

Las denuncias por estos delitos se contabilizan y se realiza un monitoreo cada vez mejor, pero el país adolece de información de cómo se judicializan estos casos y cómo responde el Poder Judicial, a los procesos que deben garantizar los mecanismos de aplicación de justicia pronta, cumplida, independiente y equitativa.

Con el objetivo de solventar este vacío el Informe Estado de la Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el “Tutela efectiva de derechos en casos judiciales de violencia contra las mujeres”, para poder analizar y aportar información en relación con los mecanismos que garantizan el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos de las mujeres en la tramitación de las denuncias penales por violencia.

La base de datos usada para el estudio tiene un total de 56.421 registros de expedientes cerrados entre los años 2019 y 2022, Se incorporan los delitos sexuales previstos en el Código Penal y los delitos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, para un total de 12 tipos penales que son más frecuentes.

Para ahondar en los resultados, aprender acerca del proceso judicial y ampliar acerca de las recomendaciones que se aportan conversaremos mañana con la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal.