Un video publicado en una red social de conductores, donde se comparte información sobre el tráfico en tiempo real, levantó la liebre. Cada día más Ayuntamientos medianos y pequeños, que no tienen medios para controlar el tráfico, contratan a empresas privadas la gestión de los radares y las multas. El consistorio se asegura una importante fuente de ingresos y la compañía se lleva a cambio un porcentaje por cada sanción. No se sabe la cifra exacta de cuántos son, porque no hay datos oficiales. Solo algunos consistorios hacen públicas las licitaciones. Pero ¿están operando todos de forma legal? Los reporteros del programa que presenta Gloria Serra comprueban cómo algunos conductores se saltan la ley para pisar el acelerador. Y ponen en evidencia el mercado negro de detectores e inhibidores que buscan sortear la vigilancia de los 12 helicópteros Pegasus, 800 radares fijos, 92 de tramo y 1300 móviles de la DGT.