A partir del 1 de enero de 2026 entrará en función la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo será diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas, programas y acciones en materia de gobierno digital, inclusión digital, identidad y ciudadanía digitales.

También las tecnologías de la información, gobernanza tecnológica, gobierno abierto, atención ciudadana, buenas prácticas regulatorias y simplificación administrativa, con el fin de impulsar la modernización administrativa, la innovación gubernamental, la eficiencia institucional y la simplificación de trámites y servicios en beneficio de la sociedad.

De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la Agencia de Transformación Digital del Estado surge de la fusión del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, que va a permitir concentrar la facultad técnica de digitalización con la normativa de simplificación y mejora regulatoria.

El decreto señala que esta unificación es indispensable para evitar duplicidades, garantizar la coherencia entre las agendas de simplificación y digitalización, y generar una autoridad con la potestad y capacidad integral necesaria para fungir como la autoridad local de simplificación y digitalización que exige la Ley Nacional para eliminar Trámites Burocráticos y cumple a cabalidad con la transformación digital y la mejora del marco normativo en el Estado.

Tanto el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria serán extintos a partir del 31 de diciembre de 2025.

Los recursos humanos, materiales y financieros que correspondan a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, al Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, serán transferidos íntegramente a la Agencia de Transformación Digital del Estado de Quintana Roo, a efecto de que esté en posibilidad de cumplir con su objeto y objetivos a partir del 1 de enero de 2026.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y Planeación, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, serán responsables del proceso de transferencia y deberán proveer lo necesario para garantizar el cumplimiento del decreto, sin afectar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.